Responsabilizan a funcionarios y empresas extractivas de promover la criminalización para paralizar la defensa de sus territorios por lo que demandan investigaciones y sanciones.
Por Simón Antonio Ramón
El Consejo del Pueblo Maya (CPO) denunció el uso sistemático del aparato de justicia en Guatemala para intimidar, criminalizar y perseguir penalmente a autoridades indígenas y dirigentes comunitarios que defienden los derechos colectivos de las comunidades.
En una rueda de prensa realizada este martes en la ciudad de Quetzaltenango quienes integran el CPO pidieron el cese de la criminalización contra autoridades indígenas y dirigentes comunitarios que están siendo perseguidos y encarcelados.
“Rechazamos rotundamente toda forma de criminalización, persecución penal e intimidación en nuestra contra y exigimos la libertad inmediata de líderes y lideresas indígenas injustamente procesados o encarcelados”, dijo Margarita Díaz, Maya Popti’, integrante del CPO.
“El sistema de justicia, en lugar de garantizar derechos, se ha convertido en un instrumento de persecución al servicio de intereses económicos y políticos contrarios a la vida de nuestros pueblos”, denunció Díaz.
Uno de los puntos que resaltaron es que las autoridades y liderazgos indígenas son representantes legítimos de sus pueblos, nombrados para cuidar los derechos de las comunidades.
Ante estas acciones en su contra demandaron el respeto al derecho de organización y libre determinación de los pueblos indígenas y el cese de la instrumentalización del sistema de justicia como mecanismo de represión.
Consejo del Pueblo Maya pide la libertad de líderes indígenas encarcelados📢
El Consejo del Pueblo Maya pide el cese de la criminalización contra autoridades indígenas y dirigentes comunitarios y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. 🧵
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 24, 2025
Vidal Chávez, alcalde indígena de Chajul, Quiché, señaló que la persecución y la criminalización es el resultado de un acuerdo entre el Estado de Guatemala con las empresas extractivas para intimidar, criminalizar y perseguir las luchas de las comunidades.
“Responde a un patrón estructural que busca silenciar nuestras voces que se oponen a los megaproyectos extractivos y nuestros bienes comunes”, señaló.
Para el CPO es necesaria la investigación y sanción a funcionarios y actores que promueven la criminalización de defensores de derechos con la finalidad de parar estas acciones que violentan el acceso a la justicia y la libre determinación.
La criminalización de dirigentes indígenas en Guatemala
El 23 de abril se detuvo en Guatemala a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, integrantes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023, quienes fueron ligados a proceso por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal, pero el 10 de junio de este año la Sala Cuarta de Apelaciones agregó el delito de asociación ilícita al aceptar una apelación del MP.
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Tanto Pacheco como Chaclán fueron parte del paro nacional indefinido en 2023 en defensa de la democracia ante los intentos del Ministerio Público (MP) de anular los resultados de las elecciones de 2023. Esta movilización se inició el 2 de octubre y finalizó el día de la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, el 15 de enero de 2024 por la madrugada.
El patrón de la criminalización
En la visita oficial en mayo de la Relatora Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados, Margarite Satterthwaite, en su informe preliminar señaló que los pueblos indígenas en Guatemala son perseguidos por defender del despojo sus tierras ancestrales.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó en su informe publicado este año que continúan dos hechos alarmantes en el país: la criminalización y la falta de independencia judicial, entre ellos de referentes indígenas.
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