¿Quién protege a la cuenta madre de los netcenters?

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Créditos: Prensa Comunitaria

Por Vicente Carrera

En Guatemala hay una cuenta de netcenter que sabe lo que nadie más sabe. Anuncia capturas antes de que ocurran. Publica detalles de casos que están bajo reserva. Señala a jueces. fiscales, periodistas y activistas que han enfrentado a la corrupción, y lo hace con una precisión que no viene de la institución. Lleva años operando sin que nadie responda por ella.

No es una exageración de quienes hemos sido blanco de sus ataques. Lo dijo la Misión de Observación Electoral de La Unión Europea en su informe final sobre las elecciones de 2023, presentado el 14 de noviembre de ese año. Según lo reportado por diferentes medios de comunicación en Guatemala, la Misión identificó a esta cuenta como la “cuenta madre” de una red de netcenters que impulsó una campaña de desinformación durante el proceso electoral. La describió como “una herramienta utilizada por grupos influyentes para manipular la opinión pública”.

La Misión fue más allá. Señaló que la cuenta revela con frecuencia información judicial antes de que se haga pública, lo cual “podría demostrar cercanía con autoridades y/o funcionarios del sistema judicial guatemalteco”. Indicó también que se cree que varias personas la han administrado a lo largo de los años, y que su contenido se multiplica por medio de una red coordinada de cuentas. Entre quienes amplifican sus publicaciones, el informe mencionó a Ricardo Méndez-Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo; a Raúl Falla y Amanda Santizo; a José Alberto López y a Giovanni Fratti, de Guatemala Inmortal.

Detengámonos en lo que esto significa. Una cuenta anónima, con acceso a información confidencial del sistema de justicia, sirvió como punto de partida de una campaña para torcer la voluntad ciudadana en un proceso electoral. No lo afirman un activista. Lo afirma una misión internacional de observación.

Los blancos

El patrón no comenzó en 2023. Ya en septiembre de 2020, fiscales denunciaron públicamente el acoso de esta cuenta. Desde entonces, la lista de señalados se ha llenado de nombres de personas cuyo único denominador común es haber trabajado contra la corrupción.

El caso más grave es el del magistrado de la Corte de Constitucional Rony López. Según medios de información, López denunció amenazas de muerte después de que una embajada le advirtiera de una orden para asesinarlo. En ese contexto, la cuenta publicó en al menos tres ocasiones fotografías del magistrado con su familia. No hace falta explicar qué mensaje lleva una imagen así cuando hay una amenaza de por medio. En abril de 2024, López pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Un Ministerio Público que no quiere saber

La pregunta obvia es quién está detrás de la cuenta. Es también pregunta que el Ministerio Público ha evitado responder.

De acuerdo con medios de comunicación, la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia desestimó la denuncia del magistrado López sin investigar la cuenta. En enero de 2024, el magistrado pidió que se nombrara un fiscal especial; la solicitud fue denegada. En agosto de ese año, una jueza ordenó reabrir el caso y nombrar un fiscal especial. En noviembre, el vocero de MP respondió que no habría fiscal especial y que el caso seguiría en la misma fiscalía especializada que ya lo tenía.

Identificar al operador de una cuenta no es un misterio técnico. El Ministerio Público tiene la facultad de solicitar, con autorización judicial, los datos que permiten saber quién administra una cuenta en una plataforma. Que en años no se haya hecho no es un problema de capacidad. Es una decisión.

Lo que está en juego

Un netcenter no es solo una molestia en redes sociales. Cuando una cuenta con información reservada señala a un fiscal, el mensaje llega a todos los fiscales: el que se mueva será el siguiente. Cuando publica la foto de un juez con su familia, llega a todos los jueces. Es intimidación con alcance masivo, y su efecto es silenciar a quienes todavía se atreven a hacer su trabajo.

La impunidad de esta cuenta dice tanto como sus publicaciones. Si tiene acceso anticipado a información judicial, alguien dentro del sistema se la está dando. Si el Ministerio Público no investiga, la pregunta deja de ser quién maneja la cuenta y pasa a ser quién la protege.

La ciudadanía tiene derecho a una respuesta. El Ministerio Publico debe explicar por qué, en años, no ha identificado a los responsables de una cuenta señalada por una misión internacional. Y la plataforma X debe responder por qué una cuenta que expone a las familias de los operadores de justicia sigue activa.

Mientras esas respuestas no lleguen, quienes defendemos la justicia seguiremos nombrando lo que vemos. Porque el silencio es justamente lo que esta cuenta busca.

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