De un momento a otro y sin previo aviso, la Secretaría de la USAC convocó a un grupo de consejeros que asumen de manera ilegítima más del 65% de los cargos vencidos ante el Consejo Superior Universitario CSU. La nota convoca al 16 de febrero a reunirse en el lujoso hotel, Casa Santo Domingo en la Antigua Guatemala. Luis Fernando Cordón Lucero quien fue nombrado por Walter Mazariegos como secretario universitario en 2022 convoca en nombre del “rector” de facto. Los afines a ex decano de Humanidades buscan reunirse fuera de la USAC a puerta cerrada, para elegir a pesar que no tienen las calidades para hacerlo, al titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad CC. Este grupo de consejeros podrían elegir a Lesly Lemus y a Consuelo Porras Argueta como magistradas ante la corte.
Por Claudia Méndez Villaseñor
Cordón Lucero, en su calidad de secretario general de la USAC, convocó hoy a la IV sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) de 2026, ha celebrarse en La Antigua Guatemala, el próximo 16 de febrero con la finalidad de designar a la Corte de Constitucionalidad (CC) un magistrado titular y uno suplente, tal como lo definieron, el 26 de enero pasado, en el cronograma de trabajo. Entre los catorce candidatos al cargo destacan controvertidos nombres como el de Consuelo Porras, actual Fiscal General y Leyla Lemus, hoy magistrada titular de la CC. Todo apunta a que “los mejores” buscan su lugar en la llamada “Corte Celestial”.
¿Un CSU incompleto y en la ilegalidad?
De acuerdo con el estudio “Situación actual de los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) febrero 2026”, de la Fundación Myrna Mack, el balance de las fuerzas en el “Gobierno” de la universidad estatal revela un “poder político consolidado por Walter Mazariegos, resultado de una captura institucional”. Esta estructura con cuidado se sostiene mediante mecanismos administrativos y coercitivos en apariencia legales. “Más que un equilibrio entre sectores universitarios, el CSU se ha convertido en un espacio donde la representación formal encubre una dominación política efectiva. En términos numéricos, Mazariegos cuenta en el CSU con una mayoría funcional”, señaló el estudio.
En la actualidad, el “rector” de facto cuenta con el apoyo de más de la mitad de los representantes de dicho espacio de decisión política, quienes se niegan a dejar los cargos vencidos desde 2022, con lo cual le es posible dirigir la agenda universitaria, condicionar los procesos de renovación o bloquear cualquier intento de reconfigurar el poder interno, consideró este análisis.
Para la Fundación Myrna Mack, los votos no son lo único que inviste de poder al ex decano de la Facultad de Humanidades sino la forma como se ha estructurado la lealtad política en el CSU y en otros puestos claves de dirección interna.
“Ha permitido la permanencia de consejeros cuyo mandato ya concluyó. Violan los plazos normativos establecidos. Al mismo tiempo, se ha negado a dar posesión a los nuevos representantes electos en evidente incumplimiento de resoluciones judiciales (inclusive de rango constitucional), lo que mantiene congelada la representación opositora. Este uso instrumental del Derecho convierte la (formal) legalidad en un recurso político de dominación”, advirtió el estudio.
Anclados en las sillas en el nivel superior del edificio de la rectoría
Desde 2022, evidenció este estudio, son al menos 37, de los 41 integrantes consejeros del CSU, los que hoy ejercen funciones fuera del periodo para el que fueron electos. Es decir que únicamente un 15% de los consejeros está en regla, el resto actúa sin ninguna legitimidad. Para febrero 2026 esto se modificó y se contabilizan 27 consejeros que permanecen con los cargos vencidos, dos en vacancia (una la del estudiante de farmacia, desde que expulsaron a Camilo García; segundo el de profesor de Veterinaria, Marco Antonio de la Rosa a quien no permiten ingresar desde el caso Toma USAC Botín Político).
Se han presentado varios recursos legales en los tribunales de justicia y en la Corte de Constitucionalidad (CC), uno de los cuales resolvió el 21 de mayo de 2025, la convocatoria a elecciones con el fin de renovar dicho Consejo. La orden de la “Corte Celestial” se cumplió a medias: se convocaron votaciones para elegir a nuevos representantes, y así ocupar la silla de sus antecesores con periodo concluido, pero concluido el proceso no se avanzó al siguiente paso. De forma malintencionada quienes fueron electos como nuevos representantes ante el CSU, no se les permite tomar posesión del cargo. Una táctica que Mazariegos y el departamento jurídico han perfeccionado en estos cuatro años.
Consejeros leales y los consejeros en oposición
La mayoría de consejeros del Consejo Superior Universitario (CSU) ocupan una silla que ya no les corresponde. A Walter Mazariegos, “rector” de facto de la USAC le conviene mantener este retraso en renovar este espacio con los consejeros nuevos. Los leales aplastan por mayoría a los opositores, pero ambos son ilegítimos y así designarán el lunes a los próximos magistrados o magistradas de la CC.
Los más cercanos al fraude en la elección de 2022 continúan en el CSU, o fueron designados a las direcciones de facultades o escuelas no facultativas en las que Mazariegos decidió intervenir para colocar a sus autoridades. Cómo ocurrió con Berner García quien a pesar de no tener legitimidad en el cargo fue nombrado por el CSU como director interventor de la Escuela de Ciencias Psicológicas en el Centro Universitario Metropolitano CUM.







El absurdo de la magistrada
Jorge Arellano, del Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI-GT), reiteró que en efecto, el actual CSU es ilegítimo. “Es inquietante lo que sucede”, explicó en el PodCast de Prensa Comunitaria. “Redacción Abierta”, el pasado 11 de febrero. “Es un órgano ilegítimo al contar con la mayoría de representantes con los cargos vencidos. Es como si el presidente de la república siguiera en el ejercicio después de terminar su periodo”, afirmó.
También le resultó inquietante que se convocara a elecciones para nuevos representantes, se efectuaran las votaciones y que se eligiera a nuevas personas y que estás todavía no ocupen el cargo. “El CSU en nuestra opinión, tiene una composición irregular y sus decisiones son ilegítimas. Es ilegítima la convocatoria para designar magistrados de la CC y son ilegítimas cualquier regulación o decisiones futuras”, advirtió.
Recordó además que fue la “Corte Celestial”, la que ordenó que se renovara el CSU con nuevos representantes, y que se incumplió dicho fallo. Le pareció entonces también preocupante que la actual magistrada de la CC, Leyla Susana Lemus Arreaga busque la reelección al cargo por ese órgano, que ya una vez declaró ilegítimo, y el que sean sus representantes quienes revisen su expediente. “Se presenta para ser reelegida, la presidenta de la CC. La presidenta de ese tribunal es la misma que ha dicho que el CSU está mal conformado, que hay que hacer elecciones, que deben entrar las personas electas y que deben irse las que ejercen funciones de manera ilegítima e ilegal”, indicó.
“Es un conflicto de intereses evidente porque no se hace cumplir lo resuelto por la CC, que dice que saquen a quienes se le venció el periodo y que ingresen los electos. Además hay un tema ético brutal. Por un lado declara ilegítimo el CSU, pero se presenta a esa instancia para ser elegida para un nuevo periodo”, agregó.
El 12 de febrero, representantes de la Convergencia por los Derechos Humanos presentaron un recurso de amparo en la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo con el propósito de frenar la convocatoria de secretario general del USAC Cordón Lucero que busca que el CSU designe a los magistrados (titular y suplente) ante la CC, el próximo 16 de febrero, dado que dicho Consejo “es ilegítimo”, ya que 27 de sus integrantes mantienen una silla en el CSU, pese a que venció su periodo y 2 más permanecen en vacancia.
Con la última palabra
Al parecer, la estrategia de Mazariegos de ocupar la Rectoría de la USAC, a fuerza de un fraude, le ha dado poder político y aliados que amparados en la impunidad buscan mantener cuotas de poder en los más importantes organismos del Estado. ¿Quién explica los motivos de la magistrada Lemus Arrega para traicionar su propia resolución?, ¿Si fue la CC, que ahora integra, la que declaró ilegítimo el CSU de la USAC por qué buscar allí respaldo? Todo apunta a que en estos Juegos del Caos se apuesta por la soberbia, pretender que se tiene la última palabra.
De manera poco sorpresiva, María Consuelo Porras Argueta, actual fiscal general del Ministerio Público llegó al Campus Central en la zona 12 capitalina para dejar su expediente en duplicado. Porras pretende participar en la elección del CSU ilegítimo como candidata a titular de la Corte de Constitucionalidad y de perder dicha elección, tienen su ticket para participar en la elección del suplente ante la CC por la universidad.
Diversos sectores sociales, de justicia, DDHH, organismos y organizaciones internacionales coinciden que Porras busca tener inmunidad previo a dejar el cargo de fiscal, esto para evadir cualquier accion que busque llevarla ante la justicia.
Ambas candidatos fueron sancionadas por el Departamento de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos, aunque Porras acumula 59 sanciones más que Lemus, pues en 60 países tienen prohibición de ingresar.
La circular de la USAC
En el acta 04-2026, que trascendió hoy, se recordó que el próximo lunes, los integrantes del CSJ deben presentarse a las 9 horas en el salón Quiroa del Hotel Museo Casa Santo Domingo, ubicado en La Antigua Guatemala, con el propósito de elegir a los dos magistrados (titular y suplente) que representarán a la USAC en la CC, un acto que pretenden realizar a puerta cerrada.
Este punto se estableció en el acta 02-2026 de la sesión ordinaria del CSU, el pasado 26 de enero. “Si no hubiere quórum a la hora indicada se celebrará sesión ese día a las 9.30 horas; si tampoco hubiese quórum, desde ya, quedan convocados para la sesión que se celebrará en esa misma fecha, con el quórum de ley, en el lugar indicado”.
En otras ocasiones el CSU se ha reunido en Santo Domingo del Cerro, también propiedad del empresario Jorge Castañeda Cofiño. El próximo lunes, los 41 integrantes del CSU” con (Mazariegos incluido de facto) votarán 39 consejeros por los 14 aspirantes que entregaron sus expedientes y su intención de cargo, el pasado 5 y 6 de febrero en la Secretaría General de la USAC, en un horario de las 8 horas a las 15 horas.
Optaron al cargo de los magistrados suplentes: Alejandro José Gutiérrez Dávila y Luis Ernesto Cáceres Rodríguez; al de magistrado titular y suplente: Walter Paulino Jiménez Texaj, Héctor Ovidio Pérez Caal, Elfego René Jérez Chacón, María Consuelo Porras Argueta de Porras (actual Fiscal General), Jorge Mario Godoy Montoya, Héctor Ricardo Echeverría Méndez, Julia Marisol Rivera Aguilar, María de los Ángeles Araujo, Guillermo Demetrio España Mérida, José Luis Aguirre Pumay, Erwin Rolando Rueda Masaya.
En tanto, Leyla Susana Lemus Arreaga, busca la reelección por la USAC como magistrada titular de la CC.
De los costos por persona en el hotel tomando la información pública el costo es USD 33.00 por persona para eventos y USD 480.00 por personas la habitación sencilla en Casa Santo Domingo. Para cada sesión del CSU pueden participar un aproximado de 60 personas (39 consejeros incluyendo a Mazariegos), luego habría que contar con el equipo de la secretaría de la universidad, seguridad, comunicación, choferes y otro tipo de personal de staff. La elección de la magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad por la universidad podría llegar a tener un costo de USD 16,000.00 unos Q123,200.00.
Descargué aquí el informe de la Fundación Mack.




