“El ejercicio de la autoridad ancestral es la garantía para la convivencia en los territorios; vamos a seguir ejerciendo el derecho a defender derechos para la armonía y convivencia de los territorios”, Rigoberto Juárez.
Por Luis Ovalle
La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la vista pública programada el 7 de enero para conocer una solicitud de amparo en favor de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, Rigoberto Juárez Mateo y Ermitaño López Reyes, con el argumento de que carecían de conexión a internet.
El edificio de la máxima corte se ubica en el Centro Histórico de la ciudad capital, además de la Sala de Vistas tiene servicios digitales, como el casillero electrónico, consulta de jurisprudencia y la página web.
En un documento de contrataciones de baja cuantía del mes de enero de 2024, Prensa Comunitaria confirmó que los servicios de internet para la dirección de tecnología e informática de la Corte incluyen internet de respaldo. Casualmente el día de la audiencia no funcionaron.
Rigoberto Juárez, en conferencia de prensa, manifestó su malestar por la actitud de los magistrados de la CC, que en principio no quisieron realizar la vista pública de manera presencial. “Para nosotros no existe ningún motivo para que no sea así, porque hay un edifico que puede albergar a una cantidad de gente”.
Sin embargo no fue así y se les informó que la audiencia sería virtual, subrayó Juárez. “Nosotros acomodamos nuestro tiempo y nos movilizamos a la ciudad de Guatemala, para que no hubiera justificación de que en nuestras comunidades no hay señal de internet y se diera de la mejor manera, pero nos informaron que en la CC no hay buena señal. Nos preguntamos ¿Están en la montaña, están en una hondonada donde no llega la señal de internet?”, indicó.
El dirigente Q’anjob’al, agregó que su comparecencia a esta audiencia era para evacuar una serie de acciones sobre la persecución penal en contra del ejercicio de la autoridad ancestral. Recordó que, en su caso se le pidió mediar entre el sistema de justicia y sus formas propias de convivencia en el territorio, pero, al parecer, para el sistema de justicia la mediación ancestral constituye delito, dijo.
Juárez y López podrían volver a prisión si la Corte de Constitucionalidad no les otorga un amparo, recurso al que acudieron luego de que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmara la sentencia de una Sala de Apelaciones, que los condena a 7 y 23 años de prisión, respectivamente.
“Esperábamos que la CC otorgara el amparo provisional y que en la siguiente instancia dicho amparo quedara en firme, pero no fue posible”. Esto es una muestra clara de que el Estado de Guatemala, se constituyó hoy hace 304 años, para violentar los derechos de los pueblos, que no existen de ahora sino de miles de años atrás”, anotó.
Asimismo, Rigoberto Juárez hizo alusión al artículo 66 de la Constitución Política de la República, en el que se establece el uso de los derechos milenarios para la convivencia en los territorios, pero no se respeta; no es vinculante para estas instancias de justicia.
Juárez finalizó su alocución con un llamado a la población guatemalteca, en particular a los pueblos indígenas, a la necesidad de elevar un poco más la demanda de los derechos milenarios, porque “el ejercicio de la autoridad ancestral es la garantía para la convivencia en los territorios; vamos a seguir ejerciendo el derecho a defender derechos, para la armonía y convivencia de los territorios”.
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Por aparte, el abogado Santiago Choc, uno de los defensores de Ermitaño López, manifestó que este amparo es una de las últimas acciones que quedan a nivel nacional, debido a que la CSJ dictó una sentencia, según nuestro análisis, contraria a la justicia y a las garantías constitucionales, con lo que violenta los derechos, tanto de Ermitaño como de Rigoberto.
Choc recordó que en 2016 ambos defensores del territorio fueron juzgados por un tribunal competente e imparcial, integrado por 3 jueces, quienes los absolvieron de los delitos que les imputaba el Ministerio Público, pero en segunda instancia, una Sala de Apelaciones modificó la sentencia y además agravó la pena de prisión, al adicionarles dos delitos más. “Esta es la injusticia que ha cometido el sistema de justicia, en este caso la sala de apelaciones”, indicó.
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Bernardo Caal, defensor del río Cahabón, quien estuvo en prisión cuatro años por protestar contra las empresas hidroeléctricas, se solidarizó con Rigoberto Juárez y Ermitaño López y destacó que la lucha contra la corrupción por parte de las guatemaltecas y guatemaltecos, debe ser permanente.
En su criterio, el peligro ahora es que ambos dirigentes indígenas vuelvan a prisión y se preguntó ¿ por qué tiene que ser por internet esta audiencia, cuando existe un edifico dónde ir a evacuarla?
