La SAT presentó una investigación denominada B410 para denunciar a un conglomerado de empresas que evadieron impuestos y que proveyeron al Estado y municipalidades, cuya facturación asciende a Q6 mil 400 millones. Las operaciones de dicha estructura de empresas fantasma se dieron de 2021 y los primeros meses de 2024, durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Por Prensa Comunitaria
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó una investigación denominada B410 en la que identificó un entramado de corrupción que incluiría a 410 empresas con anomalías y que podrían haber evadido hasta Q1,100 millones a través del incumplimiento en el pago del IVA y el ISR, durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Según el superintendente Marco Livio Díaz, han identificado una evasión de Q300 millones, pero que tienen indicios sobre una evasión que podría representar Q800 millones adicionales, por lo que presentaron las denuncias ante los tribunales de justicia, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Estas empresas comparten al mismo representante legal, abogado y notario y contador y se relacionan con una off shore en Belice. Al menos 200 de las empresas reportaron un mismo domicilio ubicado en la colonia BAMVI, en la zona 7 capitalina.
La investigación detalló que, de 2021 a 2024, las empresas han reportado ventas por Q6 mil 400 millones, pero que solamente han pagado Q26 millones de impuestos, lo cual dio origen a una serie de auditorías en las que detectaron el entramado de corrupción que incluía la falsificación de documentos para constituir empresas, la negociación entre las mismas empresas para evitar pagar impuestos, la negociación con proveedores del Estado y la venta directa a instituciones públicas y municipalidades.
6️⃣🧵El superintendente Marco Livio Díaz informa que desactivarán a todos los contribuyentes de la estructura por evadir los impuestos.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 14, 2024
Primer grupo
La investigación se dividió en tres grandes grupos: el primero consta la identificación de nueve empresas que, pese a ser constituidas con un capital insuficiente y no reportar bienes, proveyeron bienes y servicios por Q81 millones 762 mil 381 al Estado.
- Grupo Basado, S.A. Q43 millones 968 mil 739
- Grupo Propela S.A. Q12 millones 10 mil 160
- Inversiones Caddie S.A. Q8 millones 813 mil 762
- Inversiones Humedales S.A. Q5 millones 813 mil 489
- Consorcio Las Mallorcas S.A. Q4 millones 954 mil 429
- Commerce Madness S.A. Q2 millones 699 mil 518
- Kaizen Inc S.A. Q2 millones 83 mil 450
- Megalodon S.A. Q997 mil 834
- Calakmul Q420 mil
Estas empresas suministraron a entidades como la Policía Nacional Civil (PNC), los ministerios de la Defensa, de Cultura y Deportes y de Salud, Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas, Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Santa Rosa, Fondo de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Municipalidad de Guatemala, Hospital General San Juan de Dios, entre otras.
Segundo grupo
Mientras el segundo grupo fueron identificados 16 proveedores al Estado que supuestamente adquieren bienes y servicios a las empresas fantasma identificadas por la SAT.
Estas 16 empresas firmaron contratos con el Estado por un total de Q4 mil 342 millones y adquirieron bienes y servicios de las empresas fantasma por Q375 millones.
Además, la SAT informó que estas 16 empresas proveen principalmente a la Dirección General de Caminos, Covial, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y municipalidades.
Sin embargo, de esas solo 4 presentaron su contabilidad completa, 6 la presentaron parcialmente, 3 dijeron extraviar la documentación completa, una en la que el representante estaba fuera del país y dos tenían direcciones que correspondían a terrenos baldíos.
Tercer grupo
El tercer grupo se identificaron a dos empresas que les proveían bienes y servicios a cinco grandes constructoras y que estas a su vez eran proveedoras del Estado.
Estas dos empresas fueron inscritas con un lapso de una semana de diferencia, pusieron como domicilio la misma dirección (en una zona roja de la capital) y le vendieron bienes por Q64.8 millones a las grandes constructoras proveedoras del Estado. Las constructoras han firmado contratos con entidades públicas por Q517.2 millones.
Asimismo, la SAT identificó que las dos empresas comparten al dueño de cuentas bancarias y que tiene como domicilio ante el banco una dirección en Siquinalá, Escuintla.
Otro de los aspectos de vinculación son que tanto la dueña de las cuentas bancarias como la representante legal de las dos empresas son hermanas y una de ellas habría cobrado Q3.7 millones en efectivo.
