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Créditos: Estuardo de Paz
Tiempo de lectura: 7 minutos

 

En tres años, resoluciones emitidas por jueces y magistrados han facilitado la liberación de actores vinculados en actos de corrupción y el cierre de más de 10 investigaciones consideradas de alto impacto.

Por Alexander Valdéz

Con un Ministerio Público (MP) dirigido por Consuelo Porras, y autoridades judiciales emitiendo dudosos fallos, la justicia en el país tomó otro rol. Los fiscales que evidenciaron casos se convirtieron en perseguidos y su lucha contra la corrupción e impunidad no se concretó.

Los fallos judiciales emitidos por magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones han librado de proceso a actores como Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, Estuardo Galdámez, Alejandra Carrillo, Alejandro Giammattei, Erick Melgar Padilla, Sandra Torres, José Luis Benito, Jimmy Morales, entre otros altos exfuncionarios de Estado.

Esas resoluciones no sólo han facilitado la liberación de actores vinculados redes de corrupción, sino que, incluso, han influido en la reaparición de viejos conocidos, como el expresidente del Congreso, Luis Rabbé.  El exdiputado fue deportado de México este jueves 8 de agosto después de estar ocho años prófugo de la justicia por el caso Plazas Fantasmas. Sin embargo, el proceso por el cual se le perseguía fue cerrado hace siete días por una resolución de la Corte de Constitucionalidad.

El caso de Rabbé es solo uno de los tantos ejemplos de lo que ha ocurrido con más de 10 investigaciones, en casos de gran corrupción, que han sido cerradas y quedado en la impunidad.

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Una renovación urgente

Mientras los casos de alto impacto son cerrados y desestimados, la vida en la sociedad guatemalteca transcurre en medio de un proceso de renovación de Cortes que se mantiene estancado desde hace un mes.

La elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones ha sido equiparada por los expertos y exoperadores de justicia como uno de los procesos de igual importancia a las elecciones generales.

Los nuevos magistrados definidos por una lista que los integrantes de las Comisiones de Postulación deben enviar al Congreso para su elección final, deben tomar posesión el 12 de octubre.  Sin embargo, el tiempo se agota mientras un grupo de 22 comisionados bloquea el inicio del trabajo de las postuladoras bajo el argumento de su desacuerdo con que las reuniones se realicen en la Universidad Rafael Landívar.

Dos exfiscales y un exjuez, los tres en el exilio por criminalización, coinciden en la necesidad de prestar atención a la elección y garantizar que se realice una selección de profesionales independientes y sin compromisos con los intereses de determinados actores.

La exsubjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Siomara Sosa, habla sobre la necesidad de depurar las cortes que fueron “puestas por Gustavo Alejos desde una celda”. Considera que los magistrados impuestos están comprometidos con la cúpula económico-política de Guatemala.

“Ejemplo es el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez, que actualmente es magistrado de Sala y fue uno de los que más visitó a Alejos. Igual pasa con Alexander Ortiz, un abogado de los empresarios, ahora es magistrado de Sala. Romeo Monterrosa fue otro que llegó repetidamente a la celda de Alejos y también sigue siendo magistrado de Sala en Jalapa. El mismo presidente del OJ, Óscar Cruz, fue uno de los que más visitó a Alejos. Por eso es tan necesario renovar esas cortes contaminadas”, declaró.

A criterio del exjuez Carlos Ruano, es importante el cambio de autoridades judiciales porque si no hay cortes y jueces independientes, se tiene un sistema de justicia “a la orden del más poderoso, del que compra resoluciones, de los que presionan y amenazan jueces”.

“Así como cada cuatro años se eligen diputados y presidente de la República, también cada cuatro años se deben elegir las Cortes del Organismo Judicial, no hacerlo es violar la Constitución, como ya sucedió en 2019”, expresó.

Por su lado, el exfiscal Juan Francisco Sandoval, considera que los efectos al sistema de justicia se ven de forma directa y grave. “La justicia es uno de los pilares sobre los que descansa la democracia, por ende la distorsión del sistema democrático es potenciada con decisiones de jueces que tienen compromiso con la impunidad y la protección de actores corruptos y violadores de derechos humanos”, concluyó.

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Impunidad a la carta

En los últimos tres años el MP no presentó ninguna nueva investigación por corrupción, mientras que jueces con señalamientos de corrupción han beneficiado a determinados actores en los tribunales de justicia.

     1.Odebrecht-Alejandro Sinibaldi

La jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, cerró el proceso que se seguía contra el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, actualmente en libertad. El caso Odebrecht es parte de una estructura conocida como “Construcción y Corrupción”, que se estableció que era liderada por el entonces ministro, quien gestionó cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas.

El exministro de Comunicaciones fue capturado, en agosto de 2020, luego de ponerse a disposición de la justicia después de estar prófugo, desde el año 2016, cuando la FECI y la CICIG revelaron una serie de casos de corrupción que alcanzaron a altos funcionarios de aquel momento.

     2. Odebrecht-Manuel Baldizón

La jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, cerró el caso contra Manuel Baldizón, otro actor vinculado en un caso de corrupción. Fue librado de un juicio por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita en el caso conocido como Odebrecht. La jueza no tomó en cuenta la prueba recopilada por la fiscalía y consideró que no se debía enviar a juicio a Baldizón, porque la acusación no era clara ni precisa.

     3. Plazas Fantasmas-Congreso

El 26 de septiembre de 2023, la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, benefició a 59 personas acusadas, entre ellos algunos exdiputados del Congreso de la República, y cerró la investigación relacionada con contrataciones irregulares en el Congreso de la República.

La investigación de la FECI y la CICIG establecieron que durante el período de la Junta Directiva del Organismo Legislativo (2014–2015) se contrató a personas que no llegaban a trabajar al Congreso, pero que cobraron salarios de entre Q15 mil y Q20 mil.

      4. Manipulación de Justicia

El 23 de septiembre de 2023, la jueza de Mayor Riesgo “C”, Silvia de León, resolvió cerró rar la investigación contra el militar Erick Melgar Padilla, quien fue señalado del delito de obstrucción a la justicia. La jueza determinó que la FECI, de Rafael Curruchiche, no demostró la posible responsabilidad del militar en el delito y así enviarlo a juicio. Melgar Padilla fue señalado de manipular la investigación del asesinato de su padre José Armando Melgar Moreno, presuntamente por motivos relacionados con disputas de tierras, ocurrido el 9 de diciembre del 2012.

     5. Q122 Millones

En febrero, la jueza Abelina Cruz realizó a puerta cerrada la audiencia de aceptación de cargos del exministro de Comunicaciones José Luis Benito, quien reconoció los hechos por los que está procesado en el caso denominado Q12 millones. En la audiencia la defensa del exministro logró que la jueza modificara la acusación que inicialmente había hecho la FECI.

El delito de lavado de dinero se modificó por el de conspiración para cometer lavado de dinero, un tipo penal menor al que inicialmente lo tuvo ligado a proceso, que le permitió ser condenado por una pena inferior. Ese fallo está suspendido por apelación de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

     6. Financiamiento FCN-Nación

La investigación por supuesto financiamiento irregular del partido FCN-Nación fue cerrada por el Juzgado de Mayor Riesgo “D”. El caso había estado detenido desde el año 2021, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió a favor de los empresarios acusados y anuló una resolución de la entonces jueza Erika Aifán, que había enviado a debate a los empresarios José Andrés Botrán Briz y Luis Rodrigo Arenas Echeverría.

La investigación del MP y CICIG determinó que dirigentes de FCN-Nación establecieron un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales electorales a través de la empresa Novaservicios, S.A. El aporte anónimo fue de Q7 millones, el cual no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral, como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

     7. Alejandra Carrillo

El 12 de octubre de 2023, se hizo público que la exdiputada y directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, no sería investigada por el caso de la supuesta adjudicación irregular del edificio en el que funciona la institución, pese a la existencia de una denuncia, documentos y chats que señalan un supuesto negocio irregular.

El caso fue cerrado pese a que, el 10 de junio de 2021, la Fiscalía Contra la Corrupción allanó la sede del Instituto de la Víctima para obtener información en seguimiento a la denuncia por supuestas irregularidades en el contrato de arrendamiento del edificio. En esa diligencia el MP dijo que se trataba de un caso por la presunta sobrevaloración del edificio donde funciona la institución.

     8.Caso de sobornos rusos

El 25 de octubre de 2023, el MP confirmó que la Fiscalía Contra la Corrupción cerró la investigación relacionada con el supuesto pago de sobornos por empresarios rusos al presidente de la República, Alejandro Giammattei, con el que la empresa Atlantic Bull Cargo, propiedad de la empresa minera Mayaníquel con la que buscaba obtener el arrendamiento de una porción de terreno, por un plazo de 20 años, en un área del puerto Santo Tomás de Castilla, ubicado en el Caribe guatemalteco.

     9.UNE-Sandra Torres

La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, cerró el caso en contra de la expresidenciable del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, y el de seis personas más por su presunta participación en ilícitos dentro del proceso judicial denominado Financiamiento UNE.

     10. Cooptación del Estado

Acá se benefició a los exministros y exfuncionarios del gobierno del desaparecido Partido Patriota (PP), que fueron acusados de lavado de dinero y cohecho pasivo en el caso Cooptación del Estado, un proceso develado en tiempos de la antigua FECI y la CICIG. Entre los beneficiados están: Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla, Dwigth Pessarozzi, Manuel López Ambrosio, Carlos Batzin y Ulises Anzueto. A ellos se les decretó sobreseimiento por cohecho pasivo y lavado de dinero. También se dictó un fallo favorable para el exdirector del Registro Nacional de Personas (Renap), Rudy Gallardo; y la exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC), Emilia Ayuso, a quienes se les sobreseyó por el delito de cohecho pasivo.

     11. Asalto al Ministerio de Salud- Estuardo Galdámez

El 16 de mayo, la jueza de mayor riesgo “D”, Abelina Cruz, favoreció con su resolución al exdiputado Estuardo Galdámez, y pese a la evidencia aportada por FECI, en 2019, no enfrentó juicio. Por ese caso la FECI acreditó la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo y lavado de dinero, en el caso conocido como Asalto al Ministerio de Salud.

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