La Sala Tercera de Apelaciones es la misma a la que han llegado las apelaciones contra el Juzgado Séptimo, a cargo del juez Fredy Orellana, por los casos contra el partido Movimiento Semilla y quien ha criminalizado, desde ese cargo a periodistas, abogados y más recientemente a la directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández. Además de estar integrada por abogado que defendió al diputado Alejos y al expresidente Morales. También estará integrada por un abogado que defendió a Otto Pérez Molina y a la exdiputada Alejandra Carrillo y un excomisionado de la Postuladora de la CSJ, Wilson López, que en el pasado presentó denuncias contra elPeriódico, en nombre de Sandra Torres.
Por Regina Pérez
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que asumieron el cargo, este 13 de octubre, finalizaron la integración de las 52 Salas de Apelaciones, los órganos jurisdiccionales encargados de revisar las resoluciones de los juzgados de primera instancia y conocer otras acciones legales. Alejandro Prado, abogado que defendió al diputado Felipe Alejos y al expresidente Jimmy Morales presidirá la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, una de las más importantes por los procesos que conoce.
Junto a él integran la Sala Ingrid Vanessa García Vásquez, como vocal I; y Mario Federico Hernández Romero, como Vocal 2.
Prado tiene en su historial haber defendido a Alejos, en el caso “Traficante de Influencias” que presentó en su contra la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público (MP). Sin embargo, Alejos nunca fue despojado de su inmunidad ya que fue protegido por magistrados de CSJ y de Apelaciones que integraron esa Corte.
El abogado recibió el voto del diputado en la reciente elección de magistrados de Sala en el Congreso de la República.
#LuchaPorCortes 🚩🚩⚖️ Alejandro Prado Estrada obtiene 121 votos.
El aspirante logra su elección como magistrado de Sala.
Fue abogado del diputado Felipe Alejos.
📷 Prensa Comunitaria pic.twitter.com/pj3ujje8ra
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 8, 2024
Según su hoja de vida ha prestado servicios profesionales al Organismo Judicial (OJ), en 2012; el Ministerio de Trabajo, entre 2019 y 2020, la Oficina Nacional contra la Tortura, en 2020, y el Congreso de la República entre 2021 y 2022.
Ingrid Vanessa García Vásquez, vocal I, proviene del OJ donde fungía como coordinador III, de la Unidad de Régimen Disciplinario de Recursos Humanos, desde el 2022. También ocupó el cargo de supervisor auxiliar de Tribunales II, de la Supervisión General de Tribunales por nueve años, así como otros puestos dentro del OJ.
Mario Federico Hernández Romero consta en su currículum, que ha ejercido como abogado de 1999 a la fecha. Ha sido docente universitario en la Universidad Mariano Gálvez y Universidad de San Carlos en sus sedes en Antigua Guatemala.
Fue abogado del expresidente Otto Pérez Molina en el caso “La Línea” y “Cooptación del Estado” y de la exdirectora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, señalada en varios casos de corrupción. Integró la planilla 3 (ASPA), del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), vinculada al presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Néster Vásquez.
Tiene experiencia trabajando en el Organismo Judicial y el MP entre 1988 y 1999.
¿Quiénes son los suplentes?
En el caso de los suplentes, fueron designados el abogado Wilson Joel López, quien fue comisionado de la Postuladora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y Néstor Gabriel Batres Ochoa.
López es un abogado que en el pasado auxilió a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en una denuncia que presentó, en 2019, en contra de seis editores de elPeriódico, basándose en la Ley contra el Femicidio, lo que llevó a decretar medidas de seguridad a favor de la política y censuró a ese medio al prohibirle realizar publicaciones de la entonces candidata presidencial.
Junto a miembros de la UNE presentó, ese mismo, año una denuncia en contra de la exfiscal general Thelma Aldana y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
Batres Ochoa ha sido abogado litigante de 2018 a la fecha. Fue asesor legal del Ministerio de Salud, en el Hospital de Retalhuleu, del 2020 al 2022; asesor jurídico de la Municipalidad del municipio de San Sebastián Retalhuleu, del 1 de febrero hasta la fecha en que fue electo por el Congreso.
Según su currículo, tiene seis años de ejercicio profesional.
¿Qué competencias tiene este juzgado?
Según el Acuerdo 21-2015, que establece la competencia de varias salas, a la Sala Tercera le corresponde conocer en segunda instancia las resoluciones y demás cuestiones que se planteen en contra del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Juzgado Quinto, Juzgado Sexto, Juzgado Séptimo, Juzgado Primero de Ejecución Penal, Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Tribunal Cuarto, Tribunal Undécimo y Tribunal Décimo Tercero, todos del ramo penal.
Esto implica conocer las apelaciones que se presenten en contra de las resoluciones de dichos jueces. Los magistrados que integran la Sala tienen la facultad de anular resoluciones y/o denegar las apelaciones emitidas en contra de los fallos judiciales.
Varios de estos juzgados conocen casos de alto impacto como el Juzgado Séptimo, a cargo del juez Fredy Orellana, que lleva el caso contra el partido Movimiento Semilla y quien ha criminalizado, desde ese cargo a periodistas, abogados y más recientemente a la directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, a quien mantiene en prisión preventiva.
A este Juzgado llegó también el caso de Virginia Laparra, la exfiscal de la FECI criminalizada por el Ministerio Público. Lo conoció el juez Sergio Mena, quien ordenó la detención de Laparra.
Entre la competencia de la Sala Tercera también está conocer antejuicios que se planteen en contra de funcionarios que tienen esta investidura.
La tarde del 13 de octubre, 259 magistrados titulares y suplentes fueron juramentados en un acto realizado por el OJ. El único que no fue juramentado fue Ramiro Muñoz, exregistrador del Registro de Ciudadanos, detenido ese mismo día en el Palacio de Justicia señalado de avalar la inscripción del partido Prosperidad Ciudadana, en las elecciones de 2023, lo que se considera un nuevo golpe de Consuelo Porras, para instrumentalizar la justicia en el país.
