Durante los ocho años, el MP de Consuelo Porras impulsó procesos penales contra al menos 52 jueces, fiscales, periodistas, abogados, exintegrantes de la CICIG y defensores de derechos humanos. Un análisis de los expedientes revela un patrón: la reiterada utilización de un reducido grupo de delitos, principalmente abuso de autoridad y obstrucción de justicia, para perseguir a quienes investigaron corrupción, litigaron casos de alto impacto o cuestionaron al poder.
Por Rony Ríos
Durante los ocho años de gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público entre 2018 y 2026, la institución impulsó procesos penales contra al menos 52 exfiscales, exjueces, exmagistrados, exintegrantes de la CICIG, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos que no se alineaban a su ideología o intereses.
De las 52 personas criminalizadas, al menos 40 enfrentaron causas penales formales, mientras que el resto sufrió amenazas de persecución, exilio forzado, solicitudes de captura o denuncias que no necesariamente llegaron a una etapa judicial.
Un análisis de los expedientes públicos muestra que el Ministerio Público (MP) recurrió a por lo menos 60 imputaciones penales para presentar estos casos. La principal herramienta jurídica utilizada fue el Código Penal, mientras que la Ley Contra la Delincuencia Organizada fue aplicada en al menos 17 ocasiones, principalmente mediante los delitos de asociación ilícita y los asociados con la obstrucción a la justicia.
El patrón en esos casos reveló que la criminalización no se concentró en delitos patrimoniales o actos de corrupción tradicional, sino en figuras penales vinculadas al ejercicio de funciones públicas, decisiones judiciales, investigaciones penales o actuaciones profesionales.
Para el abogado de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), Francisco Soto, la reiteración de estos delitos no fue casual, sino parte de una estrategia de criminalización dirigida contra exoperadores de justicia, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos que participaron en la lucha contra la corrupción y la impunidad. A su juicio, el fenómeno no se limitó al Ministerio Público, sino que también contó con la participación de operadores de justicia que avalaron las investigaciones y resoluciones impulsadas durante ese período.
Soto considera que el delito de abuso de autoridad se convirtió en una de las principales herramientas para perseguir a exfiscales y exjueces por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Según explica, las conductas atribuidas en muchos de estos expedientes no reunían los elementos jurídicos necesarios para configurar esos delitos, pero el Ministerio Público buscó encuadrarlas dentro de esos tipos penales para sostener las investigaciones y mantener abiertos los procesos.
El abogado sostiene que esa respuesta ocurrió después de los avances registrados en el sistema de justicia durante las administraciones de fiscales generales como Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, cuando se impulsaron investigaciones por corrupción, casos de justicia transicional y el fortalecimiento de instituciones encargadas de combatir la impunidad. En ese contexto, afirma, la criminalización buscó revertir esos avances y restablecer el status quo previo.
A criterio de Soto, los procesos también tuvieron un efecto ejemplificante. “El mensaje era que quienes investigaran corrupción, impulsaran casos de derechos humanos o cuestionaran a las estructuras de poder podían terminar en prisión o en el exilio”, resume el abogado, quien añade que en varios expedientes observó un tratamiento desigual respecto de otros casos de corrupción, especialmente en la imposición de prisión preventiva y la negativa de medidas sustitutivas.
El libro de jugadas de la criminalización
El análisis de 52 casos de criminalización impulsados durante la gestión de Consuelo Porras permite identificar el “libro de jugadas”: una estrategia repetida en la que exfiscales, jueces, abogados y periodistas son señalados mediante un conjunto limitado de delitos —principalmente abuso de autoridad, obstrucción de justicia, conspiración y asociación ilícita— para posteriormente enfrentar procesos penales, órdenes de captura, prisión preventiva o exilio.
Más que una diversidad de conductas criminales, los expedientes muestran la reiteración de las mismas herramientas jurídicas en contra de un grupo específico de actores vinculados a la lucha contra la corrupción, la defensa de derechos humanos y el ejercicio del periodismo.
El MP de Porras utilizó dos patrones claros, el primero a través de criminalizar la conducta profesional encuadrándola en obstrucción a la justicia y siendo la principal herramienta del MP para atacar a voces disidentes; los fiscales de Porras variaron entre el delito consumado y la conspiración para cometer ese delito.
Tanto el delito de abuso de autoridad como el de obstrucción de justicia fueron concebidos originalmente para sancionar conductas cometidas por funcionarios públicos o personas que, desde una posición de poder o dentro de un proceso judicial, impidieran el funcionamiento de la administración pública o de la justicia.
Por ello, esas figuras difícilmente podían aplicarse a periodistas, abogados defensores o particulares que ejercían derechos constitucionales, ya que no desempeñaban funciones públicas ni tenían la capacidad legal de afectar el ejercicio de la autoridad estatal en los términos previstos por el Código Penal.
El MP amplió el alcance de ambos delitos para convertir actuaciones profesionales —como litigar un caso, publicar información periodística o ejercer la defensa técnica— en supuestas conductas delictivas y con esa interpretación abrió o intentó abrir procesos penales contra personas que no habían sido consideradas sujetos activos de esos ilícitos.
Este ilícito fue utilizado en contra del ex comisionado de la CICIG, Iván Velasquez, las mandatarias Luz Adriana Camargo y Leily Santizo, y los comunicadores de elPeriódico -que fueron perseguidos por informar sobre la detención de Jose Rubén Zamora- y los abogados del fundador de ese medio de comunicación.
El segundo patrón claro fue el utilizado para emprender acciones penales en contra de exoperadores de justicia. El MP encuadró la forma de ejercer su profesión en abuso de autoridad.
Entre este grupo se encuentran la exfiscal general Thelma Aldana; el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; la exmandataria de la CICIG Claudia González; los exfiscales Virginia Laparra, Rudy Herrera, Paola Escobar, Aliss Morán, Willy Racanac; y los jueces Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul y Claudette Domínguez.
Más allá de la diversidad de expedientes, el MP no recurrió a un amplio catálogo de delitos para perseguir a sus críticos. Por el contrario, reutilizó una combinación reducida de figuras penales contra perfiles muy distintos —fiscales, jueces, periodistas, abogados, autoridades indígenas y exfuncionarios de la CICIG—, lo que permite identificar un patrón repetitivo en la construcción de los casos.
La selección de estos tipos penales es relevante desde el punto de vista procesal, ya que, tanto el abuso de autoridad como la obstrucción a la justicia —especialmente cuando se combinaban con figuras previstas en la Ley contra la Delincuencia Organizada, como conspiración o asociación ilícita— exponían a los señalados a penas de prisión más severas y, en varios casos, permitían al MP solicitar prisión preventiva bajo el argumento de que se trataba de delitos de mayor gravedad.
Haciendo que esa estrategia incrementara la presión sobre los acusados y dificultara que enfrentaran los procesos en libertad mediante medidas sustitutivas. En delitos como la obstrucción de la justicia, eran tipos legales que usaba el MP para evitar que los señalados accedieran a medidas sustitutivas, ya que por el tipo penal utilizado no se podía aplicar una medida de coerción distinta a la prisión preventiva.
Cuando se limitó la prisión domiciliaria en este delito se buscaba evitar que los sindicados continuaran obstruyendo las investigaciones y que el MP y los tribunales tuvieran independencia en la impartición de justicia; sin embargo, aplicar estos delitos a exfuncionarios sin acceso a las instituciones o a periodistas no cumplía con el sentido de la norma.
Del combate a la corrupción a los acusados
La mayoría de los señalados integraron las instituciones que durante años investigaron redes de corrupción e impunidad.
Entre ellos figuran exfiscales de la FECI como Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, Siomara Sosa, Samari Gómez, Eduardo Pantaleón y varios auxiliares fiscales; exjueces de Mayor Riesgo como Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul; exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC); exmandatarios y funcionarios de la CICIG como Claudia González, Leily Santizo e Iván Velásquez.
La lista también incluye periodistas y columnistas como Jose Rubén Zamora, Juan Luis Font, Gerson Ortiz, Julia Corado, Cristian Vélix, Denis Aguilar, Alexander Valdéz, Edgar Gutiérrez, Gonzalo Marroquín y Rony Ríos.
En varios de estos casos, organismos internacionales, relatores de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han señalado que existe un patrón de criminalización dirigido contra quienes investigaron corrupción o denunciaron abusos de poder.
La Ley Contra la Delincuencia Organizada como herramienta recurrente
La revisión de los casos también evidencia el uso frecuente de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
Al menos 17 imputaciones provienen de esa normativa, principalmente mediante los delitos de asociación ilícita, conspiración y terrorismo.
La aplicación de estas figuras permitió al Ministerio Público solicitar órdenes de captura, medidas de coerción más severas y procesos complejos que en varios casos terminaron provocando el exilio de fiscales, jueces y abogados.
Exilio, prisión y procesos abiertos
Las consecuencias de estas investigaciones trascendieron los tribunales, ya que decenas de operadores de justicia abandonaron Guatemala en los últimos años. Otros enfrentaron prisión preventiva durante meses antes de recuperar su libertad mediante medidas sustitutivas o absoluciones posteriores.
Casos como los de Virginia Laparra, Claudia González, José Rubén Zamora y Eduardo Masaya reflejan cómo la prisión preventiva se convirtió en un elemento recurrente dentro de estos procesos.
Mientras tanto, exfiscales como Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa, Andrei González, Rudy Herrera, Carlos Vides y otros permanecen fuera del país ante el riesgo de captura.
Un patrón disfrazado de función
Ese patrón ha sido documentado durante los últimos años por distintos mecanismos internacionales. Uno de ellos fue la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), además de varios relatores especiales de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que han advertido reiteradamente que en Guatemala existe un uso indebido del derecho penal para intimidar o neutralizar a jueces, fiscales, periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia que participaron en investigaciones de corrupción o denunciaron abusos de poder.
Estos organismos han identificado elementos repetitivos como el uso de denuncias penales infundadas, la prisión preventiva prolongada, las órdenes de captura, la apertura de procesos por el ejercicio de funciones profesionales y el consecuente exilio de decenas de personas.
Para el MP de Consuelo Porras, estos casos forman parte de la persecución legítima de posibles delitos cometidos por funcionarios públicos.
Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales sostienen que el patrón evidencia una estrategia sistemática para desmantelar las estructuras anticorrupción que operaron durante la última década y enviar un mensaje disuasivo a jueces, fiscales, periodistas y defensores.
El modus operandi de la FECI de Rafael Curruchiche y otras fiscalías claves de Consuelo Porras, se basaba principalmente en el conocimiento de denuncias anónimas o de la Fundación Contra el Terrorismo para comenzar las pesquisas en contra de exoperadores de justicia, exfiscales, defensores de derechos humanos, periodistas o abogados.
Una vez iniciados esos procesos, los abogados solían ser objeto de nuevas denuncias por las actuaciones que realizaban. El caso donde más se evidenció esta forma de operar fue en la detención de Jose Rubén Zamora, en donde se hicieron señalamientos en contra de varios abogados, haciendo que varios de ellos decidieran aceptar cargos para que se cerraran sus procesos penales sin guardar prisión.
Pese a ello, este no fue el único caso, también las exmandatarias de la CICIG, Claudia González y Leily Santizo, fueron objeto de investigaciones por actuar como abogadas defensoras de excompañeros de equipo, específicamente del equipo de la FECI.
Los datos muestran que, más allá de las diferencias políticas sobre cada expediente, la criminalización se concentró en un grupo específico de actores: quienes participaron en investigaciones de corrupción, litigios estratégicos, defensa de derechos humanos o cobertura periodística de asuntos públicos.
Exautoridades del MP
La exfiscal general Thelma Aldana cuando fue proclamada como candidata presidencial por el partido Semilla en las elecciones de 2019 el MP de Consuelo Porras la señaló por la compra del edificio para oficinas de la institución; la fiscalía sostuvo que hubo favorecimiento y perjuicio al Estado.
Por todos estos casos el MP utilizó la ley contra la delincuencia organizada y el Código Penal, encuadrando las supuestas irregularidades en peculado, falsedad ideológica, asociación ilícita, extorsión, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad e Incumplimiento de deberes. Desde 2019, Aldana se encuentra exiliada del país y con órdenes de captura pendientes.
Otro de los casos emblemáticos, es el del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, a quien en principio se le destituyó de forma irregular cuando, con sus investigaciones, se acercó al hallazgo de cobros de sobornos del entonces presidente Alejandro Giammattei. A partir de ahí, el exfiscal ha sido señalado de tráfico de influencias, obstaculización, denegación de justicia, abuso de autoridad, asociación ilícita e Incumplimiento de deberes.
Sandoval también fue incluido en el Caso Odebrecht, por la firma de acuerdos de colaboración eficaz y reparación económica, el caso contra Jose Rubén Zamora por supuestas actuaciones para mantener archivada o desviar una denuncia previa, por sus actuaciones en casos derivados de investigaciones de FECI como Comisiones Paralelas, Construcción y Corrupción y Alpha Consultores. Sandoval también salió del país y cuenta con órdenes de captura vigentes en Guatemala.
La exjefa de la FECI en Quetzaltenango, Virginia Laparra, estuvo detenida y anuente a afrontar la justicia durante varios meses, pero finalmente decidió salir al exilio luego de considerar que el sistema de justicia estaba parcializado en su contra y otros fiscales anticorrupción.
Laparra fue criminalizada después de denunciar al entonces juez Lesther Castellanos por supuesto abuso de autoridad, ya que a criterio de la administración de Consuelo Porras no debía presentar denuncias administrativas.
Además, Laparra fue señalada en un caso por revelación de información confidencial o reservada, también dentro de sus actuaciones en su labor fiscal y al mismo entorno de conflicto con Castellanos.
Exmandatarios de CICIG
El ex comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, también fue objeto de los señalamientos por parte del MP. Velásquez, junto con la exmandataria y fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, fueron señalados de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.
Los exfuncionarios de la Comisión fueron señalados por el MP de integrar una supuesta estructura por la negociación de acuerdos de colaboración eficaz con ejecutivos de Odebrecht, pero finalmente la CSJ anuló las órdenes de captura en contra de ellos, aduciendo vicios de competencia.
Las exmandatarias de la CICIG, Claudia González y Leily Santizo, fueron señaladas por el MP de Consuelo Porras en casos distintos y ambas fueron enviadas a prisión.
González fue sindicada de abuso de autoridad por su labor como mandataria de la Comisión en 2017, aunque ella y el exfiscal Juan Francisco Sandoval han indicado que el caso en su contra se trataba de una venganza política.
El caso de Santizo se basó en señalar la obstrucción a la justicia, pero finalmente el juez consideró que no existían suficientes indicios para procesarla por ese delito y lo modificó a colusión. Según el MP, la exmandataria de la Comisión incurrió en ese delito por el supuesto mal uso de la información relacionada con un caso.
Además, meses después de ello, en octubre de 2022, Santizo volvió a ser objeto de una orden de captura por obstaculización a la acción penal por una supuesta comunicación que sostuvo con el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Según Rafael Curruchiche, la comunicación se dio sobre un caso bajo reserva.
De impartir justicia a ser víctimas del sistema
La lista de operadores de justicia criminalizados que tuvieron que dejar el sistema fue encabezada por los jueces de mayor riesgo. Según las investigaciones del MP de Consuelo Porras en su contra, los togados se extralimitaban en los casos de corrupción, afectando a los señalados de pagos o cobros de sobornos y otras formas de desvíos de fondos estatales o la manipulación del sistema de justicia.
En 2023, el exjuez de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, denunció que luego de enviar a juicio a nueve militares retirados por la comisión de delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno, se dio un incremento en el acoso y hostigamiento.
Pese a ello, el sistema de justicia le falló a Gálvez, permitiendo que las denuncias que la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) planteó en su contra avanzaran y le impidieran ejercer su trabajo con independencia, por lo que decidió salir del país.
El caso contra la exjueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, es similar al de Gálvez, pero con el agravante de que ella fue objeto de una orden de captura que la pone en más riesgo. La FCT la denunció y la FECI de Curruchiche actuó.
Aifán fue señalada de abuso de autoridad, asociación ilícita, usurpación de funciones, falsedad ideológica y prevaricato por la autorización judicial de la firma de acuerdos de colaboración eficaz en el caso de corrupción Odebrecht. Según la FECI de Curruchiche, Aifán no debía autorizar la firma de los convenios fuera de Guatemala, pese a que la exjueza recibió el visto bueno de forma oficial por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
A Gálvez y Aifán, se suman los señalamientos en contra del exjuez Pablo Xitumul y la jueza Claudette Domínguez, todos de Mayor Riesgo.
Informar también se convirtió en un riesgo
La criminalización no se limitó a jueces, fiscales y exintegrantes de la CICIG, también alcanzó el periodismo crítico a través de investigaciones penales durante la gestión de Consuelo Porras.
El caso más emblemático fue el del fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora. El periodista fue capturado el 29 de julio de 2022 y señalado inicialmente de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, pero posteriormente enfrentó nuevos procesos por supuesta obstrucción a la justicia.
La detención de Zamora fue ampliamente cuestionada por organismos nacionales e internacionales de libertad de expresión, que consideraron el caso como una represalia por las investigaciones periodísticas que durante años publicó sobre corrupción estatal y presuntos actos irregulares cometidos por funcionarios de alto nivel como el presidente Alejandro Giammattei.
Aunque algunos de los procesos iniciales fueron anulados y ordenados a repetirse por tribunales superiores, Zamora continúa enfrentando causas penales abiertas impulsadas por el MP y permanece sometido a distintos procesos judiciales, situación que organizaciones internacionales consideran parte del patrón de persecución contra la prensa independiente. Sin embargo, el cambio de fiscal general permitió que el MP desistiera de apelar las medidas sustitutivas de las que el fundador de elPeriódico goza y le permita afrontar sus procesos penales en libertad -luego de haber estado más de tres años en prisión-.
Esa persecución no se limitó al fundador de elPeriódico. El Ministerio Público también dirigió acciones contra periodistas y columnistas vinculados a ese medio de comunicación.
En febrero de 2023, la FECI de Rafael Curruchiche solicitó investigar a los periodistas Gerson Ortiz, Julia Corado, Cristian Vélix, Denis Aguilar, Alexander Valdéz y Rony Ríos, así como a los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín; los comunicadores fueron señalados porque según la FECI, las publicaciones relacionadas con jueces, fiscales y procesos judiciales constituían una conspiración para obstruir la justicia.
La tesis del MP planteaba que las publicaciones periodísticas formaban parte de una estrategia para influir en decisiones judiciales o intimidar a operadores de justicia. Los comunicadores rechazaron los señalamientos y argumentaron que el expediente pretendía criminalizar el ejercicio periodístico.
Además, los abogados defensores sostuvieron que el caso nunca debió tramitarse en la jurisdicción penal ordinaria, ya que, al derivarse exclusivamente de publicaciones periodísticas, cualquier controversia debía ventilarse mediante la Ley de Emisión del Pensamiento y el procedimiento especial del Jurado de Imprenta, mecanismo previsto por la Constitución para proteger la libertad de expresión.
Esa interpretación fue respaldada posteriormente por un juez penal, una Sala de Apelaciones, la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia y finalmente por la Corte de Constitucionalidad, quienes resolvieron que las publicaciones periodísticas no podían ser investigadas penalmente mientras no se agotara previamente la vía del juicio de imprenta.
Tras casi tres años de litigio, la CC dejó sin efecto la investigación penal contra los periodistas y ordenó que cualquier controversia relacionada con sus publicaciones fuera conocida mediante la jurisdicción especial de imprenta, convirtiendo el caso en uno de los precedentes más relevantes sobre libertad de expresión.
Otro periodista que abandonó el país fue Juan Luis Font, quien enfrentó señalamientos por colusión y cohecho activo porque supuestamente tenía una relación de amistad con la jueza Aifán que hizo que no fuera investigado en la carpeta del caso Odebrecht. Aunque el periodista ha negado los señalamientos.
A estos casos se suman los de periodistas comunitarios como Carlos Choc y Anastasia Mejía, quienes fueron procesados después de documentar protestas sociales y conflictos comunitarios.
Aunque sus expedientes tuvieron orígenes distintos, organizaciones defensoras de la libertad de prensa los identificaron como ejemplos del uso del sistema penal contra periodistas que cubrían temas sensibles para el poder político o económico.
Los abogados también entraron en la mira
La estrategia de criminalización tampoco se limitó a quienes investigaban o informaban, ya que en varios casos alcanzó a quienes asumían la defensa legal de las personas perseguidas.
El caso más visible ocurrió tras la captura de José Rubén Zamora porque conforme avanzó el proceso penal contra el fundador de elPeriódico, varios de sus abogados comenzaron a enfrentar señalamientos por actuaciones realizadas dentro del propio ejercicio de la defensa.
Uno de ellos fue Mario Castañeda, quien fue acusado de conspiración para la obstrucción de justicia; posteriormente aceptó cargos y recibió una condena reducida, una decisión que, según organizaciones de derechos humanos, evidenció la presión ejercida sobre quienes asumían la representación legal de personas consideradas adversarias por el MP.
También fueron objeto de investigaciones otros abogados vinculados al caso Zamora, entre ellos Romeo Montoya y otros profesionales que participaron temporalmente en su defensa.
La misma lógica alcanzó a exintegrantes de la CICIG convertidos en abogados defensores. Claudia González y Leily Santizo fueron procesadas por actuaciones relacionadas con su trabajo profesional. Ambas terminaron privadas de libertad mientras enfrentaban los procesos impulsados por el MP.
En 2025, la criminalización alcanzó además al abogado Eduardo Masaya, quien fue capturado dentro del caso conocido como “Corrupción Semilla”. El MP lo señaló de falsedad ideológica continuada por actuaciones relacionadas con documentación del partido político Movimiento Semilla.
Otro caso representativo fue el de Juan Francisco Solórzano Foppa. El exsuperintendente de Administración Tributaria y abogado fue procesado por supuestas irregularidades relacionadas con la inscripción de ciudadanos al partido Semilla.
El patrón común en estos expedientes es que las actuaciones cuestionadas ocurrieron dentro del ejercicio de la profesión jurídica, ya fuera como abogados defensores, mandatarios judiciales o asesores legales.
La desarticulación de la FECI
El grupo más numeroso de personas criminalizadas durante la gestión de Consuelo Porras fue el integrado por exfiscales y auxiliares fiscales de la FECI.
La salida de Juan Francisco Sandoval en julio de 2021 marcó el inicio de un proceso de desarticulación que terminó convirtiendo a antiguos investigadores anticorrupción en objetivos de investigaciones penales.
Además de Sandoval y Virginia Laparra, el MP impulsó acciones contra Siomara Sosa, Samari Gómez, Eduardo Pantaleón, Rudy Herrera, Paola Escobar, Aliss Morán, Willy Racanac, Andrei González, Carlos Vides, Lorenzo Bolaños, José Daniel Mejía, Hugo González, Carla Valenzuela y otros integrantes de la fiscalía.
Los casos eran distintos, pero compartían un elemento común, que los señalamientos surgían por el trabajo realizado por los agentes y auxiliares fiscales durante investigaciones de corrupción, financiamiento electoral ilícito, manipulación de cortes o redes de tráfico de influencias.
En varios expedientes, la acusación se construyó alrededor de delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, denegación de justicia, obstrucción a la justicia, asociación ilícita o revelación de información confidencial.
Estos señalamientos derivaron en que la mayor parte del equipo de la FECI que emprendió la lucha contra la corrupción fuera enviada a prisión provisional y que la mayoría de los que no fueron enviados a la cárcel tuvieran que salir al exilio.
Otros fiscales que terminaron investigados
La persecución tampoco se limitó a los rostros más conocidos de la FECI, ya que conforme avanzó la gestión de Consuelo Porras, otros fiscales que habían participado en investigaciones de alto impacto también comenzaron a enfrentar denuncias, procesos penales o la salida forzada de la institución.
Entre ellos figura Pablo Barrios, quien durante su carrera como fiscal dirigió investigaciones relevantes, entre ellas el caso contra el exministro de Gobernación Remberto Ruiz. El MP inició acciones penales en su contra por actuaciones realizadas mientras ejercía funciones fiscales, siguiendo un patrón similar al utilizado contra otros exintegrantes de la institución.
A Barrios se suman Hilda Pineda, la histórica fiscal de Derechos Humanos que era la cara visible de la justicia transicional, ya que durante la dirigencia de su fiscalía consiguió llevar a los tribunales a decenas de militares señalados de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.
Pineda fue destituida por Consuelo Porras y junto a ella fueron removidos del cargo otro grupo de fiscales, entre quienes figuraba Sara Romero, una fiscal con 27 años de carrera y que fue la encargada del caso de la masacre Dos Erres, donde un grupo de kaibiles fueron sentenciados por la ejecución de 171 personas.
Además, el MP de Porras se encargó de perseguir a dos de los rostros más visibles de la Fiscalía Contra la Corrupción, el del fiscal de Sección, Stuardo Campo y su compañero de trabajo Eduardo Pantaleón.
En el caso de Campo, además de su trabajo como fiscal, su condición de dirigente sindical lo convirtió en una de las voces más críticas de la administración de Consuelo Porras. Su captura fue parte de una escalada en la persecución contra funcionarios que cuestionaban la conducción del MP. Campo lleva más de 900 días en prisión por tres procesos penales abiertos en su contra, señalado de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y denegación de justicia.
Su compañero de trabajo, Eduardo Pantaleón, también fue señalado de incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal. Pantaleón, aunque también guardó prisión, actualmente goza de medidas sustitutivas y ha conseguido que se le declare inocente de los cargos en dos instancias, pero ese fallo aún no está firme, por lo que sigue pendiente de cerrar en definitiva el proceso.
La incorporación de estos nombres amplió aún más el universo de exoperadores de justicia investigados, demostrando que la estrategia de criminalización no se concentró únicamente en la cúpula de la FECI, sino que alcanzó a fiscales de distintas unidades que participaron en investigaciones de corrupción, derechos humanos o delitos de alto impacto.
La criminalización de la protesta
La estrategia del MP también alcanzó a quienes encabezaron las manifestaciones ciudadanas en defensa del proceso democrático.
En abril de 2025 fueron capturados Luis Pacheco y Héctor Chaclán, autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, señalados de terrorismo, asociación ilícita, obstrucción a la justicia y otros delitos por su participación en los bloqueos y protestas organizados tras las elecciones generales de 2023.
Las movilizaciones buscaban exigir el respeto a los resultados electorales y rechazar las acciones impulsadas por el MP para intentar suspender al Movimiento Semilla y cuestionar el proceso que llevó a Bernardo Arévalo a la Presidencia. También buscaban cercar el margen de maniobra de los 23 diputados de Semilla en el Congreso de la República.
Las capturas de Pacheco y Chaclán fueron un intento de criminalizar el derecho a la protesta y el papel que desempeñaron las autoridades indígenas durante la crisis poselectoral, representando la extensión del patrón de persecución hacia actores sociales que, sin formar parte del sistema de justicia, habían adquirido un papel determinante en la defensa del orden constitucional.
Ambos dirigentes indígenas permanecen vinculados a proceso mientras continúan las investigaciones del MP. Sus defensas sostienen que los hechos atribuidos corresponden al ejercicio del derecho de manifestación y de resistencia pacífica reconocido por la Constitución, mientras que organismos nacionales e internacionales han pedido que el proceso respete los estándares sobre protesta social y libertad de reunión. Ambos exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán permanecen en prisión desde abril de 2025.
