Por Palas Luin.
Quetzaltenango, 13 de Diciembre de 2019.- A las ocho de la mañana se realizó el juicio donde se deberá resolver el asesinato del comunitario Andrés Pedro Miguel y el atentado contra Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, ocurrido el 1 de mayo de 2012 en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Los acusados son Ricardo García López y Armando Ortiz Solares.
Este caso fue trasladado a Mayor Riesgo en Quetzaltenango, donde se escuchó a tres peritos, de cinco que están propuestos. Una de ellas es la doctora Patricia Quiroa del hospital BETHESDA de Barillas.
¿Qué fue lo que paso?
El 1 de mayo fue asesinado Andrés Pedro Miguel, y heridos con arma de fuego Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, cuando en un camino vecinal pasaron frente dos guardias de seguridad de la empresa Hidro Santa Cruz S. A., propiedad del empresario español Luis Castro Valdivia y de la corporación Ecoener Hidralia Energía. Los comunitarios iban hacia el lugar llamado Poza Verde, a eso de medio día.
Según los sobrevivientes del ataque, los guardias llevaban un arma grande y una pequeña, así lo afirmaron ante el juez presidente Jairo Boris Calderón el juez vocal Omar Pérez Torres y la jueza Karen Citalan Poroj. El caso identificado con el número 118-2012-13005.
Este hecho fue la gota que derramó el vaso, ya que inmediatamente el gobierno de Otto Pérez Molina impuso un Estado de Sitio. Al mismo tiempo se generó una resistencia comunitaria que denuncia desde entonces, una serie de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en torno a la instalación de la hidroeléctrica, propiedad del español Luis Castro Valdivia.
El Estado de Sitio costó más de 5.3 millones de quetzales, durante quince días, momento cuando se inicia una persecución y encarcelamiento de comunitarios inocentes, como quedó comprobado en diferentes procesos penales. También hubo una gran cantidad de violaciones a los derechos individuales y colectivos, según un informe escrito de la convergencia de derechos humanos junio 2012.
*Palas Luin (Francisco Lucas Mateo, fue detenido el 21 de diciembre de 2019 en el contexto de la cobertura del juicio en contra de dos de los personeros de la seguridad de la empresa Hidro Santa Cruz SA. Propiedad de la española Ecoener Hidralia Energía, empresa que lo acusó penalmente en el año 2012.
