La CIDH manifestó su alarma por la cantidad de personas que enfrentan procesos penales impulsados por el Ministerio Público (MP), ente que negó que exista una práctica de criminalización. Si bien el MP es un organismo autónomo, la Comisión señala que todos los organismos del Estado, incluyéndolo, tienen que rendir cuentas. Por ello, la Comisión ofrece su acompañamiento técnico al Estado para echar a andar un mecanismo de evaluación sobre el funcionamiento del MP y su impacto en los derechos humanos.
Por Regina Pérez
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado de Guatemala realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público (MP) y su impacto en los derechos humanos y ofreció su acompañamiento técnico para realizar dicha evaluación, luego de finalizar su visita in loco (en el lugar) que comenzó el pasado lunes tras siete años de ausencia.
La CIDH emitió 10 recomendaciones al Estado guatemalteco, entre ellas instó al MP a cesar la criminalización contra operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos e integrantes de organizaciones campesinas, indígenas y sindicales.
Durante su visita, la comisionada presidenta Roberta Clarke, la Relatora para Guatemala, Andrea Pochak, la secretaria ejecutiva Rania Reneaum y el segundo vicepresidente de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, entre otros comisionados y relatores se reunieron con la fiscal general Consuelo Porras.
#CIDH 📢🔍 “El estado de Guatemala debe realizar un examen independiente del funcionamiento del MP y su impacto en los derechos humanos” esta es una de las 9 recomendaciones de la CIDH al Estado tras su visita in loco.
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En esa reunión, el MP indicó que se trata de una institución autónoma e independiente, que aplica de manera objetiva la Constitución y negó la existencia de una práctica de criminalización, con el argumento de que tiene el mandato legal de investigar todas las denuncias que recibe.
“Sin embargo, alarma a la Comisión Interamericana la enorme cantidad de personas que han sido o se encuentran investigadas por el parte del MP, en una práctica que se intensificó a partir de la salida de la CICIG en Guatemala en 2019”, señaló Andrea Pochak.
¿Cuál es el acompañamiento técnico de la CIDH?
Al ampliar sobre la recomendación, Pochak dijo que todos los organismos del Estado deben rendir cuentas sobre su funcionamiento con un mecanismo que sea independiente y transparente.
“La CIDH ofrece su acompañamiento técnico para hacer un examen independiente sobre el funcionamiento del MP. Lo que estamos señalando y lo que hemos escuchado de parte de las instituciones públicas, organizaciones, activistas, expertos constitucionales, es que el mecanismo de rendición de cuentas hoy vigente en Guatemala respecto al MP no funciona”, dijo.
Pochak agregó que “por supuesto el MP es un organismo autónomo, que debe ser independiente, pero también, como todos los organismos del Estado debe estar sometido al principio de pesos y contrapesos propios de un sistema republicano”.
Este mecanismo, señaló, no está vigente en Guatemala. “Por lo tanto, lo que la CIDH está recomendando es llevar adelante una evaluación independiente sobre el funcionamiento del MP y su impacto en los derechos humanos para que se tomen dentro de Guatemala estas decisiones”.
#CIDH 📢 “El MP es un organismo autónomo que debe ser independiente pero también como todos los organismos del Estado debe estar sometido al principio de pesos y contrapesos”.
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Roberta Clarke, comisionada presidenta de la CIDH, agregó que ese organismo tiene la responsabilidad de proveer cooperación técnica cuando realiza recomendaciones.
Clarke señaló que la Comisión también puede apoyar a las instituciones del Estado para construir la voluntad política para hacer esta evaluación, para que la mayoría de ciudadanos guatemaltecos tengan confianza en el Ministerio Público.
CIDH identifica cinco patrones en la instrumentalización de la justicia
La Comisión centró sus hallazgos en dos puntos: el impacto de la impunidad y la corrupción en la institucionalidad democrática y la instrumentalización del sistema de justicia.
En el primer punto señaló que muchas de las personas con quienes se reunieron advirtieron la existencia de una resistencia arraigada al cambio de visión y modelo impuesto por los poderes fácticos de carácter económico, político y militar que busca mantener la impunidad estructural.
En la instrumentalización de la justicia, la CIDH señala que en Guatemala el sistema penal se ha utilizado en contra de personas defensoras de derechos humanos y quienes participaron en protestas y movilizaciones pacíficas en la defensa de la democracia. “En particular se advierte un uso abusivo del sistema penal”, indicaron.
Esto se ha utilizado en contra operadores de justicia, periodistas, estudiantes, funcionarios públicos y hasta contra el propio presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.
Aunque el MP negó que exista criminalización “la CIDH está profundamente preocupada por la cantidad de operadoras de justicia o sus representantes jurídicos que enfrentan denuncias penales, muchas de estas personas formaron parte de la CICIG y la FECI, en esta misma situación se encuentran exjueces, exfiscales de casos relacionados con el conflicto armado o involucrados en investigación de casos de corrupción a gran escala, a cargo de Juzgados de Alto Riesgo, así como magistrados del TSE”.
#CIDH 🔎Comisionados instan al MP a cesar la criminalización contra operadores de justicia, derechos humanos, periodistas, estudiantes, profesores, funcionarios públicos, indígenas y campesinos
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Según las organizaciones con quienes se reunió la CIDH hay un ánimo de represalia por las investigaciones y judicializaciones de los hechos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, realizados en el pasado reciente por la FECI con apoyo de la CICIG. Ello con la intervención activa de actores como la Fundación contra el Terrorismo.
A partir de la información que recibió, la CIDH identificó cinco patrones específicos: la interposición de un alto número de denuncias contra la misma persona, en muchos casos por los mismos hechos, con la intención de dificultar su defensa. Algunos operadores de justicia enfrentan hasta 100 casos por ejercer su función.
El segundo patrón es la presentación y tramitación de denuncias anónimas o infundadas con el propósito de mantener un clima de presión hostigamiento o intimidación.
El tercero es el uso de tipos penales abiertos, ambiguos o claramente inadmisibles para los hechos denunciados, por ejemplo, personas que no son funcionarias públicas son investigadas por delitos que solo corresponden a dichos funcionarios, jueces y juezas son sometidos a proceso por el contenido de sus sentencias y abogados defensores son imputados por el delito de obstrucción de justicia solo por ejercer su trabajo.
El cuarto es el uso abusivo de la prisión preventiva y, el quinto, las afectaciones al debido proceso y al derecho de defensa a través del uso de prácticas dilatorias de los procesos penales o de la denegación del acceso a los expedientes, también se omite información sobre las causas en las que una persona está siendo investigada de manera oportuna y se impide la producción de pruebas de descargo.
Al finalizar la rueda de prensa Pochak resaltó que, conforme al artículo 56 del reglamento de la CIDH, el Estado tiene el deber de no tomar represalias de ningún tipo en contra de personas o entidades que hayan cooperado con la Comisión mediante informaciones y testimonios.
La Relatora para Guatemala informó que esta visita fue posible por la anuencia del gobierno. “Advertimos que el Estado de derecho en Guatemala sigue estando en peligro”, dijo. Pochak indicó que varias organizaciones de derechos humanos les solicitaron mantener a Guatemala en el capitulo IV por la criminalización y la instrumentación de la justicia. “Es una cuestión que la CIDH va a evaluar”, informó.
Las 10 recomendaciones de la CIDH
Tras su visita in loco en el país donde la Comisión se reunió con diversos sectores y realizó visitas en Alta Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Izabal y ciudad de Guatemala, emitió 10 recomendaciones:
- Adoptar e implementar políticas públicas para abordar la pobreza generalizada y erradicar los factores estructurales de criminalización que afectan a grupos vulnerables.
- Implementar los mecanismos necesarios para prevenir investigar y sancionar la corrupción.
- Instar al MP a cesar la criminalización contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos e integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales.
- Limitar el uso de la prisión preventiva.
- Liberar a toda persona que se encuentra en prisión preventiva criminalizada por la defensa de los derechos humanos y cesar todo tipo de persecución en su contra.
- Realizar un examen independiente del funcionamiento del MP y su impacto en los derechos humanos.
- Generar las condiciones para la atención y el retorno de las personas exiliadas.
- Poner en funcionamiento las Comisiones de Postulación para integrar la nomina de aspirantes par la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.
- Garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se realicen con transparencia conforme a los estándares interamericanos, bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales, libres de injerencias indebidas.
- Restablecer la institucionalidad creada en el marco de los Acuerdos de Paz.
