La Corte de Constitucionalidad (CC) conocerá cuatro acciones de amparo promovidas por Fundación contra el Terrorismo, buscando bloquear la designación de Gabriel García Luna, fiscal general designado, en el Ministerio Público (MP).
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) sigue siendo el actor que cierra las partidas en estos Juegos del Caos de 2026. Ahora será el turno del Ministerio Público (MP), cuya designación realizada por el presidente Bernardo Arévalo concluyó en Gabriel García Luna, un exjuez, exmagistrado y exasesor del procurador General de la Nación, Julio Saavedra.
La máxima corte, con las magistradas Julia Rivera (USAC), Dina Ochoa (CSJ) y Roberto Molina Barreto (Congreso), ya intervino en el proceso, ordenando una nueva evaluación de aspirantes que ejercen como jueces u ocuparon ese puesto. Las acciones tenían como objetivo dejar fuera a García Luna, pero no lo lograron. De hecho, en esa otra votación, la única que fue eliminada de la nómina fue Zoila Tatiana Morales, quien era una de las favoritas junto a García Luna; en su lugar entró un fiscal de confianza de la gestión de Consuelo Porras ante el MP.
¿Y ahora qué sigue? Esta última partida vuelve a quedar en manos de las autoridades constitucionales del país y será este martes cuando el pleno de magistrados de la CC conozca por lo menos cuatro acciones legales promovidas contra la Comisión de Postulación del MP y el presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien ya hizo la designación para el relevo en dicha entidad clave para la justicia del país.
Entre los expedientes convocados figura el amparo 3150-2026, promovido por Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación contra el Terrorismo (sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea), en contra del presidente Arévalo. También fue agendado el amparo en única instancia 3347-2026, interpuesto por Raúl Falla, contra el presidente y la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general.
Asimismo, la CC analizará el amparo en única instancia 4210-2026, presentado por José Chic, en calidad de diputado al Congreso, que busca garantizar el cambio de autoridad. Entre los expedientes también aparece el 3625-2026, planteado por David Alberto Juárez Aldana contra la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Claudia Paredes.
Por ahora, a lo interno de la CC existe un bloque mayoritario que quedó expuesto en el amparo que anuló la primera nómina. Rivera, Ochoa y Molina, se han consolidado como tres votos importantes en asuntos políticos versus los de Annabella Morfín y Astrid Lemus, aunque por ahora se desconoce cómo será la integración de esos asuntos por analizarse.
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¿Asumirá o no asumirá?
Gabriel García Luna debe asumir el cargo de fiscal general el próximo 17 de mayo. Eso significa que esta será una semana decisiva. Los amparos planteados contra el proceso han sido respaldados por actores vinculados a la Fundación contra el Terrorismo y por cuentas anónimas conocidas como “Netcenters”, desde donde se ha impulsado la narrativa de una posible suspensión de la designación hecha por el presidente Bernardo Arévalo para evitar la transición prevista para el próximo fin de semana.
Si ese escenario se concreta y no se ejecuta algún cambio antes del 17 de mayo, Consuelo Porras deberá abandonar el cargo, pero la jefatura del MP quedaría temporalmente en manos de Dimas Jiménez. Un actor cercano a Porras, señalado de respaldar acciones de criminalización contra operadores de justicia, activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas y estudiantes de la USAC.
Otro de los escenarios es que la CC rechace los amparos y ratifique la designación de García Luna, permitiendo así la transición en una institución que permaneció durante ocho años bajo el control de Porras y sus aliados. Un relevo que se dará en medio de un contexto de criminalización, el debilitamiento de la carrera fiscal, la pérdida de independencia de fiscales y las destituciones arbitrarias de personal que integraba fiscalías clave como la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
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¿Quién es Gabriel García Luna?
Gabriel García Luna comenzó su carrera en el sistema de justicia en 1997, cuando ingresó al Organismo Judicial. Desde entonces ocupó cargos como oficial, secretario, juez de paz, juez de primera instancia y magistrado de sala en materia penal. También integró la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz. En 2022 apareció en la nómina de aspirantes a fiscal general y actualmente forma parte de la Junta de Disciplina Judicial como integrante suplente. Además, ha sido docente universitario y cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad de San Carlos.
García Luna, mientras presidió la Junta de Disciplina Judicial, fue quien sancionó a actores como Lester Castellanos u otros jueces. Inicialmente obtuvo 86.21 puntos en la evaluación de la Comisión de Postulación, aunque tras un fallo de la Corte de Constitucionalidad su nota bajó a 72.21. Pese a ello, consiguió 15 votos y fue incluido por unanimidad en la nómina final enviada al presidente Bernardo Arévalo.
García también fungió como asesor de la Procuraduría General de la Nación, y su llegada a esa instancia coincide con el nombramiento del procurador nombrado por el actual gobierno, Julio Saavedra.
En su plan de trabajo propuso recuperar la autonomía y credibilidad del MP, priorizando investigaciones de corrupción, crimen organizado y violaciones a derechos humanos. También plantea modernizar el sistema de investigación criminal, fortalecer unidades especializadas y garantizar independencia para los fiscales. Además, incluye mecanismos de rendición de cuentas y una reconstrucción de la relación del MP con la ciudadanía y actores internacionales.
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Cuatro juegos se han disputado
En estos cinco meses se han disputado al menos cuatro “juegos” por el control de instituciones clave. El primero fue el relevo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE); luego siguió la renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC) y posteriormente la disputa por la Universidad de San Carlos (USAC), cuya elección no está definida y permanece en suspenso por un nuevo fraude impulsado por Walter Mazariegos y sus aliados.
Ahora, el turno es del Ministerio Público (MP), uno de los procesos más esperados del año y que todavía depende de acciones legales pendientes de resolución antes del 17 de mayo. Después de este proceso, únicamente quedará pendiente la elección en la Contraloría General de Cuentas (CGC), en los próximos meses.
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