Es abogado de derechos humanos. Ha vivido más de 20 años fuera del país debido a diversos cargos que ha ocupado en la Organización de Estados Americanos (OEA) pero regresó para participar en la elección de fiscal general, uno de los 49 candidatos que aspiran a ser parte de la nómina de seis candidaturas que se le presentará al presidente Bernardo Arévalo.
En entrevista con Prensa Comunitaria conversó sobre los motivos que lo impulsan a participar en esta elección, que coincide con la decisión de retirarse de la OEA por jubilación. “Es la vocación de servicio público”.
Por Regina Pérez
Ronalth Iván Ochaeta Argueta, abogado originario de Alta Verapaz, inició su carrera muy joven cuando cofundó la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) en 1989, cuando tenía 26 años. Su rol como abogado de derechos humanos marcó una inflexión en su carrera pues hasta la fecha aún se considera como tal.
Estudió derecho en la Universidad de San Carlos, creció en lo que llama el “Estado policía”, durante el conflicto armado interno, una época en la que dice no se debe retornar.
Fue un estudiante muy aplicado, se graduó a los 23 años y participó en el movimiento estudiantil de su Facultad. También fue auxiliar docente.
La docencia no era lo suyo y abrió su oficina en 1988 con Vinicio García Pimentel, Greta Antilvia Monzón y Mario Mancilla, en la 6a Avenida, de donde se desvinculó para fundar la ODHAG, junto a Raquel Mosquera Saravia y Monseñor Juan José Gerardi.
Más allá de lo que dice su currículum, donde se registra su experiencia como embajador de Guatemala en la OEA, nombrado por el presidente Alfonso Portillo, y comisionado interino de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) entre 2019 y 2021 y los diferentes cargos que ha ostentado como diplomático, al hablar unos minutos con él sobresale su experiencia en la defensa de derechos humanos y al preguntarle sobre su trayectoria.
El primer caso que llevó la ODHAG fue el de la monja estadounidense Diana Ortiz, secuestrada y torturada en 1989 por agentes del gobierno, un caso que describió como muy complejo.
Corrían los tiempos de la guerra, tanto en Guatemala como en El Salvador. Al Arzobispado en Guatemala llegaban personas salvadoreñas que huían de la violencia y no existía la infraestructura para atenderlos.
“Fue una situación muy difícil”, recuerda Ochaeta, en una entrevista que ofreció el martes 7 de abril, en un café de la ciudad capital para conversar sobre sus planes en caso de ser electo fiscal general del Ministerio Público. Luego, ocurrió el asesinato de la antropóloga Myrna Mack en 1990. “Yo fui el abogado de la familia”, dijo.
Señala que fue el primer abogado en creer en el sistema cuando nadie lo hacía. “Activé todos los mecanismos legales que tenía para la búsqueda de desaparecidos, para los delitos de asesinato como el que ocurrió a Myrna Mack, investigamos el caso del coronel Maza Castellanos, que fue asesinado en la zona 2. El de un político de la Democracia Cristiana que fue asesinado en la zona 7”.
Fue una época de graves violaciones a los derechos humanos. Dice que los únicos abogados que defendían y utilizaban los recursos legales eran los de la ODHAG. Su primera asistente fue Claudia González, ahora una prominente abogada de derechos humanos que ha sido criminalizada por el sistema de justicia y el actual Ministerio Público (MP), y quien se formó en esa oficina.
Conoció casos de masacres como la de Santiago Atitlán, en 1991, cometida por el ejército; la de Xamán, en Alta Verapaz, en 1995, considerada la última masacre del conflicto armado interno en Guatemala, cuando miembros del ejército mataron a 11 personas e hirieron a 29 más. “Yo fui personalmente, vi los cadáveres tendidos, fue una cosa horrible, tuve experiencias muy fuertes que me ayudaron a formar mi temple”.
Entre esas experiencias indica que fue el primer abogado en llevar a un presidente en funciones a declarar, por el caso de Myrna Mack. Por su investidura, la juez del caso le dio la prioridad a Vinicio Cerezo para que rindiera su declaración en otro lugar que no fuera la sede del juzgado. “Lo indagamos 8 horas, ese era el trabajo. Yo me identifico y me identifiqué como abogado defensor de derechos humanos”, dijo.
“Le dimos voz a la gente”
Otra faceta que no se puede desligar de la trayectoria de Ochaeta fue su trabajo junto a Monseñor Juan Gerardi Conedera, en el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) que se inició en 1994, en el que recogieron los testimonios de las víctimas del conflicto armado interno.
“Lo único que hicimos fue darle voz a la gente, son las transcripciones de sus testimonios, nada de lo que está ahí es inventado”, dice.
Recuerda que hasta el general Efraín Ríos Montt dio su testimonio a la ODHAG. “Muy pocos lo saben, ahora lo digo, veintipico de años atrás eso no se dijo, pero nos sirvió mucho para el contexto del conflicto armado, él tenía una versión, la escuchamos, hay grabaciones de horas en los archivos del REMHI, se plasmaron algunos de los puntos de vista de él, lo que pasa es nosotros no pusimos nombres para resguardar la identidad de las personas, porque el conflicto todavía estaba muy fresco”, indicó.
El proyecto lo tomó Monseñor Gerardi como propio y luego se consiguió un equipo donde figuraron expertos de renombre, como Carlos Martín Beristain, médico y psicólogo español, asesor de comisiones de la verdad en Perú, Paraguay y Ecuador.
Lo que ellos veían era la invisibilidad de las víctimas, porque en las negociaciones de los Acuerdos de Paz se abordó el tema de la Comisión de la Verdad pero no se tomó en cuenta a las víctimas. Lo que se iba a presentar era un informe estadístico más cualitativo. “Ese proyecto lo construyó la gente del campo, de la ciudad”, afirmó.
Recuerda especialmente el testimonio de una víctima en Rabinal, Baja Verapaz. “Allá están negociando la paz, pero nosotros tenemos todavía las cenizas calientes en las manos y nos toca reconciliarnos”. Ella pedía que fueran escuchadas. Otro testimonio en Tierra Blanca también le impactó: “Por favor, créame, no somos perros”.
Usted tiene una larga trayectoria como abogado, fue cofundador en la ODHAG, embajador de Guatemala en la OEA y recientemente comisionado interino de la CICIES, ¿qué lo motiva a participar en la elección de fiscal general?
La vocación de servicio público. En realidad, estoy en la etapa de mi vida de definiciones. Casualmente, coincide con el año en el que tengo que decidir la fecha de mi retiro en la Organización de Estados Americanos (OEA), estoy ya en la edad de jubilación.
Y pues la coyuntura se presentó para presentar el expediente y si tengo ese privilegio de volver a seguir sirviendo a mi país de esta manera, tengo la convicción de que puedo hacerlo con buen criterio, como ha sido toda mi impronta profesional a lo largo de los años.
Si soy, primero incluido en la lista de seis; y segundo, designado por el presidente, mi primer esfuerzo y todas mis habilidades van a estar encaminadas a devolver la confianza del Ministerio Público a la ciudadanía.
¿Cuál es la evaluación que hace del MP tras ocho años de Consuelo Porras?
Tiene luces y sombras. Como todo mandato cuando se renueva, el segundo es el peor porque el primero puede que tenga sus errores, cuando uno llega a una institución tan grande como el Ministerio Público, yo no me excluyo si llegara a ocurrir mi nombramiento, uno va a conocer también la organización y tiene que conformar equipos.
El secreto de que un fiscal general brille estriba en que tenga equipos que sepan asesorar, una persona por sí misma no va a rescatar al Ministerio Público, es un equipo el que tiene que conformar y creo que la fiscal general, más allá de cómo fue su primer nombramiento conformó un equipo aceptable, pero en el devenir a mí me parece que fue deformándose la administración y ya al final de su primer mandato nadie sabe qué fue lo que ocurrió, pero la evidencia está ahí.
Desde entonces, regresamos a ese penduleo de la justicia, primero estaba en un extremo después pasó a otro extremo y así se ha mantenido y eso es lo que nos ha llevado a una polarización lacerante en la sociedad.
¿Cuál es la primera decisión que tomaría de llegar a ser electo por el presidente como fiscal general?
Toma una pausa y responde.
La voy a tomar. Tenga la seguridad que la voy a tomar, pero no la puedo decir.
¿Qué falencias considera que existen en la manera en cómo se ha gestionado el Ministerio Público, sobre todo en los últimos diez años?
Una de las primeras falencias es la objetividad con la que ha trabajado. El alma del Ministerio Público es conocer la verdad a través de la objetividad y lamentablemente en los últimos años esto no ha ocurrido por esa dinámica del penduleo.
Hay un grupo que considera que el Ministerio Público se fue a un extremo hace 15 años y otro grupo que considera que se vino a otro extremo y eso no ha colaborado en absoluto.
No solo la sociedad se polariza sino que también el Ministerio Público pasa a ser un actor, pero no de administración de justicia equitativa, sino un actor de justicia selectiva, un instrumento de coacción hacia ciertos sectores que no le eran afines al MP, con desavenencias internas y consecuencias también para fiscales. Internamente, se perdió la carrera judicial. Hubo muchos despidos.
El fiscal que llegue, y si yo llego, uno de los desafíos más grandes que se va a tener, entre otros, va a ser la reincorporación de muchos fiscales que están ganando sus casos en el ramo laboral, la restitución de sus cargos.
Desafíos en cuanto al presupuesto, porque es un número que va a venir a crecer nuevamente el gasto ordinario en el Ministerio Público. Yo creo que esas son las falencias principales que ha tenido, pero la principal, la madre del cordero, es la falta de objetividad, es la mayor falencia que ha tenido.
Uno de los problemas que se han presentado es la mora fiscal, la actual fiscal general ha indicado que durante su gestión logró reducir, sin embargo, hay informes como el de INECIP de Argentina que señalan que la salida que se ha encontrado para esto es la desestimación y archivo de casos. ¿Cómo abordará esta situación en una eventual gestión?
Yo definitivamente quitaría el tema del ISO (abreviatura del International Organization for Standardization, estándares internacionales desarrollados para asegurar que servicios y productos cumplan con criterios de calidad). Porque lo que se hace es una es una cuantificación, no una cualificación del servicio. Resulta que se desestima, el auxiliar fiscal tiene esa facultad de desestimar de acuerdo a la orden de la fiscal general.
Para ellos, para los auxiliares fiscales en lugar de tener una demora, pues es un mérito no tener mora en los expedientes, sino mostrar que hay desestimaciones, pero estas desestimaciones por el ISO con las que las miden, lo que están midiendo es cantidad no calidad de servicio.
Ahí estriba un grave problema, porque por ejemplo, hay desestimaciones en casos de violencia contra la mujer. En el interior, sobre todo, porque resulta que en una comunidad hay violencia contra la mujer un día viernes a las 7 de la noche. Y eso ha ocurrido, en mi pueblo, por ejemplo, ocurre.
Yo he escuchado que las señoras, les dicen “no hay servicio, no hay agencia municipal para que escuche su denuncia. Venga el lunes”, pero el lunes resulta que ya se modificaron las evidencias. Si hay golpes, si son golpes leves y son golpes más graves, en suma, es
que para el día lunes esa evidencia ya no es la misma.
Entonces, el auxiliar fiscal le dice “ah, pero tiene que ir al INACIF”. Cuando la manda al INACIF pues esos moretones disminuyeron. Lo que quiero decir es que ese acompañamiento que debe existir hacia la víctima desde el Ministerio Público, desde la agencia, en la Guatemala profunda, no en la ciudad, porque es distinto, hay que diferenciar la cualificación territorial también, que no es lo mismo el Ministerio Público en la ciudad capital que el MP en Cahabón, Alta Verapaz, por ejemplo.
Entonces, cuando eso ocurre, para el auxiliar fiscal es más fácil desestimar porque como es Q’eqchi’, la trata como la ve. Lastimosamente, existe ese estereotipo también.
Se revictimiza la mujer. Porque la mujer no encuentra la justicia que está buscando.
No la escucha.
Se desmotiva y el auxiliar fiscal cuando le dice “bueno, pero mira, tráeme testigos” y los testigos resulta que ya se fueron a trabajar otra vez o, “tráeme fotografías”, pero resulta que no tiene teléfono celular para tomarse una fotografía de ese día. Porque se la va a tomar el día lunes o martes y todo eso ya cambia, eso hace que los casos se desestiman, cae en un tema de cuantificación, no de cualificación, yo creo que esa es otra de las falencias que tienen, cómo hacer la rendición de cuentas a la sociedad de cómo se están llevando a cabo la ejecución de los recursos, del erario público. Porque es muy fácil decir, “hemos desestimado 90 y pico por ciento”, cuando no han resuelto nada. La justicia no llega.
Y ese es uno de mis temas, si llego de fiscal general, quisiera proponer a los diputados y diputadas que ayuden a incrementar o, por lo menos, reasignar fondos con el Ministerio de Finanzas en el presupuesto del Ministerio Público para dar ese servicio en las agencias municipales del MP. Porque la señora dice que en 340 municipios y eso está bien, yo creo que ese es un logro que hay que reconocerlo, pero lo que está mal es que no dan la atención adecuada, porque tienen horario de oficina y el delito no duerme.
Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, ¿Cuándo sucede? La mayoría de veces fines de semana o en horarios de la noche, cuando están conviviendo ¿y qué ocurre si la agencia fiscal está abierta de 8 a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes? No hay servicio de 4:00 de la tarde del viernes al día lunes.
Se pierde la inmediación en ese sentido, con la gente, con la víctima que está necesitando del MP. Lo que hay que hacer es el mismo sistema de los juzgados de paz que tienen turnos y focalizar los recursos en aquellos municipios en los que los mapas de calor delincuencial nos arrojen la prioridad, porque obviamente recursos para los 340 municipios quizás no los vamos a obtener de la noche a la mañana, pero sí se puede ir progresando, porque también hay municipios donde no ocurre nada durante la semana o durante el mes, entonces, esos recursos de allí también hay que administrarlos más eficientemente, por ejemplo.
¿Cómo fortalecería la carrera fiscal, una garantía esencial para el ejercicio independiente de la función fiscal?
Desde el momento en que se inicia la carrera fiscal, con el ingreso hasta la salida, yo voy a garantizarla, porque se ha roto subordinando a los fiscales, su independencia tampoco existe. Hay una gran inestabilidad y laboral también.
Las promociones no son claras internamente. El concurso de las plazas, tampoco son claras, se ha convertido en un “si estás bien conmigo yo te doy la plaza”. Hay un clientelismo interno que hay que romper.
Hay que promocionar a todos los fiscales, pero a los cargos de dirección, a través de la unidad de Recursos Humanos, evaluarlos y a los más antiguos y a lo más eficientes darles cargos de dirección, porque eso de eso se trata la carrera fiscal, que vayan creciendo y no que se estanque, pero esa carrera fiscal debe iniciar desde el ingreso, en su permanencia, con capacitaciones permanentes a través de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público (UNICAP).
Yo me comprometería que a través de la UNICAP hagamos convenios académicos con las universidades que tengan escuelas de Criminología o de Derecho que pueden dar a los fiscales ya graduados, maestrías en criminología, en litigio estratégico, en oratoria forense, porque eso también los motiva a ellos a capacitarse permanentemente, pero a nivel de maestría universitaria y no un curso de una semana, la gente se siente más motivada.
Las evaluaciones para los que estén de forma permanente, evaluaciones que deberían de ser cada año, evaluaciones de desempeño, la calidad del trabajo que ellos desarrollan.
Así hasta que ellos se retiren por una causa de jubilación o una causa de renuncia, incluso el retiro, por causa justificada. Hasta ahí se va a garantizar la carrera fiscal. Muchos me preguntan, ¿qué vas a hacer con Curruchiche? Nada, respetarle la carrera fiscal, porque es un fiscal de carrera.
Eso es lo que se tendría que hacer, pero claro, detrás de la gestión de él hay múltiples denuncias, hay que poder activar las juntas disciplinarias y a través de un debido proceso disciplinario administrativo se le va a evaluar el desempeño en el cargo y el comportamiento en el cargo para tener una causa justificada de su despido, pero no despedirlo porque me cae mal o porque le cae mal a X persona o le cae mal al pueblo, aunque diga que es fiscal del pueblo.
Durante la gestión de Porras varias fiscalías se debilitaron o descabezaron, como el caso de la Fiscalía de Derechos Humanos, la FECI y la Fiscalía contra la Corrupción ¿qué acciones realizaría para fortalecerlas?
Dotarlas de más recursos, más personal. Y comprometerme a apoyarlos porque ellos se tienen que sentir protegidos por el fiscal general, para que puedan desarrollar su trabajo.
Hay muchas interferencias de actores fácticos dentro del Ministerio Público y muchas veces por temor a esas interferencias o quién es el actor, los fiscales no documentan. Hay que operativizar los protocolos internos.
Por ejemplo, registrar esas conductas indebidas de terceros en las investigaciones para poder ir documentando y eventualmente deducir responsabilidades por obstrucción de la justicia. Hay debilitamientos de distintas maneras, uno por actores externos y otro por la administración misma, el diagnóstico está, sabemos cuáles son las fiscalías que están debilitadas y estas hay que potencializarlas naturalmente.
¿Qué desafíos observa en la persecución penal en Guatemala, especialmente cuando se señala el uso indebido de la persecución penal para criminalizar a operadores de justicia, defensores de derechos humanos, universitarios y periodistas?
Es un tema muy complejo porque, primero, la criminalización está judicializada. Y por mucho que el fiscal general en mi caso, si yo fuera el fiscal general tenga la voluntad, por ejemplo, de hacer desestimaciones porque estimo después del estudio de los casos individuales de que no hay mérito para ese tipo de persecución, también va a depender del juez porque existe un juez contralor, no es solo la voluntad del fiscal general.
Ahí está la complejidad del caso, pero hay otras fórmulas como nombrar fiscales independientes, porque la Ley Orgánica del Ministerio Público da esa facultad para contratar fiscales independientes que evalúen casos particulares y que ellos dictaminen si en realidad hubo una persecución ilegal o está en derecho y conforme a eso, pedir los desistimientos.
Otro es levantar la reserva de los procesos. Eso atenta contra la presunción de inocencia y contra el debido proceso. En suma, es una violación flagrante de derechos humanos la que existe, pero yo no sé qué le dicen a la fiscal general o es una instrucción de la fiscal general. Yo no puedo aseverar eso, lo que sí puedo decir es que la actitud de determinados fiscales que llevan esos casos es una actitud maliciosa.
Porque primero ponen en reserva los procesos judiciales y cuando hay audiencias las atrasan por meses. El juez tampoco tiene su agenda libre porque no hay audiencia el viernes entonces va a ser el otro viernes. No, hay una acumulación de expedientes y hay que administrar justicia. La responsabilidad no es del juez, la responsabilidad es del fiscal del Ministerio Público, también que exista una mora judicial, es una cadena.
En mi criterio uno de los grandes desafíos es levantar la reserva judicial. Para que la persona que está sindicada o que está perseguida, se pueda apersonar al proceso o a través de su abogado para que pueda ejercer su legítima defensa. Si en la Constitución, el artículo 2 garantiza la presunción de inocencia, ¿cómo se la estamos violando institucionalmente?
Hay una responsabilidad internacional del Estado en cuanto a la falta de administración de justicia eficaz, pronta y cumplida. Es grave lo que está pasando con el tema de las reservas y eso definitivamente es una de las acciones que hay que entrar a hablar con los fiscales regionales, con los fiscales de distrito, evaluar los expedientes. Inmediatamente una de mis primeras acciones, que voy a hacer es pedir cuentas y que soliciten el levantamiento para que estas personas se puedan defender, para que también la sociedad conozca cuáles son los elementos de convicción que pueda tener el juez para mantener al sindicado arraigado, encarcelado.
Hay otros mecanismos, no necesariamente la cárcel, hay personas encarceladas por delitos menores, por dos, tres años. Hay otras medidas efectivas para garantizar la presencia del imputado dentro del proceso, existe el mandatario judicial.
Hay muchas maneras, pero acá, la polarización de la justicia, la selectividad de esa justicia ha sido muy dura y que no es igual con todos porque hay otros funcionarios, que es de conocimiento público y notorio que se han enriquecido ilícitamente y no hay procesos abiertos y si los hay procesos, dicen “está en reserva”. Nadie sabe en realidad si hay procesos abiertos, solo dicen que está en reserva.
La impunidad y la corrupción siguen siendo uno de los mayores problemas estructurales en Guatemala, ¿cómo abordaría estos temas en caso de ser electo fiscal general?
Hay que tener primero una política anticorrupción. Tener una administración efectiva en los casos, en la recolección de las evidencias para que los casos soporten el escrutinio en
los tribunales de justicia por parte del juez contralor para que haya indicios suficientes para determinar las órdenes de captura, por ejemplo.
Pero después de la orden de captura debería ser que con las evidencias, pruebas con los que se va a imputar en la primera declaración a las personas sindicadas, lo ideal sea que sean las mismas que lleguen hasta el juicio.
¿Qué quiero decir con esto? Que la investigación debe ser impoluta, debe ser clara en la evidencia, en la custodia de la evidencia, porque muchas veces los casos se caen porque la custodia de la evidencia se rompe, pues obviamente por un tema procedimental da con lugar la apelación o los recursos pertinentes que presente la defensa del que está siendo imputado.
En el tema de la impunidad hay que bajar estadísticamente a través de los procesos judiciales, a través de investigaciones objetivas, independientes, con mucho cuerpo, de otra manera no creo que vamos a poder trabajar en contra de la impunidad, desarticular estructuras, no casos aislados, porque son las estructuras las que están debilitando al Estado y esa estructura son las que hay que romper.
En el tema del narcotráfico lo podemos ver, cuando una estructura o una célula se golpea, resurge otra, es como una telaraña, entonces, el Ministerio Público, a través de sus métodos de investigación especial debería…de hecho existe presupuesto para eso, pero no se pone en la práctica, que son los agentes encubiertos.
Hasta ahora nadie sabe, ¿por qué? porque no hay información del Ministerio Público pero existe en la Unidad de Métodos Especiales (UME) existen y en la Ley Orgánica también existe la Unidad de Métodos Especiales para que una unidad de agentes especiales o de agentes encubiertos pueda trabajar ese tipo de casos en el crimen transnacional, en el crimen organizado.
De esa manera hay que darle golpe a las estructuras para ir rompiendo esos lazos de impunidad.
Usted fue comisionado interino de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). ¿Cómo fue la relación de ese organismo con el gobierno de Nayib Bukele?
Este tipo de organismos son muy complejos y polémicos. En lo personal yo siempre tuve una buena relación con el gobierno y con todos los sectores en El Salvador, no tuve problemas, hice mi trabajo independientemente, con un criterio de objetividad.
Documentamos muchos casos, por lo menos dos decenas de casos y la mitad de ellos quedó judicializado en la Fiscalía General de la República, pero hubo diferencias enormes entre el secretario general y el presidente de la República que obviamente rompieron la relación de confianza que existía con la organización, debimos de salir. Pero el trabajo que veníamos desarrollando de bajo perfil, con mucha discreción, créame que fue muy efectivo porque logramos penetrar ciertas redes de corrupción que había en el manejo de fondos públicos.
¿Respetará la labor de la prensa?
Claro que sí. Yo creo que el ser humano cuando no tiene vocación de servicio, no está acostumbrado a la rendición de cuentas y la rendición de cuentas pasa por informar cotidianamente a la ciudadanía lo que se está realizando en el Ministerio Público.
¿Y por qué hay que informarle a la ciudadanía? Por lo que le decía al principio, son fondos públicos del erario con los que el fiscal general y todos sus fiscales, toda la institución se mueve en el país. Y cuando menos es justo saber cómo se invierten sus recursos, qué se hace, qué investigaciones…claro, hay ciertas investigaciones que serán muy sensibles y que tampoco todas las investigaciones pueden darse a conocer por un principio de reserva.
No la reserva judicial que piden maliciosamente pero sí en cuanto a la prudencia de decir qué información es la que existe o la que no existe y, por otro lado, hay que considerar
que la prensa juega un papel de fiscalización y que a veces tiene fuentes que el Ministerio Público no las ha visto pero que tiene la obligación constitucional de investigar ese tipo de denuncias que hace la prensa.
En mi caso, yo siempre he visto a la prensa como un aliado en mi trabajo. Cuando trabajé en la ODHAG, cuando trabajé como embajador en la OEA, cuando trabajé en la CICIES, siempre la prensa fue mi aliada.
Claro, se necesita la fiscalización de la actividad administrativa y fiscal que realiza el Ministerio Público, siempre, esa es la garantía, sin prensa, no hay democracia, si no hay democracia no hay fiscalía.
Con casos como el de Zamora, el de los periodistas de elPeriódico y otras amenazas que han surgido, hay temor de la prensa, aparte que los medios de comunicación que existen se han debilitado.
Eso pasa porque hay poderes fácticos que presionan, en este caso a la fiscal general o a la anterior fiscal general, también la presionaron. Y cuando eso sucede, se rompe el principio de legalidad porque se fuerza a llevar los procesos judiciales mediáticamente. Y para quedar bien con cierto sector se hacen acusaciones muchas veces sin sustento. Y cuando entra la sospecha de que son sin sustento, piden la reserva del caso.
Y ahí otra vez concatenamos con una de las preguntas que ya hizo, la reserva de los casos son buenas, pero en aquellos casos de delitos de alto impacto como de narcoactividad, los distintos delitos que comprenden la narcoactividad para mí que ahí se justifica muchas veces la reserva, pero no en casos como a los que fueron sometidos ciertos periodistas y están siendo sometidos, o el caso de los dirigentes de los 48 Cantones, esa una violación flagrante a sus derechos humanos. Pero hay otras instituciones que también pueden jugar en la fiscalización como la PDH, tiene que jugar su papel, la sociedad civil.
La sociedad civil, en la práctica, más allá del Congreso ha sido el ente fiscalizador. Todo el abanico de organizaciones que tiene que ver con el Ministerio Público de una u otra manera, está fiscalizando la labor de la fiscal general y de los fiscales, se convierte en un contrapeso necesario para el MP.
¿Qué tal si no existiera la prensa independiente? ¿Qué tal si no existiera el abanico de sociedad civil, de extremo a extremo que no estuviera fiscalizando a la fiscal? Porque los diputados no lo hacen, están subordinados a la fiscalía.
¿Qué pasará con los casos contra Jose Rubén Zamora, autoridades indígenas, USAC y exfiscales? ¿Los desactivará?
Al final, se van a desactivar, si no todos casi todos, no puedo asegurar que lo voy a hacer porque una cosa es verlos desde afuera y otra como fiscal.
Tengo que conocer los expedientes. De hecho, ya sé más o menos cómo están porque ha sido público, pero hay procedimientos que hay que respetar como le decía al principio, así como se piden las garantías del debido proceso, el fiscal general también tiene que guardar formas porque que el funcionario público puede hacer todo aquello que la ley le permite, en cambio el particular puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe.
Y en este caso hay ciertas observaciones que el fiscal debe mantener, pero obviamente el fin último es desactivar los procesos que son injustos y si todos son injustos todos van a ser desactivados.
Como le decía, la gente que está exiliada, la gente que está siendo procesada, la gente que está encarcelada, hay que revisar sus expedientes a través de fiscales independientes especiales contratados por el Ministerio Público, con fondos del erario público. Hay mecanismos que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha propuesto a la fiscal, hay que evaluar eso porque hay potestad por parte de la Ley Orgánica del Ministerio Público de establecer esas cooperaciones con la Comisión para evaluar caso por caso.
Porque lo ideal es que haya cambio de fiscal y aquellos presos que están injustamente o perseguidos injustamente, sino cambia su situación procesal de la noche a la mañana, lastimosamente hay que seguir un proceso.
Al concluir la entrevista, Ochaeta habló de manera más informal sobre su trayectoria y trabajo en la ODHAG la cual fundó con Raquel Mosquera Saravia y Monseñor Juan José Gerardi.
“Éramos abogados muy jóvenes, picamos piedra, abrimos brecha, no tuvimos un final feliz pero muchas de las cosas que hoy se viven, tengo la satisfacción de decirles a mis hijos, yo hice parte de eso, sembré arena, sembré arbolitos, para que esto sea posible”, concluyó.
