El periodismo en Guatemala enfrenta una crisis sin precedentes en 2025, marcada por desapariciones, asesinatos, encarcelamientos y crecientes amenazas institucionales, junto con un aumento de acoso, difamación y ataques en redes sociales. A pesar de las promesas de proteger la libertad de prensa por parte del gobierno de Bernardo Arévalo, el entorno se ha vuelto cada vez más hostil para los periodistas.
Por Simón Antonio y Wellinton Osorio
En 2025, el periodismo en Guatemala enfrenta una de sus peores crisis en décadas, caracterizada por desapariciones, asesinatos, encarcelamientos y una creciente represión institucional, particularmente por parte del Ministerio Público (MP). La hostilidad hacia la prensa se ha intensificado en un contexto político inestable, donde las promesas del presidente Bernardo Arévalo de restaurar la democracia y proteger la libertad de expresión contrastan con una realidad de ataques sistemáticos y restricciones crecientes al trabajo periodístico.
Entre febrero y mayo de 2025, la desaparición del periodista Milton René Polanco Orellana en Jutiapa, el asesinato de Ismael Alonzo González en Quetzaltenango y el encarcelamiento prolongado de Jose Rubén Zamora, exdirector de elPeriódico, se han convertido en símbolos de esta violencia contra las y los periodistas.
Guatemala ocupa el puesto 138 de 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2025, publicada por Reporteros Sin Fronteras (RSF). Aunque el país mantiene la misma posición que en 2024, su puntuación general ha descendido de 42.28 a 40.32, reflejando un deterioro significativo en las condiciones materiales y estructurales para el ejercicio periodístico. Esta degradación se produce en un contexto político turbulento, donde los compromisos del gobierno de Arévalo hacia la libertad de expresión se ven socavados por la persistencia de amenazas, censura y violencia que afectan tanto a periodistas independientes como a grandes medios de comunicación.
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El asesinato de Ismael Alonzo González, de 27 años, ocurrido el 21 de marzo de 2025, es uno de los crímenes más impactantes de este año. González, fundador de Producciones Alonzo y colaborador de Despertar Occidental, fue asesinado frente a su vivienda en Quetzaltenango por individuos armados que le dispararon directamente en la cabeza. Según datos recopilados por RSF, González había recibido amenazas previas relacionadas con su cobertura de grupos criminales, y, aunque decidió no publicar algunos reportajes por temor a represalias, esto no fue suficiente para protegerlo. Hasta una semana después del crimen, las autoridades no habían confirmado públicamente el inicio de una investigación, lo que resalta un patrón de impunidad alarmante. RSF condenó el asesinato, exigió justicia y reiteró la necesidad urgente de implementar una política efectiva de protección a periodistas.
La criminalización y persecución penal de periodistas se ha intensificado bajo la dirección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, que ha insistido en procesar a comunicadores críticos a través de procesos penales. Esta estrategia ha afectado a excolumnistas y periodistas del diario elPeriódico, así como a otros reporteros como Sonny Figueroa y Diego España. Además, las agresiones no se limitan al ámbito judicial, sino que se extienden a campañas de acoso digital orquestadas por netcenters que, en muchos casos, se enfocan de manera desproporcionada en periodistas jóvenes y mujeres, exacerbando los riesgos que enfrentan en su labor diaria.
Los medios comunitarios independientes, como Prensa Comunitaria y el medio feminista Ruda, han sido blancos recurrentes de campañas de hostigamiento y criminalización. Nelton Rivera, cofundador de Prensa Comunitaria, ha enfrentado amenazas, difamación y posibles intentos de criminalización, mientras que periodistas como Quimy De León, Marvin del Cid y Sonny Figueroa también han sido objeto de agresiones recientes. Organizaciones como la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) y el Observatorio de los Periodistas de Guatemala han denunciado un patrón sistemático de intimidación, advirtiendo que no se debe permitir que el poder corrupto y criminal destruya el periodismo independiente. Las muestras de solidaridad con estos periodistas se han multiplicado tanto a nivel nacional como internacional, reflejando la gravedad de la crisis que enfrenta el periodismo en Guatemala.
En respuesta a estas denuncias, el 21 de abril del 2025, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, rechazó públicamente los actos de violencia que han sufrido Quimy De León y Nelton Rivera de Prensa Comunitaria, así como Marvin del Cid y Sonny Figueroa de Vox Populi. “Quimy ha sido objeto de una campaña de desinformación; Nelton, por su parte, ha sido difamado a través de cuentas de netcenter, lo cual se ha intensificado en los últimos días y ha recibido amenazas a su integridad física, mientras que Marvin y Sonny fueron agredidos a plena luz del día por miembros del Sindicato de Educación cuando cubrían la protesta del pasado 10 de abril”, señaló Palomo durante la conferencia de prensa semanal en el Palacio Nacional, conocida como La Ronda. Además, Palomo aseguró que el gobierno de Bernardo Arévalo respalda el ejercicio periodístico, afirmando que se está culminando el proceso para implementar una política de protección a periodistas que cumpla con los estándares internacionales.
Al mismo tiempo, diversas organizaciones de derechos humanos, asociaciones de periodistas y relatorías de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han emitido llamados urgentes para que las autoridades guatemaltecas investiguen los ataques contra periodistas y lleven a los responsables ante los tribunales de justicia. El apoyo a los periodistas guatemaltecos se ha multiplicado desde los territorios y organismos internacionales. Grupos como la Asamblea de Pueblos y Organizaciones Indígenas (APOI), las Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew, la Articulación Chimaltenango, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Amnistía Internacional, Robert F. Kennedy Human Rights, Front Line Defenders, WOLA, CEJIL, Article 19 y otros colectivos han condenado públicamente los ataques, exigiendo garantías para el libre ejercicio del periodismo. Estas voces han reiterado que, sin una acción contundente del Estado, la libertad de prensa en Guatemala seguirá en riesgo, junto con el derecho de las comunidades a estar informadas.
Identificar los orígenes
Una misión de observación de las organizaciones Artículo 19 de México y Centroamérica, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, Committee to Protect Journalists (CPJ) de Estados Unidos, Fundamedios, Protection International Mesoamérica y Reporteros Sin Fronteras de Francia, que realizaron en Guatemala entre octubre de 2024 y enero de 2025, identificó diversas vulnerabilidades para periodistas comunitarios, especialmente en contextos relacionados con la cobertura de derechos humanos, medioambiente, corrupción y narcotráfico. Este monitoreo se llevó a cabo en departamentos como Alta Verapaz, Chiquimula, Guatemala, Izabal, Petén, Quiché, Sacatepéquez, Sololá y Totonicapán, y estuvo enfocado en documentar las condiciones del ejercicio periodístico un año después de la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.
El informe preliminar resalta que los periodistas comunitarios enfrentan una serie de agresiones que incluyen criminalización, amenazas, campañas de desprestigio, censura y actos de intimidación, principalmente por parte de autoridades locales y municipales. Además, las coberturas sobre temas relacionados con derechos humanos, conflictos territoriales, corrupción y narcotráfico representan los mayores riesgos para estos periodistas, quienes a menudo son las primeras voces en denunciar abusos en sus comunidades. Las agresiones se agravan cuando el trabajo periodístico se intercepta con identidades indígenas, de género o de clase, creando una situación de vulnerabilidad múltiple que no solo afecta a los periodistas, sino también a sus redes de apoyo y familiares.
En este sentido, el informe señala que las mujeres periodistas comunitarias enfrentan una violencia diferenciada, marcada por agresiones específicas debido a su género y su identidad indígena. Estas periodistas son frecuentemente atacadas a través de campañas de desprestigio que buscan desacreditarlas en sus comunidades, obligándolas en muchos casos a optar por la autocensura o a limitar sus coberturas a temas culturales para evitar represalias.
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Además, el informe documenta cómo los medios comunitarios, que suelen ser los únicos en reportar conflictos relacionados con la tierra y el territorio, enfrentan un alto grado de riesgo al exponer violaciones de derechos humanos a nivel local. En muchos casos, estos periodistas son atacados no solo por autoridades locales, sino también por actores privados, como empresas extractivas que operan sin consulta previa, fragmentando el tejido social de las comunidades afectadas.
Por otro lado, el monitoreo sobre libertad de prensa que realizan Prensa Comunitaria y Ruda registró que entre enero y marzo de 2025 se documentaron al menos 21 actos de violencia contra el ejercicio periodístico en Guatemala. Aunque la mayoría de estos incidentes se concentraron en el departamento de Guatemala, los territorios también presentan altos niveles de agresión que vulneran tanto la seguridad como la vida de las y los periodistas. Esta situación es especialmente crítica en contextos donde los medios comunitarios son una de las pocas fuentes independientes de información para las comunidades indígenas, que enfrentan además discriminación estructural y barreras para acceder a justicia y protección estatal.
Escalada de represión y criminalización contra periodistas en 2025
El 8 de enero de 2025, la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una acción de amparo promovida por organizaciones periodísticas y de derechos humanos en contra de la investigación autorizada por el juez Jimi Bremer contra varios periodistas y columnistas de elPeriódico, incluyendo a Edgar Gutiérrez, Gerson Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquín Godoy, Cristian Velix, Alexander Valdéz, Rony Ríos y Denis Aguilar. Las organizaciones argumentaron que estos procesos deberían regirse por la Ley de Emisión del Pensamiento, que garantiza el derecho a un debido proceso en tribunales especializados, y no por la vía penal impulsada por la FECI. Aunque el Juzgado Quinto del Ramo Penal había ordenado que el caso se conociera en un Tribunal de Imprenta, la FECI que dirige Rafael Curruchiche apeló esta resolución, y la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal rechazó dicha apelación, intensificando así el proceso de criminalización contra los periodistas.
Entre el 4 y 7 de febrero de 2025, se elaboró un listado de periodistas y medios de comunicación que supuestamente formaban parte de un plan para desestabilizar el país con financiamiento de USAID. Este listado, elaborado para una publicación de la Universidad Francisco Marroquín, fue rápidamente aprovechado por cuentas de netcenter para lanzar campañas de desprestigio y estigmatización en redes sociales. Las campañas, amplificadas por funcionarios públicos, buscaron asociar a los periodistas con agendas desestabilizadoras, exponiéndolos a mayores riesgos de violencia y criminalización. Esta narrativa fue reforzada el 14 de febrero cuando el fiscal Curruchiche advirtió públicamente que habría “sorpresas” para los medios y periodistas mencionados en el listado, intensificando el clima de intimidación y censura. Esta amenaza refleja un patrón más amplio de ataques contra la prensa, como documenta el “Análisis Trimestral sobre el Estado de la Libertad de Expresión en Centroamérica y el Caribe (enero-marzo 2025)” de Article 19.
El 7 de febrero de 2025, se reportó la desaparición del periodista Milton René Polanco Orellana en su vivienda en la colonia Santa Bárbara, Jutiapa. Polanco, presidente de la Asociación de Periodistas de Jutiapa, tenía 37 años de trayectoria en el periodismo y trabajaba en Noticias RDS de la radio La Peligrosa. A pesar de los allanamientos realizados por el Ministerio Público el 10 de febrero, más de 50 días después, su paradero sigue siendo desconocido, generando profunda preocupación entre colegas y defensores de derechos humanos. Esta desaparición se enmarca en un contexto de creciente violencia contra periodistas en Guatemala, donde, según el informe de Article 19, los ataques y asesinatos a periodistas comunitarios son parte de un clima de represión generalizada que afecta a los medios independientes y comunitarios que denuncian corrupción y violaciones a derechos humanos.
El 8 de febrero de 2025, el abogado Dennis Billy Herrera Arita denunció a los medios de comunicación La Hora y Prensa Comunitaria, alegando que habían mentido en sus publicaciones al reportar que se encontraba en estado de embriaguez durante el conteo de votos para la elección de la Junta Directiva, Tribunal de Honor y Consejo Asesor de Inversiones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Sin embargo, los medios que cubrieron el evento documentaron que Herrera Arita efectivamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, situación que él negó en su denuncia. Este tipo de acusaciones se suman a las estrategias para desacreditar y censurar a los periodistas que documentan irregularidades en procesos institucionales.
El 8 de marzo de 2025, La Hora publicó que el Ministerio Público había elaborado un informe que incluyó publicaciones de medios como La Hora, Prensa Libre, Plaza Pública, No-Ficción, Prensa Comunitaria, eP Investiga, Soy502, Publinews, Con Criterio y Ruda, relacionadas con el caso de la abogada Claudia González, exfuncionaria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En este caso, la denunciante es la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling. El informe, firmado por la fiscal Brenda Guzmán, mencionaba que se había sentido intimidada y amenazada de muerte por las coberturas periodísticas del caso, aunque a la fecha no se ha permitido el acceso de periodistas a las audiencias, a pesar de existir una resolución que garantiza la máxima publicidad del proceso.
El 10 de marzo de 2025, el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín fue enviado nuevamente a prisión preventiva por orden de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal. Hasta la fecha, está pendiente la resolución de un amparo presentado por su defensa ante la Cámara de Amparo y Antejuicio, que podría definir su situación legal en los próximos meses. Organizaciones como Article 19 han denunciado que su encarcelamiento es parte de un esfuerzo por silenciar voces críticas y frenar el periodismo independiente, citando su caso como un ejemplo claro de uso indebido de la prisión preventiva para intimidar a periodistas.
Las municipalidades también se han convertido en focos de represión contra el ejercicio periodístico en 2025. Un ejemplo es el caso del alcalde de San Pedro Ayampuc, Nelvi Elidi Quiñónez Morales, quien presentó una denuncia contra el periodista Omar Sandoval de la página de Facebook “El Sol de San Pedro” por contenido difundido en redes sociales relacionado a su gestión al frente de la municipalidad. En otro caso, el secretario municipal de El Estor, Izabal, Notrato Caal, acusó públicamente al periodista Juan Bautista Xol de generar desinformación y crear confrontación entre los vecinos del municipio, argumentando que sus publicaciones ponían en mal a la administración local. Estos incidentes reflejan la creciente tendencia a utilizar estructuras locales de poder para reprimir a periodistas y limitar el acceso a información crítica, en un contexto donde la censura y el control informativo son cada vez más frecuentes, como lo detalla el informe trimestral de Article 19.
Finalmente, el 21 de marzo de 2025, fue asesinado el periodista Ismael Alonzo González en el caserío Santa Fe, del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. González, miembro de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Sur Occidente (APCSO) y colaborador del radioperiódico “Despertar Occidental” hasta diciembre de 2024, fue señalado públicamente, intensificando los riesgos que enfrenta en su labor periodística. Según el “Análisis Trimestral sobre el Estado de la Libertad de Expresión en Centroamérica y el Caribe (enero-marzo 2025)” de Article 19, los periodistas que documentan conflictos territoriales y violaciones de derechos humanos en Guatemala enfrentan un nivel de riesgo particularmente alto, al ser atacados tanto por autoridades locales como por actores económicos poderosos que buscan silenciar su trabajo.
Entre enero y abril de 2025, Prensa Comunitaria y Ruda han registrado un aumento significativo en las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en Guatemala. El monitoreo revela un patrón sostenido de ataques que incluye campañas de difamación, restricciones de cobertura y procesos de criminalización, con un total de 40 incidentes documentados a nivel nacional. Estos datos reflejan un clima creciente de hostilidad hacia el ejercicio periodístico, marcado por intentos sistemáticos de silenciar voces críticas y restringir el acceso a la información en contextos sensibles.
Garantizar condiciones para el ejercicio periodístico y respuestas del Ejecutivo
El 29 de agosto de 2024, se creó la Instancia de Análisis de Ataques al Derecho de Personas, Organizaciones, Comunidades y Autoridades de Pueblos Originarios a Defender Derechos Humanos, mediante la publicación del Acuerdo Gubernativo 214-2025 en el Diario de Centroamérica. Esta instancia, coordinada por el Ministerio de Gobernación (MINGOB), tiene como objetivo analizar patrones de agresión para establecer una atención integral a defensores y periodistas.
La instancia había operado de forma intermitente desde 2007, pero dejó de funcionar durante el gobierno de Alejandro Giammattei, tras enfrentar desafíos previos durante la administración de Jimmy Morales. Según Claudia Samayoa, actual responsable de la instancia, “al inicio, esta estructura recogía información de la sociedad civil sobre incidentes y la contrastaba con los registros de la Policía Nacional Civil (PNC), permitiendo diferenciar entre robos comunes y allanamientos ilegales a oficinas”.
Sin embargo, actualmente el Ministerio Público no participa en esta instancia. Durante la gestión de Giammattei, el MP informó mediante una carta que había creado su propio mecanismo de análisis de patrones de agresión contra sindicalistas, desligándose así del espacio coordinado por el MINGOB.
A diferencia del Programa de Protección para Periodistas prometido por Bernardo Arévalo antes de asumir la Presidencia, la instancia no sustituye dicho programa. Sin embargo, se ha establecido una ruta de atención inicial que incluye una línea telefónica (1543) para denunciar agresiones, vigente desde 2016. “Si un periodista llama al 1543, se activa un protocolo que incluye la comunicación con la subestación policial local para verificar la situación y, si es necesario, activar una investigación inmediata a cargo de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) dentro de las primeras 24 a 48 horas”, explicó Samayoa.
En sus conclusiones, la Misión de Observación realizada por organizaciones internacionales instó al gobierno de Arévalo a implementar medidas concretas para proteger a periodistas y cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), que exige garantías para las radios comunitarias y el cese de la criminalización.
El mismo día, las relatorías de libertad de expresión de la CIDH y la ONU emitieron declaraciones sobre la prisión del periodista Jose Zamora y las amenazas recibidas por el juez Erick García. “Dicha situación podría constituir una violación al derecho a un juicio justo y comprometer la independencia judicial, principios fundamentales reconocidos en múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos”, señalaron en su comunicado.
Las organizaciones denunciaron que el encarcelamiento de Zamora representa una represalia directa por su trabajo periodístico y sus investigaciones sobre corrupción. “Los cargos presentados contra el señor Zamora, fundador y presidente del periódico guatemalteco elPeriódico, parecen ser una represalia por sus informes críticos sobre el gobierno”, añadieron.
A esta crisis se suma la ausencia de un programa nacional de protección para periodistas, así como la desconfianza en el MP, que ha desestimado múltiples denuncias. Además, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) no cuenta actualmente con un defensor específico para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, una figura que había sido establecida durante la gestión del exprocurador Jordán Rodas Andrade.
El jueves 8 de mayo se presentó el informe anual 2024 de la CIDH, en el que Guatemala dejó de estar incluida en el Capítulo IV.B, que agrupa a países con violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Esta exclusión se considera un avance importante, en gran parte gracias a la invitación del gobierno de Bernardo Arévalo para una visita in loco en julio de 2024, algo que no ocurría desde 2017. Las visitas in loco son inspecciones detalladas que realizan las relatorías de la CIDH para evaluar directamente la situación de derechos humanos en un país, incluyendo reuniones con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas. Este tipo de visitas son consideradas un mecanismo esencial para documentar violaciones y formular recomendaciones precisas para mejorar la protección de los derechos fundamentales.
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Sin embargo, a pesar de este avance diplomático, el informe de la CIDH sigue señalando desafíos críticos para Guatemala. Entre los principales problemas identificados se encuentra la instrumentalización del sistema de justicia para criminalizar a defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia y líderes políticos.
En el informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 190° Período de Sesiones el 12 de julio de 2024, un grupo de organizaciones integrado por el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), el Bufete para Pueblos Indígenas, Protection International Mesoamérica, la Fundación Guillermo Toriello, la Asociación Puente de Paz, el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), documentaron 18 desalojos de comunidades indígenas y campesinas en los primeros seis meses de 2024. Entre los casos más graves se encuentran el desalojo de la comunidad Concepción Panchavisic en Baja Verapaz, el 9 de abril, que forzó a decenas de familias a refugiarse en las montañas, y el desalojo violento de la comunidad 22 de junio Se’ Kaaq en Senahú, Alta Verapaz, el 7 de junio, donde 34 familias fueron desalojadas por cuadrilleros armados que incendiaron sus viviendas y destruyeron sus pertenencias.
Además, el CCDA reporta que 1,100 personas tienen órdenes de detención en su contra, principalmente en el departamento de Alta Verapaz, donde se concentran la mayoría de las comunidades desalojadas. Estas órdenes incluyen delitos como usurpación, usurpación agravada, perturbación de la posesión y atentado contra el patrimonio cultural, y en casos extrajudiciales, incluso cargos como homicidio, lesiones graves y portación ilegal de armas. Esta criminalización masiva se produce en un contexto donde los conflictos territoriales a menudo se tratan como delitos penales en lugar de disputas civiles, exacerbando la vulnerabilidad de las comunidades indígenas
Esta criminalización se enmarca en un contexto de creciente represión y uso político del sistema judicial para silenciar a quienes denuncian abusos de poder, corrupción y violaciones a derechos humanos. Además, la CIDH expresó preocupación por la falta de independencia judicial, destacando interferencias en los procesos de selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, las Salas de Apelaciones y otros tribunales superiores entre junio y octubre de 2024. Esta falta de independencia no solo socava la confianza pública en el sistema de justicia, sino que también debilita la institucionalidad democrática y limita el acceso a la justicia para las víctimas de abusos de derechos humanos.
A pesar de las promesas del presidente Arévalo de restaurar la democracia y garantizar la libertad de prensa, los avances han sido limitados. El informe “Caminos hacia la protección” de Reporteros Sin Fronteras advierte que los esfuerzos para crear un sistema nacional de protección han sido bloqueados por un Organismo Judicial cooptado y un Ejecutivo sin suficiente respaldo legislativo para implementar reformas.
El panorama mediático sigue marcado por la ausencia de una normativa para las radios comunitarias, muchas de las cuales operan bajo constante amenaza de clausura. Además, la transformación digital de los medios, acelerada por la crisis económica y la persecución política, ha reducido el alcance informativo en territorios rurales y comunidades excluidas.
Este contexto de debilitamiento financiero y control político sobre los medios se suma al avance de la desinformación y la propaganda, creando un entorno cada vez más hostil para el periodismo. Países como Estados Unidos, Argentina, Palestina, Nicaragua y Túnez han experimentado caídas severas en sus indicadores económicos, mientras que democracias consolidadas como Francia, Canadá o Nueva Zelanda enfrentan desafíos crecientes en pluralismo e independencia editorial. Como advierte RSF, sin independencia económica, no puede haber prensa libre ni acceso pleno a información confiable.
