El mejoramiento del rompeolas de la Empresa Portuaria Quetzal deberá esperar, luego de que la institución cancelara definitivamente el proyecto que se le había asignado a la compañía de uno de los amigos del exministro José Luis Benito.
Por Cristian García
La administración de Bernardo Arévalo tendrá que elaborar una nueva licitación para reparar el rompeolas de la Empresa Portuaria Quetzal, luego de que en junio de este año se cancelara la que fue creada para ese propósito por el gobierno del partido Vamos.
Si bien la decisión de no continuar con el proceso se tomó recientemente, el concurso público se efectuó en 2021. En esa ocasión, participaron tres empresas, aunque solo una supuestamente había cumplido con todos los requisitos del evento.
De esa manera, el proyecto se le otorgó a la constructora Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM), que propuso hacer las tareas de mejoramiento de la estructura por Q477.94 millones.
La compañía es propiedad de Alejandro Matheu Escamilla, uno de los amigos del exministro José Luis Benito, quien durante su gestión en el Ministerio de Comunicaciones le adjudicó varios trabajos de infraestructura a esa sociedad mercantil.
Por ello, la empresa se encargó de intervenir diversas carreteras en el país, que le generaron ingresos de cientos de millones de quetzales. No obstante, para estas labores marítimas, indicó que necesitaría la colaboración de otras dos compañías.
Fue así como SCM recurrió a las entidades Acotec N.V. y Boscallis International. La junta de licitación no encontró objeción en eso, pero la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal señaló que Acotec N.V. no estaba inscrita en el Registro Mercantil.
Por eso, la oferta de la constructora de Escamilla fue rechazada. El empresario no aceptó lo resuelto y le pidió a los directivos estatales, mediante un recurso legal, que se hiciera una revisión de lo decidido.
La Junta Directiva admitió el alegato, se corrigió y aseguró que Acotec N.V. sí tenía registro en Guatemala. Esto ocurrió en diciembre de 2022 y, a partir de entonces, la negociación quedó detenida.
Finalmente, este año el expediente fue reexaminado y la oferta de SCM fue nuevamente rechazada, porque se identificaron errores en la documentación y los papeles habían perdido su validez, producto del impase en el que estuvo el proceso.
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Vínculos
Pese a que no se concretó la contratación, Escamilla suscribió otros contratos con el Estado durante el gobierno de Alejandro Giammattei, que le garantizaron un desembolso de Q311.36 millones en sus primeros nueve meses de administración.
Sin embargo, desde octubre de 2020, ya no consiguió ningún contrato millonario. En ese mismo mes Benito fue declarado prófugo por el hallazgo de Q122 millones en una casa de Antigua Guatemala.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, señaló que el exministro habría obtenido ese dinero de forma ilícita. Posteriormente, amplió la investigación y un testigo vinculó al exfuncionario con Giammattei.
En su declaración, mencionó que Benito supuestamente ofreció Q20 millones para la campaña electoral del partido Vamos, en 2019. El dinero, aparentemente, era un soborno que dio una constructora.
El objetivo de este “aporte”, según el testigo, era que el exministro se quedara un año más como titular de la cartera de Comunicaciones y asegurar la adjudicación de al menos doce proyectos millonarios a empresas que le eran afines.
El nombramiento ya no se hizo, aunque la mayoría de las obras pactadas sí se suscribieron. Giammattei rechazó los señalamientos. En tanto la antigua FECI encaminó esta y otras pesquisas que apuntaban al exgobernante, pero las mismas quedaron en el olvido tras la criminalización de muchos de sus fiscales.
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