El pulso político entre el alcalde reelecto, Juan Fernando López Fuentes y los cuatro concejales del comité cívico Sacándole Brillo a Xela (SBX), tres titulares y un suplente, una abierta oposición política, es más que una batalla por poder. Como concejales, conocían los riesgos desde el principio y aceptaron que no tendrían peso político para enfrentar las votaciones en el Concejo Municipal, pero sí la posibilidad de sacar a luz, cada una de las decisiones aprobadas en este espacio municipal y que López Fuentes intenta ocultar.
Por Claudia Méndez Villaseñor
La asociación Sacándole Brillo a Xela (SBX) fue fundada hace 10 años, por el actual gobernador de Quetzaltenango, Aldo Herrera. Desde esa iniciativa se promovieron 15 proyectos urbanos, y algunos contaron con el apoyo de López Fuentes, quien fue reelecto como alcalde, por el Partido Humanista, en las elecciones de 2023 por 17 mil votos.
En 2023, la organización decidió avanzar hacia el camino de la toma de decisiones desde el poder local y se convirtió en el comité cívico Sacándole Brillo a Xela (SBX) y obtuvo el segundo lugar en los comicios municipales al obtener el apoyo de más 10 mil vecinos, con lo cual obtuvo cuatro sillas en el Concejo que ocuparon: Marco Nehemías Chávez Coyoy, como concejal VI; Henry Francisco Oroxón Coyoy, como concejal VII; Rodrigo Pereira Calderón, como concejal VIII y José Leopoldo Nájera Reyes, como concejal suplente.

Sin embargo, la llegada de los tres concejales titulares de SBX al Concejo Municipal de Quetzaltenango ha sacado la peor cara del jefe edil. Con el apoyo de personas de la coalición Unionista-Valor, partidos políticos que respaldan al Pacto de Corruptos, el alcalde juega con perversas artimañas y acciones judiciales en contra de los opositores, con el fin de retirarlos del Concejo.
A la fecha, ocho recursos judiciales no han prosperado. Pero, sí lograron el objetivo de López Fuentes de mantener la puerta cerrada del Concejo a la oposición y decidir lo que se aprueba con el voto de síndicos y concejales del Partido Humanista, así como de la coalición Unionista- Valor.
En la última batalla de este pulso político a los cuatro concejales se les anunció que sus sillas se habían declarado vacantes. No obstante, un tribunal rechazó la decisión y los mantiene en los cargos. Pese a ello, el alcalde mantiene la postura. El lunes 2 de septiembre, los cuatro regresaron al Concejo, pero en calidad de ciudadanos sin voz ni voto.
¿Qué dice la ley?
Los artículos 45 y 46 del Código Municipal establecen que una persona electa para un cargo de elección popular, como una silla en Concejo no puede ser juramentada o debe renunciar al puesto por una sentencia judicial firme y medidas de prisión preventiva vigentes; tener contratos o concesiones con la alcaldía o ser pariente del alcalde y otros concejales o síndicos, en los grados consanguíneos que establece la ley.
Sin embargo, para renunciar a uno de estos cargos o declararlos vacantes se debe seguir un proceso riguroso, que involucra al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual tras analizar el caso resolverá si se acredita o no al concejal primero, como nuevo alcalde; o a los síndicos o concejales suplentes. Es una rueda que corre y rota, no una decisión discrecional o conveniente.
De acuerdo con el Código Municipal además de los criterios anteriores, son motivo de renuncia o de buscar la vacante del cargo, cuando el jefe edil tiene más de 70 años o padece una enfermedad que le impida o le dificulte ejercer las funciones propias del puesto.
En ese sentido, en una sesión ordinaria del Concejo, se declararía la vacante con el voto de la mayoría absoluta. Seguido a ello, se comunica de forma inmediata esa decisión al TSE, para que comience el análisis del expediente, resuelva y acredite los reemplazos.
Oposición mal vista
El interés de los concejales de SBX por abrir las puertas del Concejo a los vecinos quetzaltecos les costó los primeros enfrentamientos con el alcalde y la mayoría en el Concejo, perteneciente al Partido Humanista (9) y la coalición Unionista-Valor (1).
Se les negó acceso a las reuniones ordinarias del Concejo; enfrentaron distintos procesos legales, incluido uno en el marco de la ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, a la usanza de políticos señalados por actos de corrupción y acciones antidemocráticas.
Estas situaciones han generado desgaste y valiosa pérdida de tiempo a los cuatro concejales de SBX, porque no logran cumplir con el objetivo de fiscalizar y transparentar el actuar municipal y el uso de los recursos de la municipalidad de Quetzaltenango, entre otras acciones, explicó Rodrigo Pereira Calderón, concejal VIII, por SBX.

El pasado 2 de septiembre, una resolución judicial dictaminó que los cuatro concejales tenían que ocupar su lugar en el Concejo, pero, el alcalde López Fuentes les negó ese derecho, tras informarles que, en una sesión extraordinaria, los concejales del Partido Humanista y de la coalición habían votado para declarar vacantes los cargos y que habían sido reemplazados, ello sin contar con la anuencia del Tribunal Supremo Electoral.
En la Secretaría General del TSE se conoce el expediente abierto por el alcalde quetzalteco para declarar vacantes las sillas en el Concejo. Se analiza este expediente y se solicitó a los cuatro concejales de SBX adjudicar los fallos judiciales a su favor, como parte del análisis del expediente, antes de certificar cualquier nuevo nombramiento.
Carrusel de denuncias judiciales
Para Rodrigo Pereira Calderón, concejal VIII por SBX lo ocurrido en 2023, luego de que la Junta Electoral Municipal (JEM) acreditara los cargos, era un síntoma de lo que estaba por venir en 2024. “El Partido Humanista (sede Quetzaltenango), ganador de las elecciones a la alcaldía presentó un recurso de amparo en contra de nuestra acreditación por el supuesto de que habíamos promovido una campaña anticipada. Algo que era falso. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió al TSE un informe circunstanciado y recomendó a la CSJ mantener los cargos, uno, porque no se había impulsado una campaña anticipada y segundo, porque se habían acreditado los cargos”, explicó el concejal VIII.
Sin embargo, esto ocurría a espaldas de los tres concejales titulares de SBX. “No sabíamos lo que pasaba ni por qué, algunos integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) nos decían que el alcalde no nos dejaría tomar posesión. Nos notificaron de ese amparo, que rechazó la CSJ, en febrero de 2024. No nos enteramos porque los cargos eran los que estaban en juego. Fue en el Concejo que se habló de la sentencia”, recordó. Este sería el primero, de ocho procesos judiciales en contra de los cuatro concejales de SBX.
La municipalidad de Quetzaltenango convoca a 10 sesiones ordinarias de Concejo a la semana y paga dietas por Q999.870 a cada uno de los asistentes. Es decir, el alcalde, los síndicos y concejales ganan a la semana Q9 mil 998.70, Q39 mil 994.80 al mes.
Lunes, miércoles y viernes se convoca a dos sesiones a las 7 horas y a las 12 horas. Los martes son tres: a las 7 horas, 12 horas y 15 horas. El jueves se programa una sesión extra a las 18 horas, son cuatro ese día. Cada reunión dura entre 20 y 25 minutos.
De acuerdo con lo establecido en el Código Municipal cada integrante del Concejo debe recibir, con antelación, los documentos de respaldo de cada expediente, antes de decidir si aprueba o no una resolución. A los concejales de SBX se les entrega la agenda de las sesiones, cinco minutos antes de que estas comiencen sin conocer ni antecedentes ni otros documentos sobre los puntos a tratar en la reunión. “Llegamos con la mentalidad de puertas abiertas, transparencia y rendición de cuentas. Informar a los vecinos de lo que sucede en el Concejo. Pero la municipalidad es opaca y oscura”, señaló el concejal VIII.
El 14 de enero de 2024
Un día antes de ser juramentados como concejales, recordó Pereira Calderón, el alcalde quetzalteco los citó para informarles que los cuatro tenían que firmar un documento financiero que exige la Contraloría General de Cuentas (CGC). “La municipalidad incumplió lo que manda la Contraloría porque nos tenía que presentar los documentos físicos de los movimientos financieros. Nos hicieron una presentación de Power Point. Grabamos la reunión y razonamos en el acta esta anomalía”, dijo. “Fue la primera vez que se le ponía un alto al alcalde y a los concejales. Estaban coléricos y se burlaban de nosotros”, recordó.
Los concejales de SBX firmaron esa acta y eso le valió dos nuevas acciones judiciales. Con estas sumaban tres. “Nos denunciaron por abuso de autoridad en una y por usurpación de funciones, en otra. Se desestimaron las denuncias, pero eso nos quitó tiempo”, mencionó.
El 15 de enero de 2024
Lo que sucedió el día de la toma de posesión del cargo, es otra historia en la carpeta de casos legales en contra de los concejales de SBX. “El acto fue en el Teatro Municipal, una ceremonia solemne, y cuando terminó le preguntamos al alcalde cuándo comenzarían las sesiones del Concejo de la nueva administración. Nos dijo: mañana 16 a las 7 de la mañana. Para estar seguros de la agenda, le preguntamos al secretario general (responsable de redactar las agendas que se aprueban en el Concejo) y nos dio la misma información”, señaló.
En la noche del 15 de enero, los cuatro concejales recibieron un mensaje vía WhatsApp que decía que se cancelaba la sesión de las 7 horas y se trasladaba a las 12 horas. “Llegamos a la sesión de las 12, nuestra primera reunión del Concejo, y para nuestra sorpresa nos dijeron que se habían reunido desde las 7 de la mañana, en el Centro Cultura Casa No’j y que allí habían repartido las comisiones municipales. A nosotros nos habían cedido la de Transporte y Abastos”, indicó.
Como nota curiosa, los concejales IX y X, José Leopoldo Nájera Reyes y Carlos de Jesús López Cahuex, de la coalición Unionista-Valor, fueron convocados a esa reunión en el Centro Cultural Casa No’j y participaron en dicho proceso.
“Las dos comisiones que nos dejaron tienen su trampa, sabemos que los sindicatos de los mercados y los transportistas son afines al alcalde. En esa sesión solicitamos integrar comisiones acordes a nuestros estudios y capacidades”, añadió Pereira Calderón.
Como esa sesión de Concejo fue transmitida por redes sociales, al día siguiente los tres concejales fueron denunciados por discriminación. “Una persona que se dijo de profesión campesino, de La Unión, San Marcos, se sintió discriminada porque nosotros hablamos de nuestros estudios. También se nos denunció por incumplimiento de deberes, al no aceptar las comisiones que nos habían designado. Las tres denuncias fueron desestimadas”, añadió.
Para entonces, eran seis las denuncias judiciales en contra de los concejales opositores y solo había pasado un día desde que habían asumido el cargo.
“Había mucha hostilidad contra nosotros, nos hacían comentarios de que las sesiones no se podían transmitir, que no eran públicas, si algún vecino quiere conocer el trabajo del Concejo que llegara en persona a las sesiones”, indicó.
A raíz de las trasmisiones en vivo, los concejales de SBX enfrentaron el séptimo proceso judicial. A mediados de febrero fueron notificados de una denuncia de la concejal III, María Margarita Campollo Díaz, del Partido Humanista por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica. La concejal III los denunció luego de recibir comentarios negativos por su físico en una transmisión por Facebook.
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Se ordenaron medidas de seguridad que prohibían a dos de los concejales de SBX acercarse al lugar de trabajo, estudio o residencia de Campollo Díaz. No obstante, la concejal III solicitó que se ampliaran estas restricciones al Concejo de Quetzaltenango, al justificar que era también lugar de trabajo. Por esta causa, se prohibió el ingreso al Concejo, a los concejales de SBX, involucrados en el proceso, por tres meses.
“Se pidió una aclaración de la medida y el juzgado dijo que el salón del Concejo no es un lugar de trabajo sino un lugar en el que se ejerce una función pública. Pese a ello, Campollo Díaz presentó otro recurso de amparo, y otra vez quedamos fuera del Concejo, por un mes, hasta que en definitiva le negaron la solicitud”, añadió.
En agosto quedaron sin vigencia las medidas de restricción, así que no había obstáculo legal que impidiera a los cuatro concejales de SBX retomar la agenda del Concejo.
La octava denuncia judicial
Paralelo a las actuaciones de Campollo Díaz, las concejales suplentes, Ingrid Edilsa Guzmán Puac, del Partido Humanista y Julia Violeta Sac Coyoy, de la coalición Unionista-Valor, presentaban en junio pasado, un recurso de amparo contra el Concejo quetzalteco con el argumento de que los concejales de SBX habían cometido fraude de ley por una campaña anticipada. Los mismos argumentos que sustentó el recurso legal que impulsó el Partido Humanista, sede Quetzaltenango, en 2023, que fue desestimado.
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“Esta vez agregaron que teníamos concesiones con la municipalidad, lo cual es falso. Se comprobó que no es cierto lo que dicen. La semana pasada, este recurso fue rechazado, en definitiva. El tribunal nos dijo que podíamos ocupar los cargos y asistir a las reuniones”, añadió.
El lunes 2 de septiembre, cuando los tres concejales de SBX asistieron a la primera sesión del Concejo se les informó que se habían declarado vacantes las cuatro sillas (tres titulares y una suplente). “El alcalde dijo que el Concejo resolvería el caso y que era un trámite administrativo, lo cual es ilegal. Aprobaron un acuerdo para correr los puestos y quedamos fuera. Ahora nos presentamos como vecinos. No tenemos voz ni voto”, explicó.
“A principio del año, nuestra expectativa era otra. En otras administraciones, como la de Mito Barrientos hubo oposición fuerte. Nunca visualizamos tantas denuncias, nueve, tanto ataque mediático. Esperábamos otro escenario. Es como lo que hace Maduro en Venezuela, actitudes dictatoriales, totalitarias”, expresó.
En la actualidad, estaciones de radio y otros medios de comunicación tradicional, que reciben pauta y beneficios de la municipalidad de Quetzaltenango mantienen una campaña de desprestigio en contra de los concejales de SBX.
Voces ciudadanas de oposición
Percy Aguilar, coordinador de la Comisión de Auditoría Social del Municipio de Quetzaltenango (CASMUNQ), una organización ciudadana, que nació en 2021, por la preocupación que causaba en ese momento, el manejo de los recursos en la alcaldía quetzalteca. “Faltaba transparencia en el gasto de los fondos; los proyectos los sobrevaloraban: comenzaban con un precio, luego lo cambiaban para ampliar el presupuesto”, recordó.
“Nos impactó todo lo que sucedió alrededor de la construcción de un paso a desnivel en la zona 3 de Quetzaltenango. Hubo muchas quejas por la obra eso nos motivó a sumar esfuerzos y comenzar este trabajo”, dijo.
El dirigente ciudadano mencionó que la CASMUNQ se acercó a los cuatro concejales de SBX, para contar con aliados en el Concejo de Quetzaltenango. “Para obtener información más rápido y que se motivara la transparencia”, indicó.
“Se habló de que se podían transmitir las sesiones del Concejo, vía Facebook, entre otras plataformas virtuales, y ellos se mostraron abiertos, ya se veía que iban a ser oposición”, añadió.
No obstante, esta primera acción de apertura les ocasionó a los concejales de SBX, los primeros problemas con el alcalde López Fuentes. “Se vio muy mal cuando no los dejaban entrar, cuando no los dejaban grabar. El alcalde quiere manejar el poder como lo hizo en el periodo anterior, sin opositores. Se hacía lo que él decía y no se discutía, sin transparencia”, mencionó.
Para Aguilar, las acciones del alcalde y el Concejo afín asemejan a un régimen dictatorial. “Nos preocupa lo que sucede, es una situación antidemocrática. Si la persona fue electa mantiene su cargo. Ellos fueron electos con más de 10 mil votos. Obtuvieron el segundo lugar en la elección. Están en todo su derecho de asistir al Concejo. Si se les niega el derecho a ellos, se les niega a los 10 mil votantes”, dijo. “Quienes confían en la democracia fueron engañados. Tienen sueños y aspiraciones, confiaron en cuatro concejales, que podían ser la voz de ellos. Al no dejarlos entrar se niega ese sueño. Este es un mal precedente, hoy son ellos mañana podemos ser nosotros”, añadió.
Cayetana Recancoj, también integrante de CASMUNQ señaló que como ciudadana está inconforme con la forma en la que el alcalde actual administra el municipio. “No se nota trabajo por ninguna parte, el servicio de energía eléctrica es un completo caos. Hay cortes de luz inesperados y cortes por largas horas, cuando se le da mantenimiento a la red eléctrica. También el servicio de agua potable es deficiente, se raciona por horas, el de drenajes y el tratamiento de basura”, señaló.
“Con todos estos problemas que mantienen descontentos a los vecinos, la pregunta es cómo ganó otra vez un segundo periodo. Allí vemos la compra de voluntades, hay demasiada corrupción”, cuestionó.
Para la activista ciudadana, el comité cívico SBX se confirmó como un grupo joven que desde el principio “no se vendió ni se ha prestado a negociaciones por debajo de la mesa ni a alinearse al partido del alcalde”.
“Por eso han tramado artimañas nefastas para sacar a los concejales de SBX de las reuniones del Concejo. No les gustó que se hicieran públicas las reuniones, esto al alcalde no le parece que se dé a conocer”, señaló.
Orlando Pérez, diputado distrital de Quetzaltenango, por el partido Movimiento Semilla, comentó que “nadie está por encima de la ley”. “Ambas partes deben entender que esto es un sistema de pesos y contrapesos y que el diálogo es la herramienta más importante para alcanzar el bien común de los quetzaltecos”.
En la administración pasada no ocurrieron hechos semejantes, según el legislador “porque nunca tuvo oposición en el Concejo. Los concejales opositores se alinearon con él, en el primer periodo”, añadió.
Discusiones de fin de año
En octubre y noviembre comienzan a nivel nacional las discusiones sobre los presupuestos de ingresos y egresos de cada municipio, que luego son aprobados por el Concejo, en diciembre. En Quetzaltenango, cabe la posibilidad de que esta información, así como los resultados finales de la ejecución presupuestaria 2024 no se hagan públicos a la población, dado el actuar del alcalde actual y su inclinación por la opacidad y falta de transparencia.

