Volvió a aparecer en la escena pública, esta vez no desde un juzgado de Mayor Riesgo, sino como aspirante a la máxima corte del país. El exjuez Miguel Ángel Gálvez busca llegar a la Corte de Constitucionalidad por el Ejecutivo, tras cuatro años de exilio.
Por Alexander Valdéz
Quien alguna vez conoció y juzgó los primeros expedientes que estremecieron a las élites políticas y económicas del país, con casos que salpicaron a altos funcionarios señalados de corrupción, así como a militares, pandillas y narcotráfico, desde el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, hoy vuelve a tablero electoral. De aquel despacho, al que llegó a enfrentar audiencias de alto impacto y decisiones bajo presión, tuvo que salir tras denunciar amenazas y un proceso de criminalización en su contra que lo empujó al exilio.
Sí, se trata del exjuez Miguel Ángel Gálvez, quien durante 23 años fue operador de justicia en el Organismo Judicial y cuyo nombre también figuró en una nómina final para fiscal general del Ministerio Público en 2018. En aquella ocasión no fue elegido por el entonces presidente Jimmy Morales. Ahora, años después y desde otra circunstancia personal, busca volver a impartir justicia, pero desde la Corte de Constitucionalidad.
El expediente no lo entregó personalmente. El riesgo, según ha denunciado, de una eventual criminalización impulsada por la fiscal general Consuelo Porras aún persiste. Aunque fue apartado de su judicatura y forzado al exilio, hasta ahora no pesa en su contra ninguna orden de captura vigente. En ese contexto, Gálvez reaparece en la escena pública bajo otras circunstancias, en medio de la renovación simultánea de cinco instituciones clave del Estado.
Su expediente será analizado por el presidente Bernardo Arévalo, una línea política distinta a la que Gálvez enfrentó en 2018. Fue durante el gobierno de Jimmy Morales cuando su nombre integró la nómina final para dirigir el Ministerio Público, pero no fue elegido; en su lugar fue designada Porras, figura que hoy concentra las críticas sociales del país.
La designación, sin embargo, no será sencilla. Además de Gálvez, al menos 50 expedientes ingresaron al Organismo Ejecutivo. Entre los aspirantes figuran la exmagistrada Delia Dávila, la abogada Carmela Curup, el asesor presidencial Alejandro Balsells y el constitucionalista Gabriel Orellana, perfiles que, hasta ahora, son los que más resuenan en los pasillos del Ejecutivo.
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El exilio
El exjuez, aunque no tiene una orden de captura vigente, ha permanecido fuera del país para resguardar su integridad y ante el temor de que el Ministerio Público le abra un proceso penal y lo criminalice, como ocurrió con otros operadores de justicia que hoy enfrentan una o dos órdenes de captura que les impiden regresar a Guatemala.
En el extranjero ha recibido decenas de reconocimientos por su labor al frente del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, donde conoció expedientes emblemáticos como La Línea, Cooptación del Estado y Manipulación de Justicia, casos que alcanzaron al expresidente Otto Pérez Molina y a su exvicepresidenta Roxana Baldetti. También dirigió el proceso Diario Militar, un caso por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante el conflicto armado interno que vinculó a una decena de militares
En 2024, Prensa Comunitaria lo entrevistó en el contexto de la elección de magistrados de Sala y de la Corte Suprema de Justicia. Con semblante sereno, reiteró que su objetivo es regresar al país. Recordó además los casos Comisiones Paralelas 2014 y Comisiones Paralelas 2020, en los que se evidenció como actores manipularon la elección de Cortes. También mencionó la aparición de Néster Vásquez, actualmente magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
Acá puedes leer la entrevista (2024) :
Otros candidatos
En el Organismo Ejecutivo este viernes se cerrará el plazo para la presentación de expedientes, un momento decisivo en el proceso que definirá a otros dos magistrados para la máxima instancia constitucional del país. Hasta ayer, el Ejecutivo había recibido 35 postulaciones. Varios aspirantes optaron por presentar su papelería tanto ante el Ejecutivo como ante el Congreso de la República, que también concluye hoy su plazo de recepción.
Dos de las cinco instituciones que participan en la designación de magistraturas para la Corte de Constitucionalidad ya avanzaron en su integración. En el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala fue electa Astrid Lemus como magistrada titular y Luis Fernando Bermejo como suplente. En la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Consejo Superior Universitario designó a Julia Rivera como magistrada titular y a José Aguirre Pumay como magistrado suplente.
Por ahora, la fiscal general Consuelo Porras no logró concretar su aspiración de llegar a la Corte de Constitucionalidad. Tampoco la actual presidenta del tribunal, Leyla Lemus, consiguió la reelección. Ambas quedaron fuera en esta fase del proceso desarrollado por el Consejo Superior Universitario de la USAC.
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