Por Miguel Ángel Sandoval
Uno Uno de los temas más difundidos en estos días, luego del deleznable crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa, es que el objetivo era crear terror. Y ello puede ser exacto. ¿Pero para qué? No parece que haya sido solo para eso. Esa es la conclusión más rápida, pero hay aristas que no se han analizado con detenimiento. Quizás lo primero searevisar a quiénes denunció el fallecido Foppa en sus últimos cinco o seis videos. De ahí se puede sacar una conclusión de mayor alcance: se trató de silenciar delitos graves.
Pero no cualquier clase de delitos. Uno de ellos es la presencia del crimen organizado en la mayoría de las candidaturas de esas franquicias en que se han convertido los remedos de partidos políticos. En este caso, uno de los ejemplos verdaderamente patéticos es el de un “líder” de uno de estos remedos, ¡que se aproxima a una embajada para que certifiquen a sus integrantes! Una expresión de servilismo sin par y sin asomo de soberanía.
Otro motivo es la existencia de corrupción en sectores de empresarios evasores, quienes pagan lobbies en países como los EE. UU. para tener candidatos a modo que permitan sus “negocitos”, sin pensar en la soberanía nacional. Uno más es la corrupción en el sistema judicial, que tuvo su mayor expresión durante la gestión de Consuelo Porras, o la que se manifiesta en la nominación de un magistrado a la CC por la vía de la injerencia extranjera. Con esto, tenemos un amplio menú de interesados en silenciar las denuncias de un investigador criminal como lo era Foppa.
No comparto la idea de un retorno al terror de los años ochenta, pues no existen las condiciones de una guerra interna que sirva como pretexto para el terror generalizado. Ni el ejército ni la policía están en posición de reprimir vía el terrorismo de Estado, y mucho menos el Poder Ejecutivo. Por ello, no creo en esa hipótesis. Las condiciones políticas generales de nuestro país —y diría que del continente— no pasan por las coordenadas de la seguridad nacional vista desde una óptica contrainsurgente. El terror y el pretexto de esos años se alimentaban del fantasma del comunismo; ahora, en cambio, solo podría ser el temor al combate al crimen organizado en sus más variadas expresiones. No podemos confundir dos fenómenos de naturaleza diferente, aun si se parecen en sus efectos.
El temor que generaban las denuncias de Foppa se debía a que destaparon los negocios ilícitos, el fraude, la componenda, las vinculaciones de estos remedos de partidos con el crimen organizado, o la existencia de grupos agazapados en las estructuras de gobierno que servían a tales propósitos delictivos. No había en sus denuncias un desafío al poder establecido, ni llamados a la revuelta popular o a la defenestración del presidente de la república. Eran exhortaciones a que se llevara a cabo una sólida investigación criminal, ya que aportaba datos, pruebas yescenarios que desnudaban a los responsables de este tipo de delitos. Todo dentro del ejercicio de los derechos democráticos.
Además, se trataba de un exfiscal experto en investigación criminal, labor que había desempeñado en el MP, y como abogado litigante conocía a fondo tales hechos y dinámicas delictivas. Hubo no pocos intentos por callarlo, recibió no pocas amenazas para que dejara de denunciar y no pocas fueron las campañas negraspara silenciarlo. Pero resultó ser un hueso duro de roer. No se intimidó; continuó con su vida normal pues consideraba que la denuncia de crímenes y de la organización criminal era una labor ciudadana y un derecho legítimo, todo con el objetivo de fortalecer la democracia. Y ello es digno de encomio, no de satanización y mucho menos de asesinato.
Uno de los hechos de corrupción denunciados por Foppa, para dar un ejemplo, es la relación entre maras y partidos políticos, o la evidente componenda de las autoridades penitenciarias en la fuga de los 20 pandilleros hace unos meses. Pero el punto es de sumo interés para reflexionar: ¿Cuál es la razón por la que no hay resultados en estas investigaciones? ¿Por qué no se cancelan los partidos con financiamiento ilegal? Y peor aún, ¿cuál es la causa por la que ni siquiera se investiga?
Uno de los propósitos de un gobierno democrático es la recuperación de las instituciones y del Estado de derecho. Esto implica garantizar una justicia pronta y cumplida, impedir la corrupción institucional y perseguir a las bandas criminales y a los carteles de la droga —cuya actividad es ilegal mientras no se declare como un negocio legítimo—. Todo esto, acompañado de la defensa irrestricta de la soberanía nacional. Esto es lo que se debe hacer a pesar de sus opositores, que en verdad son muchos, según nos damos cuenta ahora.
Es cierto que en ocasiones hizo videos con denuncias difícilmente demostrables, pero eso no invalida la mayoría de las denuncias realizadas, las cuales sí tienen todos los elementos para poder investigar y deducir responsabilidades. Como se dice en las conversaciones entre amigos: «no tengo pruebas, pero tampoco dudas». Lo que sí parece que se cae de la mata es que muchas de estas denuncias sí debieron haber sido investigadas y haber dado resultados. Y queda la duda de las razones para no investigar: ¿Es solo un tema de impunidad, de incapacidad, de falta de voluntad, de temor? ¿O de algo más grave como la complicidad?
De momento, espero, como la mayoría de los ciudadanos de nuestro país, que la investigación avance y dé resultados pronto. No hacerlo, o recurrir a montajes como los ya vistos con los hermanos Choc, solo pondría en el banquillo de los acusados ante la sociedad guatemalteca a instituciones como el MP, la PNC e incluso al ejército. O sea, al sistema de seguridad de nuestro golpeado país. Ello es algo que no podemos permitirnos. Nuestra frágil democracia, violentada una y otra vez, no merece eso. Tenemos que rescatarla y construirle un futuro digno.
