La resolución de la Corte Suprema de Justicia anuló la decisión del Tribunal Supremo Electoral de remover a Francisco Coché como alcalde de Santiago Atitlán. El pueblo Tz’utujil lo señaló de actos de corrupción en su gestión y fue uno de los motivos detonantes para pedir su remoción.
Por Alexander Valdéz*
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió suspender la destitución de Francisco Coché como alcalde de Santiago Atitlán, Sololá, otorgándole un amparo provisional. Esta medida deja en suspenso la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en octubre del año pasado, a petición de las autoridades ancestrales del lugar, que lo señalaron de corrupción.
La decisión fue adoptada por el pleno de magistrados, quienes consideraron que existían elementos para otorgar la protección constitucional.
Coché había sido removido de su cargo por el TSE tras una solicitud de las autoridades ancestrales del municipio y pobladores que las respaldaron, quienes lo acusaron de actos de corrupción durante su gestión. La destitución generó tensiones dentro de la comunidad, quienes salieron a las calles a manifestar contra esa administración. Por ahora, la suspensión del fallo permite que Coché pueda retomar sus funciones.
“Se traen a la vista los antecedentes e informe circunstanciado. III) Se decreta el amparo provisional en virtud de que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, en consecuencia se deja en suspenso la resolución número 24-2025 de fecha 24 de octubre de dos mil 2025, dictada por la autoridad denunciada en el expediente número 3033-2025; por lo que se ordena esa autoridad remitir el expediente original dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de notificada la presente resolución”, indica el fallo.
En respuesta a la decisión de la CSJ el pueblo Tz’utujil se reunió este miércoles para manifestar su descontento frente a la sede del Ministerio Público. “Es una burla de la Corte Suprema de Justicia en contra de la voluntad del pueblo Tz’utujil de Santiago Atitlán”, expresó el escribano del Cabecera del Pueblo Tz’utujil, Diego Petzey.
Las autoridades ancestrales de Santiago Atitlán también exigieron a la Policía Nacional Civil (PNC) que se informe sobre órdenes de captura ya que se conoce que el MP ha declarado casos bajo reserva y se teme que haya criminalización como sucedió con otros dirigentes indígenas.
El alcalde electo en 2023 y destituido por la población en 2025, Francisco Coché, llegó al Congreso de la República en donde ofreció declaraciones señalando que hubo manipulación del Concejo Municipal para que fuera removido. “Un grupo de personas no me dejaron entrar en la Municipalidad y obligaron al Concejo Municipal para que me desconociera y no existe ninguna ley por eso existe la autonomía municipal. Todas las acciones que ocurrieron en Santiago Atitlán fueron ilegales. Es un hecho que estoy de regreso y es una victoria”, dijo tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gabriel Aguilera, dijo que acatarán la resolución y dejarán sin efecto la resolución que avala la destitución. “Hemos sido notificados del amparo provisional en contra de la resolución del TSE en 2025 y deja en suspenso los corrimientos en aquel entonces. Finalmente, los cargos quedarán como fueron notificados en 2023”, explicó Aguilera.
Incertidumbre edil
El año pasado, los magistrados del TSE, autoridades ancestrales de Santiago Atitlán, Sololá e integrantes de la corporación municipal establecieron un proceso para declarar vacante el cargo de alcalde de ese municipio, que ocupaba Coché Pablo, quien no se había presentado a la sede municipal desde el 16 de septiembre 2025.
Los integrantes del Concejo Municipal de Santiago Atitlán, Sololá; Juan Mendoza Damián el Cabecera del Pueblo y el resto de la Autoridad Ancestral maya Tz’utujil; Blanca Alfaro, la magistrada presidenta en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los magistrados suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín y Noé Ventura Loyo se reunieron ese 10 de octubre en la sede central.
Según el acta, se plantearon tres acuerdos entre la Autoridad Ancestral y el Concejo Municipal. El primer acuerdo: que el Concejo se comprometió a localizar, por todos los medios disponibles, a Francisco Coché Pablo para notificarle la declaratoria de vacante al cargo de alcalde municipal, esto según el acuerdo municipal 10-2025 del 8 de octubre, firmado por cuatro concejales y dos síndicos.
El segundo: que en caso de no ser localizado el alcalde, el Concejo Municipal sesionará del lunes 13 al viernes 17 de octubre, citando a Coché a todas las sesiones. “Al no comparecer, certificar en la quinta sesión la ausencia del señor Francisco Coché Pablo y trasladar el expediente de ley al Tribunal Supremo Electoral para que en derecho corresponda”, señaló Vásquez Pérez ante los pobladores de Santiago Atitlán que llegaron a la sede del TSE de la capital.
El 8 de octubre pasado, frente a la población Tz’utujil y autoridades ancestrales, cuatro concejales y un síndico firmaron un acta en la que desconocieron a Coché como alcalde municipal. “En uso de las facultades que le confieren los artículos 253 y 254 de la Constitución, artículo 3, 9, 33 y 35, inciso A, B y D, el Concejo Municipal por mayoría de votos declara desconocer al alcalde municipal y declara vacante el puesto, con base en el artículo 45 del Código Municipal en su inciso B y último párrafo.
Se ordena dar debido seguimiento ante el TSE y cambio de firmas de cuentas bancarias a nombre de la municipalidad. La persona que asumirá el puesto será de acuerdo al Código Municipal, el concejal municipal primero”, según la lectura que hizo la secretaria Candelaria Soquel, la encargada de leer el documento ante la población el 8 de septiembre.
El viernes 24 de octubre, el TSE avaló los corrimientos de los puestos en el concejo municipal y acreditó a Andrés Ajuchán como alcalde del municipio.
Coché Pablo llegó al despacho municipal por el partido Cabal. En el primer año de su gestión emitió licencias de circulación de mototaxis conocidos como Tuc Tuc en la cabecera municipal cobrando montos excesivos a los propietarios.
“El descontento es que el alcalde municipal -Francisco Coché- emitió 244 líneas de mototaxis y cobró un promedio de Q50 mil a Q80 mil por cada licencia. De esa razón, el pueblo tuvo descontento por tantos accidentes que empezó allá en el pueblo y por eso la autoridad ancestral empezaron un levantamiento para derogar todas las líneas”, expresó Geovany Geremías Santiago Ajcot, poblador que protestaba afuera del TSE.
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*Con información de Lucero Sapalú
