Desde 2015, Guatemala forma parte junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, de la lista de países latinoamericanos violadores de derechos humanos. El capítulo IV. B es una sección del informe anual sobre situación de derechos humanos que elabora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La visita in loco de la CIDH podría ser el primer paso para salir de ese listado.
Por Simón Antonio Ramón
Entre 2015 y 2023, durante los gobiernos de Otto Pérez Molina y de Alejandro Giammattei, el país fue colocado en el Capítulo IV.B, que incluye a los países que presentan violaciones graves según el Reglamento de la CIDH, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Si un país es incluido en este capítulo del informe representa que sus políticas y leyes internas no están en armonía con los instrumentos regionales sobre derechos humanos como la independencia judicial, la participación en espacios cívicos y democráticos, el derecho a la protesta, la libertad de expresión, el acceso a la justicia y el debido proceso y otros.
A consideración de la Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Guatemala no garantizó, no promovió, tampoco protegió a las personas que ejercieron estos derechos cuando era su obligación. Su incumplimiento generó criminalización, asesinatos, cooptación del sistema de justicia, debilitamiento institucional, exilio y uso indebido del derecho penal.
Guatemala pasó a compartir este lugar con los Estados de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que llevan varios años de estar en este capítulo por las repetidas violaciones a derechos humanos.
Para que un Estado salga de este capítulo se deben atender las recomendaciones que la CIDH le hace o extender una invitación para una visita in loco para que en el informe del siguiente año no sea incluido en este apartado, según el reglamento de la Comisión Interamericana.
Esta semana la CIDH empezó una visita in loco en el país, que concluirá, este viernes, una invitación hecha por el gobierno de Bernardo Arévalo.
Pérez Molina se negó a una visita de la CIDH
El contexto por el que Guatemala fue incluido en el capítulo IV.B, de 2015, se debió a que en 2014, se registraban graves violaciones en materia de derechos humanos.
En enero de 2015, la CIDH ofreció al Estado de Guatemala la posibilidad de realizar una visita in loco a partir de una invitación de país a la Comisión.
Sin embargo, el gobierno de Pérez Molina informó, en febrero de ese año, que se podría realizar la visita hasta septiembre. La CIDH replanteó la fecha entre abril y mayo, pero el gobierno se excusó “por ser un año electoral”. Por lo que en el informe de 2015, publicado en 2016, el país siguió apareciendo junto a Cuba y Venezuela.
“Porque considera que la situación de derechos humanos en el país presenta, entre otros factores, situaciones estructurales en materia de justicia, seguridad ciudadana, marginación y discriminación que afectan seriamente el disfrute de los derechos humanos”, concluye el informe de la CIDH en 2015.
En 2014, continuaron las persecuciones en contra de autoridades comunitarias por la instalación de hidroeléctricas en el norte de Huehuetenango; por la planta cementera en San Juan Sacatepéquez; la detención de miembros del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA); y por el Ministerio Público (MP), cuando Thelma Aldana era fiscal general.
Ese año se revelaron también las negociaciones entre Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, Sergio López Villatoro, Juan de Dios Rodríguez, Roxana Baldetti y otros operadores, para cooptar el sistema de justicia.
En el informe, la CIDH señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) calificó como un acto de evidente desacato la posición de Guatemala tras una audiencia en seguimiento de 11 sentencias contra Estado guatemalteco, realizada el 21 de agosto de 2014. Tres meses antes, el Congreso había aprobado un punto resolutivo donde se negaba que en Guatemala se hubiera cometido genocidio, un hecho que había sido abordado en la audiencia del 21 de agosto.
Ese mismo año la CIDH presentó, ante la CorteIDH, el caso de la masacre contra 32 personas torturadas y masacradas el 8 de enero de 1982 en Aldea de Chichupac, y otras comunidades del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, hecho que la CIDH calificó como acto de genocidio.
Según la CIDH, se presentó el caso porque el Estado de Guatemala no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe del caso. En ese informe, la Comisión había recomendado al Estado de Guatemala reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos a las víctimas ejecutadas y desaparecidas. Además de identificar y devolver los restos mortales, así como investigar de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable los hechos.
Giammattei sin voluntad para combatir la impunidad
En el informe de la CIDH sobre el año 2021, se señaló la agudización de acciones e injerencias contra la independencia judicial, en el que se buscó debilitar y obstaculizar el avance de investigaciones para el combate a la corrupción e impunidad, también de casos emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos vinculados al conflicto armado interno y así como de otros de corrupción a gran escala y en altos niveles del gobierno.
La CIDH señaló que recibió información sobre las irregularidades en el proceso de elección de magistradas y magistrados de la CC para el periodo 2021-2026; la negativa de juramentar a Gloria Porras, magistrada electa por la Universidad de San Carlos de Guatemala para la CC; el retraso del Congreso de la República de elegir magistradas y magistrados del sistema de justicia; y la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval, como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
La CIDH dijo que durante los informes de los los años 2018 y 2020 se hizo ver la falta de avances para el cumplimiento de sus recomendaciones dado en la visita in loco en el año 2017, relacionadas con la lucha contra la corrupción e impunidad, porque se impulsaron acciones por el Estado guatemalteco para menoscabar las capacidades de la CICIG hasta finalizar su mandato, de manera unilateral y anticipada, en 2019.
Ese año, Guatemala se mantuvo en el capítulo IV.B compartiendo de nuevo con Cuba, Nicaragua y Venezuela.
2022
En el año 2022, el informe señaló que el Estado no combatió la impunidad, ni respetó y ni garantizó la independencia judicial, y la situación en el país se habría agravado. Además, se criminalizó a operadores de justicia que investigaban casos sobre el conflicto armado y de corrupción de alto impacto, para favorecer con impunidad a estructuras y grupos de poder, por lo que nuevamente fue incluido en el capítulo IV.B del informe.
La CIDH afirma haber recibido información sobre el debilitamiento de las fiscalías como la FECI, las fiscalías que investigan casos de corrupción y justicia transicional, “mediante el traslado, criminalización o remoción arbitraria de sus funcionarios, incluyendo fiscales de carrera”.
Informó que en 2022 registró la detención de 11 personas entre integrantes y exintegrantes de la FECI, ocho fueron trasladados a otras dependencias y 14 bajas de auxiliares o agentes fiscales.
El 29 de julio, fue detenido el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín junto a la exfiscal Samari Gómez. Zamora fue señalado de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. A la Gómez se le acusó del delito de revelación de información confidencial.
El informe resaltó un patrón de criminalización contra operadores de justicia, las múltiples denuncias, como los casos de la jueza Erika Aifán, quien tenía más de 100 procesos entre denuncias, quejas administrativas, solicitudes de antejuicio. La exmagistrada Gloria Porras tendría 50 denuncias en su contra; la exfiscal general Thelma Aldana tendría más de 30 denuncias en su contra, y el exfiscal Juan Francisco Sandoval contaría con más de 50 denuncias en su contra, por denunciar que estaban siendo perseguidos penalmente con motivo de su labor jurisdiccional. También, señaló el proceso penal contra el juez Miguel Ángel Gálvez que conoció el proceso contra militares de altos mandos en el caso conocido como Diario Militar.
2023
En el año 2023, el informe señaló que Guatemala fue de nuevo incluida en este capítulo por violar principios de independencia de poderes, evidenciados en la injerencia y judicialización del proceso electoral del Ministerio Público.
“Durante 2023, el ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales quedó de manifiesto durante las elecciones generales de 2023, por una serie de injerencias del Ministerio Público seriamente cuestionadas tanto a nivel nacional como internacional, que pusieron en entredicho los resultados del proceso, socavando y contrariando el Estado de Derecho”, se lee en el informe de la CIDH.
Ilustra el señalamiento con la solicitud del retiro del derecho de antejuicio al excandidato a presidente, Edmund Mulet, acusado de obstrucción a la justicia por la denuncia contra el juez Jimi Bremer, que emitió la orden de investigar a periodistas que se habían pronunciado en el caso de Jose Rubén Zamora; así como la orden de detención contra el candidato a alcalde Juan Francisco Solórzano Foppa debido a que se desempeñaba como abogado defensor de Zamora.
Documentó la exclusión de la candidatura presidencial de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, como candidato a vicepresidente por el Movimiento para la Liberación Nacional (MLP); la exclusión de Roberto Arzú, del partido Podemos; y la de Carlos Pineda, del partido Prosperidad Ciudadana.
En 2024, según el informe, se agudizó el abusivo del poder por parte del Ministerio Público en el marco de las elecciones generales y la continua criminalización y privación de la libertad de personas operadoras de justicia, defensoras de derechos y periodistas, trabajadoras electorales, y otras que cumplen un rol relevante en la vida pública.
Señaló el vínculo del MP con grupos de particulares interesados para socavar el legítimo ejercicio de la acción penal a favor de la impunidad, entre ellos, la Fundación Contra el Terrorismo, con acciones como el desmantelamiento de los avances alcanzados por la FECI y la CICIG; lo que provocó que más de 90 personas operadoras de justicia han sido criminalizadas, sufren prisión o exilio forzado.
La visita in loco como una oportunidad
El reglamento de la entidad establece que el año que la CIDH realiza una visita in loco a un país, no será incluido en el capítulo IV.B y se emitirá un informe con recomendaciones para que el país no sea incluido de nuevo en dicho capítulo.
Para la abogada maya K’iche’, Lucía Xiloj, aunque el país no vaya a ser incorporado en ese capítulo, en el informe de 2024, las condiciones que lo llevaron a esa calificación persisten.
“Las actuaciones del Ministerio Público, lo que estamos viendo con la elección de Cortes, esas situaciones persisten, seguramente es lo que está recogiendo ahora la CIDH en las diversas reunies que está sosteniendo”, señaló la abogada.
Las implicaciones y los desafíos para salir del capítulo IV.B
Jorge Santos, director de la Unidad de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), explicó que el estar en ese capítulo significa que el Estado violenta los derechos de la población.
“Implica que hemos tenido 12 años con algunas interrupciones positivas, pero 12 años donde hubo una política intencionada de poderes facticos en el país de romper el orden constitucional e instaurar un proceso claramente antidemocrático dictatorial que beneficiara a determinadas elites en el país”, dijo Santos.
El director de UDEFEGUA señaló que hay actuaciones que debe asumir el gobierno independientemente de las recomendaciones de la CIDH, como la aplicación de los estándares internacionales sobre los desalojos.
Por su parte, la abogada Xiloj agregó que el informe de la visita de la CIDH será una fotografía del país para el actual gobierno, que mostrará cómo está la situación de los derechos humanos. La abogada coincide con Jorge Santos al señalar que el gobierno en materia de pueblos indígenas debe velar por el cumplimiento de los estándares internacionales, “no solo es cumplir una orden judicial, deben establecer si hay o no hay garantías para las personas que van a ser removidas”, dijo.
Agrega que el gobierno debe actuar y garantizar derechos como el acceso a la justicia y no criminalizar. “Debe revisar su participación en los diferentes procesos penales que existen en la actualidad, que también son procesos de criminalización, el gobierno debe tener una postura para revisar esos procesos”, dijo la abogada.
La visita in loco de la CIDH comenzó en Guatemala el lunes 22 de julio y concluirá este viernes 26. A lo largo de esta semana se ha reunido con organizaciones sociales, periodistas, familiares de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno y otros actores sociales. El 26 de julio, se dará a conocer un informe preliminar y recomendaciones que pueden establecer condiciones para que en los informes posteriores no se incluya al país en el capítulo IV.B.
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