A Bernardo Arévalo le quedan catorce días para seleccionar a la persona que dirigirá la Superintendencia de Bancos. El mandatario podría reemplazar al actual jefe de la institución Saulo de León o bien darle su respaldo y renovarlo en el puesto por los próximos cuatro años.
Por Prensa Comunitaria
La fecha límite es el 30 de septiembre. Para ese día, el presidente Bernardo Arévalo habrá tomado la decisión sobre quién se encargará de la Superintendencia de Bancos (SIB) 2026-2030, un puesto clave en el sistema financiero guatemalteco.
Dicha institución es la responsable de supervisar las actividades de los bancos, instituciones de crédito, afianzadoras, aseguradoras, casas de cambios, grupos financieros y compañías almacenadoras.
Es, además, la que analiza posibles transacciones sospechosas (entre estas el lavado de dinero) por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la cual puede denunciar y trasladar la información al Ministerio Público.
Arévalo nombrará al dirigente de este órgano de una terna que le remitió la Junta Monetaria el 9 de septiembre pasado. Es una nómina depurada tras un proceso de evaluación en el que se postularon 21 profesionales.
Candidatos
Saulo de León Durán conoce estos procedimientos. Lidera la SIB y busca la reelección. En 2022 consiguió el cargo con el apoyo de Alejandro Giammattei —entonces gobernante—, quien lo designó por su “extensa, prolija e intachable hoja de vida laboral y profesional”.
Sin embargo, su nombramiento ha recibido cuestionamientos porque trabajó para Édgar Barquín, exsuperintendente que fue condenado por colaborar con una estructura criminal que lavó cientos de millones de quetzales.
Asimismo, La Hora publicó que el funcionario visitó doce veces la Casa Presidencial entre 2020 y 2022. En esa época, De León era el director de la IVE, aunque aseguró que su presencia era para hacer una “coordinación” con el Ejecutivo en diversos temas.
Es posible que Arévalo lo mantenga en el cargo, porque De León reportó algunas irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte la administración del partido Vamos e impulsó la nueva Ley Antilavado.
Esta nueva normativa entrará en vigencia mañana 17 de septiembre y la SIB asumirá su implementación. Es más, el próximo año el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica evaluará la efectividad del país para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
No obstante, el presidente también podría optar por darle el puesto a Juan Carlos Catalán Herrera, profesional que trabaja para el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de Guatemala.
Esa es la única credencial conocida de Catalán Herrera, quien está vinculado con Inversiones Tzampetey, una sociedad de la que apenas hay rastro, salvo que fue creada el año pasado, está ubicada en la zona 13 capitalina y se dedica al rubro del alojamiento.
La otra persona que compite por ser jefe de la SIB es Herberth Solórzano Somoza. Es el actual gerente Administrativo del Banco de Guatemala, en donde coordina —entre otras cosas— los planes de la organización y la gestión del talento humano y de los sistemas
De León, Catalán y Solórzano fueron propuestos para el cargo de superintendente por la Junta Monetaria, misma que apuntó que los tres poseen perfiles idóneos para administrar la supervisión del sistema financiero nacional.
Escándalos
Aunque la percepción reciente de la SIB ha sido de estabilidad, esta institución no ha estado exenta de controversias. Por ejemplo, Willy Waldemar Zapata Sagastume, exdirector de la entidad, está prófugo de la justicia.
A él se le vincula con la estafa del Banco del Comercio, por la cual se estima que alrededor de doce mil personas habrían perdido sus ahorros. La suma de dinero extraída de esa entidad financiera fue de aproximadamente Q1,850 millones.
Édgar Barquín, que ya tiene una condena en su historial, todavía tiene asuntos pendientes con la justicia. El Ministerio Público tiene una investigación abierta en su contra por la quiebra del Banco del Café.
El abogado de Barquín, incluso, declaró ante la FECI de Juan Francisco Sandoval que pagaron sobornos para conseguir información del despacho de Consuelo Porras y lograr que el caso fuera enviado a la Fiscalía de Delitos Transnacionales.
Transacciones sospechosas
La SIB reportó que, entre el 1 de enero y el 31 de agosto del presente ciclo, ha identificado 4,276 operaciones sospechosas. Las transacciones irregulares suman Q10,265 millones. En estas actividades, ya denunciadas al Ministerio Público, estarían involucradas 1,621 personas.
