Por David Toro
El presidente Alejandro Giammattei centralizó las obligaciones del Ejecutivo en materia de derechos humanos y la paz en una nueva comisión presidencial, las familias de víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI) y organizaciones campesinas ven esto como un retroceso y estrategia para debilitar el cumplimiento de los acuerdos de paz.
“Exigimos al presidente que recapacite y respete los compromisos de la paz y derechos humanos. No es necesario que lleve al país por el camino del autoritarismo y militarización que tanta destrucción causó en el pasado”, dice una de las exigencias que la mañana de este cuatro de agosto, la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno llevó en un plantón frente al Palacio Nacional, en la zona de 1 de la capital.
El pasado 30 de julio, el presidente Giammattei dio el “tiro de gracia” a la institucionalidad de la paz al confirmar el cierre de la Secretaría de la Paz (Sepaz), Secretaría de Asuntos Agrarios y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), para dar paso a la Comisión Presidencial de la Paz y Derechos Humanos (Copadeh), una instancia que asumirá los compromisos pendientes que el Estado adquirió en la firma de paz y que siguen sin ser cumplidos.
Asimismo, este martes, el diputado Aldo Dávila, de la bancada Winaq, junto a organizaciones campesinas y sociales presentaron una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad (CC), ante la decisión presidencial. “El cierre de estas tres secretarías es preocupante no habrá quien le dé seguimiento a los proyectos que no se han finalizado (…) lo que quieren es debilitar los derechos humanos en Guatemala”, destacó Dávila.
“El presidente está violando la ley y concentrando el poder”
“El presidente no tiene facultades para alterar la ley y eliminar estas instituciones que no han terminado de cumplir su función, la decisión en todo caso le correspondía al Congreso. Giammattei está concentrando el poder y está actuando de forma autoritaria, están cometiendo un delito, violando el derecho a la reparación digna y a la paz”, destacó Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que también acompañó la acción presentada.
La acción también detalló que la decisión unilateral del presidente afecta los derechos de las víctimas de la guerra en Guatemala y dejan sin sustento el acceso a la reparación digna. Al respecto, el jurista Cadena espera que la CC tome en cuenta que el presidente no podía cerrar estas instituciones hasta que el Congreso lo aprobara.
Ahora corresponde a los magistrados de la CC decidir si detiene la decisión presidencial enmarcada en el acuerdo 100-2020, suspende la creación de la Copadeh y el cierre de las tres instituciones. Los interponentes de la acción esperan que la Corte pueda resolver en las próximas semanas.
