El cambio de fiscal general en el Ministerio Público (MP) está a la vuelta de la esquina. Y el exmagistrado Gabriel García Luna será quien releve a Porras en un puesto que ocupó durante ocho años y desde donde enfrenta sanciones en más de 40 países. Aunque su gestión llega al final personal cercano aún ocupa cargos importantes en la institución.
Por Alexander Valdéz
A menos de diez días la fiscal general Consuelo Porras dirá adiós al Ministerio Público (MP), una institución que dirigió por ochos años con el apoyo de los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. ¿Quiénes se quedan en la institución?
El Ministerio Público se divide en un área administrativa y en las fiscalías, estas últimas las más golpeadas por destituciones sin procesos disciplinarios o traslados de equipo especializado. Una de las constantes en la gestión Porras fueron los despidos y reubicación de personal que era incómodo, según lo han denunciado fiscales y exfiscales.
Durante ocho años Porras pudo adecuar la institución a su gusto, antojo e intereses. La base de datos del personal del Ministerio Público, actualizada al 7 de mayo, presenta un organigrama integrado por áreas fiscales, administrativas, técnicas y regionales. Dentro de las mismas aparecen más de 220 dependencias vinculadas a fiscalías, agencias fiscales y fiscalías municipales en todo el país. Al menos 227 corresponden a cargos ocupados por fiscales de sección, fiscales de distrito, fiscales adjuntos y fiscales regionales, además de más de 430 agentes fiscales distribuidos en distintas sedes.
Aunque Porras se va, en puestos de dirección de distintas unidades de investigación quedarán actores de la confianza de la fiscal general, que además fueron ascendidos por haber dirigido casos de persecución contra periodistas, estudiantes de la USAC, activistas, defensores de derechos humanos u operadores de justicia.
Aún aparecen fiscales y personal administrativo que han tenido protagonismo por apoyar acciones de criminalización durante la gestión de Consuelo Porras. Entre ellos Cinthia Monterroso, ascendida como fiscal regional; y Rafael Curruchiche, como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
También figuran Leonor Eugenia Morales Lazo, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas; y Ruth Patricia Arrazola González Morales, fiscal de sección de la Fiscalía de Asuntos Internos. Arrazola acompañó previamente a Curruchiche en la dirección de la FECI.
En el listado también aparece Saúl Sánchez, fiscal de Delitos contra el Patrimonio Cultural; Klayber Sical, fiscal contra el Crimen Organizado; Blanca Lily Cojulún Marroquín, en la Unidad de Impugnaciones; Raúl Osberto Figueroa Méndez, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción; y Edwin Elías Marroquín Azurdia, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas.
En el área regional aparece Noé Rivera, ascendido recientemente y asignado en Petén. En el área administrativa, y a falta de cambios de autoridades, continúan registrados Jonas Rodolfo Hernández Pérez como jefe administrativo y Fulvia Liseth Ruiz Palacios como directora financiera. De acuerdo con fuentes cercanas al MP que hablaron a condición de anonimato, ambos empleados son considerados perfiles afines a Porras.
¿Quiénes son?
En las fiscalías Especial contra la Impunidad, contra la Corrupción, de Asuntos Internos y la de Derechos Humanos, permanecen funcionarios cercanos a la gestión de Consuelo Porras. Estas unidades fueron señaladas por haber sido desmanteladas progresivamente durante los últimos ochos años, en medio de traslados, despidos y reubicaciones de fiscales y personal especializado que participó en investigaciones de corrupción, derechos humanos y estructuras criminales.
En muchos casos, los cambios ocurrieron sin procedimientos administrativos, mientras nuevos perfiles alineados a la actual administración ocuparon posiciones importantes dentro de estas y otras unidades. Entre los funcionarios que adquirieron mayor visibilidad o ascendieron figuran las siguientes personas:
Cinthia Edelmira Monterroso – fiscal regional
En esta gestión, Cinthia Monterroso se consolidó como una de las fiscales más cercanas a Consuelo Porras y una de las figuras clave en la estrategia de criminalización. Desde FECI dirigió investigaciones contra operadores de justicia, abogados, activistas y periodistas, incluidos casos como la persecución contra Jose Rubén Zamora y periodistas de elPeriódico, la exjueza Erika Aifán y el exfiscal Juan Francisco Sandoval, así como también el antiguo equipo de la FECI.
Monterroso fue ascendida dentro del MP en 2023, en medio de cuestionamientos por su papel en procesos considerados de persecución política contra actores críticos y anticorrupción. Además, enfrenta sanciones en más de 40 países tras dirigir las investigaciones contra el Movimiento Semilla, acción con la que buscó anular los resultados electorales de 2023. Ahora figura como responsable de coordinar las fiscalías del MP.
Rafael Curruchiche – fiscal
Curruchiche se convirtió en uno de los rostros más visibles de la gestión de Porras al asumir la dirección de la FECI, luego de la destitución y salida al exilio del exfiscal Juan Francisco Sandoval. Antes se había desempeñado como fiscal de delitos electorales, pero su notoriedad creció al dirigir investigaciones contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia y actores políticos opositores al gobierno de Jimmy Morales o Alejandro Giammattei.
Desde la FECI, encabezó acciones contra el Movimiento Semilla, así como contra periodistas y columnistas de elPeriódico, en procesos ampliamente cuestionados por organizaciones sociales nacionales e internacionales. También ha mantenido una presencia constante en redes sociales, donde la sociedad civil lo ha señalado de divulgar información sobre investigaciones, fuera de los canales institucionales del MP. Curruchiche fue sancionado por Estados Unidos e incluido en medidas internacionales adoptadas por más de 40 países, debido a señalamientos de haber impulsado acciones para intentar revertir los resultados electorales de 2023.
Leonor Morales – fiscal
Tomó notoriedad tras llegar a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) bajo la dirección de Rafael Curruchiche. Morales acompañó a Cinthia Monterroso en distintas audiencias vinculadas a casos de criminalización y posteriormente asumió un papel más visible al tomar control de procesos dirigidos contra Jose Rubén Zamora, así como investigaciones contra el Movimiento Semilla; donde buscó anular los resultados de 2023. Además, allanó el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en plena jornada de elección de su representación ante la Corte de Constitucionalidad.
Su participación en estos expedientes, señalados por organizaciones nacionales e internacionales como parte de una estrategia de persecución contra actores críticos, coincidió con su ascenso dentro del MP. Actualmente dirige una unidad de la Fiscalía de Derechos Humanos y está sancionada en más de 40 países.
Noé Rivera – Fiscal Regional
Rivera comenzó a resonar públicamente cuando integraba la Fiscalía de Asuntos Internos, una de las unidades que investigó a exfiscales y operadores de justicia anticorrupción. Fue uno de los promotores del proceso penal contra la exfiscal Virginia Laparra, un caso impulsado por la Fundación contra el Terrorismo y el exjuez Lester Castellanos, ampliamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos y sectores internacionales.
Su participación en este tipo de procesos le valió para dirigir otras unidades de investigación como la Fiscalía de Derechos Humanos, desde donde buscó beneficiar a militares señalados de delitos de guerra, hasta ocupar actualmente un cargo dentro de la Fiscalía Regional. Rivera también fue sancionado por Estados Unidos e incluido en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, bajo señalamientos de haber participado en acciones de persecución y debilitamiento del sistema de justicia independiente en Guatemala.
Saúl Sánchez – fiscal
Saúl Sánchez es un agente fiscal que ha ocupado distintos cargos dentro de la institución durante varios años; principalmente la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, pero su nombre tomó relevancia pública tras encabezar investigaciones contra estudiantes, profesionales y actores de sociedad civil que rechazaron la imposición de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los procesos impulsados por Sánchez fueron señalados por sectores académicos y organizaciones sociales como mecanismos de criminalización contra quienes defendían la autonomía universitaria y cuestionaron el fraude de 2022.
Las investigaciones derivaron en órdenes de captura, encarcelamientos y procesos penales contra integrantes del movimiento universitario y voces críticas dentro de la USAC.
Raúl Figueroa Méndez – fiscal
Actualmente tiene la jefatura de la Fiscalía contra la Corrupción, una de las unidades importantes del Ministerio Público que perdió protagonismo en investigaciones de alto impacto durante la gestión de Consuelo Porras. Figueroa asumió el cargo tras la salida de otros fiscales que fueron trasladados o enfrentan procesos penales, como Stuardo Campo, que dirigió esa fiscalía antes de ser removido y posteriormente encarcelado.
Dentro de la Fiscalía contra la Corrupción permanecen expedientes relacionados con altos funcionarios y posibles actos de corrupción estatal que, según distintas fuentes consultadas, dejaron de mostrar avances significativos con la llegada de Figueroa. Además, el fiscal enfrenta cuestionamientos por su desempeño en el caso del exministro José Luis Benito y el expediente relacionado con el Libramiento de Chimaltenango, una investigación en la que también se intentó acusar al exfiscal auxiliar Eduardo Pantaleón, quien fue absuelto en juicio.
Ruth Patricia Arrazola González Morales- fiscal
Se desempeñó como subjefa de la FECI. Acompañó a Rafael Curruchiche en distintos procesos de criminalización contra operadores de justicia, periodistas y actores considerados críticos del Ministerio Público. Su gestión también coincidió con el cierre, debilitamiento o caída de expedientes de alto impacto relacionados con presuntos casos de gran corrupción que anteriormente estaban bajo investigación de la FECI y en los que resultaron beneficiados varios señalados.
Actualmente integra la Fiscalía de Asuntos Internos, la unidad encargada de investigar al personal del MP y que durante la administración de Consuelo Porras fue señalada por organizaciones nacionales e internacionales de utilizarse como herramienta de criminalización.
Dimas Jiménez – fiscal
Jiménez se convirtió en uno de los fiscales de mayor confianza de Consuelo Porras después de su paso por la Fiscalía de Asuntos Internos, desde donde impulsó expedientes de criminalización contra operadores de justicia que investigaron casos de corrupción.
Su cercanía con la fiscal general le permitió ascender a fiscal regional y, posteriormente, ser designado por Porras como su sustituto interino en caso de ausencia al frente del Ministerio Público.
Las tareas del nuevo fiscal general
A criterio de la exfiscal general Thelma Aldana una de las primeras tareas de Gabriel García Luna será hacer una reorganización del personal y designar a un nuevo equipo que le acompañe. “Miramos qué equipo va a tener. Puede mandar a polígrafo a la persona que vaya a designar como secretario general y luego debe hacer una revisión administrativa para conocer de cerca qué institución recibe. Y apoyarse de pruebas de polígrafo al momento de despedir fiscales o dejar que continúen”, dijo en el podcast de Prensa Comunitaria, Redacción Abierta.
Aldana también consideró que la clave estará en reorganizar todas las fiscalías y que haya personal “honrado e idóneo”. “Pero los fiscales mafiosos, que criminalicen y hagan del MP un aparato de impunidad, eso debe cesar. No se puede continuar con ese aspecto. Debe revisar la Unidad de Métodos Especiales de Investigación (UME) y la División de Análisis Criminal (DAC)”, añadió.
La exfiscal insistió en que la UME y la DAC son unidades importantes, porque representan el cerebro del MP. Además, dijo que las jefaturas de las fiscalías deben ser reorganizadas con personas honorables. “Todo se debe ir organizando y reorganizando hasta hacer del MP una institución independiente”, añadió, además de recordar que eso podría tardar unos tres meses después de una auditoría.
Carlos Ruano, exjuez penal, señala que se desbarataron los avances logrados en el MP y la responsabilidad de la nueva administración será importante que se recuperen unidades como la DAC. Además, consideró importante el reintegrar y rediseñar las unidades y las fiscalías con personal idóneo.
“Los innumerables informes nacionales e internacionales dan cuenta de todo lo que han hecho con todas estas unidades y esa será una tarea. Pero también rediseñar todas estas unidades del MP debe estar acompañado con personal de confianza, porque de nada servirá si las personas que van a estar al frente serán de la misma línea de Rafael Curruchiche, Leonor Morales o Cinthia Monterroso”, recalcó.
Acá puede ver la entrevista:
Un MP desarticulado
La salida de Consuelo Porras no es únicamente una vacante que quedará en Gerona. La gestión de la fiscal general Consuelo Porras no solo estuvo marcada por la criminalización de operadores de justicia, periodistas y fiscales independientes, sino también por el debilitamiento progresivo de fiscalías consideradas claves dentro del Ministerio Público.
Entre ellas, la Fiscalía de Derechos Humanos, encargada de investigar graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, especialmente crímenes atribuidos al ejército. Esa unidad había impulsado procesos históricos vinculados a masacres, desapariciones forzadas y violencia sexual, pero durante los últimos años perdió protagonismo, personal especializado y capacidad de acción.
El desgaste también alcanzó a las fiscalías contra la Corrupción y a la FECI, esta última creada durante el trabajo conjunto con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ambas unidades habían desarrollado metodologías y técnicas especiales de investigación para identificar Redes Político-Económicas Ilícitas incrustadas en el Estado.
Sin embargo, varios de sus fiscales fueron desplazados, forzados al exilio o sometidos a procesos penales. A ello se sumó el uso de la Fiscalía de Asuntos Internos para investigar y perseguir a exfiscales que participaron en casos emblemáticos de corrupción.
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