La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se sumó al rechazo de las acciones del Ministerio Público (MP) en contra de las autoridades indígenas, luego del arresto de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes integraron la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023.
El órgano de la OEA reiteró su llamado al Estado de Guatemala a realizar un examen independiente sobre el funcionamiento del MP y su impacto en los derechos humanos.
Por Regina Pérez
Tras la detención de Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible y Héctor Chaclán, quienes integraron los 48 Cantones de Totonicapán, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre la criminalización arbitraria de autoridades indígenas que encabezaron de manera pacífica las movilizaciones sociales de 2023 que procuraban defender la voluntad de la población en las urnas.
La Comisión rechazó, a través de un comunicado de prensa, la continua instrumentalización espuria que el MP hace de la función constitucional de la investigación de delitos, que afirma, atenta contra el Estado democrático de derecho.
El órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que la investigación contra Pacheco y Chaclán, “se inscribe bajo los patrones de instrumentalización del derecho penal con fines políticos ampliamente documentados en sus diferentes informes y en las observaciones preliminares de su visita in loco en 2024”.
Estos patrones, agrega, incluyen el uso de tipos penales ambiguos y desproporcionados, la reserva de los casos, la anticipación de diligencias a través de cuentas anónimas asociadas a “netcenters” y el abuso de la prisión preventiva.
Lo anterior, según la CIDH, pone en evidencia la completa falta de independencia del MP y su rol activo para perpetrar la impunidad y la corrupción.
Pacheco y Chaclán fueron detenidos este miércoles en la zona 1 de la ciudad capital señalados de cinco delitos: asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia.
En la audiencia de primera declaración realizada el pasado 25 de abril, la jueza Carol Patricia Flores accedió a la petición de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y ligó a proceso a ambos dirigentes indígenas por dos delitos. Sin embargo, el caso está bajo reserva y se desconoce los cargos bajo los que fueron procesados.
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Llama a realizar examen independiente del MP
Durante su visita in loco en 2024 y a raíz de lo que constataron, la CIDH llamó nuevamente a las autoridades del Estado de Guatemala a realizar un examen independiente sobre el funcionamiento de la Fiscalía y su impacto en los derechos humanos y a garantizar mecanismos para la rendición de cuentas de la persona titular del MP.
También exhortó al Congreso a asegurar que cumpla con su función constitucional de ser un contrapeso democrático frente al ejercicio arbitrario de la persecución penal.
En sus observaciones preliminares de su visita al país la CIDH constató la intensa judicialización y persecución criminal del MP contra personas que participaron o participan en protestas y movilizaciones sociales pacíficas en la defensa de la democracia y el estado de derecho.
“Preocupa a la CIDH que esta criminalización persiste y profundiza la crisis institucional en Guatemala”, indicó.
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Finalmente, la Comisión señaló en su comunicado que el uso abusivo del derecho penal contra líderes indígenas produce un efecto intimidatorio colectivo y socava su derecho a la libre determinación.
Defenderán institucionalidad indígena
El pronunciamiento de la Comisión se suma a docenas de comunicados de organizaciones, autoridades, alcaldías y autoridades indígenas que han condenado la acción de la Fiscalía.
En su comunicado más reciente, las autoridades y comunidades que participaron activamente en el Paro Nacional Indefinido de 2023 señalaron que han decidido defender la institucionalidad del pueblo Maya y Xinka, ante la criminalización arbitraria que lidera el MP en contra de los dirigentes indígenas que han servido a sus comunidades como autoridades indígenas legítimas.
Estas autoridades cumplieron el mandato que se les encomendó por las asambleas comunitarias, “entre las cuales está defender los derechos de nuestros pueblos, nuestro territorio ancestral, velar por el bien común, mantener la paz y armonía”, señalaron.
