José Luis Sanz* / Washington
Las gafas de diseño hexagonal que lleva Hugo Beteta le dan cierto aspecto audaz que contrasta con el bigote añejado que lucía cuando en junio pasado entregó credenciales al entonces presidente Joe Biden. En los últimos tres meses el embajador de Guatemala en Estados Unidos ha tenido que renovar también su estrategia: si la administración demócrata fue un sostén vital para el frágil gobierno de Bernardo Arévalo, Donald Trump regresa a la Casa Blanca precedido por su complicidad con la élite más conservadora de Guatemala y el balón de oxígeno que lanzó al pacto de corruptos en 2019 al retirar su apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y condenarla virtualmente a muerte.
Beteta es economista, fue director subregional de CEPAL por 15 años, exministro de Finanzas con Óscar Berger y conoce bien las claves y lenguajes de Washington D. C., donde fue por dos años secretario general del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sabe que la Casa Blanca ya no es su aliada y que el gobierno de Semilla levanta entre los republicanos, como poco, desconfianza. Su misión prioritaria ya no es administrar los favores del gobierno de Biden sino asegurarse de que Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, respalden la estabilidad democrática en Guatemala y no alimenten a los conspiradores que, con la fiscal general Consuelo Porras como principal aliada, todavía intentan sacar a Arévalo del poder.
En esta entrevista, celebrada en su despacho en la capital estadounidense, Beteta dice con cautela ensayada que “es temprano” para sacar conclusiones sobre el rumbo de la administración Trump, pero descarta que su llegada a la presidencia dé una ventaja real a la oposición guatemalteca: “[Solo] tienen mayor capacidad de hacer ruido”, asegura. Defiende además que Arévalo “ha cumplido en cada uno de los temas” que discutió con Rubio en el pasado —se reunieron en noviembre de 2023 en Washington— “comenzando por supuesto con lo referente a nuestras relaciones con Taiwán pero también en lo referente a Israel, Venezuela, Nicaragua o Haití”. En febrero de 2024, Rubio había pedido por carta al presidente guatemalteco “no ceder a la presión” de China y mantenerse como el único país centroamericano que conserva relaciones diplomáticas con Taiwán.
El secretario de Estado aterriza este martes 4 por la tarde en Guatemala como parte de su primera gira oficial, que recorre Centroamérica. En las 24 horas siguientes se reunirá con Bernardo Arévalo e integrantes de su gabinete, para tratar temas migratorios —“Queremos que haya más vías legales de migración”, dice Beteta—, económicos y de cooperación en seguridad. Aunque en 2022 Rubio defendió de forma tácita la reelección de la fiscal general Porras, el gobierno de Guatemala espera que no se reúna con ella, que sigue a día de hoy sancionada por el Departamento de Estado. Sería un desplante evidente a Arévalo y una derrota diplomática para Beteta. “La agenda cambia a cada momento, pero en ninguna versión hasta el momento está incluida una reunión con el Ministerio Público”, decía el embajador este lunes desde Guatemala.
Es solo uno de los campos minados que atravesará la relación bilateral. Para justificar esta semana el drástico cierre de USAID y de casi cualquier ayuda internacional al desarrollo, la Casa Blanca criticó entre otros donativos un supuesto grant de 2 millones de dólares entregado a la asociación guatemalteca Lambda, a la que el trumpismo acusa de financiar operaciones de cambio de sexo para personas trans y de injerencia electoral por monitorear las elecciones 2023 y publicitar qué candidatos enarbolaban una agenda anti LGTBIQ+. Si durante su campaña presidencial Arévalo marginó sus posturas personales sobre diversidad sexual y aborto para no perder votos ni alimentar la campaña negra de la derecha, con Trump enfrente tendrá que mostrarse aún más escorado hacia posturas conservadoras a fin de no sumar enemigos en el agresivo universo MAGA que controla el partido republicano.
Como parte del esfuerzo por cortejar al trumpismo, el embajador Beteta tiene previsto volar de regreso a Washington la noche del miércoles y participar el jueves 6 en el Desayuno de Oración Nacional, un encuentro religioso liderado por congresistas y senadores ultraconservadores, que fue clave en la década pasada para el éxito del lobby guatemalteco anti-CICIG. Washington bien vale una misa.

¿Ya echa de menos al gobierno de Biden?
No se equivoque: hay una gran dosis de continuidad. Las estrategias cambian, en matices, en estilo, pero los intereses de Estados Unidos son los mismos con Biden o con Trump.
Si hablamos de estilo, el giro es radical.
El estilo del nuevo gobierno es mucho más rápido, mucho más directo, pero también incluye un intenso interés en el hemisferio occidental, y eso es una buena cosa. Es temprano para entender todo el alcance de los cambios y qué resultará de todas las órdenes ejecutivas firmadas en los primeros días, que apenas están empezando a implementarse.
El congelamiento de toda cooperación internacional es una realidad.
Sí, y esa es una de las muchas herramientas por las que las decisiones de Estado se trasladan a los socios estratégicos. Así que, cuando congelas eso por 90 días y a la vez marcas una agenda muy dinámica de cambio, es como pisar el acelerador y el freno simultáneamente y lo político adquiere mucha más centralidad: la narrativa, la conversación… Y esa te puedo decir que ha sido intensa en los últimos días y apunta a continuidad en los intereses.
Bajo la administración Biden, la Embajada de Estados Unidos fue clave para que el presidente Arévalo pudiera lograr tomar posesión y ha apoyado su agenda anticorrupción. ¿También en eso habrá continuidad?
USAID financió buena parte de la Comisión Anticorrupción de nuestro gobierno y ahora el Estado de Guatemala va a tener que asumir una parte mayor de esos esfuerzos.
Porque esa ayuda también está congelada.
Así es. Y estamos preparados para asumirlo como parte del gasto público, porque es un atributo esencial de la administración Arévalo. Ya están establecidas las unidades de ética en todas las entidades públicas, están en discusión la Ley de beneficiarios finales y la Ley de denunciantes… Aunque Estados Unidos reoriente su cooperación, nuestra agenda no va a cambiar. Lo mismo sucede con el apoyo que hasta ahora prestaba USAID a nuestro sistema nacional de áreas protegidas: tendremos que destinar más recursos propios si la nueva administración no considera prioritario el tema y esa ayuda no continúa.
Por otro lado, es muy probable que en otras áreas, como la militar, la cooperación se intensifique. Guatemala ha sido un socio estratégico del Comando Sur y los dos países compartimos trabajo en seguridad portuaria, fronteriza, sistemas biométricos…
Parece tener asumido que el apoyo de Trump a la agenda anticorrupción será menor.
Eso anticipo. Tal vez más por el vehículo, la cooperación de USAID, que propiamente por el tema, pero sí, puede que el énfasis en corrupción no tenga la misma fuerza que con Biden.
En el primer mandato de Trump, lobistas del CACIF y otros sectores de la derecha guatemalteca le convencieron de retirar su apoyo a la CICIG. Rubio fue de hecho el primero en pedir que se congelaran fondos a la Comisión. ¿Volverá Trump a verse influido por esos mismos lobistas?
La CICIG fue un experimento inédito en la historia de Naciones Unidas en la historia de Guatemala y tuvo sus luces y sus sombras. Terminó de una forma que pocos anticipamos, pero creo que es momento de voltear la página.
La pregunta es qué impacto tendrá el cambio de administración en las dinámicas internas de poder en Guatemala. ¿Perderá Arévalo el apoyo de Washington en su pulso con quienes trataron de derrocarlo?
No se puede comparar la retirada de apoyo a un experimento como la CICIG con la posibilidad de que se retire el apoyo a una democracia, a un gobierno constitucionalmente establecido, electo. El secretario Rubio dio su apoyo al presidente Arévalo solo dos días después de su elección. La estabilidad democrática de Guatemala ha estado en el centro de la conversación con la nueva administración desde el momento cero, y va a seguir estándolo. Estados Unidos sabe que desestabilizar la democracia en Guatemala, el país con más habitantes de Centroamérica, podría resultar en un escenario como el venezolano, en el cual la gente decidió migrar hacia el norte.
Además, hemos sido un pilar de estabilidad en una región inestable y menos amigable que Guatemala con Estados Unidos. Las conversaciones que ya hemos tenido con la nueva administración evidencian la conciencia de que Guatemala es un socio estratégico y el presidente Arévalo ha cumplido en cada uno de los temas que conversó con el secretario Rubio en el pasado, comenzando por supuesto con lo referente a nuestras relaciones con Taiwán pero también en lo referente a Israel, Venezuela, Nicaragua o Haití. O en el propio trabajo de acercamiento entre los pueblos indígenas y el sector privado, que también ha sido parte de una agenda de discusión con el Departamento de Estado.
El traspaso de mando en Estados Unidos sucede en el contexto de un vecindario complejo, y el nuevo gobierno sabe que Guatemala es un socio con el que puede trabajar. En palabras de un senador republicano muy cercano a esta administración, Guatemala es uno de los adultos en la habitación cuando se trata de América Latina. A la administración Trump no le interesa apoyar un escenario de inestabilidad, que de ninguna forma haría avanzar sus intereses estratégicos en la región.

En 2022 Rubio acusó de injerencia al Departamento de Estado por oponerse a la reelección de la fiscal general Consuelo Porras, y líderes republicanos llegaron a invitarla a la toma de posesión de Trump. ¿No cree que la oposición a Arévalo tendrá mayor margen de maniobra con Trump que con Biden?
Tienen mayor capacidad de hacer ruido. Es como aquellos teatros de sombras donde quienes manejan los títeres ponen una vela atrás para proyectar una gran sombra. Pero no hay que olvidar que los actores antidemocráticos en Guatemala tienen lazos complejos con actores que están en contra de los intereses estratégicos de Estados Unidos.
¿A qué se refiere?
A China, al narcotráfico, al crimen organizado implicado en tráfico de sustancias. Después de un año de gobierno del presidente Arévalo ha quedado claro que los intereses de la democracia guatemalteca están bastante alineados con algunos de los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. A nosotros también nos interesa asegurar nuestras fronteras, nos interesa crear un sistema migratorio ordenado, evitar la trata de personas, el tráfico de precursores de fentanilo. Los actores antidemocráticos en Guatemala tienen mucho que explicar en cuanto a cómo han obstaculizado algunos de esos combates.
¿Qué le hace pensar que Marco Rubio tiene esto claro o comparte esa idea?
Yo creo que el secretario Rubio tiene conciencia de estos temas, pero obviamente es parte de nuestro trabajo remarcarlos. Hemos avanzado en algunas de estas nociones con su equipo y obviamente será uno de los temas en su reunión con el presidente.
¿Qué otros temas han acordado tratar durante su visita?
Además de conversar sobre la estabilidad democrática de Guatemala, esperamos que esta visita sea una reafirmación de otros objetivos estratégicos comunes. Se hablará de la continuidad del trabajo conjunto en seguridad fronteriza, se discutirá un acuerdo migratorio, y se van a abordar temas comerciales y de inversión. Por ejemplo, este febrero el aguacate guatemalteco entra a competir por fin en Estados Unidos. Parece una cosa menor, pero es el resultado de años de esfuerzo y significará muchísimos nuevos empleos en áreas rurales con poca oferta laboral. Y por supuesto también se hablará de los temas de cooperación.
Para Guatemala es además importante hablar de la normalización del estatus de nuestra diáspora, y eso va a requerir muchísimo trabajo que pasa por que se reconozcan los aportes económicos de esa diáspora y los requerimientos laborales que Estados Unidos tiene. Queremos que haya más vías legales de migración, aunque sea temporal.
¿Abordarán el tema de la Fiscal General?
No. El tema de conversación será la estabilidad democrática de Guatemala. El de la fiscal es un aspecto muy puntual. El presidente Arévalo ya lo ha dicho: a él le tocará nombrar al próximo fiscal general y el reloj está corriendo. Lo realmente estratégico es discutir las implicaciones que podría tener para Estados Unidos la inestabilidad democrática en el país.
Entre líneas, está pidiendo que continúe la estrategia de causas raíz de Biden.
Uno de nuestros objetivos es que la estrategia de causas raíz se mantenga en esencia, porque tiene todavía mucho que dar. Primero, porque efectivamente pone el foco en los temas de desarrollo; y segundo, porque creo que es muy importante traer al sector privado a la mesa. Al sector privado serio, que apuesta por el desarrollo de Guatemala y comprende las causas estructurales de la migración. Estamos hablando de la falta de empleos dignos, de la ausencia de seguridad social y mecanismos de transferencia de riesgos, de todo el tema de adaptación al cambio climático… Pero también de la violencia a nivel comunitario. Todos son temas que explican un lado de la migración.
Al mismo tiempo hemos visto cómo la construcción del muro evitó la migración circular. Es cierto, trata de que los migrantes no entren, pero tampoco los deja salir. Antes había flujos circulares constantes y la gente tenía la posibilidad de salir, pasar un tiempo en casa e invertir en Guatemala, y luego regresar. El muro acotó los lugares de paso y las redes de trata se apropiaron de ellos, lo que genera otros problemas.
¿Va a colaborar la administración Arévalo con las políticas antimigratorias de Trump?
Empiezo diciendo que esta nueva situación representa una oportunidad para consolidar nuestra red consular. Estamos poniendo mucho énfasis en mejorar las capacidades de comunicación social, de gestión, todo lo que engloba atención consular en Estados Unidos. Y en cuanto a los retornados, hemos de pensar que estas personas no regresan como partieron, sino con experiencias y competencias que queremos certificar, porque son necesarias para el desarrollo de Guatemala. La diáspora que regresa será un nuevo actor social y creemos que puede ser un actor modernizante y de apoyo a la democracia.
El programa “Retorno al hogar” es un guiño, una concesión, a la agenda de Trump. Y no se ha escuchado a Arévalo oponerse al anuncio de deportaciones masivas.
No creo que la dicotomía sea entre un guiño o una oposición. Al final del día nosotros hemos de proteger a nuestra diáspora, pero entendemos que el gobierno de Estados Unidos tiene un mandato para administrar su sistema migratorio de una forma diferente. El presidente Arévalo se involucró muy personalmente en el programa Retorno al hogar, que incluye crear oportunidades económicas entre los que regresan, mediante créditos, acceso a vivienda y una política de inversión extranjera directa para la diáspora. Hasta ahora las ayudas a la inversión han estado pensadas para inversionistas de Europa, Asia o Estados Unidos pero nunca se vio a la diáspora como fuente de inversión. Pensamos, incluso, que a muchas personas de cierta edad, especialmente quienes llevan más de 10 o 15 años acá y tienen empresas o ahorros, les puede interesar regresar de forma voluntaria a Guatemala, especialmente si crece la discriminación y acoso contra los latinos en Estados Unidos.
Por otra parte, hay sectores críticos de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra guatemalteca, como la agricultura, la construcción o los servicios, y van a empezar a sentir la ausencia de trabajadores, lo que generará mucha presión para subir los salarios acá o tomar medidas que balanceen la necesidad de tener migración ordenada con la de cerrar la brecha de demanda laboral. Espero que esto abra una oportunidad para aumentar las vías legales y temporales de trabajo en Estados Unidos, en busca de un sistema migratorio reformado que combata la trata sin criminalizar a los migrantes.
Es necesario meter en la conversación a los empresarios norteamericanos. También en el tema de aranceles. Guatemala es de los pocos países que tienen déficit comercial con Estados Unidos, y es porque nuestras exportaciones hacia el norte tienen una fuerte dosis de insumos estadounidenses. Queremos involucrar en la discusión al sector privado guatemalteco, pero también a los proveedores de insumos, muchos de los cuales están en distritos republicanos, para contrarrestar posibles amenazas arancelarias a nuestro país.
¿No cree que una buena parte de las bases de Arévalo le reclamarán por no ser beligerante frente a un presidente abiertamente xenófobo y racista?
Los lenguajes de la política americana responden a guerras culturales que no son las de Guatemala. El presidente Arévalo difiere mucho con muchos otros presidentes en materia de enfoque, miren las diferencias en el enfoque de seguridad entre Guatemala y El Salvador son fuertísimos sí, y el propio ministro de Gobernación dice que la realidad de Guatemala es muy diferente a la del Salvador pero eso no implica que el presidente salga a criticar al presidente vecino. Lo mismo sucede con Trump: es un socio muy importante y no creo que interese a Guatemala ponerse de entrada en una actitud de confrontación, porque en la controversia se pierden espacios de negociación. Lo hemos visto ya con otros países.
¿Qué opina de las amenazas que Trump ha hecho a Colombia, Panamá o México?
No quiero hablar de la relación de Estados Unidos con otros. Lo que puedo decir es que la nueva administración ha tenido hasta ahora con Guatemala un diálogo franco y respetuoso, centrado en el tema migratorio y en la visita del Secretario de Estado, pero en el cual ellos cumplieron a cabalidad lo que acordamos y nosotros hemos hecho lo mismo. La negociación para los vuelos de repatriación en aviones militares fue intensa, pero se acordó que solo incluyeran a deportados de nacionalidad guatemalteca, que se nos entregara un manifiesto previo para comprobar si incluían a personas con antecedentes criminales, y que no transportaran a soldados sino a personal de ICE. También se mantiene el principio de que Estados Unidos haga una solicitud de entrada a Guatemala para cada vuelo. Fue una solución negociada, no una imposición.
¿Se ha incrementado el número de vuelos de deportados?
En la semana del 20 de enero el flujo fue bastante menor que en semanas anteriores. Había programados catorce vuelos y sólo llegaron seis, tres de ICE y tres militares.
¿Está diciendo que, en su primera semana, Donald Trump redujo el número de guatemaltecos deportados?
Lo atribuyo a la incertidumbre. Se sabía que vendrían nuevas órdenes ejecutivas que podían paralizar los procesos. Estimamos que el promedio de vuelos, que en los últimos meses era de 14 semanales, podría aumentar hasta los 20 a la semana.
Los países centroamericanos no parecen tener ninguna intención de acordar una agenda común ante la administración Trump.
Es reflejo de la crisis de los procesos de integración, y especialmente de la disfuncionalidad del SICA, que es el principal espacio para acordar agendas compartidas. Por nuestra parte, tenemos muy claro que Centroamérica es nuestro segundo socio comercial y hemos sido muy cuidadosos en nuestras reacciones al tema del Canal de Panamá y la base estadounidense en Honduras. Guatemala no va a sacar la alfombra a sus socios históricos y países vecinos como Panamá y Honduras.
¿Cuál es la postura de Guatemala respecto al anuncio de Trump de que quiere recuperar el canal?
Hay tratados internacionales vigentes y nosotros, por supuesto, defendemos que el canal es panameño. Panamá lo administra sin ningún tipo de sesgo político o diplomático, y los panameños han invertido en su ampliación y han administrado cuidadosamente los recursos naturales y el tráfico nunca se ha interrumpido. La preocupación de Estados Unidos puede ser legítima y tiene que ver con la llegada de China a invertir en infraestructura clave en la región, que se explica, hay que decirlo, por un vacío de inversión en otros países, pero hay que sacarles todo el aire caliente a estas posturas y estamos seguros de que esto se va a resolver por la vía que corresponde, que es el diálogo diplomático.
En cuanto a Honduras, ¿aceptaría Guatemala alojar una base militar estadounidense, como sugirió el senador republicano Mike Lee, en el caso de que Xiomara Castro cumpla su amenaza de cerrar la de Palmerola?
Es absolutamente prematuro especular sobre una posible base estadounidense en suelo guatemalteco.
No está diciendo que no la aceptaría. La Secretaría Privada Ana Glenda Táger y usted se reunieron hace dos semanas con Lee. ¿No trataron el tema?
No. Hablamos del reciente convenio de cooperación firmado con la Guardia Nacional estadounidense en materia de desarrollo portuario, porque tenemos la intención de renovar nuestros puertos en el Pacífico y el Atlántico y Guatemala. Y de que el septiembre del año pasado Estados Unidos donó a Guatemala un barco patrulla para que opere en nuestra costa del Pacífico y poco después se anunció otra donación de 12 millones de dólares en equipo para radares en el Petén, que son las primeras donaciones de equipo militar que el país hace a Guatemala desde principios de los 70. Y hablamos de nuestro interés en impulsar un corredor seco entre Puerto Quetzal en el Pacífico y Santo Tomás en el Caribe, que requería del apoyo de la banca de desarrollo. Se trata de un modelo de iniciativa privada interesante, porque los propietarios de la tierra tendrán participación accionaria, y podría contar con el respaldo de la administración Trump.
*Periodista español radicado en Washington D. C.