El final está pautado para el 16 de mayo. Ese día concluye el mandato de Consuelo Porras como líder del Ministerio Público. Uno que queda endeble después de ocho años en los que fue destruído por su gestión y promovió la impunidad a gran escala.
Por Cristian García
Las expectativas eran altas tras los períodos de Claudia Paz y Thelma Aldana. La Fiscalía se había convertido en un ejemplo para impulsar casos de justicia transicional y combatir grandes estructuras criminales. Y después llegó Consuelo Porras…
La funcionaria ya tenía experiencia en el sistema justicia. Fue magistrada de la Corte de Apelaciones y suplente en la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, no había ostentado un cargo alto en ninguna institución.
Su oportunidad llegó con la venia del entonces presidente Jimmy Morales. Fue en ese contexto de regresión democrática que se hizo su nombramiento, justo cuando el gobernante impulsaba la expulsión de la CICIG y atacaba al cuerpo diplomático.
Lo que ocurrió después fue un deterioro paulatino del Ministerio Público, que se convirtió en un arma para perseguir fiscales anticorrupción, para presionar jueces, para encarcelar periodistas y autoridades indígenas, y para poner en vilo un proceso electoral.
La destrucción fue tal que su actuar despertó alarmas en la comunidad internacional. De esa manera, Estados Unidos le retiró la visa por su participación en corrupción y la Unión Europea la sancionó por socavar la democracia guatemalteca.
Si bien el modelo de atención a mujeres víctimas de violencia mejoró con la creación del MAIMI, las otras promesas de su plan de trabajo terminaron debilitando el trabajo de la Fiscalía.
Por ejemplo, Consuelo Porras mencionó que los fiscales al no resolver sus casos producían impunidad. Su gestión, no obstante, se ha caracterizado por desestimar expedientes y publicitar esa falta de justicia como eficiencia investigativa.
La funcionaria también manifestó que apreciaría a la “gente buena” que tenía la institución y que los “fiscales reconocidos” serían parte de su equipo. Pese a esa postura, terminó expulsando de la entidad a investigadores de carrera.
Los resultados de su administración no están a la altura de los que consiguieron sus predecesoras
Crisis de impunidad
Nueve de cada diez casos abiertos en el Ministerio Público fueron desestimados durante la gestión de Consuelo Porras, según un informe de la Convergencia por los Derechos Humanos.
Esto se debe al erróneo enfoque de la fiscal general sobre el tratamiento de la investigación y que denominó Gestión Integral de Casos, un modelo que le da a los fiscales solo un mes para resolver un expediente.
La intención era reducir la impunidad, agilizar los procesos y obtener justicia pronto. Resultó lo contrario, porque los fiscales para dar por “resuelto” un caso en 30 días declaran no tener pruebas y así terminan desechando las investigaciones.
Carrera fiscal
Consuelo Porras causó estragos en la carrera fiscal y la está dejando debilitada. Un fiscal puede conseguir un cargo directivo y luego ser destituido sin siquiera haber cometido alguna falta como trabajador.
Lo anterior es posible gracias al pacto colectivo. El acuerdo estimó que personas que se involucran en las pesquisas y el litigio, como los jefes de las fiscalías, puedan ser empleados de libre remoción.
El sindicato dio su aprobación y a cambio sus ingresos fueron aumentados, por medio de un bono mensual de Q2,000. El beneficio económico sacrificó su estabilidad y los hizo más vulnerables.
Por aparte, la entidad se deshizo de fiscales ampliamente experimentados como Juan Francisco Sandoval, Hilda Pineda y Édgar Gómez. Al mismo tiempo, privilegió a otros con historial cuestionable como Rafael Curruchiche y Noé Rivera.
Persecución política
El Ministerio Público se convirtió en una herramienta para acabar con cualquier disidencia. Está tarea la complementó con la Fundación contra el Terrorismo. Los primeros en sentir esa oleada de represión fueron los fiscales anticorrupción.
Fue así que Juan Francisco Sandoval y varios integrantes de su equipo terminaron con múltiples órdenes de captura. Después, fueron contra los jueces que conocieron casos de gran corrupción: Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Carlos Ruano.
Fueron atacados los periodistas, entre ellos Jose Rubén Zamora que cumple prisión sin siquiera haber sido condenado; y también fueron reprimidas las autoridades indígenas, a quienes el ente investigador ha catalogado de terroristas.
La gestión de Porras también fue utilizada para mantener en la rectoría de la Universidad de San Carlos (USAC) a Walter Mazariegos criminalizando a más de 80 personas en el caso Toma USAC: Boletín Político. Y por último para criminalizar y perseguir a dirigentes indígenas que participaron en el Paro Nacional de 2023 defendiendo la democracia y evitando que el proceso electoral fuera anulado.
¿Combatir la corrupción?
Los grandes expedientes de corrupción fueron cayendo uno a uno. Por ejemplo, las investigaciones de Cooptación de Estado, Odebrecht o Asalto al Ministerio de Salud fueron cerradas con apoyo del ente investigador.
Entre los beneficiados están Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y Mauricio López Bonilla. La impericia del Ministerio Público no se reduce solo a los casos de corrupción, porque además saboteó su propia investigación para liberar a Rolando Hernández, un militar acusado de graves violaciones de derechos humanos.
Recientemente, sus fiscales también fracasaron en las pesquisas en contra de Harold Salguero, alias “Liro Rebelde”, quien está señalado de perpetrar ataques en contra de agentes de la Policía Nacional Civil. Él fue ligado a proceso, pero por cargos menores.
