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Juez ordena investigar a exministro de Energía y Minas y exviceministro del gobierno de Giammattei

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Créditos: Alberto Pimentel Mata, exministro de Energía y Minas. Archivo Gobierno de Guatemala
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

El exministro Alberto Pimentel y el exviceministro Óscar Pérez serán investigados por excluir a autoridades Q’eqchi’ en el proceso de consulta ordenada por la Corte de Constitucionalidad y permitir las operaciones del proyecto minero Fénix, en El Estor, Izabal.  La denuncia fue presentada en 2021 por las autoridades ancestrales, pero la misma fue desestimada por el MP en 2023, tras un informe presentado por MEM, que no fue corroborado y caso por el cual tampoco se pidió autorización judicial.

Por Simón Antonio Ramón

El juez Erick Daniel García Alvarado, del Juzgado Octavo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, ordenó al Ministerio Público (MP) investigar al exministro de Energía y Minas (MEM) Alberto Pimentel Mata y al exviceministro Óscar Pérez por lo delitos de discriminación, abuso de autoridad y desobediencia, por una denuncia presentada por las autoridades ancestrales de El Estor, Izabal, el 1 de octubre de 2021.

La denuncia contra los exfuncionarios de Alejandro Giammattei tiene su origen en la exclusión de las autoridades Q’eqchi’ en el proceso de consulta ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC), y se produce tras la presentación de un amparo impulsado por la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, en contra de las operaciones del proyecto Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) subsidiarias de Solway Investment Group, que se estaban desarrollando sin consulta previa, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El MP desestimó la denuncia de las autoridades ancestrales, el 5 de junio de 2023, basándose en un informe circunstanciado del MEM donde supuestamente se garantizó la participación de los pueblos indígenas. Sin embargo, los denunciantes presentaron una oposición contra el desistimiento el 23 de junio de ese año.

El juez preguntó a la fiscal María Eugenia García, si se realizaron otras diligencias y si corroboraron la información otorgada por el MEM.  Ella admitió que no.

“Me llama la atención en este desistimiento que se denuncian delitos que superan los cinco años y se tenía que haber solicitado autorización judicial”, dijo el juzgador.

Por ello, el juez resolvió aceptar la oposición de los denunciantes. “Acá voy a tomar la decisión de dar con lugar la oposición porque se considera que hay derechos que no han sido garantizados para el acceso a la justicia”, dijo, y ordenó al Ministerio Público “hacer cambio de fiscal para las diligencias correspondientes”.

Autoridades Q’eqchi’ de El Estor, Izabal. Foto de Simón Antonio Ramón

El abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, al argumentar la oposición ante el juez mencionó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra Guatemala de 2023, señala que los derechos de los pueblos indígenas fueron violentados en la consulta. También, mencionó la resolución del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el cual sancionó a Alberto Pimentel, por corrupción.

“El ministro discrecionalmente asume un diálogo o una consulta supuestamente realizada con personas que no fueron designadas por las autoridades como sus representantes y que además, viola de nuevo lo que se había denunciado ante la Corte de Constitucionalidad”, señaló.

Humberto Cuc, coordinador de Autoridades Ancestrales de El Estor, señaló que en 2021, el MEM violentó sus derechos como pueblo maya Q’eqchi’. “Estamos dando seguimiento para exigir que sea tomado en cuenta nuestros derechos a la preconsulta y consulta desde nuestro territorio, no es justo que vengan empresas extractivas a violentar nuestras comunidades”, afirmó.

Durante el proceso de consulta, bajo la administración de Alberto Pimentel y Óscar Pérez en el MEM, se favoreció al proyecto Fénix, se realizaron supuestamente siete reuniones. El gobierno de Giammattei impuso un estado de sitio, el 24 de octubre de 2021, durante 30 días y el 24 noviembre de ese año, impuso dos estados de prevención por 15 días cada uno.

El Departamento de Estado, de Estados Unidos, incluyó a Alberto Pimentel Mata bajo la Ley Global Magnitsky por utiliza “su posición oficial para explotar el sector minero guatemalteco mediante esquemas de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales y licencias mineras”.

El señalamiento contra el exministro indica que habría abusado de su posición al acordar los términos de referencia de una próxima licitación para favorecer a la empresa y que habría recibido US $1 millón en pagos a cambio de aceptar una oferta por un contrato de una empresa local sin experiencia en las actividades del proyecto.

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