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Créditos: El periódico digital El Faro hizo pública una investigación que vincula al presidente, Alejandro Giammattei, con hechos de corrupción. Prensa Comunitaria. Archivo.
Tiempo de lectura: 11 minutos

 

Un testimonio, realizado a la FECI y bajo resguardo de la jueza Erika Aifán, acusa al presidente Alejandro Giammattei de aceptar aportes de empresas constructoras a cambio de otorgar obras en licitaciones, a través del ex ministro José Luis Benito. La denuncia muestra las verdaderas razones de la destitución de Juan Francisco Sandoval en la FECI y de la persecución contra la jueza Erika Aifán: frenar las investigaciones y blindar al presidente Giammattei.

Por Prensa Comunitaria

En una nota publicada a las 20.30 de este lunes con el título “Testigo acusa a Giammattei de financiar su campaña con sobornos de constructoras”, el periódico digital salvadoreño El Faro hizo pública la segunda investigación que vincula al presidente, Alejandro Giammattei, con hechos de corrupción, en particular recibiendo aportes ilegales de dinero: en este caso se trata de aportes de empresas de construcción para su campaña electoral, en concreto para la segunda vuelta; anteriormente se lo había acusado de recibir dinero envuelto en una alfombra de empresarios rusos vinculados a una empresa minera que opera en El Estor, Izabal.

La nota publicada en El Faro afirma que el testimonio de un colaborador, al que identifica como “ex hombre de confianza de Giammattei” y nombrado en la investigación de la justicia como “Testigo A”, aseguró que el presidente guatemalteco “negoció en 2019 con el entonces ministro José Luis Benito un aporte de 2.6 millones de dólares a su campaña electoral a cambio de mantener a Benito  en el cargo un año, para que siguiera operando la estructura de corrupción en obras públicas de la administración de Jimmy Morales”.

El testimonio, grabado en audio, está bajo custodia de la jueza Erika Aifán. El Faro afirma que una segunda fuente, que también “trabajó con Giammattei”, confirmó la existencia de este acuerdo de financiamiento.

La investigación, firmada por el periodista, José Luis Sanz, revela que el FBI y el Departamento de Estado de EEUU tienen “desde hace meses” copia del testimonio.

La investigación periodística señala la existencia de un esquema de corrupción, pago de sobornos, otorgamiento arreglado de licitaciones millonarias para obras y carreteras, que involucra a importantes empresas constructoras guatemaltecas que se mantiene en el tiempo, en concreto plantea que viene, al menos, desde la época de Alejandro Sinibaldi al frente del Ministerio de Comunicaciones durante la presidencia de Otto Pérez Molina. Este esquema continuó bajo el gobierno de Jimmy Morales y el recaudador de fondos pasó a ser José Luis Benito. En el caso del gobierno de Giammattei el esquema siguió, pero, según el “Testigo A”, quien negoció los aportes y las adjudicaciones de las obras fue Giorgio Bruni, secretario general del partido Vamos y luego secretario Privado de la Presidencia de Giammattei.

En el audio, el “Testigo A” asegura que, en julio de 2019, antes de la segunda vuelta electoral, participó de una reunión, en la Ciudad de Guatemala “en la que el entonces candidato y Giorgio Bruni (…) hablaron por teléfono con Benito para confirmar el aporte y la forma de entrega. En presencia del actual ministro de Desarrollo, Raúl Romero; el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez; y una persona más identificada como Jorge, el testigo asegura que escuchó a Bruni decir a Giammattei que el dinero saldría de un anticipo pagado por el Ministerio de Comunicaciones a la empresa COAMCO, para la construcción y mejoramiento de un tramo de carretera en el departamento de San Marcos”.

El testigo dice que: “Giorgio Bruni le pregunta a José Luis Benito, en altavoz, que cómo iban con el tema, y [dice] que estaba presente y escuchándolo Alejandro Giammattei. Benito responde ‘ya está todo listo, lo estamos haciendo en coordinación con el ministro de Gobernación’, en ese entonces de apellido Degenhart, ‘para hacer las entregas en los lugares que ustedes nos indiquen’”.

El Faro informa que “el testigo enumera doce proyectos de construcción de carreteras supuestamente ligados a aquel pacto, que suman contratos con cuatro empresas distintas por más de 1,471 millones de quetzales (191 millones de dólares). Documentos oficiales muestran que once de esos proyectos fueron adjudicados y están en ejecución. Uno más está en este momento en licitación abierta. Según investigadores del Ministerio Público de Guatemala, Benito y Giammattei se comprometieron a facilitar a estas empresas adelantos de pago o nuevas adjudicaciones a cambio del financiamiento para la campaña”.

La nota recién publicada establece que “una segunda fuente en el equipo de campaña de Giammattei ha corroborado a El Faro la existencia del acuerdo con José Luis Benito. Asegura haber estado a finales de agosto de 2019 en una reunión privada en la que Giorgio Bruni, Miguel Martínez y el ya presidente electo Alejandro Giammattei “dijeron que habían trabajado con empresas constructoras a través del Ministerio de Comunicaciones para financiar su campaña”.

La fuente también dice que durante “2019 escuchó a Bruni hablar de la promesa de incluir a Benito en el nuevo Gobierno, y en una ocasión al mismo Giammattei decir que “mantenía la oferta de que continúe siendo ministro de Comunicaciones”. Dice que también presenció que “a medida que se acercaba el traspaso de mando presidencial, se repetían las discusiones entre Bruni y Giammattei por la intención de este último de no cumplir el compromiso”.

Como es de público conocimiento Benito no siguió en el cargo pero si se concretaron las obras de las empresas constructoras que se habían comprometido a cambio de la financiación, 7 de las 12 obras nombradas por el “Testigo A”, “con un presupuesto total de más de 83 millones de dólares”, fueron adjudicados en el primer año de gobierno de Giammattei  “a empresas constructoras consideradas afines al exministro, entre las que destaca Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM), propiedad del empresario Alejandro Matheu Escamilla”.

Una parte relevante de la nota se publica bajo el título: “¿Investigan al presidente?”. Allí se señala que “el Departamento de Estado y el FBI tienen desde hace meses copias de la declaración del testigo A” y se agrega “el New York Times hizo el pasado octubre una breve referencia a la existencia del Testigo A, en un artículo en el que reveló que otro testigo dijo en julio a la FECI haber entregado en casa del presidente Giammattei una alfombra enrollada llena de dinero. El efectivo era, supuestamente, parte del soborno de una empresa minera respaldada por Rusia para que Giammattei le otorgara la operación parcial de un puerto guatemalteco”.

Estas dos investigaciones de la FECI, la de la alfombra con dinero para favorecer a los empresarios rusos de la mina de El Estor y el puerto y la de los aportes a través de un esquema de corrupción de empresas constructoras para favorecerse con obra pública, las dos apuntando a la participación del presidente Giammattei y de su entorno más directo en actos ilícitos, fueron determinantes para la destitución de Juan Francisco Sandoval el 23 de julio de 2021 y para la campaña de hostigamiento y criminalización de la jueza Erika Aifán.

Sandoval, cuando salió al exilio, luego de su destitución, dijo “que la investigación del dinero de Antigua apuntaba al presidente Giammattei y a “pagos de constructores para ser beneficiados con algún proyecto o para financiar alguna campaña política”.

La Fiscal General, Consuelo Porras, desarticuló la FECI y el fiscal que puso en lugar de Sandoval al frente de la misma, José Rafael Curruchiche, el 25 de agosto, según revela El Faro, envió un memorándum a todo el personal en el que preguntaba “si en la agencia a su cargo se instruyó y desarrolló diligencia de investigación relacionada a la entrega de dinero en efectivo hacia el presidente constitucional de la República de Guatemala”. Los fiscales se acogieron a la reserva de los casos para no responder. El intento aquí era terminar u obstaculizar la primera investigación que involucraba al presidente Giammattei.

Luego fueron por la segunda, la del financiamiento ilícito de empresarios de la construcción a su campaña electoral,  a principios de noviembre, el MP le reclamó formalmente a la jueza Aifán que entregara “a los nuevos fiscales encargados del caso el sobre cerrado que contiene la identidad protegida del Testigo A”.

Los investigadores originales, los fiscales separados por Porras y Curruchiche, se negaron a revelar la identidad del testigo y mantuvieron su obligación de reserva sobre la audiencia realizada el 18 de mayo. Según establece El Faro, “Aifán también se negó y explicó por escrito a la fiscal general que tanto el testimonio como la identidad del Testigo A ya forman parte de una etapa procesal en la que la fiscal no ejerce control, y son pruebas bajo custodia del juez y el tribunal de instrucción”.

Como señala El Faro, “el 13 de enero, Porras solicitó a la Corte Suprema de Justicia retirar la inmunidad a Erika Aifán, una de las juezas anticorrupción y antinarcotráfico más reconocidas de Guatemala, que en 2018 ya condenó a nueve empresarios de la construcción por participar en un sistema de sobornos a funcionarios, y que sufre desde hace años amenazas y acoso legal por parte de actores ligados al poder. La actual Fiscal general acusa a Aifán de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato”.

Es relevante el dato de que “la declaración se grabó bajo reserva en presencia de la jueza, dos fiscales y una abogada defensora el 18 de mayo de 2021, en una audiencia de anticipo de prueba que es parte de una investigación que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) abrió en octubre de 2020, tras encontrar 22 maletas con cerca de 16 millones de dólares en efectivo en una casa de Antigua Guatemala alquilada por Benito. Por ese caso está acusado de lavado de dinero el exministro de Comunicaciones y se investiga también a Bruni”.

No saben no contestan

El Faro informa que intentó contactar con todos los señalados como participantes en la reunión o que conocían el acuerdo de financiamiento ilegal de las empresas constructoras a la campaña electoral de Giammattei. En el caso de Giammattei respondió el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia rechazando los señalamientos y afirmando de forma muy llamativa que “todo lo relacionado con el manejo financiero de la agrupación política VAMOS corresponde al entonces secretario general del partido durante el tiempo de campaña”, es decir Giorgio Bruni.

El funcionario añadió que el presidente “no tiene conocimiento de que se encuentre sujeto a ningún tipo de investigación por parte del Ministerio Público ni de cualquier otra entidad de la misma naturaleza”.

Giorgio Bruni no respondió las llamadas ni los mensajes,  el exministro Benito, “a través de una persona cercana a él, se limitó a responder que el caso de las maletas de La Antigua está bajo reserva y tiene prohibido hablar en público de él”. Raúl Romero, “actual ministro de Desarrollo y en 2019 diputado del partido de Giammattei, acepta que apoyó la campaña del hoy presidente, pero niega haber participado en una reunión como la que describe el Testigo A”. El exministro de Gobernación Enrique Degenhart también negó los señalamientos. Miguel Martínez no respondió las llamadas ni los mensajes. El empresario Alejandro Matheu Escamilla no respondió a los mensajes ni a las llamadas, ni en su celular, ni en la oficina de su empresa.

Un esquema de corrupción

En el audio el “Testigo A” afirma que: “Giorgio Bruni recibe una llamada del exministro de Comunicaciones José Luis Benito, que en ese entonces era ministro. Esto se puede constatar por mi persona ya que el teléfono de Bruni lo puso sobre la mesa y tenía el contacto grabado como ‘Benito’, únicamente el apellido. Y luego que él contesta la llamada lo pone en altavoz y se constata que era la voz de él”.

Según la declaración el encuentro fue “en el edificio Milenia, en la colonia Oakland de la Zona 10 de Ciudad de Guatemala, en un apartamento que según investigadores pertenece al actual ministro de Desarrollo, Raúl Romero”.

Romero aceptó a El Faro tener un apartamento en el Milenia, pero niega que en él se hayan celebrado reuniones de campaña. Advierte además que José Luis Benito “tiene o tenía” un apartamento en el mismo edificio.

El testigo cuenta que tras la confirmación de que el acuerdo seguía en pie y la entrega del dinero estaba coordinada con el ministro de Gobernación, Giammattei desactivó el altavoz y habló unos minutos más con Benito para “simplemente agradecerle, básicamente, por lo que acababa de decir”.

“Luego se corta la llamada y Alejandro Giammattei le pregunta a Giorgio Bruni qué básicamente era lo que teníamos tratado, que eran los 20 millones para segunda vuelta. Y le dice Giorgio Bruni que sí, que recordara que era lo que venía de un anticipo pagado a la empresa COAMCO de un tramo adjudicado en Guativil – San Marcos”, dice el testigo. “Luego de esto, ellos empiezan… hacen su énfasis: ok, que todo está bien, que por favor se coordinara”.

El Faro informa que el proyecto “Mejoramiento de la carretera RN-12 Sur, tramo: San Marcos – Guativil”, identificado en la página de compras gubernamentales Guatecompras con el número de operación (NOG) 8795940, había sido adjudicado el diciembre anterior a la empresa COAMCO con un presupuesto de 174 millones de quetzales —22,6 millones de dólares—, aunque la obra terminaría costando más de 208.8 millones de quetzales según registros oficiales.

Según el testigo, días antes de la reunión el Ministerio de Comunicaciones había entregado a COAMCO un anticipo de pago por ese contrato. De ahí salió supuestamente el dinero para la campaña de Giammattei, condicionado a que en los años siguientes se entregara otros anticipos y nueve nuevos contratos a empresas involucradas en la red de favores de Benito.

“Giorgio Bruni le hace constar, y le recuerda al presidente, que el acuerdo con José Luis Benito era para que él pudiera permanecer un año como Ministro de Comunicaciones en su gobierno, es decir, ya en el gobierno de Alejandro Giammattei, en el actual gobierno. Esto con la única razón de poder garantizar los pagos de los contratos que él tenía control, que venían de 2018 a 2019, y que básicamente el más importante y más cercano a esa persona era el constructor Alejandro Matheu Escamilla”, se escucha en la declaración.

El Faro informa que “seis de los proyectos que el testigo vincula a la negociación entre Benito y Giammattei fueron adjudicados a la empresa SCM, de la que Matheu Escamilla es propietario y representante legal. Tres, por un monto total de casi 327 millones de quetzales —42.5 millones de dólares— se le asignaron durante el gobierno actual. El testigo hace referencia también a un proyecto de construcción que en estos momentos está en etapa de licitación y que según él se acordó adjudicar a SCM”.

Del resto de proyectos enumerados por el testigo, dos por casi 99 millones de quetzales —12.8 millones de dólares— en los departamentos de Totonicapán y Huehuetenango fueron adjudicados a la constructora JJRM, que en 2020 protagonizó un escándalo al saberse que el representante legal de la empresa era primo del Director de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, que le había otorgado contratos.

Dos más por 214 millones de quetzales —casi 28 millones de dólares— fueron adjudicados a la constructora Prourba, que apareció señalada en 2018, durante las audiencias del caso Construcción y Corrupción, como una de las contratistas del Ministerio de Comunicaciones que pactaron sobornos a funcionarios a cambio de agilizar pagos pendientes.

El Faro recuerda que “en los últimos años, medios guatemaltecos han documentado ampliamente la estrecha relación personal entre José Luis Benito y Matheu Escamilla y la acumulación de contratos concedidos, en muchos casos de forma sospechosa, a empresas de Matheu, a quien califican “el constructor favorito de José Luis Benito” y que en 2015 fue financista de la campaña de Jimmy Morales. Solo en 2018 y 2019, los dos años en los que Benito estuvo al frente del Ministerio de Comunicaciones y las obras públicas estatales, SCM recibió nueve contratos por más de 800 millones de quetzales, 104 millones de dólares. Durante los once años anteriores, los contratos recibidos por la empresa del Ministerio de Comunicaciones sumaron 67.7 millones de quetzales, 8.5 millones de dólares”.

El ex ministro de Comunicaciones de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, ex prófugo de la justicia y preso, reconoció haber recibido sobornos de constructoras, dijo en una declaración ante la FECI de Sandoval haberlos recibido también de Matheu Escamilla.

“Como ya lo he indicado, yo tuve relación con el señor Alejandro Matheu Escamilla, quien cuando yo era ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda me entregó sobornos”, se lee en el acta firmada de su declaración.

Incluso Sinibaldi, que colaboró con la justicia, se prestó a una maniobra para comprobar que le pagaban sobornos de esa empresa constructora.

Sinibaldi no quiso hablar con El Faro, pero la nota del medio salvadoreño recuerda que declaró en 2020: “Los creadores del sistema de corrupción son los constructores. Los políticos, los ministros son un ave de paso”.

Bajo el subtítulo, “Entregar a Alejandro”, El Faro señala que “la investigación del entramado denunciado por el Testigo A quedó prácticamente cercenada tras la salida de Sandoval de la jefatura de la FECI”.

Destaca que “varias fuentes” denunciaron que “la banca privada ha colaborado en el freno a la investigación, como si las entidades privadas respondieran a un engranaje político. “En muchos casos hacen llegar información incompleta. Y hay solicitudes de información bancaria hechas en junio que todavía no han tenido respuesta”, dijo en noviembre otra fuente”.

La nota destaca que “a inicios de 2021, una fuente en el Gobierno de Giammattei aseguró a la FECI que en la vivienda de Giorgio Bruni había, como en la de Antigua, maletas con dinero. Cuando los fiscales allanaron la vivienda en febrero no encontraron dinero, pero sí documentos que encajan con el relato del Testigo A: dossiers de empresas constructoras, precalificaciones de la empresa COAMCO y tablas de licitaciones del Ministerio de Comunicaciones, en algunos casos con anotaciones escritas como “atrasar””.

“Los fiscales también hallaron lo que parece ser un listado detallado de gastos de campaña con una suma final de 76.7 millones de quetzales, muy por encima del límite legal de 29.6 millones de quetzales establecido por el Tribunal Electoral. Al final del documento, en un aparente ejercicio de cinismo, se lee: “Multa $250k”, indica El Faro.

La nota establece que “los investigadores de la FECI no lograron comprobar si los 20 millones prometidos por Benito se pagaron efectivamente o cuál fue su recorrido y destino. Aun así, cuando en una serie de reuniones mostraron a Bruni y sus abogados los documentos e hicieron ver al exsecretario del partido Vamos que tenían elementos suficientes para acusarle al menos de financiamiento electoral no registrado, él negó todo inicialmente, pero acabó proponiéndoles colaborar con el Ministerio Público. En una de ellas, Giorgio Bruni les ofreció “entregar información para ir en contra de Alejandro”, testificar en contra del presidente. A inicios de julio la FECI emitió de hecho una citación para que Bruni declarara, pero a última hora éste la suspendió a través de sus abogados alegando que tenía síntomas de COVID. La siguiente vez que hablaron con él, se negó a colaborar”.

Lea la investigación completa de El Faro:

https://elfaro.net/es/202202/centroamerica/25996/%E2%80%8B%E2%80%8BTestigo-acusa-a-Giammattei-de-financiar-su-campa%C3%B1a-con-sobornos-de-constructoras.htm

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