El proceso de renovación de cortes no estuvo exento de negociaciones e influencia de operadores, nuevos y experimentados. Sin embargo, durante el curso del mismo hubo momentos en el que las redes de poder con mayor influencia estuvieron a punto de perder el control de la elección de Cortes. Y aunque no perdieron completamente el control, algunas acciones sí los hicieron retroceder y perder terreno.
Por Regina Pérez
Desde que el Congreso convocó a la integración de las Postuladoras, el 16 de abril, hasta los días clave de la elección de candidatos a magistrados, del 20 al 22 de septiembre, ocurrieron varios hechos que marcaron la elección. Hay muchas situaciones generadas por las estructuras que mantienen cooptado el sistema de justicia y que buscan mantener el control. Pero también, hay varias acciones impulsadas por la ciudadanía que hicieron tambalear el sistema bajo el control de las estructuras que han amañado por décadas el sistema de justicia. Aunque las estructuras corruptas no perdieron el control de forma total, las acciones emprendidas para recuperar y sanear el sistema de justicia hicieron pasar malos ratos y perder espacios a viejos grupos señalados de amañar cortes.
Entre los operadores más conocidos y protagonistas en la elección de Cortes, en este 2024, destacaron el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez; Roberto López Villatoro, “Rey del Tenis”; Néster Vásquez, magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC) y el rector impuesto de la USAC, Walter Mazariegos, que logró colocar a dos comisionados en las Postuladoras. También surgieron actores nuevos como la planilla 8 del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), un grupo de abogados que hizo coalición en Unidad por la Justicia
Si bien el resultado final de la votación no distó mucho de los procesos anteriores, ya que las listas incluyen varios perfiles cuestionables y que tienen señalamientos, sí hubo momentos de la elección que hicieron tambalear a los integrantes de las Comisiones que respondían a determinados intereses de operadores.
El proceso, previsto para comenzar el 11 de julio, tuvo varios contratiempos, uno de ellos fue la falta de juramentación de dos decanos. El 30 de julio fue la primera reunión pero no hubo acuerdos para definir la sede de la Comisión. Fue hasta que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó cumplir con los plazos que los comisionados decidieron realizarlas en la sede central de la Universidad Rafael Landívar (URL).
Por primera vez la USAC dejó de presidir las postuladoras
Uno de los momentos clave del proceso fue la elección de los presidentes de las Comisiones. Tradicionalmente, la Universidad de San Carlos (USAC) había presidido una de las dos Comisiones. Sin embargo, antes de que el foro de rectores decidiera quiénes presidirían las Postuladoras, organizaciones de la sociedad civil enviaron cartas a los rectores para pedirles que descartaran a Walter Mazariegos al frente de una Comisión, quien no solo estuvo detrás del fraude electoral en la elección de Rector sino que emprendió denuncias penales contra estudiantes y profesores que se opusieron al fraude y desobedeció órdenes judiciales. Además fue incluido en la Lista Engel.
El día de la elección, que se realizó en el Salón del Pueblo del Congreso, el 6 de junio, Mazariegos no fue propuesto por ningún rector para presidir las Comisiones, un puesto que le interesaba para mantener su cuota de poder, en su lugar fueron nombrados Miquel Cortés de la Universidad Rafael Landívar y Raúl Arévalo de Internaciones.
Dos semanas después, el rector impuesto también sufriría una importante derrota en la elección del CANG.
Walter Mazariegos queda fuera de las Comisiones de Postulación
La planilla 8 les arrebata seis puestos
El 21 de junio el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) eligió a sus 24 representantes para las Comisiones de Postulación. Una de las agrupaciones, ASPA, que impulsaba la planilla 3 y que estaba patrocinada por Néster Vásquez realizó un derroche de recursos durante su campaña. Sin embargo, consiguió las mismas representaciones que la planilla 8, Unidad por la Justicia, una alianza de organizaciones que decidió participar en el proceso con la intención de restaurar la confianza en el sistema de justicia y lograr que se postularan los mejores perfiles.
Crónica de una elección entre abogados y operadores de Cortes
La agrupación UGAP, vinculada a Mazariegos, tampoco obtuvo el resultado esperado, ya que solo colocó dos comisionados en la Postuladoras, Armando Ajín y Horacio Avendaño que en las Comisiones se unieron a los magistrados de Apelaciones y CSJ, a la hora de votar, para entorpecer el avance de las sesiones al apoyar que la sede de la Comisión se trasladara al Palacio de Justicia, en la zona 1.
Óscar Cruz evidencia la estrategia de los magistrados
La discusión de cambio de sede, originada por la propuesta de los magistrados de Apelaciones en la Postuladora de la CSJ y magistrados de la Corte Suprema en la Postuladora de Salas, atrasó por varias semanas el avance de la elección. En este escenario el presidente del Organismo Judicial (OJ), Óscar Cruz, se pronunció en dos momentos importantes.
El primero ocurrió, cuando envió una carta a la Postuladora de Salas de Apelaciones para informar que las instalaciones del Palacio de Justicia no contaban con las condiciones logísticas y económicas para ser la sede de la Comisión, a pesar de que la mayoría de los magistrados de la CSJ apoyaban el traslado. Como respuesta, estos respondieron con un comunicado de prensa desautorizando lo dicho por Cruz.
El segundo momento fue cuando el presidente del OJ envió una segunda carta al presidente de la Comisión de Postulación de la CSJ, Miquel Cortés, señalando al pleno de magistrados de entorpecer la renovación de Cortes y les pidió cumplir con los plazos establecidos en la Constitución.
La CC les ordena cumplir los plazos
Otro punto clave en la elección fue la orden de la CC de cumplir con los plazos constitucionales para elegir a magistrados, como respuesta a un amparo presentado por el diputado José Chic, de VOS. Hasta entonces, los comisionados habían perdido más de dos semanas en sesiones y ninguno de los dos grupos cedía.
El 16 de agosto, la CC emitió la resolución y, el 17 y 18 de agosto, ambas Postuladoras aprobaron como sede la Universidad Rafael Landívar.
Un voto masivo que descontroló los listados iniciales
La jornada del 22 de septiembre se perfilaba para ser una de las más largas de la votación. La Postuladora de Salas de Apelaciones apenas había avanzado con 121 perfiles para integrar una nómina de 312 personas. Ante la falta de tiempo decidieron votar por bloques con más de 60 nombres. Y en este momento, empezó el descontrol.
Alrededor de las 11 de la noche los decanos acordaron votar por la mayoría de candidatos en uno de los bloques para completar la nómina más rápido, sin embargo, tampoco funcionó. Este fue uno de los momentos en el que los comisionados que respondían a Estuardo Gálvez se alarmaron y comenzaron a salir de la sesión. Después de este momento todo fue un descontrol en la Postuladora.
Durante la cena, los comisionados de los dos grupos alcanzaron un acuerdo, votar por los últimos 500 candidatos de manera global y luego crear una lista de consenso donde fueran incluidos candidatos de interés para ambos grupos.
La “lista consensuada” de 74 aspirantes a magistrados de Salas de Apelaciones
Solo así se pudo completar la nómina e impedir que el grupo afín a Gálvez rompiera el quórum y pusiera en peligro completar la nómina y cumplir con los plazos para entregarla al Congreso.
La observación de la sociedad civil
En este proceso diversos grupos participaron activamente. Las autoridades de los pueblos indígenas, que encabezaron en 2023 la defensa de la democracia con movilizaciones a nivel nacional, fueron un grupo importante de dicha fiscalización. Pese a que las Postuladoras intentaron imponer límites, el grupo de autoridades utilizaron los tres minutos, que las comisiones dieron para expresar posiciones, para demandar que quienes ostentan el cargo de magistrados, y que son parte de las comisiones, se abstuvieran de buscar su reelección.
También presentaron una serie de documentos para mostrar cómo la participación de algunos candidatos representaba un conflicto de interés. Aunque las tachas no fueron tomadas en cuenta, varios de los perfiles que denunciaron quedaron fuera. Entre ellos el de Gilberto Porres de Paz, esposo de la fiscal general y el de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Durante la jornada de sesiones del viernes al lunes por la madrugada, las autoridades indígenas se mantuvieron en vela en el mismo salón donde se realizaban las votaciones. Incluso mostraban su disgusto cuando escuchaban el nombre de los candidatos contra quienes previamente habían presentado tachas. Tal fue el caso del esposo de la fiscal general. Los abucheos en contra de Gilberto Porres hizo que varios comisionados recapacitaran en su voto.
Por las dinámicas dentro de las Comisiones, ocho magistrados de la CSJ no entraron en la nómina.
Finalmente, y después de un proceso que caminó a marcha forzada y contra el tiempo, las dos nóminas fueron entregadas al Congreso por los presidentes de ambas comisiones, Miquel Cortés y Raúl Arévalo.
La elección aún no concluye. Ahora todo está en manos de los diputados, donde también se espera una nueva ronda de votaciones y donde las estructuras que mantienen cooptado el sistema buscarán evitar crisis o más fallas de su sistema impuesto.
