La defensa de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades indígenas, denunció que la Sala Cuarta de Apelaciones agregó el delito de asociación ilícita tras una apelación del MP. Originalmente solo eran acusados de terrorismo y obstrucción; el caso se enmarca en la criminalización de las protestas de 2023. Los abogados impugnaron el fallo.
Por Alexander Valdéz
El equipo legal que defiende a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, denunció que la Sala Cuarta de Apelaciones resolvió agregar el delito de asociación ilícita a sus defendidos, luego de una apelación del Ministerio Público (MP), bajo la dirección de Consuelo Porras.
Pacheco y Chaclán habían sido vinculados a proceso penal únicamente por dos de los cinco delitos solicitados por la fiscalía: terrorismo y obstrucción a la acción penal, dentro del caso en el que se criminalizan las manifestaciones pacíficas de octubre de 2023, tras los resultados electorales.
Los abogados señalaron que la Fiscalía contra el Crimen Organizado, a cargo del caso, apeló la resolución de la jueza Carol Patricia Flores. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones acogió la apelación y agregó otro delito en contra de los acusados.
Ante este fallo, la defensa de Pacheco y Chaclán presentó un amparo para revertir la decisión, ya que este mes debe presentarse el acto conclusivo en su contra. Al haberse incorporado otro tipo penal se extendería el plazo de investigación y, posiblemente, la prisión preventiva.
“Oportunamente sólo fueron ligados por dos delitos, pero el MP presentó apelación para que se les ligara por otro tipo penal y por esa razón estamos ante la CSJ interponiendo una acción de amparo por estar en desacuerdo por la forma en la que se resolvió por la Sala Cuarta de apelaciones (que agregó asociación ilícita)”, indicó la abogada Jovita Tzul.
De esa cuenta, el expediente pasa a la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde se decidirá si se mantiene o revoca lo resuelto por la sala.
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Criminalización
En abril, bajo el amparo de la reserva legal, las autoridades investigadoras confirmaron la emisión de cinco órdenes de captura, de las cuales solo se ejecutaron dos: las de Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán y actual viceministro de Desarrollo Sostenible de Energía y Minas, y Héctor Chaclán, también miembro de esa organización comunal. Además, se informó que se busca retirar la inmunidad al gobernador de Sololá, Edgar Tuy, quien fue una de las figuras indígenas más visibles durante el Paro Nacional de 2023.
Pacheco y Chaclán fueron acusados formalmente de sedición, asociación ilícita, terrorismo, obstrucción a la acción penal y obstrucción de justicia. Según Kleyber Sical, portavoz del Ministerio Público (MP), existen “medios de investigación que llevan a la fiscalía a considerarlos responsables”. Sical insistió en que “no se está criminalizando a ningún grupo específico ni al derecho a la libre expresión”.
Las protestas iniciaron el 2 de octubre de 2023, cuando autoridades indígenas en representación de sus comunidades declararon un “Paro Nacional Indefinido”. Las movilizaciones incluyeron cierres de carreteras y de comercios en todo el país, en rechazo a la continuidad en sus cargos de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, a quienes acusaron de “atentar contra la democracia, la autonomía de los pueblos y el orden constitucional” mediante acciones arbitrarias.
Este movimiento se consolidó como un ejemplo emblemático de la capacidad de organización y resistencia de los pueblos originarios de Guatemala. Las comunidades se articularon desde sus bases, formando delegaciones que se dirigieron a la sede central del Ministerio Público para exigir la renuncia de Porras y denunciar lo que consideraban un “golpe de Estado en curso”.
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