Por primera vez, el Ministerio Público (MP) reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la institución fue utilizada para criminalizar a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos durante la gestión de Consuelo Porras. El nuevo MP también anunció la revisión de esos casos y una reestructuración interna para revertirlo.
Por Alexander Valdéz
En la segunda audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que intervinieron organizaciones de Guatemala y el Estado, el Ministerio Público (MP) reconoció que la institución, durante la gestión de Consuelo Porras, fue utilizada con fines de persecución hacia operadores de justicia, autoridades indígenas, periodistas y defensores de Derechos Humanos.
En representación del MP, el secretario general, Edwin Chavajay, expuso las primeras acciones impulsadas por la administración de Gabriel García Luna. Durante su intervención, Chavajay reconoció que “grupos de poder y estructuras de corrupción” mantuvieron control sobre el MP en los últimos años y que la institución fue utilizada como una herramienta de persecución.
“Esa cooptación y desmantelamiento del MP motivada por un interés de impunidad y la corruçion ha logrado su concretización por medio de una instrumentación del derecho penal que se intensificó durante la gestión de Consuelo Porras”, afirmó Chavajay al exponer ante la CIDH.
El funcionario también anunció una serie de medidas de reorganización institucional. Entre ellas destacó el cierre de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la reestructuración de la Fiscalía de Derechos Humanos y la reincorporación de personal que había sido separado de sus cargos durante la gestión de Porras.
Según explicó, estos cambios buscan restablecer el funcionamiento del Ministerio Público y recuperar la confianza en la institución. Asimismo anunció que el MP se reintegró al mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno.
Por su parte, la exfiscal general Claudia Paz y Paz valoró que el nuevo MP haya comenzado a adoptar medidas para desmontar las estructuras que facilitaron la persecución. Sin embargo, advirtió ante la CIDH que esos avances aún son insuficientes y exhortó a las nuevas autoridades a impulsar acciones concretas.
La intervención del MP fue un cambio en la postura institucional ante una instancia internacional. Por primera vez, el MP reconoció los hechos denunciados por organizaciones de la sociedad civil, operadores de justicia, periodistas exiliados.
Durante la gestión de Porras fueron reiteradas audiencias y espacios internacionales, en los que la institución no solo se abstuvo de participar presencialmente, sino que también rechazó las denuncias sobre persecución penal y negó la existencia de una política de criminalización, pese a los señalamientos.
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Tres espacios importantes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicó tres audiencias temáticas a analizar la situación de la criminalización y el exilio forzado de personas guatemaltecas, en un espacio que reunió a víctimas, organizaciones de la sociedad civil y representantes del Estado. Las sesiones se celebraron para dar seguimiento al deterioro del Estado de derecho en Centroamérica, entre esto nuestro país, en el marco del impacto de la persecución penal contra operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y autoridades indígenas.
Las audiencias abrieron el espacio en el que exiliados y organizaciones expusieron nuevamente ante la CIDH que los efectos de la criminalización aún persisten y solicitaran acciones concretas para garantizar el cese de la persecución y crear condiciones para un retorno seguro. También sirvieron para plantear demandas dirigidas al gobierno de Bernardo Arévalo, al Ministerio Público (MP) y al Organismo Judicial (OJ), con el fin de que impulsen medidas de justicia, reparación y desmantelamiento de las estructuras que facilitaron esos procesos de persecución.
Uno de los aspectos más relevantes de la segunda audiencia fue la participación, por primera vez, de un Ministerio Público encabezado por un nuevo fiscal general. Gabriel García Luna, quien asumió la dirección hace casi tres meses.
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