“¿Eficacia o impunidad?”, un estudio que señala que en los siete años que Consuelo Porras lleva al frente del Ministerio Público ha favorecido a personas vinculadas a casos de gran corrupción y ha perseguido a personas que combaten la corrupción en complicidad con el Organismo Judicial.
Por Simón Antonio Ramón
La eficacia, la productividad y la eficiencia del Ministerio Público (MP) fue analizada en el estudio titulado ¿Eficacia o impunidad?, presentado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) de Argentina en coordinación con la Alianza por las Reformas de Guatemala.
El análisis presentado se realizó con datos del Ministerio Público (MP) de los años 2018 a 2025.
Entre los hallazgos más importantes se señala una reducción de la eficacia del MP; la obstrucción en casos de gran corrupción; persecución con fines políticos a opositores; y el desmantelamiento de unidades claves como método para disciplinar, comprometiendo su imparcialidad e independencia.
Consuelo Porras fue nombrada como fiscal general, en 2018, por el presidente Jimmy Morales, quien expulsó a la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG). Fue reelecta por Alejandro Giammattei, en 2022, un gobierno que ha sido señalado por la comunidad internacional por sus rasgos autoritarios, la falta de transparencia durante su administración y altos niveles de impunidad y persecución contra periodistas, exfiscales y defensores de derechos humanos.
La estructura para la impunidad
Esta reestructuración de la institución, dice el estudio, se volvió un mecanismo de desmantelamiento de fiscalías afectando así la carrera fiscal y la efectividad de la Fiscalía. En este contexto, 105 fiscales han sido destituidos arbitrariamente, 85 de ellos sin seguir el procedimiento administrativo que contempla la Ley Orgánica del MP, 18 fiscales han sido trasladados, 600 han sido sancionados y 28 reinstalados.
“Esto implica una vulneración a principios internacionales y nacionales de independencia, inamovilidad, estabilidad del cargo del personal fiscal que busca justamente garantizar su autonomía y estos ha tenido como consecuencia, la afectación de las capacidades técnicas y operativas del MP, criminalización arbitraria y debilitamiento de la lucha contra la impunidad”, señaló Julián Alfie, director INECIP durante la presentación del informe.
Asimismo, el estudio encontró que en las denuncias por homicidios, asesinatos, femicidios, violencia contra la mujer, violación, violación agravada, extorsión, corrupción y delincuencia organizada tiene únicamente una respuesta del 6.31 ciento y un 93.69 por ciento de impunidad.
Los casos afectados por este contexto, provocado desde el MP, han sido los de gran corrupción que fueron investigados por la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
“Se utilizaron estrategias de impunidad para favorecer a personas de alto perfil político y económico, se desvirtuó el trabajo de la FECI, que ha dejado de perseguir a personas acusadas de corrupción y pasó más bien a perseguir a quienes habían investigado y combatido la corrupción, incluido exintegrantes de la propia FECI, algunos de ellos siguen”, señaló.
Los casos emblemáticos de gran corrupción en Guatemala han sido cerrados durante los últimos años a través de distintos mecanismos como la anulación de convenios de colaborador eficaz, aceptación de cargos, falta de méritos y sobreseimientos o cierre de la persecución penal.
Criminalización en complicidad del Organismo Judicial
Parte de las consecuencias de la reestructuración del Ministerio Público fue la instrumentalización del sistema penal con fines políticos contra sectores sociales, estudiantiles, operadores de justicia, periodistas, autoridades y líderes indígenas con procesos penales donde se violentan los procesos judiciales.
“Uso de tipos penales abiertos y ambiguos que facilitan la criminalización y también la utilización de la prisión como método de castigo o para forzar la aceptación de cargos en el marco de procesos penales irregulares sistemáticamente asignados a los mismos jueces, muchos de ellos sancionados internacionalmente”, dijo Alfie.
La presentación del informe centró su atención, también, en los mecanismos sobre cómo se violenta los derechos de las personas perseguidas, como la posible manipulación de asignación de casos, las violaciones recurrentes al derecho de defensa, el mantenimiento de las causas en reserva más tiempo de lo que permite la ley, los ataques a abogados defensores, el uso ilegal de la prisión preventiva y retardos en la suspensión sistemática de audiencias sin motivo alguno.
Los hechos que se denuncian, señala el informe, no son responsabilidad exclusiva del MP, sino también del Sistema de Justicia guatemalteco, como los casos de criminalización en los que los jueces debieron frenar estas persecuciones arbitrarias, como han sido calificadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
