Los magistrados que representan al Congreso, la Corte Suprema de Justicia y a la USAC de Walter Mazariegos, presionan para que se resuelva el amparo promovido contra la inclusión de jueces en el proceso de elección de fiscal general del Ministerio Público.
Por Alexander Valdéz
Apenas unos minutos después de haber tomado posesión de sus cargos, los magistrados Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa, ya conocidos por sus fallos cuestionados, junto a Julia Rivera, firmaron una carta en la que solicitan a la presidenta Anabella Morfín, agilizar el trámite del amparo 1926-2026. La acción legal fue presentada por el abogado Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, y busca excluir a los jueces de carrera del proceso de elección del fiscal general del Ministerio Público (MP), como Marco Antonio Villeda.
Los magistrados solicitan que, de urgencia, se convoque al pleno para conocer el expediente y justifican su petición en el artículo 180 de la Ley de Amparo, que permite realizar sesiones extraordinarias cuando lo soliciten dos o más magistrados, argumentando que el caso requiere atención inmediata.
Señalan que ese amparo tiene implicaciones en el proceso de elección del fiscal general. Los togados consideran que la CC debe intervenir como garante constitucional “para dar certeza jurídica al proceso, debido a la relevancia pública que ha adquirido el caso”.
“Por esta vía le solicitamos que, de manera urgente, sea convocado para conocimiento del Pleno del Tribunal el expediente 1926-2026; lo anterior, en atención a que, es de conocimiento público y general que el asunto de mérito adquirió relevancia en el seno de la Comisión de Postulación para la Elección de Fiscal General y jefe del Ministerio Público, por lo que es necesario la actuación de esta Corte”, indican.
Estas firmas, por ahora, sugieren la posible configuración de un bloque mayoritario, que perfilaría una correlación de fuerzas de 3-2 en una eventual votación dentro del pleno de cinco magistrados. No obstante, será la resolución que finalmente se emita la que confirme o descarte este escenario.
El amparo de la FCT
En la elección del fiscal general del MP, la Comisión Postuladora está evaluando y depurando a los aspirantes para definir quiénes integrarán la nómina final. Sin embargo, este proceso enfrenta tensiones debido a amparos presentados ante la Corte de Constitucionalidad que buscan influir en quiénes pueden o no continuar.
De esa cuenta, lo que decida la máxima corte del país puede tener un impacto directo en la elección, ya sea dejando fuera a candidatos específicos o incluso retrasando el trabajo de la Comisión Postuladora.
El amparo de Falla, con sanción internacional de Estados Unidos por corrupción, plantea que existe una amenaza en el proceso de elección del fiscal general porque, según él, la postuladora podría no estar garantizando que todos los candidatos cumplan estrictamente con los requisitos constitucionales. En particular, enfatiza que los aspirantes deben tener calidades equivalentes a las de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que implica haber sido magistrado de Salas de Apelaciones o tribunales colegiados por un período completo, o haber ejercido como abogado por más de diez años.
Además, el amparo solicita que se otorgue protección provisional y se ordene cumplir rigurosamente con el artículo 251 de la Constitución. Esto incluye que el tiempo ejercido como juez no debe contarse como experiencia válida para cumplir el requisito de haber ejercido la abogacía, lo que podría dejar fuera a ciertos aspirantes como Villeda.
De hecho, ayer el tema generó discusión durante dos horas, los comisionados que evaluaban el expediente de Gabriel García Luna querían excluir de las calificaciones puntuar los años de ejercicio como juez penal. La magistrada Claudia Paredes, que promovió ese análisis, no obtuvo apoyo de los demás decanos y comisionadas.
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