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Créditos: Diseño de Juan José Guillén
Tiempo de lectura: 18 minutos

 

Las controversias que rodean la disputa por el Parque Intercultural resurgieron de las sombras luego que el pasado 30 de septiembre una Junta Directiva, afín al ahora exgobernador de Quetzaltenango, intentó tomar el control del Centro Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango. La lucha de poder es percibida por vecinos que ahora enfrentan una crisis con el aumento de bares y discotecas en el sector.

Por Isela Espinoza

El pasado 30 de septiembre, la presencia de militares cerca de las instalaciones del Centro Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango (CIDEQ) evidenció una disputa por este espacio en donde durante el conflicto armado interno ocurrieron desapariciones y torturas.

En los últimos 19 años, la administración ha estado a cargo de la Asociación Consejo de Desarrollo Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango, una organización sin fines de lucro que se integra por dos representantes del Concejo Municipal; dos de Gobernación Departamental; dos de la Red Nacional de Grupo Gestor, filial Quetzaltenango (dirigida por el empresario Roberto Gutiérrez, que impulsó el usufructo en 2005), dos de la Mesa Económica Institucional, dos de la MeZa de Concertación de Occidente, que congrega al Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango y dos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), según los estatutos del CIDEQ.

El Sistema de Información Cultural (SIC) señala que la Asociación es la administradora del espacio físico del CIDEQ y está facultada para intervenir en su restauración, conservación y promoción como centro cultural y deportivo.

¿Por qué el CIDEQ ha estado en medio de disputas legales, de promesas incumplidas y falta de presupuesto para hacerlo sostenible? Vecinos y artistas también se lo cuestionan y con el tiempo han encontrado algunas respuestas.

El Parque Intercultural, como también se le conoce al CIDEQ, se ubica en la 4ª calle entre 19 y 21 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango, lo que lo posiciona en uno de los puntos de mayor plusvalía de la ciudad.

Fachada principal del edificio del Parque Intercultural de Quetzaltenango. Foto de Juan Esteban Calderón

Además, posee más de 40,000 metros cuadrados en los que alberga asociaciones de gimnasia, judo, taekwondo y karate. También están el Museo Ixkik del Traje Indígena, la Biblioteca José Manuel Montúfar Aparicio, el Museo del Ferrocarril de Los Altos, Marimba de Conciertos de la Municipalidad de Quetzaltenango, fuerzas básicas de la Asociación de Fútbol de Quetzaltenango y Xelajú Naranja, entre otros.

Este parque también ha sido un espacio de alquiler para ferias, conciertos, así como de parqueo. Según la administración estos fondos son los que sirven para realizar el pago de la planilla de los trabajadores, así como la restauración del lugar.

El interés por el espacio ha sido liderado por empresarios vinculados al sector inmobiliario, afirmó Brayan Castro, artista residente del CIDEQ, quien además recordó que en 2015 durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, se intentó ocupar las instalaciones para crear la Academia de Oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, la sociedad civil y otros sectores de la población intervinieron y lograron revertir esta decisión.

El Parque Intercultural tiene varias capas históricas que se remontan más allá de 2004 cuando nació como CIDEQ. La primera de estas es poco conocida, pero la existencia en el interior de sus instalaciones, de al menos ocho lugares sagrados para el pueblo maya K’iche’, revela lo que significó en algún momento.

Otra etapa se dio en medio del auge económico, político y social, entre 1930 y 1933 cuando en este espacio se construyó la estación del Ferrocarril Nacional de los Altos, que recorría de Xela a San Felipe, Retalhuleu.

Museo del Ferrocarril. Foto de Juan Esteban Calderón
El Museo del Ferrocarril expone visualmente las antiguas rutas del Ferrocarril de los Altos entre 1930 y 1933. Foto de Juan Esteban Calderón

Según el SIC, esta estación, ubicada en el barrio La Democracia, se edificó para que funcionara la ruta del ferrocarril eléctrico, una de las pocas líneas interurbanas de América Latina para la época. Sin embargo, los ingresos no cubrían los costos operacionales ya que la pendiente de Los Pirineos hacía que los trenes solo prestaran el servicio para 200 pasajeros diarios y la carga también era limitada. “El 19 de septiembre de 1933 una tormenta inundó el tramo inferior, causó avalanchas desde las montañas y dañó los puentes”, reseña el SIC por lo que la estación del Ferrocarril de los Altos fue declarada permanentemente cerrada el 10 de noviembre de 1933.

En los cuatro años siguientes, se instaló un molino de trigo llamado “Los Altos”. Brayan Castro comentó que actualmente existen algunos vestigios en el lugar, pero es la época de la que menos información se tiene.

El artista quetzalteco contó que en 1945 cuando Juan José Arévalo Bermejo era presidente y Jacobo Árbenz, ministro de Guerra, las instalaciones pasaron a ser sede de la “región militar” y más tarde Brigada Militar Manuel Lisandro Barillas conocida como Zona Militar 17-15, que durante el conflicto armado funcionó como un centro de detención al que llevaban personas secuestradas y las torturaba el ejército.

Alrededor de 100 estudiantes del Centro Universitario de Occidente (CUNOC), involucrados en las actividades de oposición a los gobiernos militares, también fueron llevados a esas instalaciones.

“Para la memoria histórica este era un enclave militar para conectar a Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos y la Zona Militar de Santa Ana Berlín, en Coatepeque, que también ha tenido una huella histórica oscura”, comentó Castro.

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH): Guatemala, Memoria del Silencio, recoge algunos casos ocurridos en Quetzaltenango y que vincula a personal de la Zona Militar 17-15.

Uno de ellos ocurrió el 27 de septiembre de 1981, cuando el ejército detuvo a Emma Guadalupe Molina Theissen y la trasladó a la Zona Militar 17-15. En ese lugar estuvo bajo custodia ilegal durante nueve días. Fue sometida a severos interrogatorios, golpes, tortura y violación sexual. Logró escapar por una ventana.

El 6 de octubre de ese mismo año, presuntos especialistas del Ejército ingresaron por la fuerza en la casa de la familia Molina Theissen.

Allí estaban Marco Antonio Molina y Emma Theissen Álvarez, hermano de 14 años y su madre, respectivamente. Los militares golpearon a Emma y le colocaron grilletes a Marco. Luego metieron en un costal al niño y lo pusieron en la palangana de un picop con placas oficiales.

Homenaje a Marco Antonio Molina Theissen. Foto de Juan Esteban Calderón

La familia Molina Theissen no volvió a ver a Marco Antonio. Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la desaparición fue como represalia por la huida de Emma y por la actividad política de la familia en general. En 2004, el caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). Esta entidad declaró a Guatemala como el responsable de las violaciones sufridas por la familia Molina Theissen.

Actualmente en los sótanos del Parque Intercultural, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) ya realizó escaneos, así como el acompañamiento de otras organizaciones han colocado en el radar que en este espacio existan fosas clandestinas que en el pasado se han mantenido en el olvido “para que no sea un detonante que impida los objetivos inmobiliarios para el espacio”, opinó Castro.

El artista relató que los sótanos del Parque Intercultural estuvieron cerrados por orden de administradores anteriores, entre ellos Alberto de Paz. Ahora tras una inspección evidenciaron que se han realizado modificaciones como el cierre de pasos que pudieron haber sido túneles.

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Una asociación liderada por el sector empresarial

El edificio estuvo bajo el régimen militar por casi sesenta años. La brigada militar fue clausurada, en 2004, por lo establecido en los Acuerdos de Paz de 1996. Durante el gobierno de Óscar Berger se emitió el Acuerdo Gubernativo 577-2007 en donde se concede la administración del lugar a la Asociación Consejo para el Desarrollo Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango mediante un usufructo de utilización por 50 años, es decir hasta el 2065.

Así nace el CIDEQ o Parque Intercultural con el objetivo de posicionarlo a través de la promoción y gestión artística, las industrias creativas, el deporte y la memoria histórica. Pero desde su creación han suscitado enfrentamientos entre grupos de poder político, empresarial y social de la ciudad de Quetzaltenango conocido también como Xela.

El edificio del Centro Intercultural de Quetzaltenango estuvo bajo el régimen militar por casi sesenta años. Foto de Juan Esteban Calderón

El exgobernador de Quetzaltenango, Marco Aníbal Herrera Alvarado, fue el primer presidente del Consejo intercultural. Diecinueve años después su hijo Aldo Fernando Herrera Scheel asumiría también el cargo de gobernador, pero su nombre no era nuevo para la Junta Directiva del CIDEQ presidida actualmente por Donald Urizar, quien fue electo para el periodo 2023-2025.

“Desde que asumió la primera Junta Directiva del CIDEQ casi todos los administradores, hasta hace dos años, eran puestos a dedo. Se iban alternando, pero la titularidad y la toma de decisión real la tenían representantes del sector empresarial en el Grupo Gestor y la Mesa Económica. Mientras, los representantes de la Municipalidad y de la sociedad civil quedaban en segundo plano”, relató Castro.

El artista recordó que durante estas administraciones la recuperación de la memoria histórica del conflicto armado interno no fue prioridad. Actualmente, se han impulsado proyectos como la habilitación del Museo de la Memoria, en uno de los sótanos del CIDEQ.

La llegada de Urizar se benefició en parte por el contexto político que también se vivía a nivel nacional, en donde la población quetzalteca rechazó la continuidad de personajes con vínculos corruptos en las urnas. En el CIDEQ, la sociedad civil logró por primera vez llevar a la Presidencia a un representante que en este caso es Urizar. Además, por primera vez también se nombra a una joven indígena como directora del Parque Intercultural, Berenice Cita.

“Este espacio durante mucho tiempo fue llevado al detrimento para que con la excusa de que es mejor invertir e involucrar al sector empresarial se pudieran hacer mejoras para favorecer al sector inmobiliario porque en realidad nunca se les dio el espacio a los artistas, nunca se invirtió en las galerías ni en los museos”, manifestó Castro, quien fue invitado a formar parte del espacio durante un año con el objetivo de retomar y proponer las líneas de los museos del Ferrocarril y el de la Memoria.

Desde febrero de este año las actividades culturales se han incrementado, dice Castro, quien junto a otros artistas han propuesto no solo una agenda cultural, sino que también la promoción del CIDEQ para que organizaciones locales, de la región o de la ciudad de Guatemala puedan llevar sus muestras al Parque Intercultural. Entre las que ya se han expuesto se encuentran: la Bienal de Resistencia, el Festival de la Casa Inhabitada, el primer Simposio Mesoamericano del Agua con colaboración de artistas mexicanos y en noviembre se presentará un colectivo de Chile y otro que trabaja la memoria histórica a través del teatro.

La destitución de Urizar

La presencia de soldados en las instalaciones del CIDEQ causó alarma entre los artistas, vecinos de Xela y algunos miembros de la Junta Directiva presidida por Urizar quien fue juramentado el 21 de julio de 2023 junto a Jorge Pac, como vicepresidente; Jorge Argueta, secretario; Mayra Rivera, tesorera; Pilar Bagur, vocal I y Manuel Robledo, vocal II.

La disputa por la dirección del CIDEQ volvió de las sombras, el lunes 30 de septiembre, cuando se realizó una ceremonia afuera de la sede para el cambio de la rosa de la paz, pero en realidad se presentó a Luis Gustavo Morales Bonilla como nuevo presidente de la Junta Directiva, apoyada por Herrera. Ese acto simbólico no se había dado en años anteriores con la presencia de militares, aseguró el artista Brayan Castro.

El acto fue calificado como una imposición ya que la gestión de Urizar finaliza hasta junio del próximo año. Como un déjá vu, el hecho destapó los intereses del gobernador Aldo Herrera por recuperar la dirección del CIDEQ tal como ocurrió en 2021.

El ahora exgobernador de Quetzaltenango, Aldo Herrera, intentó imponer una Junta Directiva en el CIDEQ; la presencia de soldados en el lugar causó alarma entre la población quetzalteca. Foto de Juan Esteban Calderón

A la actividad acudieron como invitados el gobernador de Quetzaltenango, delegados de los ministerios de Trabajo y de Educación, entre otras instituciones. Pero la presencia de militares generó denuncias de un intento de tomar posesión con apoyo del Ejército de Guatemala. Ante el malestar que ocasionó su presencia, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado explicando que fueron invitados como escoltas de las banderas durante el acto protocolar. La versión la volvería a sostener el viceministro Erwin Gómez durante una citación convocada por el diputado José Chic, de la banca VOS, el 10 de octubre.

En esa ocasión Urizar también expuso que los elementos armados irrumpieron en el acto protocolario para presentar a la nueva Junta Directiva de forma anómala. Donald Urizar dijo que de las seis entidades que forman la Asociación, Morales Bonilla pertenece a la Mesa Económica, pero decidió no formar parte de la Junta Directiva 2023-2025. Mientras, que la CDAG se encuentra sancionada por no cumplir con el pago de un convenio de cooperación entre ambas instituciones.

Durante la citación con el diputado de VOS, Urizar expuso que la asamblea en donde presuntamente se nombró a Morales Bonilla como su sustituto era ilegal ya que tuvo que haber sido convocada, según los estatutos del CIDEQ, por el presidente y el representante legal.

“Ya existían precedentes desde el año 2021 cuando Aldo Herrera, sin contar con una representación en ese momento, convocó el 16 de diciembre del 2021, de manera anómala, a una asamblea en la que tanto Gustavo Morales Bonilla, de Mesa Económica; como Jorge Pac, del Grupo Gestor de Quetzaltenango, hicieron una asamblea para remover al entonces presidente Armando Castillo”, denunció Urizar en la citación que contó con la participación de viceministros de Gobernación, Cultura y Deportes, entre otras autoridades.

Urizar recordó que Herrera hizo ese proceso de destituir a Castillo sin el quórum necesario y aun así enviaron notificaciones del cambio a las entidades con las que el CIDEQ tiene relación. “En ese entonces, el anterior presidente demandó al Grupo Gestor, Mesa Económica y a otros por el abuso de poder y la falsedad ideológica de esta acción”, resaltó. El desenlace del 2021 se dio tras una mediación en donde ambas organizaciones fueron sancionadas.

Pero tras el acto del 30 de septiembre, Urizar junto a otros miembros de la Junta Directiva afines a él y artistas realizaron una resistencia pacífica para evitar que Morales tomara posesión. Mientras, en el ámbito político, Chic continuó con una segunda citación a la que Herrera asistió.

El gobernador negó que se utilizara al ejército para intimidar y agregó que existió “mucha desinformación”. Sin embargo, el diputado planteó, de acuerdo a la historia del CIDEQ, que la presencia del ejército pudo haber sido percibida por la población como “un mensaje subliminal”.

“Hay temas como el caso Molina Theissen y otros que surgirán ahí. Entonces, sí hay una disputa de un bien que tiene que ver con la vinculación de la memoria histórica”, declaró Chic. El legislador electo por el Distrito Central también puso sobre la mesa el interés del sector inmobiliario por este espacio.

“Nunca he dicho que se va a desarrollar de forma privada. Tampoco nunca hemos dicho que se va a cerrar el museo”, respondió Herrera a los argumentos del diputado. Sin embargo, Chic resaltó que no había mencionado su nombre a lo que el gobernador respondió que existe desinformación entorno al CIDEQ. “Estoy haciendo una analogía, gobernador, tranquilo”, prosiguió el diputado en uno de los momentos álgidos de la citación ante la molestia expresada por Herrera.

Incluso, Chic consideró concluir la citación 20 minutos después de haberla iniciado ante la inconformidad que el gobernador manifestó, así como las constantes interrupciones hacia las intervenciones del diputado y miembros de la Junta Directiva.

Urizar denunció que las cuentas del CIDEQ también fueron congeladas y el cambio de la firma sin previo aviso. En una de las citaciones también Berenice Cita recordó que existe contra Herrera una orden de alejamiento por violencia verbal y psicológica contra ella.

Por otro lado, se evidenció en la primera citación que el Registro de las Personas Jurídicas (REPEJU) inscribió en 24 horas la asamblea y la representación de Gustavo Morales sin tomar los estatutos de la asociación y el cambio de la representación legal. El diputado de VOS se mostró sorprendido por la forma exprés en la que se hizo la inscripción y argumentó que generalmente el REPEJU se tarda al menos tres meses para este proceso por lo que pidió un informe sobre los casos que ingresaron el mismo día que la institución autorizó la representación de Morales.

Ante la situación, el abogado Rafael Maldonado interpuso una exhibición personal a favor de Urizar en el Juzgado de Paz Penal de Quetzaltenango. “Nadie puede abusar de su autoridad”, escribió en su cuenta de X con una fotografía del documento.

Artistas de Quetzaltenango demandan un espacio cultural libre de presiones políticas. Foto de Juan Esteban Calderón

Una crisis cultural

Ubicada a 206 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatemala, Xela ha sido denominada como “la cuna de la cultura”. Sin embargo, tras la pandemia, en marzo de 2020, los vecinos comenzaron a registrar cómo los alrededores del CIDEQ se abrían bares y discotecas. En el último año al menos ocho de estos negocios han sido inaugurados, la mayoría de ellos sin los permisos necesarios.

Los vecinos que prefirieron resguardar su identidad por temor a represalias, manifestaron a Prensa Comunitaria su inconformidad con estos negocios ya que se ubican en una zona residencial en donde también hay clínicas y establecimientos educativos.

Estos bares suelen empezar su actividad a las 20:00 horas hasta pasada la medianoche continúan con la música a alto volumen y violando la ley seca. Por ejemplo, las discotecas Medellín, Mamacitas y el bar 128 no cuentan con licencia de sonido, dijeron los vecinos. Otros nombres mencionados fueron Enigma, Monalisa, Mónaco y Perro Negro los cuales han sido avalados por el Concejo Municipal de Quetzaltenango sin el consenso de la población. Otros sin la autorización para el expendio de licor, según consta una evaluación de la oficina de Ordenamiento Territorial.

Al caminar por el sector se observa lo denunciado por los vecinos. En medio de la discoteca Mamacitas y bar 128 se encuentra un colegio. A una cuadra de Mamacitas también hay otros dos establecimientos educativos y la organización Aldeas Infantiles SOS. Mientras, Medellín está en una zona de clínicas médicas casi colindante con el Consulado de México.

Discoteca Medellín. Foto de Juan Esteban Calderón

Una encuesta reveló que los habitantes de la zona 3 de Quetzaltenango temen salir de sus hogares después de las 21:00 horas. “Incluso hay vecinos que cuentan que han tocado a su puerta preguntando si ahí es una casa de citas”, dijo una de las fuentes consultadas. Para los vecinos la proliferación de estos negocios evidencia la crisis cultural que vive la ciudad de Quetzaltenango.

Estas y otras irregularidades que los pobladores han registrado los ha llevado a concluir que dueños y propietarios de los negocios están vinculados al sector empresarial, a personajes cercanos a la actual corporación municipal y a personas relacionadas con la imposición de la Junta Directiva del CIDEQ.

“En estos negocios además vemos cómo ha aumentado la prostitución turística, se venden drogas y bebidas y eso nos preocupa porque este sector aún es una zona residencial en donde habitan niños, niñas y adultos mayores. Esto ya se salió de control”, afirmó uno de los vecinos que conversó con Prensa Comunitaria.

Aunque han tenido acercamiento con algunas autoridades, la corrupción dentro de las instituciones estatales no ha permitido que los allanamientos en estos inmuebles se concreten. Además, las coimas también han sido parte de los obstáculos para evitar que estos negocios sean sancionados o cerrados ya que algunos pagan desde Q200 diarios hasta los Q20,000 en zonas rojas. “Las últimas acciones registradas en el CIDEQ llevaron a que los vecinos ataran cabos porque de alguna manera nos hemos enterado de los vínculos de estos negocios con personajes de la política y empresarios”, agregaron.

A pesar del panorama, los pobladores aún guardan la esperanza para que estos negocios sean cerrados antes de que la violencia escale en el sector y en otras zonas de Quetzaltenango que también conviven en el mismo contexto.

Remar contra la corriente ha sido como definen esta lucha ya que incluso han presentado denuncias ante la Gobernación Departamental, la Municipalidad, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Policía Nacional Civil entre otras instituciones cuya respuesta ha sido el silencio, la pérdida de documentos con evidencia e incluso afirmar que “no existe ni un problema porque los bares funcionan de noche y los colegios de día”.

Los vínculos de Herrera con el sector inmobiliario

El año pasado en el marco de las elecciones generales, el medio de comunicación “La Voz de Xela” entrevistó a Aldo Herrera cuando se postuló como candidato a alcalde con el comité cívico Sacándole Brillo a Xela (SBX). Herrera es abogado y notario. En la entrevista dijo ser asesor de inversiones y de cómo tramitar licencias de construcción en Quetzaltenango.

Además, comentó que de llegar a la alcaldía haría que el Parque Intercultural “realmente esté al servicio de la población”. En mayo de 2022, la biblioteca administrada por el comité Sacándole Brillo a Xela fue desalojada de CIDEQ debido a que el contrato que tenía para permanecer en las instalaciones había vencido cuatro años atrás.

El desalojo fue ordenado por el Juzgado de Primera Instancia Civil de Quetzaltenango, a petición del CIDEQ. Según explicó la entonces abogada de la asociación que administra el Parque Intercultural, se les había solicitado por medio de cartas administrativas a los encargados de la biblioteca desocupar las instalaciones, pero las ignoraron.

En ese momento Herrera era representante de SBX y dijo que no habían sido notificados. Aseguró que el CIDEQ estaba cooptado por lo presentó un amparo que, en noviembre de 2022, fue resuelto favorablemente por la Sala Cuarta de Apelaciones. Pero, representantes de la Junta Directiva aseguraron que también habían interpuesto un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por lo que la reinstalación de la biblioteca no podía ser posible.

La biblioteca fue desalojada en medio de una denuncia ante la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio del Ministerio Público (MP), que interpuso el predecesor de Urizar, ante la falta de 12 puertas históricas del edificio que datan de la época del Ferrocarril. “El espacio contaba con 16 puertas de metal, de ellas solo hay cuatro”, recordó Urizar en septiembre del año pasado cuando Herrera presentó una solicitud de auditoría a la Contraloría General de Cuentas (CGC) sobre los ingresos y egresos del Centro Intercultural. Para Urizar, esta solicitud es un “ataque” por parte de Herrera tras una citación de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio.

El artista residente Brayan Castro mencionó que existe otra denuncia contra Herrera por destruir cristales de la fachada del CIDEQ que también databan de la época del Ferrocarril Nacional de los Altos. Aunque el representante de Sacándole Brillo a Xela no llegó a la alcaldía sí pasó los filtros para asumir como gobernador del gobierno de Bernardo Arévalo a pesar de las denuncias que existen en su contra.

Por otro lado, en los comicios generales el comité cívico de Herrera logró la elección de tres concejales titulares y uno suplente entre ellos su asesor y arquitecto Marco Chávez que, en 2014, formó parte del diseño de una estrategia urbana denominada “Mejoramiento del Centro Intercultural – Creación de una Centralidad en Quetzaltenango” en el marco de la iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles con el objetivo de obtener un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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La propuesta incluye construir en el espacio del Parque Intercultural un área residencial, comercio y cafeterías, así como área deportiva, plaza de eventos, área de innovación tecnológica, teatro al aire libre, área de huerto, entre otros espacios. “En ningún momento se contempla la recuperación de la memoria histórica ni la preservación de este espacio como un bien patrimonial”, sostuvo Castro en referencia al proyecto.

“Este y otros antecedentes nos hacen sospechar que al día de hoy hay un interés inmobiliario y eso lo podemos ver con las personas que él (Aldo Herrera) ha ido posicionando estratégicamente dentro de espacios de la Junta Directiva y de la Municipalidad”, agregó Castro.

Otras fuentes revelaron que el nombramiento de Luis Morales, quien fue nombrado presidente del CIDEQ el pasado 30 de septiembre también es valuador de Debursa, la empresa inmobiliaria de la familia de Herrera. Debursa incluso tiene adjudicado un proyecto de extracción minera en La Esperanza. En este municipio también han desarrollado los condominios Villa Ferrer, Burgos y Villa Solér. Además, poseen proyectos inmobiliarios en las zonas 10 y 11 de Quetzaltenango y en Salcajá, así como el Cantabria Country Club también ubicado en La Esperanza.

Otro de los concejales, Sergio Monzón, quien fue presentado como nuevo administrador del Parque Intercultural. Aunque Sacándole Brillo a Xela se presentó como oposición “la intención (de Herrera) siempre ha sido de estar en el espacio de favorecer a la Mesa Económica y Grupo Gestor”, aseguraron las fuentes consultadas.

¿Un desenlace?

Tras la citación de Chic el pasado miércoles 23 de octubre, los cuestionamientos hacia el gobierno central aumentaron luego que el diputado sugiriera a la Junta Directiva del CIDEQ plantear la situación al presidente Arévalo.

Sin embargo, el sábado 26 de octubre Herrera anunció a través de un comunicado su renuncia “por cuestiones de salud y asuntos profesionales”. Además, destacó que su dimisión también obedece a su “plena convicción de priorizar la estabilidad y gobernabilidad del departamento”.

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En medio de críticas a su gestión, el gobernador de Quetzaltenango renuncia al cargo

Las críticas hacia su gestión, de seis meses, también se centraron sobre temas de seguridad ya que en el área costera de Quetzaltenango aumentó la ola de violencia. Además, varios sectores cuestionaron la ejecución presupuestaria, la cual posicionó al departamento de Quetzaltenango en uno de los últimos lugares con una ejecución del 18%.

El lunes 28 de octubre durante la conferencia semanal, Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, dijo que la renuncia de Herrera aún estaba en evaluación. “El presidente fue enfático y se está haciendo una evaluación del desempeño de cada uno de los gobernadores”, afirmó. Tres días después, el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero juramentó a Mayra Leticia López Sosa como nueva gobernadora de Quetzaltenango. El 24 de abril, Herrera Scheel y López Sosa fueron designados por Arévalo como gobernador titular y suplente, respectivamente. Según la Ley del Organismo Ejecutivo el gobernador suplente es quien debería asumir el cargo ante la falta del titular. Ahora queda pendiente el nombramiento de un nuevo gobernador suplente.

Mayra Leticia López Sosa, nueva gobernadora de Quetzaltenango. Foto de Mirna Alvarado

Durante una conferencia de prensa, dos días después de la renuncia de Herrera Scheel, Pilar Bagur, vocal I, comentó que los procesos legales continúan para deducir las responsabilidades de quienes participaron en la conformación de la Junta Directiva que se nombró anómalamente.

“A pesar de la renuncia del gobernador igual para nosotros continúa el proceso por abuso de poder durante su gestión”, aseguró Bagur que agregó que cuentan con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que el lunes 28 de octubre sostuvo una reunión en Quetzaltenango ya que los miembros de la Junta Directiva afines a Urizar han sido hostigados.

En tanto, Carlos Mejía, de la Alcaldía Indígena de Olintepeque y del Consejo Maya K’iche’ de Quetzaltenango, recordó que el CIDEQ alberga lugares ceremoniales por lo que el Parque Intercultural es un lugar importante para la población indígena. “Este espacio es de todos los municipios de Quetzaltenango”, recalcó Mejía al llamar a la población a unirse en defensa del Centro Intercultural.

Autoridades ancestrales y miembros del CIDEQ en una conferencia de prensa el pasado 28 de octubre. Foto de Juan Esteban Calderón

“Es necesario descentralizar el arte en todo el país, promoverlo y construir nuevos espacios porque si queremos construir una sociedad sana y democrática el arte es uno de los medios”, manifestó por su parte Ángel Solórzano del colectivo de artistas Zona Encendida.

Urizar también pidió al gobierno de Arévalo que busque los perfiles idóneos que lo representarán en la Gobernación Departamental para que respondan a las necesidades de los territorios. “En los territorios no existen espacios para los artistas. Para nosotros ha sido una defensa ancestral y del territorio urbano ya que también significa defender la memoria histórica”, agregó el directivo.

Los procesos legales continuarán no solo contra el exgobernador sino también del presidente y administrador nombrados el pasado 30 de septiembre. En tanto, la Junta Directiva presidida por Urizar continuará su gestión hasta el 2025. En cuanto a la fiscalización de los fondos que ingresan al Parque Intercultural, Urizar señaló que el diputado Chic ordenó una auditoría de los últimos 10 años por lo que estarán pendientes a la convocatoria prevista para el próximo mes.

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