El sábado se cumplió un mes, según los plazos constitucionales, para que las postuladoras iniciaran el proceso para renovar las Cortes. Pero ahora van a contrarreloj debido al retardo por la discusión de la sede de las reuniones. Carmen Aida Ibarra, directora de la organización Movimiento Pro Justicia, identifica en el proceso un grupo de diputados, magistrados y la fiscal general que tratan de mantener el control de la elección de Cortes y de reprimir cualquier opinión en su contra.
Por Isela Espinoza
La carta del presidente del Organismo Judicial, Óscar Cruz, el ofrecimiento del Congreso para que sus instalaciones sean consideradas como sede de las reuniones y resguardo de expedientes de las Comisiones de Postulación para renovar las Cortes, así como la aprobación de algunos artículos del reglamento interno, marcaron la tercera semana de la sesión permanente de ambas postuladoras.
¿Qué revelan estos hechos? El retraso en la elección es un escenario que se maneja desde el año pasado, debido a que los integrantes del Poder Judicial fueron electos en noviembre de 2023, lo que implicaría que solo estén en el puesto durante un año. Además, porque buscarían extenderles el cargo para atender intereses de grupos que figuran en la supuesta elección fraudulenta.
Previo a la integración de las Comisiones de Postulación fueron planteadas cuatro acciones legales y aceptadas para su trámite. Estas van orientadas a mantener a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones. El argumento es que los actuales magistrados deben estar en los puestos cinco años.
Carmen Aída Ibarra, directora de la organización Movimiento Pro Justicia, plantea como uno de los escenarios que esta semana los comisionados podrían seguir conociendo y aprobar el reglamento interno, pero la discusión sobre el traslado de la sede volverá a paralizar el proceso a pesar de los llamados de organizaciones de la sociedad civil y autoridades indígenas que piden cumplir con los plazos constitucionales.
Ibarra señala que lo que se evidencia es la existencia de un grupo antidemocrático que involucra a magistrados de la CC, diputados y la fiscal general, que además tienen financistas, operadores y varios aliados que son los que están detrás del retardo de la renovación de las Cortes y que tratan de marcar el rumbo de la administración de justicia.
El comisionado Wilson López llamó la semana pasada al magistrado Wilber Castellanos como el “jefe de la banda los magistrados de la Corte de Apelaciones”, que están entorpeciendo el trabajo de las comisiones. Ibarra considera que las negociaciones de los votos no se realizan en la sede sino fuera de ella ya que operadores como: Néster Vásquez, presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC); Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público; Carlos López Girón, diputado de Valor; Walter Mazariegos, rector de facto de la USAC; Estuardo Castellanos Venegas, magistrado de las Salas de Apelaciones; Estuardo Gálvez, exrector de la USAC, Gustavo Alejos y el “Rey del Tenis”, estos cuatro últimos vinculados al caso Comisiones Paralelas, son los que darían las directrices.
“Siguen las mismas prácticas de antaño de las Comisiones Paralelas 2014 y 2020 solo que ahora nadie los persigue y están operando con tal libertad e impunidad y se reúnen todos ellos para tomar decisiones que luego ejecutan en las sesiones los comisionados”, manifestó Ibarra.
La sede es un argumento sin precedentes
El 11 y 12 de julio, las postuladoras para la CSJ y Salas de Apelaciones tenían previsto iniciar con la primera reunión de trabajo, pero no avanzaron ante la ausencia de los decanos, Milton Argueta, quien había renunciado a la decanatura de la Universidad Francisco Marroquín; y Luis Antonio Ruano de la Universidad Mariano Gálvez, que fueron juramentados posteriormente por el Congreso.
Con el hecho, las Comisiones convocaron nuevamente a la reunión, para el 30 y 31 de julio, en donde se empezaron a perfilar los votos que entramparon la agenda ante el debate sobre el cambio de sede. Los magistrados tanto de la CSJ y de Salas de Apelaciones que integran las postuladoras impulsaron la propuesta de trasladar la sede hacia la Sala de Vistas del Palacio Judicial.
Mientras, los decanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Henry Arriaga; y el de la Universidad Regional, Luis Lepe; y representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) electos por las planillas tres, cuatro, cinco y seis han dado su voto “muy descaradamente” con el objetivo de obstruir el avance del proceso de nominación.
El sábado, el presidente del Organismo Judicial, Óscar Cruz, envió una carta a la Comisión de Postulación para la CSJ, presidida por el rector de la Universidad Rafael Landívar, Miquel Cortés. En la misma, Cruz aseguró que el Palacio de Justicia no contaba con las condiciones ni el presupuesto para albergar las reuniones de las comisiones postuladoras.
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El domingo 11 de agosto se cumplió un mes de la primera convocatoria y de no haber ocurrido los anteriores hechos, las Comisiones de Postulación hoy ya estarían en la recepción de papelería de los futuros magistrados.
Para Ibarra el planteamiento de Cruz explica por qué desde el inicio, cuando se pedía una nota oficial del presidente de la CSJ ofreciendo la sede, los magistrados que integran la Comisión se negaron “rotundamente con el apoyo de los decanos de la USAC y Regional y con representantes del CANG” electos por las planillas mencionadas anteriormente.
“Se perdieron dos semanas valiosas porque si esto hubiese sido conocido en la segunda o tercera jornada de la sesión se hubieran evitado tanta votación inútil”, dijo la directora del Movimiento Pro Justicia.
La nota de Cruz ocasionó posturas a favor de continuar con la sede en la URL mientras otros comisionados insistieron en que aún no se podía descartar el Palacio de Justicia. Incluso, los magistrados de las Salas de Apelaciones cuestionaron las funciones del presidente del Organismo Judicial, señalado de tener vínculos con Sergio Roberto López Villatoro conocido como el “Rey del Tenis” y procesado en el caso Comisiones Paralelas 2014, en el que se le sindica de manipular el proceso de elección de las cortes del país.
José Ortiz, magistrado de la Corte de Apelaciones e integrantes de la postuladora de la CSJ, cuestionó el documento firmado por Cruz y señaló que esa no era una respuesta del pleno de la Corte Suprema. “Es lamentable que los mismos magistrados de Apelaciones estén desconociendo la autoridad del presidente del Organismo Judicial. Es tanta el hambre por la reelección de los cargos que se han permitido decir que él no manda y quien decide es el pleno”, comentó Ibarra.
La discusión por la sede es la primera vez que sucede ya que en anteriores Comisiones de Postulación para renovar las Cortes, las universidades han albergado las sesiones y expedientes, según analistas y algunos comisionados.
“El primer afán es el retardo malicioso y el segundo es que lamentablemente hay segmentos de población que creen que por hacer las sesiones en la Universidad Rafael Landívar van a impregnar de izquierdismo las próximas Cortes. Pero los que van a votar son los mismos que han participado en el amaño de los procesos de postulación”, opinó Ibarra.
El sábado, el representante del CANG, Elvio López, calificó como “un salto al vacío” si se hubiera aprobado trasladarse a la Sala de Vistas ya que Cruz también planteó que el montaje de inmobiliario llevaría tiempo.
Para Ibarra no solo se trata de logística, sino también de presupuesto. Aunque el pleno de magistrados dijo que contaban con dinero para asumir los costos que representarían las Comisiones de Postulación, las compras y contrataciones deben realizarse con base en la Ley de Contrataciones del Estado y esto también requiere de tiempo. “Los magistrados de la Corte Suprema y de Apelaciones mintieron y eso nos lleva a concluir que odian la sede de la URL porque es un espacio independiente que ellos no pueden controlar”, dijo.
Ahora, está sobre la mesa la propuesta del presidente del Legislativo, Nery Ramos, quien ofreció el Congreso para las reuniones, pero nuevamente analistas afirman que, aunque está la sala en donde los jefes de bloque se reúnen, el Salón del Pueblo o el Salón de los Pasos Perdidos, el espacio no es suficiente para albergar a 100 personas entre comisionados, equipo de protocolo, periodistas y observadores nacionales e internacionales.
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Propuestas antidemocráticas del reglamento interno
La dificultad que ocasionó no obtener los votos requeridos, las dos terceras partes es decir 25 de 37, y los llamados de sectores de la población para que realicen un proceso de nominación transparente, los comisionados decidieron votar a favor para conocer el reglamento interno y tras su aprobación continuar con el tema de la sede.
En ambas postuladoras se discute la propuesta de los rectores y la de dos comisionados. En el caso de la Comisión de Postulación para Salas de Apelaciones, el pasado viernes, el representante del CANG, Julio Velásquez, logró que el pleno conociera también su propuesta de reglamento interno. Tanto la de Velásquez y como la del magistrado José Alexander Ortiz contienen artículos que buscan limitar las funciones del presidente de las postuladoras, el derecho de la prensa y beneficiar a los postulantes en el proceso de calificación de expedientes.
El viernes, las discusiones se detenían para lograr consensos, pero al finalizar 11 horas de trabajo se aprobaron 15 artículos. Entre ellos que, ante asuntos urgentes, el presidente puede convocar a sesión extraordinaria, aunque algunos buscaron quitar esta facultad al rector de la Universidad InterNaciones, Raúl Arévalo.
Esta comisión al igual que la de CSJ también reguló las intervenciones y audiencias de terceras personas u organizaciones, pero su objetivo era dejar afuera las solicitudes de audiencias de quienes lo soliciten a la postuladora.
El uso de terminales móviles y dispositivos electrónicos estará prohibido durante la revisión y evaluación de expedientes, la realización de votaciones y la elaboración de la nómina final.
También prohibieron que observadores y medios de comunicación se comuniquen con los comisionados durante las sesiones.
Por otra parte, en la propuesta del comisionado del CANG, Julio Velásquez, sugería aceptar únicamente señalamientos que contengan sentencias debidamente ejecutoriadas y resoluciones violatorias de derechos humanos emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Sin embargo, el magistrado Carlos Rivera y el decano Luis Aragón Solé propusieron que la admisibilidad de los señalamientos recaiga sobre los comisionados, siempre que cumplieran con los requisitos establecidos.
Otro punto polémico, que incluye la propuesta de Velásquez, es el artículo 25 que busca limitar las opiniones y pronunciamientos contra comisionados ya que se refiere a publicaciones de medios de comunicación como “ataques y pronunciamientos públicos contra comisionados”. Según señala, el presidente de la Comisión de Postulación podrá tomar “medidas pertinentes”. Este aún no es conocido, pero organizaciones que defienden la libertad de expresión expresaron su preocupación.
“Quieren reprimir lo que publican los medios de comunicación, quieren que los comisionados no den opiniones sobre el proceso y alejan la posibilidad de dar audiencias”, dijo Ibarra al explicar que esta comisión también aprobó que, previo a autorizar la audiencia a terceras personas, esta debe ser aprobada con 25 puntos.
Ibarra recordó que esta sería la primera vez que una comisión promueve este tipo de artículos. “Ni las comisiones más recientes presididas por Silvia Valdés fueron restrictivas como lo están impulsando ahora los magistrados de Apelaciones y de la Corte Suprema”, enfatizó.
En cuanto a los expedientes, el artículo 17 del proyecto de reglamento propuesto por Julio Velásquez señala que “antes de iniciar la entrega, revisión y evaluación de expedientes, el presidente de la Comisión consultará en sesión a los comisionados si alguno de ellos tiene impedimento que le permita conocer expedientes o expedientes de los participantes”.
Según la directora del Movimiento Pro Justicia, la revisión de expedientes e integración de las ternas que los revisarán se ha realizado en otras postuladoras de forma sorteada. Pero con este artículo buscan permitirle al aspirante que recuse a su terna. “Entonces ellos quieren calificar a sus propios candidatos. Las recusaciones también incurrirían en tiempo”, agregó. Velásquez fue electo por la planilla cuatro vinculada al exrector de la USAC Gálvez.
Mientras, en la Comisión de Postulación para la CSJ, que sesionó el sábado, el magistrado Alexander Ortiz, presentó esta misma propuesta de reglamento interno que también se discute paralelamente con la ofrecida por Cortés.
Los comisionados modificaron y aprobaron 11 artículos. Con 31 votos a favor aprobaron que las intervenciones de terceros se permitirán, previa solicitud y aprobación de la comisión, con un tiempo de 3 minutos. Además, se estableció que el presidente y los secretarios podrán pronunciarse en nombre de la comisión.
Aunque de los artículos conocidos en la propuesta de Ortiz buscaban limitar algunos derechos constitucionales al final estos no fueron aprobados o fueron modificados. Pero para Ibarra no dejan de ser “propuestas antidemocráticas y represivas” ya que a través del reglamento interno ahora buscan anular el acceso a la información que garantiza la Constitución de la República e incluso la Ley de Comisiones de Postulación.
Ambas Comisiones también aprobaron días específicos para reunirse. En el caso de la postuladora para la CSJ sesionará los miércoles y viernes. Mientras la de Apelaciones lo hará martes y jueves hasta agotar la agenda. Ibarra prevé que las sesiones continuarán hasta que se apruebe el reglamento y que cualquier artículo antidemocrático sea rechazado. Sin embargo, retomar la discusión sobre el cambio de sede podría volver a paralizar el proceso.
Para el constituyente, Alfonso Cabrera Hidalgo, el “Pacto de corruptos” “hará todo el esfuerzo necesario” para que sus candidatos lleguen a las Cortes por lo que se dedicarán a boicotear el proceso.
El sábado durante la sesión permanente de la Comisión de Postulación, para nominar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el abogado Ricardo Sagastume presentó una acción de inelegibilidad que cuestiona la legalidad de Cortés para presidir la postuladora ya que, según el documento, el rector no es de origen guatemalteco. El rector lamentó que exista “desinformación” y “especulación” al explicar que se nacionalizó en 2019.
Sin embargo, para Cabrera estos detalles facilitan “el camino al Pacto de corruptos” y otros personajes que buscan que las Cortes no se renueven. Además, vio con preocupación “la inutilidad” de algunos organismos del Estado ante las violaciones hacia la Constitución.
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