Han pasado 30 años desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, hasta este año se implementará el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas que tendrá una vigencia de 10 años.
Por Simón Antonio Ramón
El 21 de junio se conmemora el Día Nacional contra la Desaparición Forzada, fecha en que familiares, víctimas y sobrevivientes exigen al gobierno guatemalteco impulsar acciones que ayuden a dar con el paradero de las víctimas.
Este año se aprovechó para presentar el gobierno de Bernardo Arévalo a través de la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) junto a organizaciones sociales, presentaron el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas (MEBHU) durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996.
Este mecanismo tendrá una vigencia de 10 años que estará bajo la dirección ejecutiva de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), que será responsable de gestionar protocolos de acción y el financiamiento del Mecanismo de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Implementación del Mecanismo de Búsqueda
Uno de los criterios de trabajo del mecanismo es conceptualizar a las personas desaparecidas que estarán sujetos a investigación.
Elaboración propia. Fuente: MEBHU.
Este mecanismo priorizará al menos seis categorías como los casos de desaparición forzada; ejecuciones clandestinas; separación involuntaria de niñas y niños; desplazamiento forzado; detenidos desaparecidos; y otras formas de desaparición vinculados directa o indirectamente con el conflicto armado.
En la Plaza de Las Niñas se han colocado simbólicamente sillas de los ausentes.
Criterios de priorización de casos
Según el Mecanismo, se dará prioridad los lugares en donde se presume mayor número de víctimas que cuentan con testigos que identifican el lugar; Cuando exista riesgo de pérdida de evidencias o líneas de prueba que comprometan los procesos de búsqueda y el proceso de identificación humana. Por ejemplo, destrucción, alteración, modificación de posibles sitios de entierro; Cuando existen procesos jurídicos en juzgados nacionales o internacionales que obliguen al Estado a tomar acciones inmediatas; propiedades del Estado con facilidad de acceso para hacer la prospección.
Tendrá una vigencia de 10 años bajo la dirección de COPADEH o cualquier instancia a quien se le determina por la administración gubernamental de turno, la vigencia se puede extender más allá del tiempo establecido. Para desarrollar su labor, gestionar diferentes mecanismos, además, establece que cualquier información que sea proporcionado por un tercero, tendría la única finalidad de búsqueda.
El mecanismo se apoyará en la base de datos conocida como el Registro Único de Víctimas (RUV) que fue implementado a partir de la aprobación y vigencia del Plan de Reparación y Dignificación en febrero de este año, en donde se trasladan la base de datos del extinto Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).
Para el año fiscal se solicitará una ampliación al Congreso de Q1 millón para la contratación de servicios técnicos y profesionales especializados; para el año 2027 se solicitará Q7 millones; y para el 2028 se propone Q9 millones hasta 2036, aunque ese monto puede variar.
Los esfuerzos han sido de las familias y organizaciones sociales
Paulo Estrada, representante de la organización Familias de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), señaló que en los primeros años de búsqueda se exponían a la persecución del Estado y la estigmatización, pero eso no paró a las familias.
“Esta búsqueda de nuestras familias arrebatadas se inició desde la hora cero, recorriendo calles, hospitales, morgues, cementerios. Marcó el inicio de un movimiento de amor para que fueran devueltos con vida las miles de personas que eran secuestradas por las fuerzas militares del Estado, lo que también evidenció la política estatal de desaparición forzada implementada por los gobiernos de Guatemala durante décadas”, aseguró.
El director de la FAFG, Fredy Pecerelli, dijo que la búsqueda de personas desaparecidas en el país viene desde 1990 con trabajos dirigidos por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) en donde asistían los bomberos y los jueces de paz, sin certezas que los restos de personas que se encontraban pertenecía a las familias que se encontraban en el lugar al momento de la búsqueda.
Posteriormente se unió el antropólogo estadunidense Clyde Snow, quien junto a un grupo de expertos comenzaron a realizar las búsquedas con evidencia científica.
A lo largo de tres décadas se ha buscado a las personas sin el apoyo del Estado. “Durante más de tres décadas hemos trabajado en Guatemala, pero también hemos trabajado en otros países como en Colombia, El Salvador, México y Sri Lanka; ahí hay comisiones de búsqueda y ellas nombraron lo que nosotros hacemos ‘la búsqueda de personas en la oscuridad’ sin el apoyo del Estado”, dijo Pecerelli en su intervención.
Marco Antonio Garavito, psicólogo y director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, quien también intervino en esta presentación expresó: “Desde el 20 de mayo de 1999, siempre insistimos que el tema de la búsqueda de los desaparecidos en Guatemala es una responsabilidad del Estado, de los gobiernos y las organizaciones sociales que colaboramos no hemos dejado de decirles que es su responsabilidad de dar respuestas”.
“La desaparición forzada quizás fue la práctica más cruel de aquellos días, que no se limitó únicamente en quitar una vida, impuso la incertidumbre, negó el cuerpo y con él, el derecho de despedirse”, afirmó Elvin Díaz, director de Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (Copadeh).
Tras 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, la implementación de este mecanismo devolverá la esperanza a familias y organizaciones sociales que han buscado incansablemente a las personas desaparecidas durante el contexto del conflicto armado interno, que según el informe Memoria: Guatemala Memoria del Silencio elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) fueron 45 mil y de ellos 5 mil niños y niñas.
Visitas de la ONU
En esta misma línea de trabajo, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias realiza una visita oficial a Guatemala del 23 de junio al 2 de julio de 2026.
La delegación del Grupo de Trabajo, integrada por las expertas en derechos humanos Aua Baldé y Ana Lorena Delgdillo Pérez, visita Guatemala por invitación del Gobierno, y se reunirá con funcionarios del Estado, incluidas instituciones gubernamentales encargadas de la búsqueda e investigación de casos de desapariciones forzadas, representantes de los poderes judicial y legislativo del Estado, el Archivo Nacional de la Policía, así como con víctimas, sus representantes legales, organizaciones de la sociedad civil y personas que trabajan en temas de desapariciones forzadas.
Los expertos realizarán visitas de campo y celebrarán reuniones con víctimas, pueblos indígenas y la sociedad civil en Quetzaltenango, Suchitepéquez, Petén y Escuintla, centrándose en las desapariciones forzadas relacionadas con el conflicto armado interno y las desapariciones forzadas en el contexto de la migración.
Durante la visita, el Grupo de Trabajo participará en un acto conmemorativo del Día Nacional contra las Desapariciones Forzadas en la Ciudad de Guatemala, el 23 de junio de 2026. Asimismo, rendirán homenaje a las víctimas y sus familias en el monumento Paisajes de la Memoria en San Juan Comalapa y en el Centro Intercultural de Quetzaltenango.
