La acción legal busca que la Copadeh proteja los derechos humanos de familias que sufren desalojos, principalmente en el territorio Q’eqchi’ de Alta Verapaz e Izabal.
Por Simón Antonio Ramón
Este 24 de junio, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) acompañado por el Bufete para Pueblos Indígenas, presentó un amparo contra la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh). El recurso presentado en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil busca que la Comisión garantice los derechos de las personas afectadas por desalojos, principalmente en el territorio Q’eqchi’ de Alta Verapaz e Izabal.
La acción se presentó por la amenaza de desalojo de dos comunidades de Cobán sin que se cumplan los estándares internacionales sobre desalojos, indicó Leocadio Juracán, dirigente de la organización campesina.
#Desalojos ⚠️ Organización pide a la Copadeh garantizar los derechos humanos de las personas desalojadas
El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) presentó, este lunes, un amparo contra la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) para que garantice los… pic.twitter.com/bNfW7ftEnV
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 24, 2024
El desalojo programado, para este 26 de junio, en las fincas Las Delicias y Dolores fue ordenado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Cobán, Alta Verapaz, en el que serían desalojadas entre 40 a 150 familias, que debieron ser alojadas en el salón municipal de Cobán. Sin embargo, la municipalidad informó, el pasado 19 de junio, que no reúnen las condiciones para albergarlas.
La organización campesina busca con esta acción evitar el uso de la violencia contra quienes habitan en esas fincas, tomando en cuenta el último hecho ocurrido en la comunidad de San José El Tesoro, donde se señaló a más de 1000 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de quemar viviendas y cultivos en ese lugar.
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PNC es señalada de quemar viviendas y cultivos en desalojo de comunidad en Cobán
“El amparo se presentó para que se verifique y se garantiza los derechos de las personas, porque nos parece que la Copadeh ha dejado sus principios y valores por los cuales fue creado, que es garantizar los derechos humanos en el país, derechos que están constituidos y remarcados en la Constitución”, dijo Juracán, en la zona 9 de la ciudad de Guatemala donde se presentó el amparo.
PDH está inactiva ante desalojos
Oswaldo Samayoa, titular de la Copadeh, calificó la acción de CCDA como una actuación legitima que cualquier persona u organización pueda realizar, pero señaló que es importante diferenciar las funciones de la Comisión que dirige y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). “Lamentablemente está inactivo actualmente, lo que puede generar confusión porque nosotros asesoramos y coordinamos con las instituciones del Ejecutivo, quien tiene debe estar en el terreno es la PDH”, dijo el comisionado.
De acuerdo a Samayoa, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos tiene actuación antes y después de los desalojos, y una de estas es garantizar los derechos de las personas a la alimentación, salud y educación. Estas acciones se coordinan con la Gobernación Departamental, indicó.
Desalojo en El Estor
El 27 de mayo la Copadeh envió una carta al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, solicitando intervención mediante el programa “Comedor Social/Comedor Móvil” para que las familias desalojadas, 180 personas en total, tuvieran acceso a los tres tiempos de alimentación. Esta Comisión también giró un oficio a la PDH para garantizar la entrega de los alimentos y al alcalde municipal de El Estor, Genaro Ico, para que garantizara un albergue para las familias desalojadas.
Sin embargo, en una reunión del 22 de junio, el alcalde dijo que en el municipio no hay posibilidades de centros de albergues.
El pasado 22 de mayo, cerca de 500 policías desalojaron a 48 familias Q’eqchi’ de la comunidad de Buena Vista, ubicada en la finca Tz’inté, en El Estor, Izabal. La Policía Nacional Civil entró a la comunidad para desalojar a las personas que habitaban el lugar. Luis Fernando Arriaza Migoya, quien afirma ser el dueño de la finca Tz’inté, estuvo presente.
Cuadrilleros de Arriaza Migoya y agentes de VIP Security SA destruyeron casas y sembradíos, según relatos de comunitarios. Las familias buscaron refugio en Santa Rosita, otra comunidad que podría enfrentar un desalojo este 26 de junio.
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48 familias Q’eqchi’ de la comunidad Buena Vista fueron desalojadas de forma ilegal en El Estor
Estas familias vivían en la aldea Buena Vista, desde 2015, tras perder sus tierras en un deslave en la Sierra Santa Cruz de El Estor. El gobierno de Otto Pérez Molina prometió comprarles un terreno, pero la promesa nunca se cumplió.
Al consultarle a Samayoa sobre el procedimiento ante una situación como lo manifestado por la municipalidad de Cobán y el alcalde de El Estor, de no contar con las condiciones para alojar a las familias, dijo que existe “una mesa de coordinación que convoca el Juzgado o la Fiscalía del Ministerio Público (MP), ahí la municipalidad debe plantear la situación. Según los estándares internacionales, el desalojo debe aplazarse, pero esa decisión lo toma el juez o jueza”.
Acuerdo entre organizaciones y gobierno
El 7 de febrero, el Comité Campesino del Altiplano, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), la Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Nuevo Día y el Comité de Unidad Campesina (CUC) firmaron un acuerdo con el presidente Bernardo Arévalo para que se atienda la problemática agraria que afectan a las familias campesinas, bajo la coordinación de la Secretaría Privada de la Presidencia.
Al consultarle a Leocadio Juracán acerca de las condiciones de este acuerdo ante los desalojos, señaló que sigue vigente. “Afortunadamente, a partir de esta situación, hemos avanzado con cuatro casos con posibles soluciones a través del acceso”, señaló el dirigente.
Los cuatro casos que mencionó son: Moxonte’ en Baja Verapaz; Nueva Libertad y Sesinchen, en Cobán y Chisequito en Fray Bartolomé de las Casas.
