El actual embajador de Guatemala en Honduras, Marco Livio Díaz, enfrenta una orden de captura por los delitos de lavado de dinero y peculado por sustracción.
Por Alexander Valdéz
El Ministerio Público (MP) confirmó una orden de captura contra el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y actual embajador de Guatemala en Honduras, Marco Livio Díaz, por los delitos de lavado de dinero y peculado por sustracción. Del caso se desconocen detalles porque está bajo reserva judicial.
Díaz Reyes dejó el cargo de jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en abril de 2025 y tres meses después fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de Guatemala en Honduras. Actualmente, la institución tributaria es dirigida por Werner Ovalle, exviceministro de Gobernación.
En diciembre de 2024, cuando Díaz aún dirigía la SAT, denunció que la FECI a cargo de Rafael Curruchiche había iniciado una investigación en su contra luego de exponer un caso de defraudación tributaria conocido como B410, en el que él actuó como denunciante, pero en el que según dijo el Ministerio Público no avanzó contra las empresas implicadas.
De hecho, un día después de presentar el caso B410, la FECI allanó una empresa propiedad de familiares del entonces jefe de la SAT.
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El caso B410
La SAT identificó una red de corrupción que incluiría a 410 empresas con anomalías y que podrían haber evadido hasta Q1,100 millones a través del incumplimiento en el pago del IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Una de las anomalías destaca que estas empresas comparten al mismo representante legal y contador y se relacionan con una offshore en Belice. Al menos 200 de ellas reportaron un mismo domicilio ubicado en la colonia BANVI, en la zona 7 capitalina.
La investigación detalló que, de 2021 a 2024, las empresas reportaron ventas por Q6 400 millones, pero que solamente pagaron Q26 millones de impuestos, dando origen a una serie de auditorías en las que detectaron el entramado de corrupción que incluía la falsificación de documentos para constituir empresas, la negociación entre las mismas para la evasión de impuestos y con proveedores del Estado, además, la venta directa a instituciones públicas y municipalidades.
La investigación inicial estableció que se evadió el pago de Q300 millones, pero que tienen indicios que la misma podría representar más de Q800 millones adicionales, por lo que presentaron las denuncias ante los tribunales de justicia, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas (CGC).
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En impunidad
En marzo, el Juzgado especializado contra el lavado de dinero dictó clausura provisional a favor del abogado David Fernando Barrera, vinculado al 75 % de las sociedades relacionadas con el caso B410, al detectar deficiencias en la investigación del Ministerio Público.
La judicatura otorgó un plazo adicional de seis meses para que la fiscalía amplíe las pesquisas y reúna nuevos indicios que respalden la acusación por lavado de dinero con la que busca llevarlo a juicio. De no encontrar suficientes elementos, el caso podría cerrarse de manera definitiva mediante un sobreseimiento a favor del abogado.
Según la investigación, Barrera habría participado en la creación de sociedades utilizadas por la estructura B410 para extraer fondos del Estado y posteriormente ocultar el origen ilícito del dinero.
