El deterioro institucional, el cierre de espacios democráticos y la ausencia de garantías judiciales, son algunas de las causas del exilio forzado en Centroamérica, denunciaron operadores de justicia y periodistas en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su periodo de sesiones en Washington.
Por Simón Antonio Ramón
Los patrones de violencia que obligan a las personas a buscar en otros países su seguridad siguen vigentes en Centroamérica, así lo denunciaron los exiliados y representantes de derechos humanos durante la audiencia pública regional acerca de la situación de exilio forzado en Centroamérica en el 196 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La abogada Flor de María Gálvez Álvarez, exinvestigadora de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), señala que el exilio se convirtió en una estrategia de sobrevivencia desde 2018 cuando se inició una persecución en contra de operadores de justicia en el país. “Abandonar el país no es una decisión libre ni una oportunidad de migración, es una estrategia de supervivencia frente a los riesgos reales para la libertad, la integridad, en algunos caso la vida”, denunció en la audiencia pública.
El abogado David Gaitán, manifestó que los efectos del exilio abarcan muchos aspectos en su proyecto de vida. “Pérdida de ingreso y patrimonio, obstáculos profesionales y enormes dificultades para reconstruir la vida, los embargos y otras medidas patrimoniales, agravan la situación y se extiende sus efectos en las familias”, dijo.
Además, señaló que los efectos también afectan el acceso a la justicia de las víctimas y el retroceso en la independencia judicial. “También existe un daño colectivo, la salida de fiscales, jueces, abogados, abogadas, periodistas, académicos y personas defensores, debilita las capacidades del país, la investigaciones se paralizan, se reduce el acceso de las víctimas a la justicia y quienes permanecen modifican su acción para evitar represalias”, denunció el también ex investigador de la CICIG David Gaitán.
El exilio un síntoma del autoritarismo en la región
Gabriela Mundo quien intervino en representación de la Fundación para el Debido Proceso señaló que los patrones del exilio en la región se evidencian en El Salvador y Honduras como consecuencia del deterioro de las garantías democráticas, la instrumentalización de las instituciones y el cierre del espacio cívico. “Es una medida extrema de autoprotección frente a amenazas, vigilancia, criminalización, pérdida de garantías judiciales y riesgos reales para la libertad, la integridad y en algunos casos la vida”, informó en la audiencia a la CIDH.
Señaló que en El Salvador se han alterado los contrapesos institucionales, la extensión del régimen de excepción desde 2022, debilitamiento del debido proceso, restricciones masivas y ampliación de plazas procesales y prolongación de la detención provisional; restricciones legales y administrativas como la Ley de Agentes Extranjeros que dificultan el funcionamiento de las organizaciones sociales y sus fuentes de financiamientos.
“El mensaje es claro: cuestionar decisiones públicas, documentar abusos o acompañar a víctimas puede generar represalias. Investigaciones recientes han identificado a 245 personas críticas del gobierno que sufrieron persecución judicial, hostigamiento y otras represalias entre 2019 y 2025, así mismo, más de 130 periodistas y personas defensoras han sido forzadas al exilio”, aseguró.
En el caso de Honduras, Gabriela Mundo indicó que el exilio forzado se vincula al uso de mecanismos institucionales para remover autoridades judiciales y electorales, debilitar órganos de control y activar el sistema penal contra actores políticos. “En marzo de 2026 suspendió y posteriormente destituyó al fiscal general -Joel Zalaya- mediante juicio político, en ese mismo contexto la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) renunció tras una reestructuración del poder judicial y ante la amenaza de un proceso semejante”, dijo.
“Posteriormente el Congreso promovió juicios políticos contra integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, luego de un proceso electoral marcado por retrasos, controversias y cuestionamientos del escrutinio”, denunció la activista.
Y agregó: “El juicio político continúa utilizándose sin garantías constitucionales suficientes de competencia, defensa e imparcialidad, su empleo contra autoridades de justicia y electorales compromete los derechos políticos, la independencia institucional y la confianza en futuros procesos electorales”, aseguró.
En Nicaragua la presión lleva ocho años, Yubelka Mendoza informó que la crisis del país continúa profundizando y afecta a la población nicaragüense en donde se aplican patrones de violencia más allá de sus fronteras.
“La persecución transfronteriza o represión transnacional, la represión migratoria, el encarcelamiento selectivo y el aumento de casos de desaparición forzada, desde 2018 el régimen, ahora copresidencial en Nicaragua ha forzado al exilio a miles de nicaragüenses”, de acuerdo con el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
Desde abril de 2018 a diciembre de 2024, más de 830 mil nicaragüenses tuvieron que abandonar sus hogares lo que es aproximadamente el 13 por ciento de la población, la mayoría de estas personas se exiliaron en Costa Rica, sin embargo, otras miles se exiliaron en países como en Estados Unidos, España, Canadá y México entre otros.
“En el caso particular de periodistas, uno de los grupos más visiblemente afectados, más de 300 hemos sido obligados al exilio, según la organización de periodistas y comunicadores de Nicaragua, en la actualidad ningún medio opera en el país todos fueron forzados al exilio”, enfatizó Mendoza.
Citó en la audiencia de la CIDH un informe de un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en donde se documentó el establecimiento de una red de vigilancia por parte actores estatales y afiliadas al partido de gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Bélgica y España.
Solicitan retorno seguro
Juan Francisco Sandoval Alfaro, exjefe de la FECI en su intervención pidió a la CIDH priorizar el monitoreo del exilio forzado de forma diferenciada y transversal en la región en las diferentes actividades de la entidad interamericana. “Se reconozca el exilio forzado como una grave consecuencia del cierre del espacio cívico, de la erosión del estado de derecho y de la persecución contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, líderes sociales, actores políticos y otras personas que desempeñan funciones de interés público”, manifestó.
Señaló que las personas que han abandonado sus países, no pueden volver si las causas del exilio persisten, en donde los Estados deben garantizar la seguridad para ellas y sus familias. “El retorno de las personas exiliadas debe ser voluntario, seguro, digno y sostenible y que no puede reducirse a la posibilidad material de regresar al territorio nacional para ello, los estados deben eliminar las causas que provocaron o prolongan el exilio y establecer mecanismos integrales que incluyan, garantías efectivas de seguridad para las personas exiliadas y sus familias”, puntualizó.
