Tres concejales de oposición continúan sin participar en las sesiones del Concejo Municipal. El sindicato no ha podido asumir. Mientras, se revelan gastos elevados en asesores.
Por Prensa Comunitaria
Juan Fernando López Fuentes asumió su segundo periodo al frente a la municipalidad de Quetzaltenango. Durante los primeros días del nuevo gobierno, en este 2024, ha sido foco de atención debido a la censura que se ha promovido en el Concejo Municipal contra los integrantes del comité cívico, Sacándole Brillo a Xela (SBX), quienes transmiten las sesiones en las redes sociales.
Para el alcalde, conocido como JF, no es algo nuevo gobernar sin oposición, ya que, durante los últimos dos años, y en su primera gestión del 2020 al 2024, la Junta Directiva del sindicato no ha podido asumir en el cargo debido a supuestas irregularidades y que escaló a una denuncia en los tribunales de justicia que mantiene entrampada la elección.
En su lugar se mantiene un sindicato que, en el 2022, logró un aumento de Q20 mil para el sueldo base de JF. Mientras tanto, los tres concejales titulares de SBX se mantienen sin presentarse a las sesiones del Concejo por una orden judicial de alejamiento.
Grabada sin consentimiento
La concejal, María Margarita Campollo Díaz, usó la Ley Contra el Femicidio para presentar una querella en el sistema de justicia en contra de tres concejales de oposición.
El juez de paz penal, Edgar Rolando Villatoro, resolvió a su favor y les prohibió a los concejales opositores Rodrigo Pereira Calderón, Marco Chávez y Sergio Monzón, asistir a las reuniones del Concejo, desde el 21 de febrero
El juez le otorgó medidas de “seguridad y protección” a la demandante. El argumento de Campollo Díaz durante una sesión del Concejo fue que había sido grabada sin su consentimiento y expuesta en redes sociales.
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“Expuesta en la página del partido político – comité cívico – durante aproximadamente cinco minutos de la parte de atrás de mi cuerpo y con ello se suscitaron una serie de comentarios abusivos, vulgares y peyorativos, resultado de mi aspecto físico”, manifestó.
La concejal oficialista, en el primer periodo del alcalde López Fuentes, fue jefa de la Dirección de Cohesión Social.
Sin sindicato y concejales de oposición es el modelo de gobierno local que busca perpetuar López Fuentes, que suma su segundo periodo.
Una segunda etapa en donde su imagen va en picada ante una sociedad que ahora cuestiona las decisiones del oficialismo en el Concejo Municipal y crítica las acciones de censurar a los concejales de oposición.
Pero ahora también cuestiona los salarios exorbitantes que tienen asesores y personal de su confianza. Algunos de estos ganan Q60 mil al mes.
Llegan concejales de oposición
Durante las elecciones generales de 2023, López fue reelecto por el partido Humanista con 17 mil 557 votos y logró colocar a cinco concejales titulares y dos suplentes.
En su primer periodo López gobernó sin oposición, sin embargo, en esta segunda el comité cívico SBX logró tres concejalías titulares y una suplente tras obtener 10 mil 179 votos en las elecciones de junio 2023.
Con la llegada de los nuevos concejales de SBX empieza una nueva etapa dentro de la administración municipal. Los concejales de la agrupación política resultaron ser incómodos para el gobierno de JF, ya que, durante las primeras sesiones y como parte de la transparencia que buscan impulsar, iniciaron las transmisiones desde las diferentes redes sociales de SBX.
Las transmisiones en vivo las iniciaron los concejales de SBX, el 16 de enero. Las primeras oposiciones llegaron por parte del concejal segundo del partido oficialista en la comuna, Jorge Luis Argueta y lo secundó el alcalde.
No había pasado un mes de haber asumido en el cargo, el 14 de febrero, cuando el Concejo Municipal empezó a mostrarse más reacio a la idea que la población pudiera ver las decisiones que toman, a través de redes sociales.
Una muestra clara del rechazo a las acciones de los concejales del SBX, empezó por medio de la Asociación de Jubilados que puso en punto de agenda, para evitar las transmisiones debido a los riesgos ya que supuestamente se exponen datos sensibles.
El 19 de febrero, escaló a denuncia penal el intento de evitar que se transmitieran las sesiones del Concejo. La concejal tercero del partido Humanista, María Margarita Campollo, denunció a los tres concejales de SBX por violencia contra la mujer.
La denuncia fue por violencia contra la mujer que incluiría una orden de alejamiento ordenado por Edgar Rolando Villatoro del Juzgado de Paz de Quetzaltenango. La medida evitaba que los tres concejales ingresaran a las sesiones, pero las transmisiones siguieron.
El 29 de febrero la jueza otorgó una aclaración de las medidas que el juzgado había impuesto y se declaró que los concejales podrían llegar a las sesiones del Concejo Municipal, bajo el argumento que “el derecho de toda la población está sobre el derecho personal”, detalló Rodrigo Pereira Calderón.
El 22 de marzo se realizó la audiencia de oposición de medidas, sin embargo, fue suspendida porque la concejal no se presentó.
La nueva fecha de audiencia estaba programada para el 16 de abril, sin embargo, se suspendió porque el alcalde se excusó. Mientras los tres concejales de oposición continúan fuera del Concejo Municipal.
Pereira dice que estas acciones son una medida del oficialismo para evitar que se conozcan los trabajos dentro de la municipalidad.
“En su primer periodo todos se alinearon con el alcalde. Tenemos información que de 10 reuniones que se hacían, cinco eran afuera del salón del Concejo, sin avisar a la población”, explicó Pereira.
Agrega que “se reunían en casas o en restaurantes. Además, ellos no discuten los contratos, sólo los aprobaban. En el periodo pasado solo era llegar, aprobar y levantar la mano. Recibir la dieta y ya”, detalló Pereira.
El concejal de SBX asegura que durante el primer periodo del alcalde su imagen se desgastó con diferentes sectores.
Acciones de SBX tienen incómodo al alcalde
El abogado Carlos Martínez, defensor de los concejales de SBX, dijo que personajes como Sandra Torres o Zury Ríos usaron la Ley de Violencia contra la Mujer para solicitar medidas de seguridad y así “acallar a las personas que les resultan incómodas”.
Martínez sostiene que las medidas, incluso, han sido contra periodistas. En el caso de Xela, la política afín al edil se auxilió en la misma legislación para aplacar a la oposición.
El abogado señala que el problema no es la solicitud al juzgado. “Puedo solicitar lo que se me antoje al órgano jurisdiccional. El problema es que hay jueces complacientes, que tienen intereses políticos y a veces ni siquiera son ellos, sino los magistrados de salas de Apelaciones los que confirman porque la designación es política y entonces les responden muchas veces a las llamadas de diputados”.
Explica que otros de los problemas reales es que no existe “un verdadero análisis científico del derecho”.
Resalta que, incluso, la misma Corte de Constitucionalidad (CC) estableció que entre vecinos no hay relaciones de poder, por lo tanto, no hay violencia contra la mujer entre vecinos.
“En todo caso porque la misma Corte analizó los elementos del tipo penal, uno de los elementos es la relación de poder que debe de existir cuando se trata de un periodista hacia un personaje político, pues obviamente no hay una relación de poder”, dijo.
En el caso de SBX al transmitir las sesiones del Concejo explica: “Una cosa es que yo me sienta vulnerado en mis derechos o los comentarios que hacen a partir de la transmisión que se realizó. Hay que decirlo, hay que ser solidario con las dos concejales, sobre todo con la primera, que cuando ve el video, hay personas que se expresan incorrectamente. Hay patanes, pero ojo, la responsabilidad penal es individual”, explicó Martínez.
El defensor de los concejales argumenta que lo que tendría que hacer la concejal, en todo caso, “es presentar su denuncia a una querella penal por una difamación, por una calumnia, por una injuria que se hace en contra de ella, en contra de la persona que está atentando contra su dignidad, que en este caso es la persona que está haciendo un comentario”, explicó.
Para explicar que la denuncia no tiene cabida ejemplifica con el caso de una publicación que pueda realizar un medio en las redes sociales. “Publican una foto de una concejal, inaugurando una obra y de pronto viene un comentario en Facebook o en cualquier otra red social de un patán, no van a pedir medidas de seguridad contra el periodista, ¿verdad? Entonces creo que hay que enfocarse en eso”, aseguró.
“Los concejales entran, colocan el teléfono, la transmisión empieza y esperan a que haya una reunión de Concejo. Venir y utilizar la Ley de Violencia contra la Mujer para poner medidas de seguridad y posteriormente hacer que los concejales salgan de las reuniones, tiene dos objetivos”, señaló.
El primero: “Inicialmente el que aparentemente no la perturben en su lugar de trabajo, que dicho sea de paso el Concejo no es un lugar de trabajo, es una asignación política que se tiene que hacer”, expone.
“El otro, es obvio políticamente, que es un alfil de parte del alcalde que se siente incómodo con esas transmisiones”, dijo.
Enfatiza que, “la honorable Sala Quinta de la Corte de Apelaciones debe de entender o hacer un verdadero análisis más allá de lo político sobre los elementos del tipo penal y la finalidad de las medidas de violencia intrafamiliar a que a los que están sujetos en este momento los concejales”.
“Esperemos que cuando se haga sea la audiencia de oposición, la jueza contralora pueda hacer una resolución amplia en la que se pueda determinar que no hay ningún tipo de agresión o ningún tipo de perturbación con que las personas se encuentren presentes ejerciendo un derecho político”, opinó.
Además, destaca que parte de la molestia es que, “hoy ya no están haciendo reuniones privadas o en restaurantes o en algunos otros lados como sucedía en la administración pasada”.
Asesores de Q60 mil
El alcalde JF durante los últimos años se ha rodeado de 16 asesores, tres de ellos son abogados que en su momento lo han representado en procesos legales en su contra.
En el 2022 uno de ellos representó al alcalde por un proceso de antejuicio que planteó el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
Tres de los 16 asesores devengan un salario de Q60 mil al mes, según información compartida por un usuario en la red social X y que la emitió la comuna por medio de la unidad de acceso a la información pública.
José Eduardo Castillo es asesor jurídico con un salario mensual de Q60 mil. Según el portal Guatecompras tiene un contrato de Q720 mil para en el 2024.
Asesora a la comuna desde el primer periodo de JF. Desde 2020 a la fecha, ha facturado para la comuna quetzalteca Q2 millones 445 mil 567.83 en total. En ese primer año el pago de los honorarios a Castillo era de Q25 mil mensuales. En 2024, escaló a ganar más del doble, Q60 mil mensuales.
Francis Arturo Peña Cifuentes es otro de los asesores contratado por Q720 mil al año. Es asesor desde 2020, durante la primera gestión de JF. En ese primer año su salario mensual oscilaba entre Q25 mil. Peña Cifuentes es amigo de Castillo desde 2016 cuando coincidieron en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Desde 2019, Peña Cifuentes tenía un contrato con el Ministerio de Salud específicamente con el Hospital Regional de Occidente (HRO) por medio de su bufete de abogados, por un total de Q89 mil cada año.
Peña Cifuentes fue asesor del HRO cuando el director era el médico Geovanni Ortega Méndez, supuesta pareja de la concejal Margarita Campollo, quien presentó la denuncia contra los concejales de SBX.
Asimismo, asesora a la municipalidad de Génova, Quetzaltenango, por Q150 mil.
En 2021, Peña Cifuentes participó por la presidencia del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La planilla que presidió perdió contra la planilla de Fernando Chacón.
Otro de los asesores del alcalde JF es Neville Alberto Friely Hidalgo, que cobra al mes Q60 mil y tiene un contrato por servicios profesionales por Q720 mil. Es contrato por la comuna altense desde el año 2020.
Sin sindicato desde 2022
El 22 de noviembre de 2022, los empleados municipales eligieron a la nueva Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales y de la Empresa Eléctrica de la municipalidad.
Por pugnas en los tribunales hasta el momento no ha asumido la planilla ganadora, que es liderada por Norma Nataly López Molina, de la Unidad y Movimiento Activo Sindical.
El sindicato municipal continúa liderado por Rudy Ventura, quien ocupa el puesto desde hace siete años.
Al concluir las votaciones, la planilla ganadora denunció posibles irregularidades, entre ellas, el cierre de la sede del sindicato.
Asimismo, la planilla perdedora, liderada por Ventura, presentó una impugnación de nulidad basándose en el artículo 24 de los estatutos, alegando que no hubo quórum para realizar la asamblea y las elecciones.
Pese a que debía tomar posesión la nueva Junta Directiva, desde hace dos años, hasta el momento se conocen denuncias en los juzgados de Quetzaltenango.
La primera la presentó Julio César Aguilar Gutiérrez y otra de Reina Noemí Az Vicente, porque supuestamente no se les permitió votar.
El juez José Roberto Alvarado Villagrán, del Juzgado Pluripersonal de Trabajo de Quetzaltenango, dictó una medida cautelar que suspendió de provisionalmente la toma de posesión de la nueva Junta Directiva del sindicato debido a la impugnación de votos y las dos denuncias.
“En la medida cautelar no indica en ninguna parte del documento que mientras se resuelva siguen los representantes, se les prorroga o les amplía a las actuales funciones. De esta medida cautelar se han jactado en este caso el señor Rudy Ventura que han dado movimiento a los demás de su planilla en querer ejercer, usurpando funciones, no tienen credenciales vigentes y no tiene documentos que los acrediten en tanto se resuelva este juicio ordinario”, detalló una fuente de la Unidad y Movimiento Activo Sindical, quien habló con Prensa Comunitaria bajo condición de resguardar su nombre.
Sindicato logra aumento para alcalde
El sindicato bajo el liderazgo de Ventura ha sido una organización benevolente con JF. En enero de 2022, se reportó que el alcalde sumó Q20 mil a su sueldo base y Q303 a las dietas del Concejo Municipal. La propuesta de aumento la presentó el sindicato.
Pereira asegura que el sindicato que ganó las elecciones no era afín a JF y por lo tanto “nunca lo aceptó, por lo que la Junta Directiva anterior, que es afín al alcalde, continúa en el poder ilegítimamente”, afirmó. El concejal resalta que a JF “no le conviene soltar el poder”.
Sindicato habla de irregularidades
Ventura, quien continúa al frente del sindicato de la municipalidad de Quetzaltenango, señaló que el día de las elecciones se presentaron una serie de irregularidades, entre ellas que las “presidentas de mesas impidieron la votación de varios compañeros que están afiliados a la organización sindical”, explicó.
Añadió que, a raíz de la negación a votar, “los dos compañeros presentaron un juicio en nulidad de elecciones. Están en su derecho porque sus derechos fueron violados”, enfatizó.
Ventura detalló que las personas que señalaron las irregularidades votaron en una primera vuelta, sin embargo, en una segunda, “a ambos no se les permitió votar por lo que planteó el recurso de nulidad de elecciones que suspende la entrega y asumir cargos”.
Añade que su continuidad al frente del sindicato está respaldado por la Constitución.
“Recordemos que la misma Carta Magna ejerce el control jurisdiccional. El juez de primer grado ordena como medida cautelar de urgencia la suspensión de entrega de cargo y toma de posesión. Es decir que no se puede dejar en estado de indefensión a nuestros agremiados, porque existieron violaciones a los derechos que constitucionalmente tienen nuestros”, dijo Ventura.
Ventura resaltó que parte de las irregularidades es que los de la otra planilla, acudieron con un notario.
“Ellos solicitaron realizar un acto de nombramiento, donde supuestamente hace de conocimiento que fueron los que legalmente eligieron y ganaron la Junta Directiva, sin embargo, el Código de Trabajo establece que se necesita el acta constitutiva de elecciones para venir y registrarse como tal”, agregó.
Muestras de un gobierno autoritario subnacional
El analista, Renzo Rosal asegura que el caso del Concejo Municipal de Quetzaltenango es el reflejo de un proceso que se denomina “autoritarismo subnacional”, y hace alusión a los espacios locales donde hay una mayor tendencia de creación de lógicas autoritarias.
“El espacio local ahora es un espacio de creación, tiene sus propias lógicas y características, lo que está ocurriendo en el Concejo Municipal simplemente es una expresión de autoritarismo que estaba allí presente, ahora que el alcalde fue reelecto, ya se expresaba en su primer período, había signos evidentes de autoritarismo”, detalló.
Rosal dijo que el autoritarismo se evidenciaba en las prácticas clientelares, decisiones no democráticas, sino por imposición, y en este caso llegar al extremo, prescindir, neutralizar a la oposición”.
Afirmó que en un autoritarismo “más suave”, lo que se hace es relegar a la oposición, en este caso “estamos hablando de un proceso de autoritarismo local más fuerte, que ni siquiera lo puedo ver, ni siquiera los puedo tener en la mesa”.
Sin respuesta de JF
Para la redacción de esta nota, se trató de tener una postura del alcalde a las acciones contra los concejales de oposición, sin embargo, no contestó a las llamadas telefónicas, ni a los mensajes a su WhatsApp.
