Por Factor Méndez Doninelli
Otra vez la conmemoración del Día de la Revolución del 20 de octubre de 1944 excedió en consternación y dolor. Las violencias estructurales, en ocasiones la institucional represiva sumada a la intolerancia, el abuso de poder y la sistemática impunidad, siguen cosechando odio y sembrando luto en las familias guatemaltecas. El clima violento entre la sociedad continúa vigente
Mientras tanto, el Estado, el Gobierno, su aparato de seguridad y fuerzas armadas revelan incapacidad e ineficacia para erradicar, controlar o combatir las acciones violentas que originan el crimen organizado, los grupos clandestinos del narco y también algunas estructuras organizadas que siguen actuando al margen de la ley insertadas desde las entrañas del propio Estado y Gobierno.
El repudiable crimen cometido la semana anterior contra el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, que también arrebató la vida de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, víctima colateral del ataque y destacado deportista de judo, avivó la consternación e indignación ciudadanas. Minutos después del crimen, se desató un operativo policial en busca de pistas para detener a los presuntos asesinos que culminó con la captura de dos hermanos de origen Q’eqchi’, Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, trabajadores motorizados de una empresa dedicada a la entrega de encomiendas, a quienes según la versión de los policías captores, se les encontró un arma en la mochila utilizada para las entregas. Rigoberto, el mayor de los hermanos, declaró a medios de comunicación que fueron los policías quienes les colocaron el arma y que antes de presentarlos ante juez competente, los obligaron a cambiarse de vestimenta. 24 horas después de la captura, los hermanos Choc Toz fueron liberados por falta de pruebas.
La acción del grupo de policías captores hace pensar en cierta complicidad con los actores reales del crimen contra Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro. Primero, porque la captura de los sospechosos detuvo el operativo de búsqueda de los sicarios materiales del mortal atentado, es decir, se evitó que continuara la movilización policial, porque los detenidos eran los “presuntos asesinos”. Esta circunstancia obliga a que los ministerios de Gobernación y Público, efectúen una amplia investigación para identificar los motivos que tuvo el grupo de policías para ese tipo de actuación, que más parece un distractor para proteger y facilitar la huida de los asesinos y cubrir la acción criminal con el manto de impunidad.
Segundo, ¿Hubo intento deliberado de impedir que continuara la búsqueda de los culpables? ¿Qué pretendían los policías al implantar un arma adentro de la mochila de los repartidores? ¿Quién o quiénes giraron la orden de inculpar falsamente a dos chivos expiatorios? ¿A quién pertenece el arma incautada? Se supone que la Policía Nacional Civil (PNC) es una institución jerarquizada, que sus miembros obedecen órdenes y no actúan por decisión propia. Estas y más interrogantes saltan a la vista, debido a que el operativo policial despierta serias dudas por la incoherencia de las actuaciones realizadas.
El crimen contra Solórzano Foppa es de alto impacto por las actuaciones públicas que en vida tuvo la víctima, por las denuncias objetivas que hacía y revelaban vínculos entre sectores políticos, crimen organizado, narcotráfico, élites empresariales y militares, en otras palabras, sus acusaciones públicas tocaban nudos sensibles de poderes fácticos y velados que creyeron que perturbaban sus oscuros intereses. Por eso y múltiples razones más, esto no puede quedar impune. Sobre el actual Gobierno pesa una gran responsabilidad, como es resolver lo antes posible el misterio que hasta ahora rodea el repudiable crimen que comento.
No perder de vista que, en la antesala del próximo año electoral actos de esta naturaleza pueden volver a repetirse, porque persisten estructuras ilegales deseosas de descarrilar el proceso democrático, crear desestabilización e ingobernabilidad, en este punto, se trata de no caer en provocaciones, al contrario, se debe continuar la lucha para desmontar redes de corrupción e impunidad que siguen al acecho, que intentan interrumpir el proceso electoral para reanudar el asalto al Poder Público y recuperar los nichos de autoridad que están perdiendo.
