Las elecciones por los altos puestos de cinco instituciones (TSE, CC, MP, USAC y Contraloría) han entrado en una lucha encarnizada. Las autoridades electas en cada una de ellas definirán el avance del país hacia la independencia institucional o la consolidación de un nuevo mapa de redes político-económicas ilícitas. El gran juego que se alinea cada 30 años ha empezado y los jugadores buscan que la población guatemalteca sea una simple espectadora.
Por Alexander Valdéz
Una nueva pelea por el poder se libra lejos de los reflectores, entre los pasillos alfombrados de los tribunales, los salones de eventos gremiales y los despachos donde aún resuena el eco de los viejos pactos. La historia se repite: los actores son los mismos, las alianzas mutan, y la ambición, esa que se alimenta del control institucional, sigue intacta.
En el centro de esta nueva jugada convergen actores que anhelan conservar o recuperar posiciones de poder. Uno de ellos es Nester Vásquez, un magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), quien ha logrado sobrevivir a cada reconfiguración del sistema de justicia. Desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta la CC, Vásquez se ha mantenido como una constante, un operador silencioso que ha tejido su propio entramado de influencias.
En los círculos judiciales se habla de su objetivo: asegurar su permanencia en la CC, ya sea a través de la reelección en el CANG o mediante un eventual apoyo en la CSJ. Pero su estrategia aún no está definida. Su entorno lo impulsa a apostar por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), donde su grupo gremial busca consolidar el respaldo necesario para repetir la jugada que, cinco años atrás, lo llevó hasta la alta corte.
Vásquez no está solo. A su alrededor resurgen otras figuras conocidas: Estuardo Gálvez, exrector de la USAC y operador clave en las comisiones de postulación; Roberto López Villatoro, el “Rey del Tenis”, hábil en el arte de tejer influencias; Mynor Moto, juez con aspiraciones recurrentes a la CC; y la fiscal general Consuelo Porras, quien desde el Ministerio Público busca asegurar espacios que mantengan a salvo su poder.
Cada uno mueve sus piezas bajo un mismo propósito; conservar una cuota de influencia en un año en que el control de las instituciones vuelve a estar en disputa. Como muestra un botón: la alianza entre Néster Vásquez y la fiscal general Consuelo Porras ha sido clave para blindar a su círculo de poder. Gracias a esa red de influencias dentro del sistema de justicia, ni él ni sus aliados han tenido que rendir cuentas por la manipulación de las cortes en 2020.
Es así como los grupos afilan sus estrategias, calculan riesgos y se abren paso entre alianzas frágiles y traiciones inevitables. En silencio, los operadores políticos han retomado sus movimientos para asegurar posiciones clave rumbo a 2026.
Los mismos nombres, los mismos intereses y las mismas redes vuelven al juego. Cada actor, desde su esfera de influencia, impulsa a personajes afines a sus agendas gremiales o políticas. Lo hacen con un objetivo que no cambia: mantener el control del tablero judicial, ese que define quién gana, quién pierde y, sobre todo, quién sigue impune en Guatemala.
En este juego, la justicia y el poder que proporcionan estas instituciones son los verdaderos premios. Y la democracia queda en segundo plano. Quienes dominen intentarán avanzar sin ser devorados, mientras otros apenas buscan sobrevivir en un terreno marcado por la cooptación institucional y la criminalización. Al final, solo uno llegará a la meta y su victoria marcará el rumbo del país de cara a las elecciones generales de 2027.
¿Por qué es un proceso inédito?
Tradicionalmente los relevos institucionales ocurren de forma escalonada. Sin embargo, en 2026 coincidirán renovaciones clave que impactarán directamente en la justicia, la fiscalización, la academia pública y el sistema electoral, pilares que sostienen nuestra democracia.
Este proceso de elecciones de segundo grado crea un escenario inusual: un año en que todo el andamiaje del poder será reconfigurado simultáneamente en un contexto donde la independencia judicial y la credibilidad electoral están gravemente debilitadas. La concentración de estos procesos podría abrir la puerta a una recomposición total del poder político, con implicaciones profundas en la ruta hacia las próximas elecciones generales.
Estos procesos llegan en medio de rezagos y déficits institucionales grandes desde que se firmó la Paz, y la experiencia en los últimos períodos de gobierno que han terminado de socavar sus capacidades para ejercer sus funciones. La criminalización de periodistas, fiscales, jueces y defensores de derechos humanos ha dejado un panorama de miedo y silencio, donde la crítica al poder se castiga y la impunidad se premia, como lo han denunciado organizaciones sociales.
El gobierno de Bernardo Arévalo, electo con la promesa de rescatar la democracia, no ha llenado las expectativas sociales, pero también es cierto que enfrenta bloqueos sistemáticos por parte de actores tradicionales del poder que controlan el Congreso, el Sistema Judicial y parte del aparato estatal. De allí la importancia en la elección de las próximas autoridades en el TSE, la CC, el MP, la USAC y la Contraloría.
El interés de los grupos de poder
El analista político Renzo Rosal considera que el proceso de elecciones que se avecina representa un enorme atractivo para los grupos de poder. Dice que desde 2018 se ha consolidado un proceso de control institucional que busca profundizarse y en el que las designaciones ofrecen una “gran oportunidad” para que esos grupos refuercen su dominio sobre las instituciones, especialmente el sistema de justicia.
El analista advierte que esta coincidencia puede permitir una nueva fase de “captura institucional”, en la que sectores interesados aprovechen el contexto para reorganizar o consolidar su influencia política y judicial. “Dada la coyuntura y el proceso que se ha instalado, especialmente en 2018 para acá, el tema central es el atractivo que representan estas elecciones de segundo grado para diversos grupos de poder, unos que están interesados en profundizar, en consolidar o en fortalecer el proceso de control de las instituciones”, señaló.
Por su lado, el exjuez Carlos Ruano, considera que la democracia guatemalteca enfrenta graves riesgos si las designaciones de 2026 responden nuevamente a intereses partidarios, económicos o de grupos corruptos. Recuerda cómo durante las elecciones generales de 2023, las acciones del Ministerio Público y de actores políticos del gobierno saliente pusieron en duda la voluntad popular, al no reconocer los resultados electorales. Para Ruano, ese mismo patrón se podría repetir en las elecciones de segundo grado, ya que esos actores continúan activos y ven en estas designaciones una oportunidad para desmantelar completamente las instituciones del Estado.
“Es un panorama bastante complicado porque no ha dado muestras de estar a la altura de fortalecer las instituciones, porque vía del Congreso sabemos que se debe elegir a uno de los magistrados y suplentes de la CC, pero también tiene esa función del nombramiento de los magistrados del TSE, entonces lo veo como una oportunidad pero dado el panorama lo que ha reflejado el trabajo del Congreso es que muchos intereses políticos se van a a poner en juego”, agregó.
Los abogados y viejos operadores
Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA)
Esta agrupación tiene como su líder al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Néster Vásquez, que ha realizado una fuerte campaña para conseguir el apoyo del gremio de abogados y ocupar la mayor cantidad de escaños dentro del sector justicia. El Movimiento Pro Justicia vincula a esta planilla con el “Pacto de Corruptos”. Uno de los principales personajes políticos vinculados con ASPA se encuentra el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera.
Desde hace dos meses se ha observado cómo esa agrupación realiza actividades públicas y gremiales. Fuentes indicaron a Prensa Comunitaria que su principal intención es promover a Vásquez y así lograr su reelección como magistrado titular en la máxima corte, por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Plataforma de Profesionales por la Justicia
Esta plataforma académica y gremial fue establecida años atrás por el exrector de la USAC, Estuardo Gálvez y otras personas aliadas. Según información del Movimiento Pro Justicia, aglutina a gran cantidad de abogados en todo el país, la mayoría se caracteriza por tener vínculos con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC.
Además, ambas agrupaciones apoyaron la candidatura de Gálvez en 2021 para magistrado de la CC. Recientemente se observaron fotografías de un evento masivo en la que participaron personas señaladas de tener cercanía con Gálvez y otros que se unirían y que corresponde a grupos desertores del movimiento de Néster Vásquez. En otras imágenes también se observa a magistrados y funcionarios actuales de Consuelo Porras junto al exrector.
Unión, Libertad y Justicia
Roberto López Villatoro, conocido como el “Rey del Tenis”, ha vuelto al escenario político y gremial después de años de bajo perfil. Su regreso se da luego de haber enfrentado un proceso penal por la manipulación de las elecciones de Cortes en 2014, un caso que lo alejó temporalmente de los círculos gremiales donde antes ejercía influencia.
Esta nueva etapa parece ser su intento por recuperar protagonismo dentro del gremio de abogados, usando viejas estructuras y redes de aliados. Sin embargo, en la reciente elección de autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala no logró pasar a la segunda vuelta, un revés que mostró que su nombre aún pesa en ciertos sectores, su capacidad de movilización ya no es la misma que en sus años de mayor control. En el Congreso, su sobrino Julio César López Escobar, fue electo como quinto Secretario de la Junta Directiva de 2026.
Avanza
El grupo Avanza ha surgido como una plataforma del gremio de abogados, integrado por la fiscal general Consuelo Porras, fiscales del Ministerio Público y aliados cercanos a su gestión; en su mayoría con señalamientos de corrupción. A ellos se suman figuras vinculadas o antiguos aliados a Gustavo Alejos, Walter Mazariegos y Manuel Baldizón, en una alianza que busca extender su influencia más allá de la Fiscalía. El rostro más visible de esta agrupación es el actual secretario de Política Criminal del MP, Melvin Portillo, quien fue visto recientemente participando en una actividad pública junto a Estuardo Gálvez, que sugiere una articulación de viejas redes de poder con nuevos actores.
El grupo mantiene una presencia activa, desde hace algunas semanas, en eventos académicos y actividades gremiales, promoviendo su discurso de “renovación institucional”. Sin embargo, detrás de esa imagen se percibe un claro interés por influir en las próximas elecciones y, con ello, asegurar espacios estratégicos.
Pero no solo los abogados participan en el juego
Aunque los abogados suelen concentrar el protagonismo en estos procesos, su poder real no opera en solitario. Detrás de cada votación o planilla intervienen fuerzas que van mucho más allá de lo gremial. En el Congreso se definen los relevos del TSE y de la Contraloría General de Cuentas (CGC). En dicho organismo ya se conformó una alianza que en la última votación para elegir a la Junta Directiva de 2026 logró 149 votos. Los directivos electos están vinculados a partidos tradicionales, operadores de cortes e involucrados en casos de corrupción.
El Ejecutivo coloca su ficha central al elegir a quien dirigirá el Ministerio Público, pero antes que la lista de seis candidatos llegue a manos del presidente de la República intervienen distintos actores en el trabajo de la Comisión Postuladora. De esa cuenta la lista de seis podría tener seis opciones idóneas o seis opciones no idóneas dentro de las cuales el mandatario tendría que elegir al próximo fiscal general.
Las cinco designaciones de la Corte de Constitucionalidad recaen en las autoridades de los tres poderes del Estado, más la USAC y el Colegio de Abogados y Notarios. Es decir, en cada organismo o institución la elección de los magistrados de la alta Corte es diferente. Los sectores económicos más poderosos influyen en esta elección por llegar a la CC o permanecer con una cuota de poder en ella. Hay varios magistrados o magistradas que han sido reelectas en varias ocasiones por el mismo organismo que los eligió la primera vez lo que demostraría que han sido leales a quienes los han designado.
En la USAC, donde confluyen la rectoría, los decanos, los cuerpos electorales y los órganos colegiados, se libran batallas que impactan directamente en el trabajo de las postuladoras en la designación de funcionarios en más de 60 instituciones del país.
De esa cuenta, lo que aparenta ser una disputa técnica se convierte, en realidad, en un engranaje donde abogados, operadores y políticos pelean por el control de un aparato institucional cuyo poder determina el rumbo de la justicia y la democracia de nuestro país.
Los procesos que se disputarán
Tribunal Supremo Electoral
La historia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) data de 1982, durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, que promulgó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral (Decreto 30-83), en el que se le proyectaba como un órgano “autónomo, independiente de cualquier otra autoridad”. Poco después, fue el encargado de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, responsable de redactar la Constitución Política de la República de Guatemala vigente desde 1985, y que consolida formalmente la existencia de una autoridad electoral como garante del ejercicio democrático y de los derechos políticos de la población.
Desde entonces, entre luces y sombras el Tribunal Supremo Electoral ha tenido bajo su responsabilidad la organización de 14 procesos electorales, una elección de Asamblea Nacional Constituyente y tres consultas populares, convirtiéndose en quien controla las reglas del juego electoral.
Este proceso marcará el inicio de un ciclo clave en 2026. La transición se realizará en un momento en el que cuatro magistrados titulares; Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas, Irma Palencia y Mynor Custodio, enfrentan proceso penal y están suspendidos de sus cargos. Además de momentos de tensión que han marcado el sistema democrático como la sustracción de cajas electorales por parte del Ministerio Público en 2023.
El analista Rosal destaca el caso del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como el primero en iniciar el cambio. Subraya que quienes resulten electos como magistrados serán responsables de organizar los próximos dos procesos electorales: de 2027 y 2032.
Para Rosales el contexto actual, el debilitamiento actual de su independencia y autonomía lo convierte en un blanco atractivo para los partidos políticos y grupos criminales que buscan manipular el sistema. Según el experto, la pérdida de autonomía electoral abre la puerta al “arrebato total del orden electoral”, consolidando así un control político que puede condicionar toda la vida democrática del país en la próxima década.
La elección de las cinco magistraturas titulares y el mismo número de suplencias para un periodo de seis años le corresponde al Congreso de la República, que escogerá a quienes dirijan el TSE por un período de seis años, con el voto favorable de al menos 107 diputados o las dos terceras partes del pleno. La designación se realiza a partir de una nómina de 20 aspirantes propuesta por una Comisión de Postulación, integrada por representantes de distintos sectores académicos y judiciales.
Según el calendario, la Comisión de Postulación deberá instalarse sesenta días antes del 19 de marzo de 2026, fecha en que concluye el mandato de las actuales autoridades del TSE. El Congreso ya convocó a la integración de la postuladora el pasado 10 de noviembre. Esto implica que el proceso de evaluación de expedientes comenzará en enero de 2026, la comisión contará con 30 días para evaluar expedientes, realizar entrevistas y entregar al Congreso la nómina final de candidatos.
La postuladora se integrará con cinco miembros: el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que la preside; un representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG); un representante de los rectores de universidades privadas; el decano de la Facultad de Derecho de la USAC; y un representante de las facultades de Derecho de universidades privadas. Cada integrante cuenta con un suplente elegido de la misma forma, salvo en el caso del rector y del decano de la USAC, cuyos suplentes son designados por el Consejo Superior Universitario y la Junta Directiva de la Facultad de Derecho, respectivamente.
Corte de Constitucionalidad
La Corte de Constitucionalidad (CC) fue creada con la Constitución Política de 1985, como resultado del proceso de transición democrática que buscó establecer un sistema de pesos y contrapesos tras años de dictaduras militares y represión. Su función principal es actuar como tribunal de control constitucional, garante del “respeto a la Constitución y de la defensa del orden democrático”.
Desde su primera integración, la Corte de Constitucionalidad ha estado conformada por cinco magistraturas titulares y cinco suplentes para un periodo de cinco años, designados por el presidente de la República, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior Universitario de la USAC.
Sin embargo, con el paso de los años, la CC ha sido escenario de disputas políticas, especialmente en resoluciones que tienen como objeto temas económicos y financieros, las elecciones, corrupción y violaciones de derechos humanos. Lo que originalmente fue concebido como un pilar de la independencia judicial, ha sido debate sobre la cooptación del sistema de justicia y la manipulación del poder.
Para Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, esta elección es la más importante del país. Dice que cualquier decisión del Tribunal Supremo Electoral o del Ministerio Público puede ser corregida por la CC, convirtiéndola en el máximo órgano de control político y judicial. Resalta la responsabilidad del Colegio de Abogados en esta elección, llamando a una participación amplia y no limitada a unos pocos votantes, para evitar que el proceso se convierta en una “elección tipo club de oficiales”.
“La más importante es la de la Corte de Constitucionalidad, porque haga lo que haga el Tribunal Supremo, lo corrige la CC, haga lo que haga el Ministerio Público, se lo corrige la máxima corte”, añadió.
Esta elección debe realizarse entre enero y abril en cada una de las instituciones encargadas de designar a sus representantes.
Ministerio Público
En ocho años turbulentos al mando de la fiscal general Consuelo Porras, la elección de quien dirija el Ministerio Público es uno de los procesos más esperados y determinantes para el rumbo de la justicia. El MP, creado en 1994 tras la promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto 40-94), nació con el mandato de perseguir los delitos de manera independiente del poder político. Sin embargo, con el paso de los años, esta institución se ha convertido en uno de los espacios más disputados por las élites políticas y económicas del país. Desde allí se deciden investigaciones que pueden tocar los intereses de quienes ostentan el poder, y por ello, la elección del fiscal general es observada con lupa tanto a nivel nacional como internacional.
En la actualidad, el cargo lo ocupa Porras, quien ha dirigido la institución durante dos periodos consecutivos, con el apoyo de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, y cuyo mandato concluye en mayo de 2026. Pero su gestión ha estado marcada por el retroceso en la lucha contra la corrupción, la criminalización de operadores de justicia independientes, y el deterioro de la confianza ciudadana. El Ministerio Público ha sido señalado de promover procesos judiciales contra periodistas, fiscales y jueces incómodos al poder político, mientras otorga impunidad en casos de alto perfil como Morales, Giammattei, Miguel Martínez, y una larga lista.
Es por eso que a criterio del exmagistrado Fernández Molina, otra elección clave es la del Ministerio Público, ya que históricamente, los presidentes buscan colocar a su propio fiscal general para orientar tanto la política criminal como la dirección política del país. Menciona ejemplos como el de Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana y la actual fiscal general, quienes, según él, reflejaron distintas tendencias según el gobierno de turno.
El puesto de jefatura del MP es elegido por el presidente de la República para un período de cuatro años, a partir de una nómina de seis candidatos elaborada por una Comisión de Postulación. El Congreso de la República debe convocar a la integración de esta comisión con cuatro meses de anticipación al 17 de mayo de 2026, fecha en que finaliza el mandato de la actual fiscal general. Esto significa que la convocatoria debe realizarse aproximadamente el 17 de enero, y la comisión deberá instalarse el 17 de marzo del mismo año.
Una vez instalada, la Comisión de Postulación deberá recibir y evaluar expedientes, así como seleccionar a las seis personas que integrarán la nómina final. Esta deberá contar con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la comisión. El presidente de la República tendrá hasta el 16 de mayo de 2026 para realizar el nombramiento del nuevo o nueva fiscal general, para asumir funciones el 17 de mayo.
La comisión estará integrada por 15 integrantes: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que la preside; el presidente del Colegio de Abogados y Notarios; el presidente del Tribunal de Honor del CANG; y los 12 decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país. Este mecanismo ha sido cuestionado por la falta de transparencia, manipulación y cooptación, generando preocupación sobre la legalidad del proceso de selección.
Universidad de San Carlos de Guatemala
El cambio de rector será otro proceso relevante. Tras un período marcado por el autoritarismo y la cooptación institucional bajo el mandato de Walter Mazariegos, la comunidad universitaria intentará recuperar la autonomía, la legitimidad y el espíritu crítico que históricamente caracterizó a la única universidad pública. El nuevo proceso de elección está previsto para mayo de 2026, cuando finaliza el mandato de Mazariegos, quien llegó al cargo en medio de fuertes denuncias de fraude electoral y represión. Las elecciones para se llevarán a cabo entre abril y junio de 2026.
Durante su gestión, Mazariegos criminalizó, expulsó y sancionó a estudiantes, docentes y profesionales que se opusieron a su elección, tras lo que grupos estudiantiles y académicos calificaron como una imposición. Las protestas universitarias y las tomas del campus central y varios centros regionales fueron reprimidas con acciones judiciales y expulsiones. Este conflicto deterioró la imagen de la universidad y profundizó su crisis interna.
Desde el regreso a la democracia en 1986, la USAC se ha convertido en un botín político por el peso que tiene en distintos espacios del Estado. La Universidad tiene representación directa en organismos claves, como la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas y fiscal general, convirtiéndose en un actor determinante en los procesos de elección de autoridades del sector justicia.
Y no solo eso, en total, la USAC tiene representación en alrededor de 64 instituciones públicas, incluyendo la Corte de Constitucionalidad, lo que amplifica su influencia en la toma de decisiones del país. Controlar la universidad significa también controlar votos y decisiones que pueden inclinar la balanza en la conformación de poderes del Estado.
Por eso, la elección del próximo rector no solo será una disputa académica, que definirá el futuro de la única universidad pública, sino también en el campo donde se renovarán las autoridades de cinco de las más importantes instituciones del país. Diversos sectores sociales, estudiantiles y académicos exigen que el nuevo proceso se realice con transparencia, inclusión y participación real, para devolverle a la USAC su papel histórico como espacio de pensamiento crítico, resistencia y formación.
Contraloría General de Cuentas
De cara a las elecciones generales de 2027, la Contraloría cobrará un papel determinante. En las últimas elecciones generales, el otorgamiento o la denegación de finiquitos ha sido cuestionado por su uso como herramienta de presión o exclusión política. La CGC puede influir directamente en el mapa electoral al decidir quién cumple o no con los requisitos de probidad, y en un contexto de instituciones cooptadas, este poder se vuelve especialmente sensible. Además, sus auditorías y dictámenes pueden derivar en denuncias penales, lo que abre la puerta a procesos judiciales que, en algunos casos, han sido usados con fines de persecución política.
El Contralor General de Cuentas es elegido por el Congreso de la República para un período de cuatro años, a partir de una nómina de seis candidatos propuesta por una Comisión de Postulación. Dicha comisión está integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que la preside; el presidente del Colegio de Economistas, Contadores, Administradores y Auditores Públicos; el presidente del Colegio de Abogados y Notarios; y los decanos de las facultades de Ciencias Económicas y de Derecho de las universidades del país.
Esta elección se disputará entre junio y octubre. En un proceso en el que el Congreso deberá escoger al próximo contralor a partir de la nómina propuesta por la Comisión de Postulación.
Los juegos del caos: elecciones en 2026
De esa cuenta, el año 2026 se perfila como una partida definitiva en la que se redistribuyen las fichas del poder. La coincidencia sin precedentes de estas cinco elecciones concentra en un solo momento la capacidad de reconfigurar el equilibrio institucional del país. Más allá de los cargos y las nominaciones, lo que está en juego es el modelo de Estado: si las instituciones recuperarán su autonomía para servir a la ciudadanía o si, por el contrario, se consolidarán bajo el control de los mismos grupos de poder que han marcado la última década.
Cada jugada en este tablero, desde la elección de los magistrados que definirán las reglas electorales hasta la designación de quienes deben garantizar justicia y fiscalización tendrá un impacto directo en la vida democrática. Estas mismas instituciones influyen en 2027 en los comicios generales para definir al nuevo presidente y vicepresidente de la República, a 160 diputados y 340 corporaciones municipales. La ciudadanía, aunque alejada de estas elecciones de segundo grado, será testigo y, a la vez, consecuencia de sus resultados. La partida ya comenzó. Solo queda preguntarse: ¿quién llegará a la meta y a qué costo?
