El viernes 20 de febrero de 2026, a las cinco de la tarde, se cerró el plazo para la entrega de expedientes de quienes aspiraban a integrar la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031 por la vía del Organismo Ejecutivo. A lo largo del día, abogados y abogadas acudieron a formalizar su postulación, presentando la documentación requerida dentro del plazo establecido. Al concluir la jornada, el registro oficial contabilizó 76 perfiles inscritos. Con el cierre comenzó la fase de verificación de requisitos y análisis documental, un paso previo a la decisión que deberá tomar el presidente Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros.
Por Prensa Comunitaria
Aunque la Constitución faculta a la Presidencia a designar directamente a un magistrado titular y uno suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ejecutivo decidió abrir una convocatoria pública para la recepción de expedientes, incorporando un componente de transparencia y escrutinio en un proceso que históricamente ha sido objeto de debate.
Esta designación se enmarca en la Constitución de 1985, que establece la integración de magistraturas y su renovación cada 5 años; sin embargo, el ciclo de 2026 adquiere especial relevancia al sumarse con la renovación de instituciones clave como el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Universidad de San Carlos y la Contraloría General de Cuentas, concentrando en un mismo período una capacidad inusual de reconfiguración institucional.
La Corte de Constitucionalidad es el órgano supremo de interpretación de la Constitución y tiene la facultad de conocer acciones de inconstitucionalidad, amparos y controversias que involucren a cualquier autoridad pública. Sus resoluciones pueden incidir en decisiones del Ejecutivo, del Legislativo, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Ministerio Público (MP). En esa medida, la integración del tribunal constitucional adquiere relevancia no solo jurídica, sino también política, ya que sus fallos pueden influir en procesos electorales, reformas legales y disputas de alto impacto institucional.
La renovación de la CC para el período 2026-2031 se desarrolla en un contexto de tensión institucional, marcado por un gobierno que asumió con un discurso de fortalecimiento democrático y que enfrenta resistencias de actores con presencia en el Congreso y en el Sistema de Justicia, en medio de una coincidencia de renovaciones que convierte a la Corte en pieza clave del equilibrio estatal. En este escenario, una encuesta de Oxfam Guatemala y CID/Gallup, de enero de 2025, indica que el 92.4 % de la población respalda la afirmación: “Lo que necesita Guatemala es que se cumplan las leyes”, reflejando una alta demanda ciudadana de Estado de derecho. Al mismo tiempo, la disputa por la Corte se inscribe en lo que diversos análisis describen como una crisis de hegemonía, donde el control del tribunal constituye un punto estratégico dentro de dinámicas históricas de captura institucional; estudios como Redes de poder de Karin Fischer y Harald Waxenecker, así como la serie Ultras y Mafiosos de Oxfam, incluido Ideólogos y Cleptócratas de Gustavo Herrarte, documentan la articulación de élites económicas, religiosas y de pensamiento que han incidido en la orientación del sistema de justicia y en la construcción de narrativas que erosionan la confianza pública, lo que convierte la integración de la Corte en un factor decisivo para la credibilidad y estabilidad institucional del país en los próximos años.
- Perfiles disruptivos con trayectorias de derechos humanos y respaldos
Entre los 76 expedientes entregados ante la Secretaría General de la Presidencia, varios nombres destacan por su trayectoria pública y por el respaldo que han acumulado en distintos sectores de sociedad civil, academia, gremios profesionales y espacios de derechos humanos. Al margen de la formalidad del trámite, estas postulaciones proyectan perfiles que condensan debates más amplios sobre independencia judicial, técnica constitucional y legitimidad institucional.
Mario René Chávez
Con 96 años, Mario René Chávez García formalizó su aspiración a ocupar una magistratura titular de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031. Abogado, periodista, académico y exdiputado su postulación proyecta la figura del magistrado de carrera cuya fortaleza institucional busca ofrecer estabilidad técnica frente a la volatilidad de las redes políticas. Su trayectoria dentro del Organismo Judicial, sumada a su participación en espacios académicos y gremiales, lo perfila como un posible articulador de protocolos internos y estándares de certeza jurídica.
En 2024 recibió un reconocimiento en nombre de la Asociación de Periodistas de Guatemala durante un acto oficial por la libertad de prensa. Ha sido referido como el último director de la Escuela Centroamericana de Periodismo y como el primer director de una unidad académica de comunicación en la Universidad de San Carlos, según reseñas de prensa. También participó como abogado auxiliar en una acción de inconstitucionalidad promovida por el Colegio de Abogados. En ese marco, su eventual impacto en la CC podría orientarse a la restauración del orden procedimental, lo cual, dependiendo de su independencia en el ejercicio del cargo, podría contribuir a fortalecer la confianza institucional frente a discursos de deslegitimación. Fue diputado al Congreso de la República por el Frente Democrático Nueva Guatemala, de 1996 a 2000; y de la Alianza Nueva Nación, de 2004 a 2008.
Miguel Ángel Gálvez
En un registro marcado por la experiencia en justicia de alto impacto, el exjuez Miguel Ángel Gálvez presentó su candidatura a magistrado titular y suplente en un contexto atravesado por su salida al exilio por presiones producto de su actuación judicial. Exjuez con 23 años de trayectoria en el Organismo Judicial, estuvo vinculado a casos relevantes en materia de derechos humanos y justicia transicional.
En mayo de 2022 envió a juicio a militares y policías retirados por graves violaciones de derechos humanos en el caso conocido como “Diario Militar”. Posteriormente salió del país por denuncias y procesos en su contra, en un escenario descrito por observadores como parte de la criminalización de operadores de justicia. También tuvo a su cargo procesos del fenómeno de la captura del Estado en el caso “La Línea” en el que fueron procesados el presidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Cuenta con respaldo en sectores vinculados a la justicia transicional y derechos humanos, y es identificado como beneficiario de medidas cautelares de protección. Su eventual integración en la CC sería interpretada como la reintroducción de experiencia en justicia de alto impacto dentro del tribunal constitucional.
Pedro Rafael Maldonado Flores
También dentro del ámbito del litigio estratégico y la defensa de derechos colectivos, Pedro Rafael Maldonado Flores presentó su expediente como candidato a magistrado suplente. Dirigió el Departamento Jurídico del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, organización dedicada a la defensa ambiental y de los derechos colectivos, especialmente de pueblos indígenas. Su experiencia como abogado de defensores de la tierra y territorio, ha hecho que acompañe los casos de la lucha antiminera ante la Corte de Constitucionalidad en la Puya, El Estor, Santa María Xalapán y el pueblo Xinka, entre otros. Hasta el momento las empresas tienen en suspenso sus operaciones.
Ha sido beneficiario de medidas cautelares debido a hostigamientos vinculados a su labor en la denuncia de abusos de empresas mineras como Tahoe Resources Inc. y su filial Minera San Rafael S.A. Su perfil combina técnica jurídica y experiencia en contextos de riesgo, con énfasis en la aplicación del bloque de constitucionalidad y estándares internacionales en casos de alto impacto social. En la CC, su aporte potencial se asociaría a una lectura robusta de los estándares internacionales y del control constitucional en conflictos socioambientales.
Foto: Guatemala Visible
María Eugenia Morales Aceña
Desde la academia, María Eugenia Morales Aceña formalizó su candidatura como magistrada titular y suplente. Abogada y notaria graduada en 1976, cuenta con doctorado y maestrías reportadas en fuentes académicas. Ha sido identificada como una voz técnica dentro del sistema de justicia en decisiones sensibles; en un voto razonado, cuando integró la Corte Suprema de Justicia, rechazó el antejuicio promovido contra el exjuez Miguel Ángel Gálvez, calificándolo como improcedente, según cobertura periodística basada en la resolución.
Su perfil combina experiencia en órganos colegiados con conocimiento de los mecanismos internos de la Corte Suprema de Justicia y del sistema constitucional. Se le reconoce formación académica sólida y participación en debates jurídicos relevantes. Su eventual integración a la CC se asociaría a la continuidad de criterios técnicos y a la defensa de estándares formales de independencia judicial dentro del marco institucional. Tuvo que salir al exilio como muchos otros operadores de justicia.
Foto: Guatemala Visible
José Fernando Espina Bances
Por su parte, José Fernando Espina Bances se postuló como candidato tanto a magistrado titular como suplente, presentando un perfil técnico con formación en administración pública y derecho. Su trayectoria combina estudios especializados en temas del Estado con experiencia en cooperación internacional, participación ciudadana y desarrollo institucional. Ha mantenido vínculos con organizaciones sociales y espacios de formación política, y ha expresado públicamente su compromiso con la reducción de desigualdades estructurales.
Su hoja de vida refleja interacción con sectores comunitarios y organizaciones de base, así como experiencia en gestión pública. Esta combinación de técnica administrativa y participación social lo posiciona como un actor con capacidad de interlocución entre distintos sectores. En el contexto de la CC, su perfil podría contribuir a articular debates constitucionales con una perspectiva de políticas públicas y desarrollo institucional.
Foto: Guatemala Visible
Cristian González Chacón
Desde el ámbito del Derecho Internacional, Cristian González Chacón presentó su candidatura tanto a magistrado titular como suplente. Su perfil se asocia con aspectos técnicos con sólida especialización en litigio interamericano, cuya fortaleza radica en el manejo de marcos normativos complejos y arquitectura legal comparada. Cuenta con más de 15 años de experiencia en Derecho Internacional y más de ocho años como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde participó en decenas de decisiones y litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Foto: Guatemala Visible
Documentos de ese tribunal lo referencian como abogado de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH en casos contenciosos. Actualmente se desempeña en el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su trayectoria sugiere una comprensión de la Corte no solo como tribunal constitucional interno, sino como instancia inserta en el sistema interamericano de derechos humanos. Su eventual presencia en la CC podría fortalecer la interlocución internacional del tribunal y consolidar estándares de rendición de cuentas y seguridad jurídica en decisiones de alto impacto.
2. Opciones que toman forma en el cálculo del Ejecutivo
Dentro del conjunto de expedientes que podrían incidir en la decisión presidencial, varias personas comienzan a perfilarse como viables dentro del margen de discrecionalidad que la Constitución otorga al Ejecutivo. Aunque distintas fuentes señalan que los nombres que más resuenan en el entorno político son los de Gabriel Orellana Rojas y Carmela Curup Chajón, el abanico de posibilidades incluye otras trayectorias con peso técnico, experiencia institucional y respaldo sectorial que también podrían ser consideradas por el presidente Bernardo Arévalo en la designación del magistrado titular y suplente para el período 2026-2031.
Gabriel Orellana Rojas
Entre los más mencionados se encuentra Gabriel Orellana Rojas, que se postuló como candidato a magistrado titular. Fue canciller de la República durante el gobierno de Alfonso Portillo, cuenta con una trayectoria académica y jurídica consolidada. Diversas fuentes lo ubican como uno de los perfiles por los que el presidente podría inclinarse. Su experiencia en derecho público y relaciones internacionales lo posiciona como un conocedor del funcionamiento institucional del Estado y del marco constitucional. En la Corte, su eventual desempeño se asociaría a una interpretación apegada a la ortodoxia legal, con énfasis en estabilidad institucional, separación de poderes y seguridad jurídica.
Foto: archivo Gobierno de Guatemala
Carmela Curup Chajón
También figura entre los nombres más sonados Carmela Curup Chajón, postulada como candidata a magistrada titular y suplente. Abogada, directora del Bufete para Pueblos Indígenas e integrante de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala. Su trayectoria se vincula a la defensa de derechos colectivos y al litigio en contextos de diversidad cultural. Su eventual elección introduciría con mayor claridad en la Corte la dimensión del pluralismo jurídico y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas dentro del marco constitucional vigente. Distintas fuentes la ubican como una de las opciones con mayor resonancia dentro del análisis político del Ejecutivo.
Foto: Bufete para Pueblos Indígenas
Helida Marisol Ramos
Por su parte, Helida Marisol Ramos presentó su candidatura como magistrada titular y suplente. Abogada y notaria graduada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con posgrado en Derecho Agrario y Ambiental por la Universidad de Costa Rica. Ha desarrollado su carrera en instituciones públicas vinculadas a migración, derechos indígenas y defensa pública, así como en proyectos de cooperación internacional y organizaciones de abogadas indígenas.
En 2024 asumió la Dirección de Gobierno Abierto de la Comisión Presidencial y ha participado en espacios gremiales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Su trayectoria refleja vínculos con estructuras estatales, cooperación internacional y organizaciones de defensa de derechos colectivos, posicionándola como un perfil con redes institucionales diversas dentro del sistema de justicia y la administración pública.
Foto: Guatemala Visible
3. Perfiles de bajo perfil público, pero con redes activas en el Ejecutivo
Dentro del listado de las 76 postulaciones también aparecen figuras que, aunque no concentran la mayor atención mediática, mantienen posiciones estratégicas dentro del aparato estatal o han ocupado cargos relevantes en gobiernos anteriores. Se trata de perfiles con redes institucionales activas y cercanía a estructuras de poder. Diversas fuentes señalan que dentro del equipo cercano al presidente Bernardo Arévalo existen inclinaciones hacia nombres como Alejandro Balsells Conde o Gladys Anabella Morfín Mansilla, lo que los coloca en una zona de posible visibilidad dentro del cálculo final del Ejecutivo.
Alejandro José Balsells Conde
Alejandro José Balsells Conde se postuló como candidato a magistrado titular y suplente y actualmente se desempeña como asesor presidencial. Abogado con amplia presencia pública y trayectoria académica, ha participado de manera constante en el debate jurídico y político nacional. Su cercanía con el Ejecutivo lo sitúa dentro del círculo de confianza gubernamental, mientras que su perfil técnico lo vincula a espacios de análisis constitucional y opinión especializada. En el pasado fue abogado constituyente de la Constructora Conasa, empresa responsable de la construcción del Libramiento de Chimaltenango y aunque esto no implica ningún señalamiento específico, en el Ejecutivo consideran que podría ser un desgaste innecesario.
Diversas lecturas lo presentan como un posible puente entre sectores tradicionales del sistema institucional y la agenda de reformas impulsada por el actual gobierno, con capacidad de interlocución en distintos ámbitos del poder público.
Foto: Guatemala Visible
Gladys Anabella Morfín Mansilla
Gladys Anabella Morfín Mansilla presentó su candidatura como magistrada titular y suplente tras haber sido titular de la Procuraduría General de la Nación durante el gobierno de Jimmy Morales. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en la administración pública, representando al Estado en instancias nacionales y regionales. Su trayectoria la vincula a estructuras estatales tradicionales y a espacios de conducción institucional. Su perfil se asocia a la gestión pública y a la defensa de la posición del Estado en litigios y controversias, manteniendo cercanía con círculos de poder político.
Foto: Gobierno de Guatemala
Julio Fernando Melgar Peña
Con trayectoria ligada al ámbito legislativo, Julio Fernando Melgar Peña presentó su candidatura tanto a magistrado titular como suplente. Ha sido asesor del partido Unidad Nacional de la Esperanza y ocupó cargos técnicos en el Congreso de la República, incluyendo asesorías en comisiones como la de Defensa del Consumidor y el Usuario. También fungió como asesor bajo renglón 154 para el exdiputado Carlos Barreda Taracena. Su perfil refleja nexos sostenidos con estructuras partidarias tradicionales y redes políticas de larga duración dentro del Congreso.
Foto: Guatemala Visible
Mynor Alberto Melgar Valenzuela
Desde el sector justicia, Mynor Alberto Melgar Valenzuela se postuló como candidato a magistrado titular y suplente con experiencia en momentos clave del debate anticorrupción. Ha ocupado cargos relevantes que le han permitido conocer de cerca la estructura investigativa y el funcionamiento institucional del sistema judicial. Fue secretario general del Ministerio Público durante la administración de Claudia Paz y Paz. Al mismo tiempo, sus redes de relación dentro del sector han sido objeto de atención pública. Su perfil combina experiencia administrativa y técnica, con vínculos consolidados en el aparato judicial y en el ámbito de investigación penal.
Foto: Guatemala Visible
Irma Elizabeth Palencia Orellana
Por su parte, Irma Elizabeth Palencia Orellana se postuló luego de desempeñarse como magistrada del Tribunal Supremo Electoral durante el proceso electoral de 2023. Su papel en la defensa de los resultados la situó en el centro de la disputa institucional posterior a los comicios, enfrentando acciones legales impulsadas por el Ministerio Público y actores políticos vinculados al oficialismo anterior. Su trayectoria reciente la conecta directamente con la crisis electoral y judicial de 2023, posicionándola como una figura asociada a la administración y defensa del proceso electoral en un contexto de alta conflictividad política. Recientemente, un juzgado falló a su favor, y de tres magistrados más, para que retomaran sus cargos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), vinculados en el caso TREP.
Foto: Eddy Zeta
Stuardo Ernesto Campo Aguilar
En un registro distinto, Stuardo Ernesto Campo Aguilar presentó su candidatura tanto a magistrado titular como suplente desde su actual situación de prisión preventiva. Exfiscal anticorrupción, estuvo vinculado durante su desempeño en el Ministerio Público a investigaciones relevantes en materia de corrupción y estructuras ilícitas. Su trayectoria se desarrolló en un contexto de alta conflictividad institucional, marcado por procesos judiciales contra fiscales y operadores de justicia derivados de su labor investigativa. Su perfil se asocia al combate a la corrupción y al análisis de estructuras de poder dentro del sistema de justicia. De integrarse a la Corte, aportaría experiencia en litigio penal estratégico y en la comprensión de dinámicas institucionales complejas.
Foto: Prensa Comunitaria.
Najman Alexander Aizenstatd Leiteschneider
Desde el ámbito técnico-académico, Alexander Aizenstatd se postuló con un perfil vinculado a una nueva generación de juristas especializados en Derecho Internacional y arbitraje. Cuenta con formación en universidades como Yale y la Universidad Francisco Marroquín. Ha participado activamente en espacios de debate jurídico nacional. Su experiencia se relaciona con materias complejas como regulación económica, inversión y tratados internacionales. En la Corte, su eventual aporte se orientaría al fortalecimiento del análisis técnico en casos vinculados a compromisos internacionales y marcos regulatorios. En 2016 fue nombrado como interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal, luego que el Ministerio Público (MP) dirigido entonces por Thelma Aldana, pidiera la intervención y extinción de dominio de TCQ.
Foto: GuatemalaVisible
La decisión como punto de quiebre institucional
La elección de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031 representa un punto de inflexión para la estabilidad democrática de Guatemala. En un país donde la credibilidad de las instituciones tradicionales está erosionada y donde redes antidemocráticas han construido una narrativa de crisis para justificar su contraofensiva, la decisión que tome el Ejecutivo tendrá repercusiones que trascienden el relevo administrativo y se proyectan en el rumbo histórico del Estado.
El papel del Ejecutivo en este proceso es el de un conmutador crítico dentro de la red institucional, con la capacidad de optar entre profundizar dinámicas de captura o facilitar una apertura democrática real. El desempeño de la nueva Corte dependerá, en buena medida, de su capacidad para reconstruir credibilidad, hoy uno de los recursos más escasos en la política guatemalteca. Una Corte independiente podría convertirse en la respuesta institucional a la crisis narrativa que atraviesa el país, mostrando que la ley no es un instrumento de persecución selectiva, sino un marco de convivencia democrática.
La integración que surja de este proceso será, en última instancia, el espejo donde Guatemala verá reflejada su voluntad de consolidar un Estado de derecho efectivo o su resignación ante la continuidad de estructuras de poder que han condicionado históricamente la justicia y el desarrollo nacional.
