Desde el año 2012 nació bajo la premisa de romper la forma tradicional de hacer periodismo en Guatemala y transformar la forma de comunicar problemáticas como desalojos de comunidades indígenas, criminalización de personas defensoras del territorio y recursos naturales, el impacto de las industrias extractivas y de monocultivos, migración, memoria histórica, entre otros. Aunque el equipo de periodistas comunitarios, que conforman este medio digital, está bajo asedio de la justicia y otros riesgos, su vocación por comunicar sus realidades les impulsa a continuar.
Por Isela Espinoza
Son las 6:00 de la mañana del 22 de mayo de 2024. Un grupo de pobladores vía telefónica se comunica con el periodista Juan Bautista Xol de Prensa Comunitaria para alertar sobre la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en La Ensenada, una comunidad vecina, ubicada a dos kilómetros de distancia de la comunidad de Buena Vista, en El Estor, Izabal.
Dos horas después 48 familias Q’eqchi’ empezaron a ser desalojadas.
Las fotografías y videos captaron la tristeza y angustia en las personas de la tercera edad y mujeres que junto a sus hijos e hijas fueron despojadas de su hogar y recogían sus pertenencias. Mientras, los hombres defendían su territorio.
De forma simultánea a las fuerzas de seguridad del Estado participaron cuadrilleros del supuesto dueño de la finca en donde se encontraba la comunidad y agentes de VIP Security S.A. destruyeron casas y sembradíos, según relatos de comunitarios. Las familias buscaron refugio durante la noche en una comunidad cercana y otras durmieron a la orilla de la carretera.
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48 familias Q’eqchi’ de la comunidad Buena Vista fueron desalojadas de forma ilegal en El Estor
La historia de decenas de familias de escasos recursos en esta situación ha sido una constante y cada año se repite. Sin embargo, son relatos que no se visibilizan ni se cuentan, al menos no del todo, en los medios de comunicación tradicionales de Guatemala.
“El periodismo comunitario es transmitir la voz de los pueblos que han sido reprimidos e invisibilizados”, definió Joel Pérez, a esta forma de ejercer la libertad de expresión en Guatemala. Pérez es un periodista comunitario de Ixcán, Quiché, que se inició en la comunicación, en 2012, como una responsabilidad asignada por las autoridades de su comunidad.
La historia de él es similar a la de otros periodistas comunitarios que integran la red de corresponsales de Prensa Comunitaria y que en su mayoría son originarios de pueblos indígenas, Xinka y mestizos de 14 departamentos del país entre ellos: Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, Sololá, Chimaltenango, Santa Rosa, Chiquimula, Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal y de los municipios de San Juan Sacatepéquez y San Pedro Sacatepéquez, Guatemala.
Un espacio para la vocación de comunicar
Prensa Comunitaria surgió el 21 de diciembre, de 2012, como una necesidad de las autoridades indígenas y ancestrales del norte del departamento de Huehuetenango para comunicar los conflictos que atraviesan las comunidades. Un año antes había surgido como un proyecto de investigación académica.
Actualmente, Prensa Comunitaria forma parte de la Agencia de Noticias KM169 que además se conforma de otro medio digital nombrado Ruda. Ambos son integrados por un equipo multidisciplinario que proviene de las ciencias sociales, periodismo, arte, feminismos, pueblos originarios y activismo.
“Nos interesan, nos preocupan y nos mueven las comunidades, los problemas comunitarios, la vida comunitaria, tanto porque de ahí venimos, como porque sostenemos vínculos de afecto y trabajo comunitario. Frente a la acción de los medios de información corporativos en el país, que criminalizan a las personas y las comunidades que luchan por cuidar lo último que les queda -la tierra, la vida y el agua-, entendimos que debíamos generar y difundir información que le permitiera a la sociedad analizar, comprender, reflexionar y accionar de manera crítica frente a la realidad que vivimos; contada y vista desde quienes sufren esas agresiones”, se lee en un editorial que conmemora los 10 años de Prensa Comunitaria.
El periodismo en sí se rige en la veracidad, imparcialidad y objetividad. Mientras, el periodista no solo se limita a difundir la información, sino que la procesa, ordena y ensambla. “Su reto es pasar del dato a la información y de esta al conocimiento. Esto convierte al periodismo en actividad de trascendencia socio-política y cultural”, definió el periodista mexicano Omar Raúl Martínez. Entonces, ¿qué es periodismo comunitario? Las voces que se han expresado coinciden en que es un tipo de periodismo que surge y se ejerce desde las comunidades locales.
Durante tres talleres realizados por Prensa Comunitaria entre 2021 y 2022, los periodistas resaltaron, desde su experiencia, que el periodismo comunitario es una forma de visibilizar a los pueblos indígenas y sus expresiones culturales, así como narrar la realidad comunitaria y ejercer la libertad de expresión desde los territorios.
Resaltaron que entre sus características se encuentran: un enfoque local, promueve la participación ciudadana y el diálogo, tiene conexión social, es un periodismo de servicio que busca empoderar a los miembros de la comunidad para resolver problemas locales y a nivel nacional y es independiente.
En conjunto, estas características dan vida a la importancia del periodismo comunitario ya que da voz a las comunidades, promueve la rendición de cuentas de las autoridades locales, así como el desarrollo comunitario y la identidad.
Además, expresaron que el periodismo comunitario les ha dado la oportunidad de redactar notas sin condiciones, realizar un trabajo colaborativo, brindar un servicio a la comunidad con conciencia social, visibilizar las luchas y realidad de los pueblos a través de multiformato como videos, notas escritas, transmisiones en vivo, infografías entre otros.
“Que el periodista comunitario hable el idioma de los pueblos mayas de la región que cubre hace que se tenga una versión exacta y fiel de un hecho” afirmó uno de los periodistas de Prensa Comunitaria en los talleres.
La vinculación de los periodistas comunitarios con este medio digital también fue otro tema abordado. En una encuesta, realizada a 14 periodistas comunitarios de Huehuetenango, Quiché y Totonicapán, al menos nueve dijeron haber iniciado su colaboración con Prensa Comunitaria en un contexto de conflicto a nivel comunitario o en contra de la naturaleza como el ecocidio del río La Pasión, que nace en las montañas del norte de Alta Verapaz.
Pero también evidenciar la criminalización que viven los comunitarios, los desalojos, las caravanas de migrantes o los impactos causados por la pandemia de la COVID-19 fueron otras de las razones por las que se unieron al equipo de Prensa Comunitaria.
El resto lo hizo porque su trabajo periodístico es un servicio para la comunidad por lo que también se coordinan con las autoridades comunitarias o antes de escribir textos para Prensa Comunitaria trabajaban en las radios comunitarias que fueron el enlace.
“En la historia milenaria de los pueblos originarios siempre hubo comunicación. En la organización de nuestros pueblos existe la figura de los mensajeros que eran los que llevaban la información de pueblo en pueblo, de territorio en territorio. Uno de los principios del ejercicio de comunicar, desde los pueblos originarios, es reconocer que la palabra tiene un valor sagrado y este principio prevalece hoy”, dijo Rosenda Camey, una guía espiritual maya en la nota “Periodismo comunitario: un ejercicio político que narra y comunica la realidad de los pueblos” publicada en Prensa Comunitaria. Para la antropóloga, María Jacinta Xon “el periodismo es más una acción que una profesión”.
Desde la cosmopercepción y espiritualidad maya, los nahuales Tz’i, E’ y Tijax, son los que pueden hacer que una persona que haya nacido bajo esta energía, ejerza la función de comunicar, informar y mantener actualizada a la población, agregó Camey.
Durante 12 años de trayectoria, Prensa Comunitaria ha fortalecido una sala de redacción integrada por 16 personas que redactan la realidad nacional desde la ciudad de Guatemala y en el exilio. Durante las elecciones generales de 2023, de 50 corresponsales pasó a integrarse con 100 personas que reportaron desde sus territorios el desarrollo de las campañas políticas y los comicios.
Posteriormente, el intento de golpe de Estado, las históricas manifestaciones en defensa de la democracia y la resistencia pacífica de los pueblos indígenas frente a la sede central del Ministerio Público (MP). Prensa Comunitaria también cuenta con colaboradores en Estados Unidos, México, Suecia y Suiza.
Prensa Comunitaria tiene como misión narrar la realidad y la historia de los pueblos indígenas para estimular la ciudadanía crítica al abordar los desalojos de comunidades indígenas, criminalización de personas defensoras del territorio y recursos naturales, el impacto de las industrias extractivas y de monocultivos, organización comunitaria como parte de la identidad de los pueblos indígenas, migración, memoria histórica, lucha de las mujeres, acompañamiento a la resistencia pacífica de las comunidades, entre otros.
Estos temas se encuentran en la página web distribuida en las secciones: Territorios, Memoria Histórica, Culturas, Justicia Social. Cada año realiza coberturas especiales como las de este año: Relatos sobre el clima, elección de Cortes o el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) tras la elección fraudulenta del rector Walter Mazariegos. Cada contenido en formato multimedia es compartido a través de las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Vimeo, Médium, Telegram y WhatsApp.
Sin embargo, los medios de comunicación digital como Prensa Comunitaria y de Latinoamérica se enfrentan a retos del acceso limitado a recursos tanto financieros como de personal lo que a largo plazo provoca dificultades para su sostenibilidad. Por otro lado, los medios tradicionales, sector privado e incluso gubernamental cuestionan la objetividad de la información debido a su cercanía con la comunidad.
Pese a las limitaciones, en el último año Prensa Comunitaria se ha posicionado como uno de los medios referentes para la población con más de 4.3 millones de interacciones en el primer trimestre de 2024, según un análisis de datos interno.
La labor del equipo de periodistas comunitarios y la de su fundadora, Quimy de León, será reconocida, este 21 de noviembre en Nueva York, Estados Unidos, por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) con el Premio Internacional de Libertad de Prensa 2024.
“Los Premios Internacionales a la Libertad de Prensa del CPJ simbolizan la labor vital que realizan los periodistas de todo el mundo para informar sobre los hechos frente a los feroces intentos de suprimir la verdad”, afirmó la directora ejecutiva del CPJ, Jodie Ginsberg. “En lo que ha sido un año devastador para los periodistas y para la libertad de prensa, es un honor estar con ellos”, agregó en referencia a los premiados de este año que cubren Gaza, Guatemala, Níger y Rusia.
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El CPJ honrará a periodistas destacadas con los Premios Internacionales de Libertad de Prensa 2024
Persecución y criminalización
Sin embargo, informar no ha sido una tarea fácil para los periodistas comunitarios ya que desde los territorios la defensa de la libertad de expresión y el derecho a estar informado ha traído consecuencias como el exilio o la cárcel.
Además, durante las coberturas los periodistas de Prensa Comunitaria han sufrido agresiones verbales y físicas y robo de equipos.
El gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024) dejó 707 actos en contra del ejercicio periodístico, siendo el 2023 el año en el que más se atentó contra la prensa y la libertad de expresión, registrándose 277 agresiones, según un informe de la Agencia de Noticias KM169.
El 68 por ciento de estas agresiones se registraron en el departamento de Guatemala. Mientras, el 14 por ciento ocurrieron en Izabal, seguidos de Alta Verapaz, Quetzaltenango y Escuintla con el 9%, 8% y 7%, respectivamente.
“El 2023 representó el año más violento para la prensa independiente guatemalteca en los últimos diez años y el más violento durante el régimen de Alejandro Giammattei”, concluye el informe, en donde se atribuyó este incremento al descuido y desmantelamiento de las instituciones estatales encargadas de la protección de la prensa y la libertad de expresión en Guatemala.
Durante el gobierno de Giammattei también se encarceló a Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico que desapareció tras el ahogo financiero y judicial de este medio de comunicación escrito.
Periodistas comunitarios no han sido ajenos a esta criminalización como lo evidencian los casos de Anastasia Mejía Tiquiriz, Carlos Ernesto Choc, Francisco Lucas Pedro y Norma Sancir.
Mejía Tiquiriz es maya K’iche’ originaria de Joyabaj, Quiché y fue detenida en 2020 por cubrir una manifestación en contra de las medidas tomadas por la alcaldía de ese entonces para evitar la propagación de la COVID-19. En la audiencia de primera declaración, las acusaciones del fiscal del Ministerio Público, Isaías Mancilla, contra la periodista estuvieron cargadas de discriminación y descalificaciones que ponían en duda el trabajo periodístico.
Choc, un periodista maya Q’eqchi’ fue acusado penalmente por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) de Solway Investment Group por investigar, documentar e informar sobre la contaminación minera del Lago de Izabal y el asesinato de un pescador artesanal ocurrido en mayo de 2017 durante una manifestación pacífica.
En tanto, Francisco Lucas Pedro, maya Q’anjob’al, originario de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, de Prensa Comunitaria, fue denunciado en 2012 por la empresa española Hidro Santa Cruz. En mayo de ese año, a través de un estado de sitio impuesto por gobierno de Otto Pérez Molina aumentó la persecución penal en su contra y contra quienes cuestionaron la certeza jurídica de la construcción de una serie de hidroeléctricas sobre el río Q’anb’alam, en propiedad de la transnacional española Ecoener Hidralia Energía.
Y Norma Sancir, periodista maya Kaqchikel, fue detenida el 18 de septiembre de 2014, mientras cubría una manifestación organizada por el pueblo Ch’orti’ en Camotán, Chiquimula y el 22 de septiembre del mismo mes de ese año quedó en libertad.
“Es una situación de justicia, no es por venganza, es para que se respete la libertad de expresión y a las y los periodistas comunitarios”, manifestó Sancir en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula mientras esperaba la sentencia condenatoria y tras llevar más de nueve años de impulsar su caso en diferentes juzgados.
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El 31 de enero de este año, un juzgado en Puerto Barrio, Izabal, y el otro en Chiquimula, resolvieron a favor de Carlos Choc y Norma Sancir tras esperar varios años por lograr justicia. Aunque la condena de los policías que los detuvieron es menor al tiempo que le tomó a Sancir conseguir justicia y el impacto que Choc sufrió en su vida personal y profesional, al ser denunciado falsamente.
Pese a los riesgos, los veredictos del caso de Choc y Sancir reconocieron, de alguna forma, el periodismo comunitario. “Ganó la libertad de expresión, se hizo justicia y se ha reconocido el trabajo de los periodistas comunitarios”, indicó Sancir al salir de la sala de audiencias.
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En este contexto, el periodismo comunitario continúa ejerciéndose con limitaciones ante la falta de reconocimiento lo que facilita condiciones de violencia, vigilancia y criminalización por parte de los gobiernos de turno, las élites, empresas transnacionales y el crimen organizado.
Periodistas comunitarios enumeran entre los riesgos: la discriminación por no tener un grado académico, vigilancia digital y difamación, desgaste familiar, intimidaciones de organizaciones gubernamentales, restricciones de acceso a la información por operadores de justicia y otras instituciones del Estado, riesgo a ser despedido de su lugar de trabajo por ejercer su función como periodista comunitario, narcotráfico, control policial, persecución por parte de empresas privadas, rechazo, intimidación por parte de autoridades municipales, policías y personas de la comunidad que no les gusta la auditoría y la criminalización contra la autoridades comunitarias también ha servido como una forma de persuadir a periodistas para no ejercer el derecho a informar.
Pese a ello, el periodismo de resistencia, como le llama su fundadora continúa.
