La autoridad electoral también firmó un acuerdo con el PDH a quien calificaron “como un bastión en la lucha y defensa de los derechos cívicos”.
Por Isela Espinoza
La cuenta de Twitter de la Universidad de San Carlos (USAC) anunció este lunes con bombos y platillos que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral firmaron un convenio con Walter Mazariegos en representación de dicha casa de estudios. ¿Un convenio? Según lo publicado es un acuerdo “en favor de la democracia”, para contribuir en la transparencia de las elecciones.
El anuncio en la cuenta de la USAC, que no figura en la cuenta del TSE, pasaría desapercibido de no ser por algunos puntos en común entre ambas instituciones.
Mientras las autoridades que presiden el TSE han sido señaladas de negar la participación de candidaturas de oposición por medio de fundamentos dudosos, Mazariegos ha sido cuestionado por imponerse a través de un fraude en la elección a rector de la USAC.
Según dieron a conocer, la USAC capacitará al equipo técnico que estará presente en las elecciones generales 2023 “con el fin de contribuir a que estas se realicen con transparencia”. Además, el Convenio de Cooperación Interinstitucional también establece las bases para la conformación del Observatorio Democrático Universitario, implementar el voluntariado electoral e incorporar a estudiantes que realizan el Ejercicio Profesional Supervisado al proceso electoral.
Irma Palencia, magistrada presidente del TSE, resaltó durante la firma del convenio que “contar con la estructura de la USAC da un realce fundamental” a estos comicios. Por su lado, Mazariegos resaltó que en la última semana ha firmado convenios que “fortalecen la administración pública, el Estado de derecho y la democracia”.
Cuestionados
Actualmente, continúan en proceso 19 recursos legales que buscan revertir el fraude en la USAC. Además, las amenazas y hostigamiento contra estudiantes universitarios que apoyan la resistencia han aumentado en la última semana desde la toma del Centro Universitario de Occidente (CUNOC), ubicado en Quetzaltenango, por un grupo de choque vinculado al rector de facto.
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A estas acciones también se suma la expulsión del representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Química y Farmacia, Camilo García, del Consejo Superior Universitario y la negativa de acatar el amparo a favor de revocar la decisión de la USAC por llamar “usurpador” a Mazariegos.
Por otro lado, este lunes Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), señalaron al TSE de utilizar “fundamentos dudosos” para dejar fuera de la contienda electoral a candidatos de oposición.
A finales de enero, ambas organizaciones adviertieron que las elecciones de este año se desarrollan en un contexto de deterioro del Estado de derecho, en el cual las instituciones responsables de supervisar los comicios tienen escasa independencia o credibilidad.
Analistas como el politólogo y jurista Daniel Zovatto, también han calificado la decisión del TSE de inhabilitar a candidatos como “un golpe electoral” porque han utilizado al órgano electoral de manera arbitraria.
Y con el PDH, también
El TSE también firmó un convenio con Alejandro Córdova, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quien presentó una denuncia contra su predecesor, Jordán Rodas, por “dudas” durante su gestión en la Procuraduría. Sin embargo, aunque no se ha precisado a qué tipo de dudas se refiere el funcionario, la denuncia inhabilitó su candidatura a vicepresidente, por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). WOLA explicó que la acusación de Córdova fue presentada luego que el binomio presidencial del MLP acudiera a pedir la inscripción ante el TSE por lo que la calificó “sin fundamentos creíbles”.
Sin embargo, durante la firma del convenio con el PDH, Palencia indicó que para el TSE “el procurador es un bastión en la lucha por la promoción, establecimiento de los deberes y derechos cívicos y políticos, la participación ciudadana y el sufragio de los guatemaltecos”.
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