Piden que archivos sobre el Conflicto Armado Interno sean desclasificados y declarados patrimonio cultural de la nación para evitar que estos sean destruidos. Además, experta de la ONU dijo que durante los gobiernos de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales se vivió un retroceso en materia de búsqueda de desaparecidos; herida que se profundizó con el desmantelamiento de las unidades encargadas en el MP de Consuelo Porras.
Por Rony Ríos
La visita del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias volvió a colocar en la agenda internacional una de las heridas más profundas que dejó el Conflicto Armado Interno en Guatemala, la búsqueda de miles de personas desaparecidas y la deuda del Estado en materia de verdad, justicia y reparación.
Tras la visita de una misión oficial realizada entre el 23 de junio y el 2 de julio, las expertas de la ONU sostuvieron reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y entidades estatales para evaluar los avances y los desafíos del país.
La visita se dio en el marco de la creación del Mecanismo de Búsqueda Humanitaria, una iniciativa que las familias consideran un paso histórico, aunque todavía insuficiente por sus limitaciones institucionales.
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Para Ana Lorena Delgadillo, del Grupo de Trabajo de la ONU, la desaparición forzada continúa siendo uno de los crímenes más graves que pueden cometerse contra una persona y, cuando se practica de forma sistemática constituye un crimen de lesa humanidad.
“Es muy importante que desde los organismos internacionales podamos dar seguimiento y apoyar en los casos de desaparición forzada”, dijo.
Un acompañamiento ante una deuda histórica
Delgadillo dijo que el mandato del Grupo de Trabajo no se limita a las desapariciones ocurridas durante el conflicto armado interno, sino que también puede recibir casos posteriores.
En el caso guatemalteco, señaló que el acompañamiento internacional resulta indispensable debido a las deudas históricas que persisten en materia de búsqueda, investigación, sanción y reparación para las víctimas.
“El apoyo de Naciones Unidas, a través de su cooperación técnica, puede ser un instrumento que ayude y acompañe al Estado para enfrentar los retos en materia de desaparición forzada”, indicó. La experta recordó que en numerosos países el Grupo de Trabajo representa la única esperanza para muchas familias que buscan a sus seres queridos.
“Las familias se enfrentan al Estado como el actor de las desapariciones, como el perpetrador o actores particulares que están coludidos con el Estado. En ese sentido, el acompañamiento para las familias es fundamental”, enfatizó Delgadillo.
Del referente regional al retroceso institucional
La integrante del Grupo de Trabajo dijo que Guatemala llegó a convertirse en un referente regional en la investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos después de la firma de los Acuerdos de Paz.
Durante esos años, agregó, se creó una institucionalidad especializada que impulsó investigaciones por desaparición forzada, genocidio y otros crímenes de guerra, así como avanzar en procesos ante la justicia ordinaria; sin embargo, consideró que ese proceso sufrió un fuerte retroceso durante las administraciones de los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
“Hubo un grave retroceso que impactó mucho en el tema de la desaparición y en la erosión democrática”, afirmó.
En particular, cuestionó la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras, al decir que durante su mandato existió “un abandono absoluto” de los casos de desaparición forzada y un desmantelamiento de las instituciones encargadas de investigar estos hechos y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Sus declaraciones coinciden con un proceso de reestructuración anunciado por el Ministerio Público (MP) de Gabriel García Luna, que ha prometido revisar el funcionamiento de las fiscalías especializadas y desmontar estructuras heredadas de la administración anterior.
La búsqueda como prioridad del Estado
Delgadillo dijo que el principal desafío para Guatemala consiste en articular las instituciones responsables de localizar a las personas desaparecidas.
Aunque reconoció la creación del Mecanismo de Búsqueda Humanitaria, considera que este solo tendrá resultados si existe una coordinación efectiva entre entidades como el MP y otras instituciones estatales.
“Nuestra llamada es que la búsqueda sea la acción que articule a las instituciones para que las familias tengan una respuesta”, expresó, previo a advertir que la falta de avances judiciales ha provocado un estancamiento en la construcción de jurisprudencia sobre desaparición forzada.
“Se requiere que sigan avanzando los procesos para que todos los responsables reciban una sanción correspondiente por los daños ocasionados”, afirmó.
Archivos militares y cuarteles, entre las principales demandas
Para la experta, otro paso indispensable consiste en garantizar el acceso a la información que permanece bajo resguardo estatal y por ello pidió que se ordene la apertura de los archivos militares y de cualquier institución que conserve documentación relacionada con el conflicto armado.
Aunque destacó que fondos documentales como el Archivo Histórico de la Policía Nacional y parte de los archivos del extinto Programa Nacional de Resarcimiento ya han comenzado a digitalizarse y ponerse al servicio de la justicia, añadió que todavía existe abundante información sin clasificar.
“La propuesta es que estos archivos sean declarados patrimonio cultural para evitar su destrucción”, indicó.
También llamó a permitir el ingreso a cuarteles y otras instalaciones militares donde existen indicios de que podrían encontrarse restos de personas desaparecidas. “Se deben abrir los cuarteles y establecimientos militares para buscar a las personas desaparecidas”, señaló.
Al concluir su visita, el Grupo de Trabajo también instó públicamente al Estado a facilitar el acceso a instalaciones militares y otros sitios donde podrían existir evidencias relacionadas con desapariciones ocurridas durante el conflicto armado.
Un mecanismo histórico, pero aún frágil
Delgadillo calificó al Mecanismo de Búsqueda Humanitaria como el primer esfuerzo gubernamental creado específicamente para localizar personas desaparecidas, una demanda histórica de las víctimas. No obstante, advirtió que su permanencia todavía depende de decisiones administrativas y carece de la fortaleza institucional para garantizar su continuidad.
“Ha sido muy reconocido por las víctimas como el primer mecanismo del Gobierno de Guatemala históricamente creado para la búsqueda, pero necesita ser fortalecido”, indicó.
Entre sus principales debilidades mencionó que funciona mediante un acuerdo administrativo susceptible de ser derogado por futuros gobiernos, depende de la temporalidad de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) y aún no cuenta con suficiente personal ni recursos materiales.
La experta también recomendó que el mecanismo continúe nutriéndose de experiencias desarrolladas en países como México, Chile, Argentina, Perú y Colombia, aunque enfatizó que la principal fuente de evaluación debe provenir de quienes han buscado durante décadas a sus familiares.
“La mejor retroalimentación puede venir de las víctimas; ellas son las que mejor pueden decir qué se tiene que hacer, qué falta y cómo tendría que funcionar este mecanismo”, concluyó.
La desaparición forzada en Guatemala
Durante los primeros días de marzo de 1966 el gobierno de Julio César Méndez Montenegro secuestró a al menos 35 personas, reteniéndolas secretamente en instalaciones policiales y cuarteles. Nunca aparecieron. Este sería el antecedente de una práctica que muy pronto se extendería por toda América Latina: la desaparición forzada como método de represión política.
Al final de 36 años de guerra, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico registró, entre 1960 y 1996, a 45,000 personas desaparecidas, constituyendo según organismo internacionales la cifra más alta de víctimas de desaparición forzada en América Latina.
La CEH contabilizó que más del 90% de los crímenes fueron perpetrados por agentes estatales, incluyendo al Ejército, la Policía Nacional y grupos paramilitares.
Vea la entrevista:
