En tres audiencias temáticas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchará nuevamente a guatemaltecos exiliados y organizaciones sociales que volverán a exigir mejores condiciones para regresar al país, una deuda pendiente del gobierno de Bernardo Arévalo.
Por Alexander Valdéz
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volverá a escuchar a guatemaltecos en el exilio a causa de la criminalización emprendida durante la gestión de Consuelo Porras en el Ministerio Público (MP). En la audiencia del martes 4 de agosto, los exiliados expondrán que, pese a los constantes llamados de organismos internacionales y a los cambios ocurridos en algunas instituciones del Estado, las condiciones para un retorno seguro aún no existen.
La razón es que muchos de los expedientes judiciales abiertos durante la gestión de Porras continúan activos; órdenes de aprehensión, denuncias, investigaciones y procesos que les obligó a salir del país de periodistas, operadores de justicia, defensores de derechos humanos y otros actores siguen sin resolverse.
La audiencia forma parte de una serie de sesiones que la CIDH ha dedicado al exilio guatemalteco y centroamericano durante los últimos tres años. Esta es otra oportunidad para que las personas que permanecen fuera del país se expresen y denuncien que la criminalización persiste y para exigir al gobierno de Bernardo Arévalo, al Ministerio Público (MP) y al Organismo Judicial (OJ) que cesen las acciones de persecución y haya garantías de justicia.
Serán tres audiencias temáticas en la que habrá una representación guatemalteca de los afectados por la criminalización y organizaciones de sociedad civil. La primera está prevista para este 4 de agosto a las 7:00 de la mañana y las otras dos serán el miércoles 5, y se realizarán entre las 9:00 am y 14:00 horas de ese mismo día (hora de Guatemala).
Un nuevo MP
Entre lo más relevante de esta nueva audiencia está que será la primera en la que el Estado participe con un nuevo fiscal general. Gabriel García Luna, quien asumió la jefatura del MP hace casi tres meses, y prometió revisar uno por uno los expedientes vinculados con casos de criminalización. La audiencia servirá para conocer cuál es la posición de la nueva administración frente a esas peticiones y qué respuestas ofrecerá sobre los casos que mantienen a decenas sin poder volver a su tierra natal.
En 2023, la CIDH también celebró una audiencia temática en la que guatemaltecos y organizaciones denunciaron que habían sido obligadas a abandonar Guatemala debido a la fabricación de distintos casos en el MP. Desde entonces, la CIDH y otros organismos internacionales han abierto distintos espacios para escucharles y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se han hecho sobre este tema.
Sin embargo, hasta ahora causas que provocaron la salida del país de distintos actores siguen vigentes. De hecho, un exfiscal anticorrupción sigue preso desde hace dos años, sin audiencias por retrasos injustificados. Además, cuatro exlíderes indígenas están procesados y dos en prisión preventiva sin justificación alguna.
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Un retorno difícil
Para que una persona vuelva al país no es nada sencillo. En casos que involucran a operadores de justicia, periodistas, estudiantes de la USAC y defensores de derechos humanos, continúan vigentes órdenes de captura o procesos penales abiertos por distintos delitos. Mientras eso siga activo, regresar al país implica un alto riesgo de ser detenido de inmediato y enviado a prisión preventiva de manera prolongada, un patrón que se ha evidenciado en varios de los casos de criminalización en los últimos años.
Por ese motivo, las personas exiliadas antes de retornar deben tener garantías de justicia y seguridad para su integridad física. Esto quiere decir que haya una revisión de los expedientes, retirar las órdenes de captura, desestimar los procesos que carecen de fundamento y asegurar que quienes regresen no sean privados de libertad apenas ingresen al país.
Otra situación que lo hace más difícil es que, cualquier decisión para revocar órdenes de captura, cerrar investigaciones o resolver los procesos penales no solo depende de una petición del MP, sino del OJ. Esas solicitudes deben ser aprobadas por jueces que, en varios casos, han sido señalados por su actuación en expedientes de criminalización.
Entre ellos figuran Fredy Orellana, Víctor Cruz, Mynor Motto y Jimi Bremer, que incluso tienen sanciones internacionales por su rol en el debilitamiento de la independencia judicial y la criminalización.
Un Estado que no responde
Faltan poco más de 12 meses para que el presidente Bernardo Arévalo finalice su gestión, y aún tiene pendiente una de las promesas que marcó su campaña, crear las condiciones para que operadores de justicia, periodistas, estudiantes de la Universidad de San Carlos y otras personas forzadas al exilio por la criminalización pudieran regresar a Guatemala. Aunque ha manifestado públicamente su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho, nada se ha cumplido o cambiado desde cuando llegó al poder, según los afectados por criminalización.
Uno de los ejemplos es el del exfiscal Stuardo Campo, investigó a grandes estructuras de corrupción y permanece en prisión desde hace más de dos años. Misma situación la de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes defendieron los resultados electorales en 2023.
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