Esta semana, la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público entró en su fase final con la calificación de los expedientes de 48 aspirantes en donde se han observado algunos puntos de debate y los pulsos que podría haber en la votación final. Pero también, los comisionados denuncian el intento de coacción.
Por Isela Espinoza
El proceso para elegir al o la próxima fiscal general del Ministerio Público (MP) está por concluir. Este viernes se prevé que se integre la lista final con seis candidaturas y ordenadas según la calificación obtenida en la tabla de gradación. Esta será entregada al presidente Bernardo Arévalo quien tendrá en sus manos elegir el rumbo que tomará esta institución que ha sido debilitada y usada por la administración de Consuelo Porras para criminalizar a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y operadores de justicia y beneficiar a redes de poder y actores corruptos.
El nuevo o nueva fiscal deberá tomar posesión el 17 de mayo para el período 2026-2030. Entre el lunes 13 y martes 14 de abril, han sido evaluados 26 expedientes de 48. Este miércoles la comisión tomó una pausa.
La primera jornada de votación estuvo marcada por el debate de cómo interpretar el ejercicio profesional en el caso de jueces, pero también ha habido denuncias de intimidación a comisionados. Estas son algunas de las claves para entender cómo va el proceso en la comisión de postulación del Ministerio Público.
- Cinco candidatos superan la nota mínima
Hasta ahora, la postuladora ha evaluado 26 expedientes de 48 de los cuales solo cinco aspirantes superaron la línea de corte de 75 de puntos de la tabla de gradación. Quienes superen este punteo avanzan a la votación final. Debe haber al menos 12 candidatos que alcancen la calificación. Si esto no sucede la comisión puede reducir la nota mínima. Los elegibles son:
- Brenda Dery Muñoz, experta en derechos humanos y exfiscal de narcoactividad. En el proceso de selección de 2018 también fue seleccionada en la nómina final entregada a Jimmy Morales en la que se buscaba la sucesora de Thelma Aldana.
Puntuación obtenida: 90.86
- Gabriel García Luna, expresidente e integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial desde 2023. Es asesor penal de la Procuraduría General de la Nación y hace cuatro años también se postuló para fiscal general e integró la nómina de los seis entregados a Alejandro Giammettei.
Puntuación obtenida: 86.21
- Néctor Guilebaldo de León, laboró para el MP y el OJ. En la elección pasada fue uno de los seis candidatos que Alejandro Giammattei entrevistó. Fue magistrado presidente de la sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal. Catedrático de la Escuela de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, desde 2014.
En 2020 integró como suplente el pleno de la CSJ y avaló dar trámite al antejuicio contra los magistrados de la CC, Francisco de Mata y Gloria Porras. Fue denunciado por el delito de prevaricato por haber excarcelado a la magistrada de la CSJ, Blanca Stalling.
Puntuación obtenida: 79.69
- José Manuel Quinto, en el actual proceso recibió un señalamiento su defensa en casos penales de alto impacto vinculados a personas condenadas o investigadas por delitos graves. Quinto dijo lo hizo dentro del marco legal en el ejercicio de la defensa técnica.
Puntuación obtenida: 79.00
- Henry Elías Wilson, exmagistrado de Sala de Apelaciones cuyos fallos fueron cuestionados por su presunta afinidad con el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti. Recibió dos tachas por presuntos nexos con operadores paralelos en el proceso de elección de Cortes 2020.
Puntuación obtenida: 76.85
- Debate por excluir a los jueces
La votación del lunes se entrampó por dos horas, cuando la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la postuladora, Claudia Paredes, propuso que al aspirante Gabriel García Luna no se le sumaran años de experiencia como abogado cuando ejerció como juez.
Varios comisionados intervinieron evidenciando el pulso en las posturas divididas sobre la interpretación constitucional y su impacto en la evaluación.
Paredes junto al comisionado Enrique Sánchez dijeron que la Constitución diferencia entre el ejercicio de la abogacía y la judicatura, por lo que no debía de tomarse la carrera de juez a su experiencia total en la tabla de gradación.
Para defender su postura, Paredes citó a dos constituyentes entre ellos Telésforo Guerra Cahn quien defendió a expresidentes y políticos como Alfonso Portillo Cabrera, acusado de delitos de peculado, y Oscar Humberto Mejía Víctores, acusado de genocidio en tribunales españoles.
Según Paredes, Telésforo Guerra dio un “significado autónomo” al ejercicio de la profesión al dividir la profesión de abogado del desempeño como juez.
Sin embargo, las comisionadas Patricia Gámez, Alicia Franco, Julio Cordón, Luis Lepe, Alicia Franco y Pablo Maldonado defendieron la participación de jueces, comparando la situación de fiscales del MP o abogados de la Defensa Pública Penal que no pueden ejercer la abogacía privada, pero se les permite participar. Además, señalaron que la Constitución y criterios de la Corte de Constitucionalidad (CC) han reconocido que la abogacía también puede ejercerse desde la función judicial.
Paredes fue la magistrada que desde que asumió la presidencia de la postuladora intentó que no se permitiera la participación de jueces como el ministro de gobernación y uno de los nombres que suena para ser electo fiscal, Marco Antonio Villeda, porque considera que no se puede cuantificar su función dentro del libre ejercicio de la abogacía. Además, se opuso a los cambios de la tabla de gradación que inicialmente sumaba más puntaje a los abogados de mayor edad.
La presidenta del OJ es una magistrada cercana a Consuelo Porras y grupos tradicionales de poder, y en sus posturas sobre jueces ha sido respaldada por el comisionado Luis Aragón Solé, de la Universidad San Pablo y Enrique Sánchez de la Panamericana.
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- La CC se suma a la búsqueda de excluir a jueces de la elección del MP
El proceso de elección de fiscal enfrenta tensiones debido a amparos presentados ante la CC que buscan excluir perfiles como el del ministro Villeda. El primer pulso político de la nueva magistratura se evidenció este martes a horas de haber asumido. Los magistrados titulares Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera presentaron una carta en la que solicitan a la presidenta Anabella Morfín, agilizar el trámite del amparo 1926-2026 presentado por el abogado Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo. La acción legal busca excluir a los jueces de carrera del proceso de elección del fiscal general.
Los magistrados solicitan de urgencia que se convoque al pleno para conocer el expediente y justifican su petición en el artículo 180 de la Ley de Amparo, que permite realizar sesiones extraordinarias cuando lo soliciten dos o más magistrados, argumentando que el caso requiere atención inmediata.
Molina Barreto y Ochoa fueron reelectos y son conocidos por sus fallos cuestionados. Mientras, Rivera fue designada por el Consejo Superior Universitario de Walter Mazariegos. El amparo de Falla, con sanción internacional de Estados Unidos por corrupción, plantea que existe una amenaza en el proceso de elección del fiscal general porque, según él, la postuladora podría no estar garantizando que todos los candidatos cumplan estrictamente con los requisitos constitucionales. En particular, enfatiza que los aspirantes deben tener calidades equivalentes a las de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que implica haber sido magistrado de Salas de Apelaciones o tribunales colegiados por un período completo, o haber ejercido como abogado por más de diez años.
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El Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) también presentó ayer un amparo en contra de la Comisión Postuladora por no excluir la carrera de juez como parte de la experiencia que deben adjuntar los candidatos a fiscal.
- Denuncias de coacción contra comisionados
Ricardo Méndez Ruiz también se sumó a la postura de excluir jueces del proceso de elección de fiscal general.
Patricia Gámez, secretaria de la postuladora, alertó al inicio de la sesión del martes 14 de abril que la denuncia presentada por Méndez Ruiz contra ella y varios comisionados es un intento de coacción.
Gámez leyó un tuit publicado por Méndez Ruiz en el que dice haber presentado una denuncia por los supuestos delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, resoluciones violatorias a la Constitución por presuntamente haber violado artículos de la Constitución y de la Ley de la Carrera Judicial que establecen los requisitos para elegir a aspirantes a fiscal general.
Entre los requisitos para ser aspirante a fiscal general se encuentra contar con al menos un periodo como magistrado de Corte de Apelaciones o un tribunal de igual categoría, o tener al menos 10 años de ejercicio como abogado.
“Lo tomo como un acto de coacción, no solo contra mi persona sino también de esta comisión. Quiero dejar claramente señalado que el código penal, refiere que quienes, sin estar legítimamente autorizados mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro obligue a este para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o tolere que otra persona lo haga, será sancionado conforme a la ley”, dijo Gámez. La secretaria de la postuladora resaltó que ha actuado de acuerdo a los principios que rigen a la Comisión.
La postuladora deberá reunirse nuevamente este jueves 16 de abril a las 9:00 horas. Faltan por evaluar a 23 aspirantes. Se prevé que este jueves se conozca si pasa o no el perfil de Consuelo Porras. También se espera la calificación a los candidatos favoritos del Ejecutivo, entre ellos el del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
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