La Resolución 1/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Crimen organizado y derechos humanos en las Américas”, que salió a luz el 10 de marzo pasado, en el 195 periodo de sesiones convocado en ciudad de Guatemala, reveló una verdad que afecta las distintas esferas de los sistemas de justicia de Latinoamérica y que los pocos que suelen enfrentarla son blanco de persecución judicial, encarcelamiento y exilio. Según la CIDH el crecimiento exponencial del crimen organizado a nivel regional afecta la democracia, el Estado de Derechos y los derechos humanos. Se expanden las economías ilícitas, la violencia territorial y se cooptan las instituciones. Los Estados apenas y responden.
Por Claudia Méndez Villaseñor
La Resolución 1/26 nació como resultado de un proceso participativo que incluyó consultas con organizaciones de la sociedad civil; personas expertas; representantes de la Academia y de Estados miembro; así como de organismos internacionales explicó la CIDH en un comunicado de Prensa. En dichos espacios se escucharon diversas voces y experiencias regionales y también se promovieron audiencias temáticas, en el marco de otros períodos de sesiones, y aportes escritos que sustentaron el documento que contienen 50 recomendaciones que buscan enfrentar el crimen organizado con políticas públicas que se centran en la víctima, así como en la garantía y protección de los derechos humanos. ¿De qué tratan?
En la Resolución 1/26, la CIDH declaró, como parte medular, que el crimen organizado es una de las principales causas de la pérdida de vidas humanas (homicidios por armas de fuego), lo cual se refleja en las elevadas tasas interanuales de homicidios por cada 100 mil habitantes en países latinoamericanos. En 2025 y en enero de 2026, este indicador de violencia registró en Guatemala 17.3 y 17, muertes, por cada 100 mil habitantes según la Policía Nacional Civil (PNC) y proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos de estas instituciones fueron utilizados en informes sobre el tema del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y el Observatorio de la Violencia, de la organización Diálogos.
Diálogos segmentó la información y evidenció los 10 municipios más violentos del país, de acuerdo con este indicador.
“Aunque América Latina y el Caribe representan solo el nueve por ciento de la población mundial registra un tercio de los homicidios y esta tasa es tres veces superior al promedio mundial”, consideró la CIDH.
“Si bien la violencia ejercida como mecanismo de control por los grupos criminales afecta a la población en general, sus impactos son particularmente desproporcionados sobre personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, discriminación histórica y estructural. El crimen organizado no solo constituye un flagelo en materia de seguridad sino también una manifestación estructural de la desigualdad, la exclusión social y las múltiples formas de discriminación latentes a nivel regional. El crimen organizado ejerce no solo violencia física, sino también violencia de naturaleza socioeconómica estructural, lo cual erosiona el Estado de Derecho; dificulta el acceso a la justicia y afecta el pleno ejercicio de los derechos humanos. Además genera desconfianza en la gobernanza y en los sistemas políticos y judiciales, con frecuencia, permeables a la corrupción y cooptación institucional”, advirtió la CIDH.
En este contexto, el organismo internacional detectó formas de violencia simbólica e institucional en contra de quienes denuncian o enfrentan acciones del crimen organizado y se manifiestan cuando:
- Se estigmatiza a las comunidades afectadas
- Se normaliza la exclusión
- Hay inacción estatal o un respuesta de la autoridad selectiva y discriminatoria
Las 50 recomendaciones de la CIDH
Según la CIDH para combatir el crimen organizado se requieren de medidas integrales y coordinadas las cuales quedaron plasmadas en 50 recomendaciones dirigidas a los Estados miembro y divididas en siete grupos:
- Desarrollar ecosistemas de información y alertas tempranas en los ministerios y entidades públicas responsables de las políticas de seguridad a nivel nacional, departamental y local con el objetivo de identificar patrones de riesgo, generar las alertas tempranas y estrategias.
- Integrar a las comunidades en estrategias preventivas con impactos diferenciados del crimen organizado en mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, entre otros, con el propósito de diseñar medidas específicas de protección, empoderamiento y acceso a derechos económicos, sociales y culturales.
- Prevenir el reclutamiento forzado infantil y reducir su exposición a redes criminales mediante el fortalecimiento de sistemas de protección; acceso efectivo a educación, empleo y servicios sociales; garantizar la reintegración familiar y comunitaria; justicia restaurativa y apoyo psicosocial.
- Identificar zonas de control del crimen organizado por medio de diagnósticos, estudios, y georreferenciaciones. Reconocer las zonas del territorio nacional, sectores públicos, así como las instituciones bajo el control o influencia del crimen organizado.
- Recuperar territorio con vocación de generar desarrollo en las comunidades que incluyan:
a) Participación de autoridades locales, sociedad civil, organismos de derechos humanos y comunidades afectadas.
b) Presencia efectiva del Estado con instituciones que aseguren políticas de seguridad, servicios públicos y acceso a la justicia.
c) Acceso a educación, salud y empleo. - Incorporar nuevas tecnologías, fortalecer mecanismos de control y sistemas de protección a las víctimas.
- Protección del medio ambiente frente a actividades vinculadas al crimen organizado como la minería ilegal, la tala indiscriminada, la explotación de selvas y bosques o el narcotráfico, los cuales generan graves daños ecológicos.
La CIDH además consideró el abordaje especializado de los impactos del crimen organizado en personas y grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación histórica y estas son otras de las recomendaciones:
- Adoptar medidas diferenciadas para proteger de personas en situación de discriminación histórica y vulnerabilidad: mujeres; niños y adolescentes; pueblos indígenas; comunidades afrodescendientes; migrantes; defensores de derechos humanos; campesinos; personas LGBTI, en situación de pobreza y pobreza extrema, con discapacidad y adultos mayores, entre otras.
- Impulsar políticas integrales de prevención y protección que garantice a los defensores de derechos humanos y con liderazgo social, ejercer sus actividades en condiciones de seguridad y libres de todo tipo de violencia. Al otorgar medidas de protección, los Estados deben asegurar que sean adecuadas y efectivas y en concordancia con las personas beneficiarias.
- Avanzar en las investigaciones de los delitos contra defensores de derechos humanos cometidos por el crimen organizado con el fin de identificar y sancionar, tanto a autores materiales como intelectuales.
- Adoptar estrategias interinstitucionales y multidisciplinarias para evitar la criminalización de defensores de los derechos humanos; así como para prevenir y erradicar el tráfico de migrantes y robustecer los mecanismos de control fronterizo, de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos aplicables a personas en contexto de movilidad.
- Promover políticas públicas con perspectiva intercultural que busquen proteger a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas, que incluyan:
a) El fortalecimiento de mecanismos de protección y alerta temprana.
b) Acceso a justicia y servicios adaptados culturalmente.
c) Programas de educación, salud y desarrollo económico que reduzcan la vulnerabilidad.
d) Promocionar la participación comunitaria en la toma de decisiones con el fin de romper el círculo de violencia y pobreza y garantizar la restitución efectiva de derechos.
- Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión a periodistas y defensores de derechos humanos que realizan investigaciones sobre temas relacionados con el crimen organizado y corrupción, así como los denunciantes.
- Facilitar el acceso público a información e interconectividad de datos públicos.
- Publicar información de manera oficiosa (transparencia activa) sobre crimen organizado y respuestas estatales como contrataciones, beneficiarios finales, financiamiento político, resoluciones judiciales, entre otras.
- Dar prioridad a solicitudes de información relacionadas con razones, alcance y medidas adoptadas para la activación de un Estado de Excepción.
- Asegurar el acceso y la difusión de información pública vinculada con el crimen organizado en poder del Estado o la que produzca según normas internacionales de manera periódica, rigurosa, completa, actualizada y cuando corresponda, tras consultar a las partes afectadas.
- Abstenerse de aplicar, en cualquier circunstancia, sanciones a periodistas de medios de comunicación o de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público. De igual manera, abstenerse de aplicar sanciones a los denunciantes que actúan de buena fe.
- Asegurar en el caso de información vinculada con el crimen organizado, que su clasificación como reservada se realiza conforme a estándares interamericanos en la materia y está sujeta a revisión periódica para evaluar la pertinencia de la restricción.
- Desarrollar o fortalecer, según corresponda, programas especializados en atención a víctimas, testigos y familiares de víctimas del crimen organizado con enfoques integrales y coordinación interinstitucional para evitar la revictimización. Asimismo, se debe asegurar que dichos programas incluyan medidas de seguridad física, acompañamiento psicológico, acceso a asistencia legal, protección de su identidad y apoyo socioeconómico pertinente. Asimismo, que cualquier persona tenga acceso a información sobre los mecanismos para denunciar amenazas o actos provenientes del crimen organizado y que dichos procedimientos sean accesibles y efectivos.
- Garantizar la seguridad, participación y protección de víctimas y testigos en todas las etapas de los procesos judiciales. Establecer mecanismos para evitar represalias como la reserva o cambio de identidad, vehículos, casas de seguridad; reubicación en diferentes zonas del país natal o en el extranjero y generar dispositivos de alerta.
- Investigar todas las formas de actuación del crimen organizado con un enfoque local, nacional y transnacional.
- Garantizar: a) El desarrollo exhaustivo de líneas de investigación financiera, patrimonial y de vínculos político-empresariales del crimen organizado.
b) El uso sistemático de metodologías de análisis de redes criminales, mercados criminales y estructuras económicas del delito.
c) Aplicar criterios de selectividad estratégica que prioricen la atribución de responsabilidad a lo largo de toda la cadena criminal. - Fortalecer de manera prioritaria las investigaciones sobre lavado de activos y flujos financieros ilícitos vinculados al crimen organizado mediante el desarrollo de capacidades especializadas en inteligencia financiera y la implementación efectiva de mecanismos de decomiso y extinción de dominio que garanticen el debido proceso.
¿Cómo se describe el crimen organizado?
De acuerdo con la CIDH se trata de un fenómeno que responde a múltiples causas de fondo como la pobreza, la exclusión social y la desigualdad con sus profundas brechas sociales por el poco acceso a educación de calidad y trabajo. Pero también es un fenómeno que responde a la corrupción, la debilidad institucional y la infiltración en las distintas esferas estatales; al aumento de armas de fuego en manos de civiles; la porosidad de zonas costeras y fronterizas que facilita rutas de tránsito para el tráfico de drogas, armas y personas; la falta, insuficiencia o ineficacia de medidas de protección para víctimas y testigos, por lagunas institucionales y escasos fondos económicos para los servicios de apoyo. Asimismo, a la falta de voluntad política, recursos y estrategias judiciales actualizadas con la finalidad de abordar las investigaciones penales de estos crímenes.
“La modalidad histórica del crimen organizado comprende delitos como narcotráfico, extorsión y lavado de dinero. En los últimos años, se ha expandido a delitos autónomos como la trata de personas, con fines de explotación sexual, laboral y otras formas de esclavitud moderna; el tráfico ilícito de armas; delitos cibernéticos que utilizan tecnología y plataformas en línea con el fin de facilitar fraudes, extorsiones, pornografía infantil y el robo de datos por medio de redes transnacionales; a la minería ilegal y a otros delitos ambientales que causan graves daños ecológicos y afectan de forma desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales”, aseguró la CIDH.
Para este organismo internacional, las víctimas y testigos de delitos vinculados al crimen organizado enfrentan niveles de riesgo, amenazas, represalias, estigmatizaciones, la muerte o desaparición física. La CIDH ha señado que periodistas, defensores de derechos humanos, operadores judiciales y otros actores sociales que investigan y denuncian estos crímenes y delitos enfrentan graves riesgos, la desaparición o el asesinato selectivo.
La CIDH también consideró que las organizaciones criminales se aprovechan de manera ilegal de los recursos naturales de los territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes: restringen su acceso a bienes y servicios esenciales, como agua, vivienda, alimentos, salud y trabajo, mediante extorsiones, amenazas y violencia sistemática y los fuerza al despojo de sus tierras. “Estas dinámicas, además, perpetúan un ciclo de violencia y pobreza que profundiza la exclusión y restringen su libre autodeterminación, con riesgo de que se extingan estos pueblos y culturas. El crimen organizado es una de las principales causas del desplazamiento forzado en la región y que (mediante el control de rutas migratorias y diversas economías ilícitas, incluida la trata y el tráfico de personas) ejerce violencia y prácticas de explotación que afectan de manera transversal el goce efectivo de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana”, agregó.
Este organismo internacional resaltó que las acciones del crimen organizado contra las personas puede generar responsabilidad internacional cuando:
- Agentes estatales participan de manera directa o indirecta por acción o por omisión en la comisión de delitos junto con los grupos criminales.
- El Estado no adopta la debida diligencia mediante la prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos cometidos por grupos del crimen organizado en los siguientes supuestos: Tenía o debía tener conocimiento de una situación de riesgo; el riesgo era real e inmediato y no adoptó las medidas que razonablemente se esperaban para evitar que dicho riesgo se verificara.
Ataques a periodistas y defensores de derechos humanos
El pasado 27 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Guatemala (OACNUDH) presentó en Ginebra, Suiza, un informe que documentó 1 mil 465 ataques contra defensores de derechos humanos; periodistas y operadores de justicia del país desde el ámbito estatal, pero con énfasis en el sector justicia.
En este documento se resaltó la forma como el Ministerio Público (MP) ha criminalizado a autoridades indígenas que defendieron la democracia en Guatemala en 2023, como Luis Pacheco, Esteban Toc y Héctor Chaclán y también que desde esta institución se buscó revertir los resultados del proceso electoral que llevó a la Presidencia a Bernardo Arévalo.
Se incluyó además que el 21 de marzo de 2025, se produjo la muerte violenta del periodista Ismael Alonzo González, de 27 años, fundador de Producciones Alonzo y colaborador del “Despertar Occidental”, un medio de noticias con sede en Quetzaltenango. El comunicador, que había recibido amenazas por la cobertura noticiosa que involucraba a grupos criminales, fue asesinado por desconocidos armados frente a su vivienda en esa ciudad. Semanas después del asesinato del periodista, no se había comenzado la investigación judicial por el hecho, con lo cual se evidenció el patrón de impunidad en casos de delitos contra periodistas.
En 2025, se intensificaron las acciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) con el fin de criminalizar y perseguir a periodistas y voces críticas al Sistema de Justicia del país y al conocido “Pacto de Corruptos” mediante procesos penales. Fueron atacados columnistas y periodistas que trabajaron en el desaparecido elPeriódico y de otros medios de comunicación como Sonny Figueroa, Marvin del Cid y Diego España.
Sin embargo, los ataques contra periodistas trascendieron en 2025, del campo judicial al acoso digital. El año pasado proliferaron campañas desproporcionadas del netcenter en contra de mujeres periodistas y reporteros jóvenes.
Quimy de León, fundadora de Ruda y Nelton Rivera, cofundador de Prensa Comunitaria, dos medios independientes fueron blanco de agresiones digitales en 2025. En el caso de Rivera, enfrentó amenazas, difamación e intentos de criminalización. En ese sentido, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) y el Observatorio de los Periodistas de Guatemala advirtieron sobre el patrón sistemático de intimidación. “No se debe permitir que el poder corrupto y criminal destruya el periodismo independiente”, advirtió.
¿Le suena conocido?
El Presidente Bernardo Arévalo fue consultado sobre el tema durante La Ronda del pasado 16 de marzo y mencionó que, junto con su equipo de trabajo, estudiaba el contenido de la Resolución 1/26 de la CIDH. “Nosotros estudiamos el texto y lo analizamos. Es un texto que refleja la crisis que afecta la región porque lo que señala es que una de las principales amenazas al Estado de Derecho en América Latina es la capacidad que tiene el crimen organizado, en sus distintas expresiones, de cooptar los sistemas de justicia y de subordinarlos a sus intereses. Pone al aparato de justicia al servicio de los intereses de quienes comercian con corrupción, impunidad y utilizan la persecución y la criminalización para hacerlo. ¿Le suena conocido?”, sugirió.
“Tenemos claro que la democracia necesita un Estado de Derecho fuerte, un Estado de Derecho operable en atención a las normas constitucionales y no a los intereses de distintos sectores cualquiera que estos sean: políticos, criminales o sectoriales. Eso requiere, que justamente pongamos atención en la medida en que el crimen organizado ha explorado las debilidades de los sistemas de justicia para penetrarlos y someterlos. Vamos a colaborar con todos los países del continente para lograr que en la región se cuente con instituciones judiciales que respeten los principios fundamentales del Estado de Derecho”, afirmó.
Resolución con poco impacto, pero sí una herramienta para el litigio
Rafael Maldonado, abogado experto en temas ambientales y de la naturaleza consideró que con la Resolución 1/26 “Crimen organizado y derechos humanos en las Américas”, de la CIDH, se han escuchado las posturas de defensores de los derechos humanos y comunidades que han sido atacadas y criminalizadas por denunciar minas ilegales, tala indiscriminada de árboles y la explotación de la selva y bosques en el país. “Es decir por la defensa de su territorio y recursos naturales”, dijo.
El jurista explicó que, en 2017, en la audiencia temática “Personas defensoras atacadas por empresas extractivas”, se dio a conocer a la CIDH la situación en la mina San Rafael y lo que ocurría en El Estor, Izabal. Se expuso cómo se atacaba a los defensores de derechos humanos, ambientalistas y a personas que se oponían al proyecto”, indicó. En estos casos, se contrataron a exmilitares como encargados de los equipos de seguridad de las mineras y con esos conocimientos tácticos se atacó a los grupos de manifestantes que rechazaban los proyectos.
“Los comunitarios hablaron directamente ante la CIDH, con el acompañamiento de CALAS, y pidió informes. Ahora pienso que esta resolución es un avance, pero ahora, por la situación política del país, no creo que haya un impacto significativo”, dijo. “Es un informe sobre América , que tal vez no tenga impacto en Guatemala, pero si puede ser una herramienta de incidencia para el litigio”, mencionó.
Cómo se integra el Sistema de Justicia Penal de Guatemala
De acuerdo con el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CiiDH), el Sistema Judicial del país lo conforma el Organismo Judicial (OJ); la Corte Suprema de Justicia (CSJ); la Corte de Constitucionalidad (CC); el Ministerio Público (MP); el Ministerio de Gobernación; la Procuraduría General de la Nación (PGN); la oficina del Procurador de los Derechos Humanos; el Instituto de la Defensa Pública Penal; el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Un estudio del CiiDH reveló que el año pasado ingresaron 56 mil 175 casos a los tribunales del OJ; hubo sentencia contra 13 mil 394 personas, de las cuales 11 mil 704 recibieron una sentencia condenatoria.
El MP, en tanto, recibió 570 mil 955 casos en 2025, el 31.60 por ciento fueron remitidos por la Policía Nacional Civil (PNC). El año pasado, esta institución reportó una tasa de gestión de 76.19 por ciento, es decir que las denuncias avanzaron a una fiscalía, pero la tasa de acusaciones fue de 3.63 por ciento, con 13 mil 394 personas sentenciadas. El 85.16 por ciento de los acusados fue sentenciado a prisión.
En tanto, defensores públicos fueron requeridos más de 52 mil veces; pero participaron en más de 98 mil procesos y lograron 54 mil 817 resoluciones judiciales definitivas, mientras que otras 25 mil 516 están pendientes de resolución. En el caso del INACIF atendió más de 214 mil casos.
Según el CiiDH el Sistema de Justicia desempeña un papel crucial en la protección de los derechos humanos de los guatemaltecos; el mantenimiento del Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad. Enfrenta desafíos como la mora judicial, que en 2023 reportó más 1.5 millones casos pendientes de resolver; debilidad institucional y corrupción. Estos retos estructurales históricos limita su capacidad de garantizar justicia eficiente y equitativa, en especial a comunidades indígenas y rurales que enfrentan barreras económicas, lingüísticas y culturales para acceder a la justicia.
En 2025, esta organización publicó el informe “Las verdades incómodas que todos deberíamos conocer sobre nuestro sistema de justicia” en el que se consideró que de existir un Sistema de Justicia Penal ideal, la meritocracia y la integridad tendrían que ser el camino directo al ascenso o facilitar promociones de cargos, lo cual no sucede en Guatemala.
“Los jueces más reconocidos y eficaces se encuentran atrapados en los niveles más bajos de la judicatura y son criminalizados. Esto genera un grave problema, en sistemas como el de Guatemala, en el que los dos tercios superiores de la judicatura (magistrados de apelaciones y de la CSJ) están fuera de la Carrera Judicial. Su nombramiento no depende de un proceso meritocrático interno, sino de mecanismos de tipo político que priorizan otras lealtades sobre la capacidad”, se explicó.
“Por ejemplo esta es la razón precisa por la cual jueces reconocidos como campeones anticorrupción, como Miguel Ángel Gálvez o Erika Aifán, permanecieron en Primera Instancia. Su estancamiento no se debió a una falta de capacidad o méritos, sino a un sistema diseñado para bloquearles el ascenso y mantenerlos alejados de las cortes superiores, donde podrían tener un impacto aún mayor”, se indicó.
Según este estudio “no se trata de un problema de personas, sino un defecto estructural profundo. Es un fallo en el diseño institucional que ha resistido múltiples intentos de reforma, demostrando que las barreras son sistémicas, no individuales.
Fuente. CiiDH. 2025
En este documento se señaló también que las presiones sobre los jueces independientes no solo se generan desde el ámbito político, los medios de comunicación o los poderes fácticos. “ A veces el ataque más sorprendente y sutil proviene de sus propios colegas a través de los gremios profesionales”, se mencionó.
“Un juez, por ser también un abogado colegiado, puede ser denunciado y sancionado por un Tribunal de Honor de su colegio profesional. Lo peligroso o lo que enciende las banderas rojas, es que estas denuncias pueden estar basadas en los diversos actos realizados en el ejercicio de su función, esto quiere decir que, por las decisiones que toma en sus sentencias ya sea condenatoria o absolutoria”, se indicó.
Uno de estos casos fue lo ocurrido a la jueza Yassmín Barrios que presidió el Tribunal “A” de Mayor Riesgo, durante el histórico juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra Efraín Ríos Montt. Tras dictar sentencia en 2013, fue denunciada ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Este órgano la sancionó por sus actuaciones como jueza en el caso, con una amonestación pública y la suspendió por un año del ejercicio de su profesión. Al imponerle una multa se argumentó que había humillado al abogado defensor del exdictador durante el juicio. Además, se le ordenó publicar una amonestación pública en medios escritos, radiales y televisivos”, se recordó en este estudio.
Según el CiiDH, estas acciones representan un ataque extremadamente peligroso a la independencia judicial. “Es un intento de coartar la función de juzgar utilizando un órgano gremial como herramienta de presión. Sienta un precedente para amenazar a otros jueces que tomen decisiones valientes o impopulares. La legalidad de las resoluciones judiciales debería ser revisada solamente mediante los recursos legales y contemplados dentro de la normativa jurídica por medio de los diversos mecanismos establecidos por la ley, no por un tribunal de ética profesional que actúa como una instancia paralela y que sirve de instrumento político”, se indicó.
En fechas recientes, se repitió lo sucedido con la jueza Barrios, pero ahora en contra de la Astrid Lemus, electa por el CANG como magistrada de la CC. Esta semana, los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Viudaurre presentaron un recurso de amparo contra la jurista con la finalidad de evitar que sea juramentada y tome posesión del cargo.
Estos dos abogados promovieron las acciones legales que dejaron fuera a profesionales de ciencias afines al Derecho, en ese proceso de elección en el que fue reconocida la trayectoria de Lemus y Luis Fernando Bermejo para ser magistrados de la CC. Estas votaciones se efectuaron frente a la presencia amenazante de fiscales del MP que buscaban evitar el voto de los agremiados al Colegio de Abogados con estratagemas inconsistentes.
En el amparo contra Lemus se cuestiona su idoneidad y pérdida de honorabilidad por haber denunciado el pasado 18 de febrero lo ocurrido el día de la elección en el CANG ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
En su planteamiento también enumeran lo que consideran incumplimientos a distintos artículos legales que, según su interpretación, impedirían su juramentación. Además, aseguran que el Organismo Ejecutivo habría tenido injerencia para favorecer que Lemus resultara electa como magistrada por el CANG.
“Porque como magistrada electa, su actuar al rogar la intromisión indebida de un poder político extranjero, internacional y supranacional como lo es la OEA, compromete su independencia e imparcialidad, lo que trae como consecuencia ineludible la repercusión de su incompatibilidad con el ejercicio de la función pública de magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad”, se señaló en el amparo.
El Presidente Arévalo hizo una declaración puntual sobre este caso, el pasado 16 de marzo, durante La Ronda. “La nueva CC ya está electa. Ha sido electa. o que estamos viendo son intentos desesperados de gente que ha estado ligada siempre a ese manejo de élites político-criminales-corruptas para tratar de hacer cualquier cosa. Inclusive cosas absurdas”, afirmó.
Los procesos manipulados en Guatemala
El CiiDH también publicó el año pasado el documento “La cooptación institucional en los procesos electorales de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, de cara a la designación de una nueva Corte en 2026, en el cual se abordó que, la cooptación institucional del Sistema de Justicia del país se manifiesta con la manipulación de los mecanismos para seleccionar, en este caso, las Altas Cortes. “Este fenómeno permite que actores políticos y grupos de poder influyan en las decisiones judiciales, garantizando la impunidad y debilitando el estado de derecho”, se indicó.
Según este informe “se podría hablar de una manipulación de los procesos de selección y postulación como el eje central de la cooptación que ha logrado encontrar un dónde anidar como lo son las Comisiones de Postulación, órganos encargados de elaborar las listas de aspirantes a la CSJ y las Cortes de Apelaciones. Aunque fueron concebidas como mecanismos técnicos para garantizar independencia y mérito, en la práctica se han convertido en espacios de negociación política”, se mencionó.
“En estos procesos se ha documentado, es de conocimiento público, el fenómeno del tráfico de influencias y el uso de estos órganos como cascarones formales, particularmente en los casos conocidos como Comisiones Paralelas (1 y 2). A través de ellas, grupos de poder logran introducir candidatos afines y excluir a profesionales independientes. La existencia de estas redes políticas y empresariales son aquellas que cuentan con un peso en las votaciones del Congreso lo que hace que consoliden este control. La selección de magistrados suele responder a equilibrios políticos antes que a méritos profesionales. Los nombramientos resultan, más que un proceso técnico, en una repartición del poder judicial como botín político. Este fenómeno fue advertido ya desde la Constitución de 1985, que dejó abierta la posibilidad de acuerdos corporativos entre los integrantes de las comisiones”, se consideró.
¿Suena conocido?, dijo el Presidente Arévalo. ¿Suena conocido qué estructuras del crimen organizado coopten la institucionalidad de la justicia y quede indefenso el ciudadano? Así sucede en Guatemala y el resto de países latinoamericanos. La mafia descubrió la falla humana y penetró las estructuras de un sistema diseñado para aplicar justicia, reparar el daño y evitar que se repita. Sin embargo, cuando los señalados por delitos del crimen organizado en sus distintas expresiones se ven descubiertos y acorralados logran el favor de jueces, fiscales, oficiales, peritos, investigadores, forenses y se vulneran los procesos. Los denunciados logran impunidad y los denunciantes reciben amenazas y son criminalizados. La justicia ya no es ciega, es discrecional y subjetiva. ¿Suena conocido?
