La Fundación contra el Terrorismo, presidida por Ricardo Méndez Ruiz, posee múltiples adversarios o, al menos, eso dejan ver sus acciones en la última década. Uno de ellos fue el abogado Milton Argueta, quien dirigió la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín por más de dos décadas y sufrió las embestidas de esta organización militar.
Por Cristian García
La Universidad Francisco Marroquín nombró a Arturo Saravia Altolaguirre, para llenar la vacante que dejó la salida de Milton Argueta, como nuevo decano de la Facultad de Derecho, ahora deberá ser juramentado por el Congreso y así se inicié el trabajo de las postuladoras.
Durante los 24 años al frente de la Facultad de Derecho, el abogado integró varias comisiones de postulación y era uno de los más experimentados en este tipo de procesos. Eso le granjeó elogios por sus criterios, su independencia y preparación en estas instancias.
Sin embargo, también le acarreó críticas e intimidaciones de uno de los grupos más radicales del país: la Fundación contra el Terrorismo, que ha estado detrás de la persecución de operadores de justicia y periodistas.
Solo han pasado dos años desde que esa organización, de corte militar, presionó para que el exdecano apoyara la reelección de Consuelo Porras como fiscal general, pese a las sanciones impuestas en contra de ella por Estados Unidos.
En esa ocasión, Ricardo Méndez Ruiz señaló al profesional de múltiples delitos por no votar a favor de la jefa del Ministerio Público y alegó que Argueta era parte de una conspiración para evitar un segundo mandato de la funcionaria.
Méndez Ruiz acusó al abogado de desempeñarse de forma política, poco técnica y de estar al servicio de intereses extranjeros en esa comisión. Ese tipo de discurso fue replicado por medios de comunicación afines y perfiles anónimos en redes sociales.
En cambio, el exdecano se mantuvo firme en su decisión de no respaldar a Porras, aunque finalmente se vio obligado a votar por ella por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó que se aprobara su candidatura.
Además, el profesional fue coaccionado, en 2014, cuando denunció que su esposa había recibido amenazas de muerte y le exigieron que abandonara la postuladora de fiscal general. No mencionó quiénes lo estaban coartando, pero tampoco se apartó del proceso.
Su larga trayectoria lo llevó a integrar las cuestionadas comisiones judiciales de hace cuatro años. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) indagó la forma de votar de varios de sus integrantes. Identificó múltiples irregularidades, pero determinó que la participación de Argueta fue independiente.
Por aparte, los motivos de la dimisión del exdecano se desconocen. La Universidad Francisco Marroquín ha manejado el asunto con hermetismo y no ha brindado comentarios sobre quién será su representante.
Prensa Comunitaria intentó comunicarse con el profesional para conocer las causas de su retiro, para saber si su renuncia estaba vinculada con el proceso de elección de magistrados y si recibió presiones por actores externos a su centro de estudios superiores. No respondió.
Paralización
Las comisiones que definirán a los 296 abogados para integrar las cortes ya deberían estar instaladas y trabajando. Pero ante la ausencia del nombramiento del nuevo decano de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín y a la falta de juramentación del Congreso a Luis Ruano, decano de la Universidad Mariano Gálvez, esto no ha sido posible.
Elección de Cortes: trabajo de postuladoras está detenido por la falta de dos decanos de derecho
