Por Regina Pérez
Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica, entregó una carta a los diputados y jefes de bloque en el que la CIJ expresó su más enérgica protesta por la forma antidemocrática y autoritaria en que se aprobó el Presupuesto General de Ingresos 2021 y señaló que este abre la puerta a más actos de corrupción.
La CIJ también dirigió una carta al presidente Alejandro Giamamttei en la que le solicita vetar dicha ley, que ha generado descontento en la población.
De acuerdo con el documento entregado a los diputados, la aprobación de dicho Presupuesto ha provocado una situación en la que se socava aún más el Estado de Derecho en Guatemala y se debilita las instituciones del Estado, provocando más corrupción e impunidad.
Para la CIJ, el comportamiento de las y los diputados al aprobar dicho Presupuesto, contradice los principios básicos de la eficiencia, en la administración pública y conforma la figura del “Abuso del Derecho” ya que lleva mala fe en el ejercicio del derecho y causa daños y perjuicios a la población.
También señala que el Congreso no ha logrado establecer una agenda legislativa que se guíe por los principios establecidos en la Declaración de Derechos Humanos.
Lamentablemente, el Congreso no ha logrado establecer una agenda legislativa de conformidad con estos principios y muchas leyes e iniciativas tergiversan, afectan y violan los derechos humanos de las personas y socava el Estado de Derecho, indicó la CIJ.
Un ejemplo de esto son las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública.
Pide vetar la ley
De la misma manera, la CIJ envió una carta al presidente Alejandro Giammattei, a quien manifestaron que debe vetar dicha ley y devolverla al Congreso con las observaciones que considere pertinentes.
La aprobación del decreto 33-2020 únicamente viene a provocar más descontento social y e ingobernabilidad que demandan el veto de su parte, indica la CIJ.
“Consideramos que el Estado debería fortalecer la transparencia y luchar en contra de la corrupción, algo que no se logra mediante ese decreto”, añade la Comisión.